Archivo de la categoría: Editorial

Santos: ¿Una apuesta Clara por la paz?

Por Rubén Darío Sánchez Alvis

El título de éste artículo y su contenido tiene una doble intención de llamar la atención frente a la decisión política que los colombianos debemos tomar el próximo 25 de Mayo, con ocasión de las elecciones de presidente de la república.

Pero también tiene un único objetivo, que podamos alcanzar el anhelado sueño de lograr un Acuerdo de Paz, en un país como el nuestro que arrastra más de 500 años de confrontaciones armadas entre nativos e invasores, luchas fratricidas entre patriotas y traidores, esclavos y opresores, trabajadores y patrones, que en el último medio siglo, se ha acentuado mucho más con la violencia generada por enfrentamientos de tipo político, ideológico, étnico y cultural, y por la sangrienta disputa por la tierra, generada por los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la explotación indiscriminada de los recursos naturales y por la economía minera.

Es claro que la paz no se logra con la firma de unos acuerdos en la Habana. Contrario a lo que muchos creen, la paz no es la ausencia de la guerra. Lo difícil y complicado del tema, es que la paz no se da instantáneamente, no se obtiene sin esfuerzo, no se compra, ni se pide prestada, mucho menos se logra por decreto o por mandato. La paz tiene que nacer de la manifestación plena y espontánea de los seres humanos, pero fundamentalmente del ejercicio libre, autónomo y eficaz de todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas e instituciones públicas y privadas que conforman el Estado.

Frente a éste noble propósito, todos los colombianos deberíamos estar unificados por encima de cualquier consideración, en torno a apoyar irrestrictamente los esfuerzos de diálogo y conciliación. Es preocupante entonces, que el proceso haya tenido que soportar la implacable oposición del senador electo de extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez y que pese a que dos ex comisionados de paz, son candidatos a la vicepresidencia, sistemáticamente vengan desestimando, los acuerdos en Cuba, que por lo menos, permitirían que el presupuesto que hoy se utiliza para la guerra, pueda ser destinado a la inversión social.

En la presente campaña electoral, solo dos, de las cinco propuestas presidenciales, están verdaderamente comprometidas con un Acuerdo de Paz con las FARC y una eventual negociación pacifica con las demás guerrillas colombianas. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos, quien inicio las conversaciones y hábilmente se auto proclama nacional e internacionalmente como candidato del extremo centro, pero que por las contradicciones internas de su gobierno, a raíz del protagonismo del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón descalificando permanentemente a las FARC, ha disminuido en la opinión pública la credibilidad en el proceso.

Por el otro lado, están dos de las sobrevivientes del último acuerdo político por la paz y que representan sectores políticos que históricamente han estado comprometidos con la solución política negociada al conflicto armado. Que además, han vivido en carne propia los rigores de la violencia y han acompañado constantemente las movilizaciones obreras, sociales y populares surgidas desde las regiones más deprimidas y apartadas de la nación, donde la crisis económica y social, como la presencia de los actores armados, es mayor, pero que paradójicamente por la misma razón, son colectividades políticas desestimadas, estigmatizadas y que carecen de garantías electorales y de seguridad.

En síntesis, con todas sus deficiencias y limitaciones, las fórmulas de Clara López – Aída Avella y la del presidente candidato, son las únicas opciones reales por un intento de paz. Colombianos hagamos bien la apuesta electoral.

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Florida: Sumida en el desgobierno, la quiebra y la falta de autoridad

Por Rubén Darío Sánchez Alvis

En los últimos diez años, Florida no sólo ha tenido que sufrir la estigmatización por el conflicto armado y la inseguridad generada por bandas delincuenciales, sino que también ha tenido que soportar desaciertos administrativos de sus gobernantes, como ordenar avalúos catastrales sin consultar la realidad económica del municipio y sus habitantes, otorgar Licencias de Construcción de Viviendas en áreas de protección ambiental, privatizar las empresas de Alumbrado Público, Aseo y la Central de Sacrificios y más recientemente, entregar la administración del Hospital a funcionarios inescrupulosos que en menos de un año dilapidaron $2.000 millones y dejaron endeudada la ESE.

Como resultado de estas equivocadas decisiones políticas y administrativas, el municipio de Florida afronta la iliquidez de sus recursos propios, generada por la inmensa cartera de impuestos sin pagar por los altos costos del predial, la falta de ingresos por concepto de servicios prestados por la Central de Sacrificios y Plaza de Mercado, sentencias judiciales que ordenan, entre otras, la reubicación de la Urbanización Villa Campestre, demandas laborales de los trabajadores de las empresas liquidadas y el detrimento de los servicios prestados por el otrora mejor hospital del Valle, azotado hoy por la corrupción administrativa y financiera, auspiciada por la administración municipal y la gerente suspendida por la Personería.

En la actualidad, la Empresa de Servicios Públicos, ACUAVALLE S.A, que por más de 50 años ha prestado el servicio de acueducto y alcantarillado en Florida, se encuentra en medio de la voracidad de la multinacional española Barcelona de Aguas que mediante un convenio con el gobernador y Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, pretende operar el acueducto regional y de solapados inversionistas de la región, que vienen impulsando una sistemática campaña de desprestigio en contra de ACUAVALLE para precipitar una Alianza Público Privada, como la que proponen el alcalde y los concejales del municipio y que entregaría el manejo del preciado líquido a operadores privados nacionales o extranjeros.

 

Ahora, el mandatario municipal Tulio González Forero, sin tener en cuenta otros bienes que no prestan ninguna utilidad, como el Instituto de Niños Especiales del desaparecido Club de Leones o el antiguo hospital, entre otros, inicio gestiones ante la Zonal Palmira del ICBF, para que el Hogar Infantil Las Abejitas que tiene a su cuidado 145 niños y niñas de igual número de familias trabajadoras, de sectores vulnerables y desplazadas, desaloje el predio que es propiedad del municipio, con el fin de ubicar en sus instalaciones, un Hogar de Paso, que lejos de ser una iniciativa bien planeada y concertada, se puede convertir en un detonante que profundice aún más la crisis social y económica del municipio.

La Contralora General de la República, Sandra Morelli, a través de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, entregó al alcalde Tulio González Forero, el informe de la Actuación Especial de Fiscalización practicada al ente territorial, que establece 38 hallazgos administrativos, de los cuales 10 con alcance fiscal; 34 con posible alcance disciplinario y 6 con posible incidencia penal, que dan cuenta del impresionante estado de pasivos que tiene la administración municipal y que fue enviado a la Procuraduría para que inicie la respectiva investigación disciplinaria, por cuanto el Plan de Saneamiento aprobado por el Concejo y ejecutado por la alcaldía el año pasado, “no corresponde a la realidad financiera y económica del municipio”.

Según el informe, el déficit de Florida supera los 36.000 millones de pesos y los concejales estimaron las deudas en 9.735 millones de pesos, cuantía muy distante de las verdaderas cifras, entre las que mencionamos las más relevantes y que suman 33.558 millones de pesos: $15.790 millones del pasivo pensional sin provisionar, $11.738 millones adeudados a la Fiduprevisora por pasivo pensional de los maestros, $2.386 millones adeudados al Banco Agrario y $3.644 millones por 20 procesos judiciales de los 107 que cursan en contra del municipio. Los 87 restantes no se han cuantificado y no incluye entre otros, los $3.000 millones que podría costar la reubicación de la Urbanización Villa Campestre ordenada por el Consejo de Estado.

A juicio de la Contralora Delegada, Claudia Isabel Medina Siervo, “el municipio de Florida, tiene cuentas por pagar desde el año 2000, generadas por las administraciones anteriores que no asumieron sus compromisos con recursos de las vigencias correspondientes, generando déficit para el Municipio. La Administración Municipal, a 31 de diciembre de 2012, adeuda a empleados, ex empleados y pensionados $1.571 millones por concepto de prima año 2011, prima del año 2012, bono pensional, vacaciones, cesantías y bonificaciones”. No obstante, sin haber cancelado estas deudas, las más recientes administraciones,  celebraron en el año 2011 contratos por $4.808.6 millones y en el 2012 por $3.540.6 millones para un total de $8.349.3 millones.

 

A éste sombrío panorama económico y administrativo, se suma la falta de operatividad por parte de las autoridades civiles y de policía, las cuales no garantizan la seguridad y la convivencia ciudadana, marcada por los altos índices de pandillas juveniles que han establecido fronteras invisibles y por la violencia intrafamiliar; la protección del espacio público, invadido arbitrariamente por particulares y la movilidad, que afecta la libre movilización de vehículos por las vías del municipio que han sido cerradas y el tránsito indiscriminado de conductores en contravía o de motociclistas que violan todas las normas, al transitar sin los requisitos de ley, con sobrecupo y colocando en riesgo la integridad física y la vida de sus ocupantes.

La evidente ineficiencia de dependencias administrativas del orden municipal que deben cumplir funciones de control, como las Secretarías de Gobierno, Planeación y Tránsito municipales, así como la insuficiencia de los operativos de la Policía Nacional, adscrita a Florida, se traduce en hechos de perturbación de la tranquilidad ciudadana por el uso indebido de publicidad móvil con altoparlantes que superan los decibeles permitidos, vehículos con sonidos estruendosos en horas de la madrugada o transitando a altas velocidades, el incremento de lesiones graves o muertes por accidentes de tránsito, acciones delictivas de raponeros, atracadores, asaltantes y apartamenteros que cometen sus fechorías a cualquier hora y en cualquier parte del municipio.

 

 

Colombia: Una justicia y unos órganos de control maniatados?

ruben-mc-aPor Rubén Darío Sánchez Alvis

La justicia colombiana y sus órganos de control padecen de una grave pandemia institucional que amenaza con profundizar la crisis administrativa, incrementando los hechos de corrupción y elevando la impunidad. De nada sirven mecanismos de participación comunitaria consagrados en la Constitución Nacional, como la revocatoria del mandato, las acciones populares, de cumplimiento o de repetición, derechos de petición o las mismas acciones de tutela, si desde los altos funcionarios del estado hasta los de menor nivel, le hacen conejo a las órdenes judiciales o a las sanciones disciplinarias.

A nivel nacional un caso es el de Luis Alfonso Hoyos Arístizabal a quien el Consejo de Estado en el 2001 lo despojó de su investidura de senador de la República y lo inhabilito de por vida para ejercer cargos de elección popular por indebida destinación de dineros públicos al utilizarlo en actividades y propósitos no autorizados. El ex presidente Uribe lo nombró director del programa Acción Social de la presidencia, donde manejo uno de los presupuestos de inversión más grandes del país: 1,5 billones de pesos, posteriormente lo designó embajador ante la OEA y el gobierno Santos lo llamó a dirigir el SENA.

En Florida Valle, el Concejo Municipal decidió arbitrariamente ampliar el perímetro urbano del municipio, con el propósito que el director de Planeación Municipal, otorgara Licencia de Construcción para adelantar una urbanización en una zona de protección ambiental, violando el derecho colectivo al medio ambiente, la salubridad, la seguridad y la previsión de desastres, entregando a humildes familias de corteros de caña, unas viviendas carentes de los servicios esenciales de agua potable y alcantarillado.

El Juzgado 13 Administrativo de Cali, mediante Sentencia de Acción Popular No. 0226 del 24 de Noviembre de 2010, al amparo de los derechos colectivos y la moralidad administrativa ordenó al municipio de Florida a través de su alcalde o quien hiciera las veces, iniciar las gestiones de todo orden para reubicar definitivamente a 72 familias que viven en precarias condiciones de salubridad.

Han pasado 2 años en los que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y el Consejo de Estado, ratificaron en todo el contenido de la sentencia, pero pese a que se han elevado los correspondientes derechos de petición, ninguno de los cinco alcaldes que han pasado durante estos dos años por la administración municipal de Florida, se han ocupado de dar cumplimiento a la orden de los jueces. Cómo dirían los abogados ¿Cuántos exabruptos jurídicos más tendremos que soportar para que al fin los mandatos judiciales y las sanciones disciplinarias no sean burladas por los funcionarios?.

De alcaldadas, personeradas y más…

Por Rubén Darío Sánchez Alvis

Mediante Resolución No. 291 de Septiembre 20 de 2012, el alcalde encargado de Florida, Alexander Rojas Rentería, presuntamente inhabilitado para ocupar el cargo de secretario de Planeación Municipal, revoca los Actos Administrativos contenidos en la Convocatoría Pública del 16 de Febrero de 2012, por medio de la cual se designa gerente de la E.S.E Hospital Benjamin Barney Gasca de ese municipio. Con Resolución No. 290 de la misma fecha, anterior a la revocatoría, designa como gerente encargado al doctor Hernando Velez Feijoo, habiendo ocupado el último puesto en el Concurso.

La Sentencia 095 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de fecha 10 de Octubre de 2012, tuteló los derechos al debido proceso y al trabajo del doctor Dimas Antonio Martínez Toro, que había ocupado el primer lugar de la Lista de Elegibles en el Concurso de Méritos. Ordenó el reintegro y ofició a la Procuraduría General de la Nación para que investigara si existian intereses políticos de las partes en la designación del cargo de gerente del hospital.

Sin embargo el personero municipal, con base en una queja que había sido presentada desde el mes de Febrero por Bibiana Morales, Tulio Gonzales Forero y otros médicos que no quedaron en la Lista de Elegibles, decidió abrir investigación disciplinaria el 24 de Octubre, suspenderlo por 90 dias y remitir el expediente a la Procuraduría Regional del Valle, sin haber escuchado los descargos del gerente titular del hospital. Queja que también fue presentada a la Procuraduría Provincial quien había iniciado el proceso disciplinario desde el mes de Mayo.

El pasado 1 de Noviembre la misma Procuraduría Provincial, solicitó al personero municipal, Ricardo Salazar Pérez, suspender la actuación sobre el gerente de la E.S.E, en espera de que la Viceprocuradora  General de la Nación resuelva sobre la solicitud del poder preferente. No obstante lo anterior la Personería no se ha pronunciado y la suspensión del titular continua, con otro agravante: El alcalde Tulio Gonzales designó nuevamente como gerente encargado desde el pasado 25 de Octubre al médico Hernando Velez Feijoo sin reunir las exigencias y sin asignarle ningún tipo de remuneración.

Cual será el siguiente capitulo de éste melodrama de desaciertos administrativos y disciplinarios que sólo contribuyen a menoscabar más la ya maltrecha institucionalidad de un municipio como Florida, signado además por la corrupción administrativa, el conflicto armado interno y las bandas delincuenciales y que se ha convertido en comidilla de los medios de comunicación que ya le apuestan a la posibilidad de nueva convocatoría a elecciones de alcalde y personero o de otros que añoran el regreso del inhabilitado ex alcalde Doney Ospina Medina.

Urge revisión del Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, PNCRT

Ponencia presentada por el director de Mire…Lea, Rubén Darío Sánchez Alvis, en el Foro por la Paz realizado en Cali

La Revista Mire…Lea es un medio de comunicación alternativo, que surge de algunas organizaciones sociales y gremiales de los departamentos del Valle y Cauca, identificados en la necesidad de crear un medio de información que registrara las iniciativas de las distintas organizaciones sociales y populares, construidas desde la base y acompañadas por líderes comprometidos en la lucha social a partir de procesos colectivos, que no son visibilizados por los medios masivos de comunicación. Hoy, socializaremos con ustedes, algunas pistas que nos permitan acercarnos a un aporte por la construcción de la paz.

Tomamos como referente un fragmento del Acuerdo General suscrito entre el gobierno nacional y las Farc-ep, donde se asegura “que el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso” y nos basamos enla política pública del Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, PNCRT, como táctica de pacificación. Coincidimos con muchos en que si bien, los problemas de la tierra, del narcotráfico y de la participación política de la insurgencia, contenidos en la agenda, son importantes, no son suficientes para lograr unas bases sólidas hacia la obtención de la paz.

Un Informe del gobierno nacional entregado a la Corte Constitucional sobre narco paramilitarismo y guerrilla, nos permite contemplar la realidad actual de las zonas del Plan Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, PNCRT. Sin embargo ésta política pública del gobierno nacional, financiada con la cooperación estadounidense, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y puesta en marcha en enero de 2012, ha tropezado con un escenario de recrudecimiento de la violencia y una activa presencia de narco paras en la mayoría de los municipios seleccionados.

La política gubernamental a la que destinaron más de 5 billones de pesos, siempre hace referencia al componente de guerra a los cultivos ilícitos. No obstante, es claro que la guerra antidrogas en el PNCRT, continúa con un alto componente militar y se muestra más como un complemento de la guerra anti subversiva. En las zonas de consolidación ubicadas en el sur del Valle y norte del Cauca la estrategía suponía que en su fase de guerra desplazaría o desarticularía la presencia de las FARC, neutralizando especificamente el impacto sobre Cali y la industria de la caña en el Valle geográfico de Rio Cauca.

Sin embargo, el desarrollo de la guerra en el Cauca y sur del Valle, es otro ejemplo de las contradicciones de la estrategia del PNCRT. La primera fase de control militar del territorio, contrario a lo esperado, esta llevando a la destrucción de las economías y redes sociales de las comunidades en la región más plurietnica de Colombia y con mayor nivel de organización en la base social. Frente a la resistencia civil, la respuesta ha sido el aumento de las hostilidades por parte de los diferentes actores armados, lo cual ha llevado a violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a los derechos civiles y políticos de la población.

En Pradera y Florida líderes indígenas y campesinos son amenazados desde todos los lados. Aumentan los asesinatos, desplazamientos, control de alimentos, señalamiento a pobladores como colaboradores del enemigo, imposición del terror y de dictaduras locales desde las armas legales e ilegales. Las demandas de tierra, agua potable, servicios sociales básicos y apoyo a planes de vida, son postergadas por los azares de la guerra. La única oferta de sobrevivencia a los jóvenes rurales es vincularlos al conflicto, como informantes, reclutas, milicianos o redes de apoyo en suministros a las estructuras de los actores armados.

Los recursos financieros del componente de inversión social del PNCRT, incluidos en los presupuestos municipales, fueron concertados con los alcaldes elegidos en el 2011 y responden más a compromisos políticos o a sus promesas de campaña electoral que a inversiones derivadas de proyectos orientados a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, proteger los recursos naturales no renovables o a mejorar las precarias condiciones de producción del sector agropecuario que hoy colocan en riesgo la seguridad alimentaria de una región que por años ha sido considerada como despensa agrícola y reserva natural del territorio nacional.

El Plan se muestra ineficaz no solo en la desarticulación de la guerrilla sino en avanzar más en sus objetivos antidrogas. Por otro lado, las bandas de crimen organizado que no hacen parte del conflicto armado, siguen incidiendo en las estructuras de poder regional y local. Por sus conexiones con la política, los negocios de tierras, minería y cultivos ilícitos, es imperativo que el gobierno nacional logre su sometimiento a la justicia, con el fin de minimizar el impacto de las actividades violentas de esos grupos en la violación de derechos de la población civil y su contubernio con autoridades y miembros de la fuerza pública.

Es urgente revisar la implementación del PNCRT, así como los criterios utilizados para la selección de los territorios, pues municipios como Morales y Suarez en el norte del Cauca, que también han sido escenarios de guerra por la explotación minera, los cultivos ilícitos y la intensificación del conflicto armado, no fueron incluidos en el plan, negándoles toda posibilidad de acceder a los anunciados recursos que les permitiría iniciar una tarea de reconstrucción de su tejido social, devastado por las victimas y el drama de familias enteras confinadas o sometidas al permanente desplazamiento de su población.

Finalmente es inaplazable que con las guerrillas de las Farc y el ELN, con quienes también se debe iniciar un proceso de conversaciones, se acuerde un cese bilateral del fuego que evite el escalonamiento de ataques guerrilleros y operativos militares, tendiente a garantizar que los diálogos en esta etapa del proceso se desarrollen en medio de un clima de confianza, seguridad y tranquilidad para la población civil.