EL MONTAJE JUDICIAL CONTRA FÉLIX MARÍA CAMPO Y LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGAC​IÓN DEL CTI

Por: Alexander Escobar / Red de Medios Alternativos y Populares Valle

La falta de rigurosidad en los protocolos de investigación para recaudar pruebas y emitir órdenes de captura bajo el supuesto delito de rebelión, evidencian que la “presunción de inocencia” en Colombia, además de ser nula para la oposición política, es la ilusión creada por un Gobierno que utiliza la cárcel como campo de concentración.
AREITO LIBERTAD PRESOS POLITICOS
El artículo séptimo del Código de Procedimiento Penal Colombiano reza: “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal”, a primera vista, en Colombia esto parece justo. Sin embargo, un hecho basta para despertar de la ilusión. Cuando la Ley habla de una “decisión judicial definitiva”, su significado es infame, porque oculta que una persona inocente puede pasar muchos años en la cárcel mientras ocurre una sentencia judicial. Por tanto, resulta de suma importancia entrar a discutir los protocolos empleados por lo entes investigadores de la Fiscalía General de la Nación para acusar y emitir órdenes de captura contra líderes cívicos, comunitarios, defensores de derechos humanos, y en general, contra la población civil opositora al Gobierno colombiano que termina en la cárcel acusada del delito de rebelión.
En los juzgados de la ciudad de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, encontramos una prueba de lo anterior. Hablamos de un caso en particular, adelantado en esta ciudad contra Félix María Ocampo Urrea, acusado del delito de rebelión. Y nos remitiremos a un momento en especial, a la audiencia realizada en su contra el 13 de febrero de 2013, pues constituye una experiencia concreta de cómo en los protocolos de los entes investigadores de la Fiscalía no se aplica el Principio de Presunción de Inocencia, y actuando en contra de la oposición política, la Fiscalía emite órdenes de captura con base en testimonios que no verifica, o por simples corazonadas justificadas en la “experiencia” investigativa, en síntesis, toda una suma de excusas criminales para presentar, como capturas legales, los miles de montajes judiciales realizados en Colombia. A Félix María Campo el montaje judicial no podía ocurrirle en momentos más lamentables: afrontando dificultades económicas había recolectado el dinero necesario para pagar la cuenta de la morgue y recuperar el cuerpo de su tío para brindarle cristiana sepultura.
Pero su tragedia continuaría por culpa del Gobierno. Cuando regresaba del funeral hacia su casa en el corregimiento de El Líbano, fue detenido en un retén militar instalado en Lomitas, corregimiento del municipio de Pradera en el departamento del Valle del Cauca. Desde ese día, 18 de enero de 2012, Félix completa más de un año privado de la libertad, y hoy se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del municipio de Palmira. Su carácter de líder cívico y campesino, y su pertenencia a procesos como la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava), hicieron de Félix el blanco de un montaje judicial. Porque su firme convicción en favor de los más necesitados, y su trabajo en contra de la iniquidad del país, es algo que el Gobierno no permite, y en respuesta actúa enviando a sus contradictores a la cárcel, aumentando a diario la larga lista de presos políticos en Colombia. Antes de lograr demostrar su inocencia deberá pasar mucho más tiempo en prisión, mientras el sistema penal acusatorio decide programar las audiencias de su juicio, lo cual puede durar meses, o años.
En el sistema judicial colombiano esto es un crimen cotidiano. Hablamos del sistema carcelario hecho campo de concentración para la oposición política. Casos como el de Liliany Obando, Yira Bolaños, y miles de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, constituyen una prueba de esta siniestra estrategia de “secuestro judicial” implementada por el Estado colombiano, y que por su carácter sistemático y aberrante, hoy también recibe el nombre de “falsos positivos judiciales”. Pero volvamos a la audiencia del 13 de febrero de 2013. Contra Félix se toma como “prueba” del delito de rebelión, en su caso, de ser miliciano de las FARC, el testimonio de dos pobladores de la zona, y el de un desmovilizado de la guerrilla. Pero durante el juicio el abogado defensor Lucas Restrepo, de la Corporación Colectivo de Abogados Suyana, interrogó al testigo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) presentado por la Fiscalía, pudiendo evidenciar, entre otros aspectos:
1. La investigación del CTI jamás logró verificar el lugar de residencia del acusado, por lo tanto era imposible establecer que las instalaciones de la casa de Félix estuvieran adecuadas para hospedar y alimentar a miembros de la guerrilla, como lo afirman los testigos de la Fiscalía.
2. Tampoco se comprobó que el acusado portara armas o prendas militares, como establece otra de las acusaciones.
3. No lograron comprobar que Félix comprara víveres para abastecer a la guerrilla.
4. De la moto, que presumen los testigos fue dada al acusado para realizar sus actividades de miliciano, no verificaron su existencia, y ni siquiera se tiene un número de placa o registro de dicho vehículo.
5. No se cuenta con ningún número telefónico, o teléfono, a través del cual el acusado brindara información a la guerrilla sobre las operaciones del ejército en la zona, y tampoco el testigo presentó alguna interceptación telefónica que lo pruebe.
6. Jamás se comprobó que Félix hubiese estado involucrado en acto alguno de secuestro o recibiera dinero producto de extorsiones, como lo afirman los testigos.
7. No hay prueba que vincule al acusado con la instalación de campos minados ni con actividades desempeñadas como explosivista, algo que también aseguran los testigos.
8. No fueron entrevistadas más personas de la zona para establecer si los testigos estaban mintiendo, o si las acusaciones obedecían a retaliaciones por problemas de tipo personal contra Félix María (algo que sí argumentan los pobladores de la zona en favor del acusado).
9. Cuando el abogado de la defensa formula la pregunta sobre las razones que llevaron a pensar que Félix María Ocampo Urrea era un miliciano, el testigo del CTI expone que una de las razones radicaba en su“experiencia” en este tipo de casos.
Es claro entonces que los protocolos empleados en la investigación desarrollada por el CTI carecen de rigurosidad; es más, al no lograr establecer pruebas que verificaran las acusaciones formuladas por los testigos, se pone de manifiesto que para el investigado no aplicaron protocolos en favor de establecer si la información suministrada era cierta o falsa, tratando de entrevistar, por ejemplo, a otros pobladores de la zona que pudieran confirmar o desmentir las acusaciones de los testigos. Pero la orden de captura fue emitida. La Fiscalía actuó basada, al parecer, atendiendo una especie de corazonada judicial. Así lo demuestra la “investigación” realizada por el CTI. Porque sin lograr comprobación alguna de las acusaciones, Félix María Ocampo Urrea fue llevado a la cárcel tomando en consideración la “experiencia” del testigo del CTI que lo califica de “miliciano”, en otras palabras, se tomó como soporte la especulación de un organismo de investigación de la Fiscalía que no aportó pruebas que verificaran las acusaciones de los testigos.
Por tanto, en una investigación donde la apreciación personal de un funcionario del CTI prevalece sobre el hecho de no encontrar pruebas que corroboren los testimonios, es claro que existe una posición sesgada donde no prima el Principio de Presunción de Inocencia. Y lo más terrible de esta situación es que el caso de Félix es el caso de miles de presos políticos que actualmente son víctimas de los montajes judiciales del Estado colombiano. Los datos son aberrantes y superan dictaduras. En su artículo Las visitas a las cárceles: el siguiente paso hacia una negociación de paz,  publicado el 3 de abril de 2012 por La Silla Vacía, Dora Montero Carvajal anota que “las autoridades reportaron 8.563 personas arrestadas entre 2008 y 2011 por rebelión, pero solo hay 1.950 presos”. Esto indica que 6.613 personas fueron detenidas sin pruebas suficientes, o que son inocentes, si se prefiere afirmarlo; pero también  faltaría analizar la situación, caso por caso, de los 1.950 presos y verificar cuántos también han sido víctimas de un montaje judicial. Sin embargo, hay datos aún más preocupantes aportados por organizaciones no gubernamentales.
Por ejemplo, hasta enero 31 de 2012, y tomando datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC), la campaña Traspasa los murosinforma que en las cárceles de Colombia se encuentran 21.199 personas asociadas al delito de rebelión, y por tanto la cifra de 9.500 presos políticos que acostumbramos difundir, es solo un dato moderado ante esta estrategia criminal del Estado colombiano implementada contra la oposición política, es decir, en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 presos políticos. Félix María Campo Urrea completa más de un año en la cárcel en su condición de preso político. Y los tres testigos que lo acusan no han asistido a las audiencias en su contra. En la última, realizada el 13 de febrero de 2013, la Fiscalía argumentó que dos de los testigos no asistieron por problemas de seguridad presentados en la zona (enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla), algo que también cuestionó el abogado Lucas Restrepo, pues los supuestos problemas de seguridad son desconocidos para los testigos de la defensa, los cuales habitan en la misma zona y sin ninguna dificultad llegaron a la audiencia para declarar en favor del amigo, el líder y hombre comprometido por mejorar las condiciones de vida de su comunidad.
Hoy Félix requiere de una cirugía en su rodilla derecha. En la cárcel su salud se deteriora y se le observa caminar con dificultad. En diciembre de 2012 fue solicitada la casa por cárcel; y a pesar de su condición, la solicitud fue negada argumentando que Félix María Campo “representa un peligro para la sociedad”… (Los comentarios sobran, solo resta exigir su inmediata liberación). Si bien esta estrategia de convertir las cárceles colombianas en campos de concentración contra la oposición política demanda el alzamiento de todas las voces del país para exigir justicia y libertad, también demanda una campaña internacional que juzgue a Colombia por este tipo de crímenes que evidencian un nuevo tipo de dictaduras que operan bajo el manto de países que los avalan como “gobiernos democráticos”. Es sabido que el problema no es de forma sino de contenido. Y bajo la forma aparente de una democracia, Colombia oculta un contenido siniestro de crímenes de guerra y lesa humanidad contra el pueblo colombiano.

 

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ASESINADO LEONARDO GARCÍA MORERA, PROFESOR EN EL VALLE DEL CAUCA

César A. Luque F.

El profesor fue desaparecido el pasado 13 de febrero en el municipio de Bolívar (Valle del Cauca) al medio día.

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Su cadáver fue encontrado en la noche del mismo día.

Precisamente ese día la Unidad Nacional de Protección (UNP) se había reunido con dirigentes sindicales a fin de recibir las denuncias sobre la desprotección a varios dirigentes de esa región del país. El profesor García Morera quien había vivido por años en Florida, es el tercer sindicalista asesinado este año, todos en el Valle del Cauca, lo que debe disparar las alarmas sobre lo que está pasando allí, más cuando a finales del año 2012 grupos paramilitares amenazaron a varios dirigentes sindicales, empezando por directivos de la CUT Valle del Cauca.

El profesor asesinado pertenecía al Sindicato Único de Educadores del Valle (SUTEV) que pertenece a FECODE, y era profesor de primaria en la Institución Educativa El Naranjal, sede Benjamín Agredo corregimiento El Catre del municipio de Bolívar. Hasta cuando seguirán asesinando colombianos dignos, que han dedicado su vida a construir una verdadera sociedad democrática?. Será hasta que todos los colombianos de bien nos pronunciemos. Una vez más se hace necesario pedir justicia, sabiendo que ella nunca llegara, porque no hay voluntad política para que eso ocurra, por lo que este asesinato, como miles de sindicalistas, líderes sociales, políticos de izquierda, quedaran en la más absoluta impunidad.

 

El deporte ciencia del Valle del Cauca ya tiene nuevo presidente

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Rubén Darío Sánchez presidirá la Liga Vallecaucana de Ajedrez

En Asamblea electiva, convocada de manera extraordinaria mediante Resolución No. 022 del 8 de Febrero de 2013, firmada por el gerente de INDERVALLE, Luis Fernando Martínez Arce, los clubes deportivos afiliados a la Liga Vallecaucana de Ajedrez, en pleno ejercicio de sus derechos, se reunieron en las instalaciones de la Liga ubicadas en la Unidad Deportiva Panamericana, Jaime Aparicio, con el fin de elegir los órganos de Administración, Control y Disciplinario.

A la Asamblea asistieron en representación de INDERVALLE, la secretaria general  Zoraida Castillo Cardozo, la abogada del departamento jurídico del ente deportivo, Ángela Mosquera, el asesor jurídico de la Liga de Ajedrez, Ítalo Pierre Bonnis, deportistas, jueces, entrenadores, padres de familia y los representantes legales y delegados de los clubes deportivos municipales de Cali, Cartago, Tuluá, Palmira, Jamundí y Florida habilitados para votar en la elección.

En el Órgano de Administración fueron elegidos Martha Isabel Mateus, Adriana Jojoa, Rubén Darío Sánchez, Víctor Ramos y Roberth Martínez, los cuales completaran el periodo estatutario 2012-2016. Con base a lo establecido  en el artículo 41 de los estatutos de la Liga Vallecaucana de Ajedrez los dignatarios eligieron entre sí a quienes ejercerán los diferentes cargos así:

Presidente: Rubén Darío Sánchez Alvis

Vicepresidente: Víctor Ramos

Secretaria: Martha Isabel Mateus

Tesorero: Roberth Martínez

Vocal: Adriana Jojoa

Las contadoras públicas tituladas Ana María Gonzales Casallas y Diana Patricia Gómez, fueron elegidas Revisoras fiscal y suplente, respectivamente, del Órgano de Control.

Finalmente en la Comisión Disciplinaria resultaron elegidos por la Asamblea, Ítalo Pierre Bonnis  Víctor Saavedra y Fernando Velasco elegido por el Órgano de Administración.

La paz y La Resbalosa

abad-faciolince_hectorPor: Héctor Abad Faciolince

Hagamos un repaso: en el año 2003, durante el primer período del presidente Uribe, 30.000 miembros de la organización terrorista AUC se desmovilizaron y sus líderes empezaron a dialogar con el gobierno en Santa Fe de Ralito.

Allí se negoció durante casi tres años, y en ese proceso de paz, que terminó en el año 2006, hubo amplios beneficios penales para más de 30.000 combatientes, entre quienes había no solamente paramilitares sino también narcotraficantes que se acogieron al paraguas de la Ley de Justicia y Paz. Catorce líderes de las AUC fueron extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008, acusados de seguir delinquiendo desde las cárceles. De los otros miles de terroristas, la gran mayoría están libres; algunos se han acogido a la legalidad; otros han vuelto a los negocios del narcotráfico o a integrar bandas neo paramilitares hoy conocidas como BACRIM.

Si el objetivo de una negociación de paz es disminuir los niveles de violencia de un país desangrado, puede decirse que el proceso de paz con los paramilitares fue exitoso. A pesar de la vergonzosa impunidad de la que disfruta la inmensa mayoría de los antiguos paramilitares, su desmovilización ha disminuido en gran medida las cifras de homicidios, masacres y desplazamiento de la población civil. Estas mismas cifras demuestran que los paramilitares eran quienes más asesinatos cometían en Colombia. Los otros grandes campeones del asesinato, los secuestros y las masacres son las guerrillas, y de ellas me ocuparé más abajo.

Durante las conversaciones de paz con los paramilitares ocurrieron, entre otras, dos masacres cometidas cerca de San José de Apartadó: La Resbalosa y Mulatos. No me voy a ocupar de los adultos asesinados en estas masacres. En gracia de la discusión voy a admitir que todos los adultos asesinados allí eran aliados de las FARC, tal como sostuvieron en su momento el presidente Uribe, el vicepresidente Santos, y tres propagandistas del régimen: Plinio Apuleyo Mendoza, Fernando Londoño Hoyos y José Obdulio Gaviria. Pero en esas masacres hubo tres niños (uno de 11 años, Andrés Guerra, una de cinco, Natalia Bolívar, y uno de 18 meses, Santiago Bolívar) a quienes no se puede acusar de haber sido guerrilleros. Los dos últimos fueron degollados con machete.

La justicia ha establecido en varias ocasiones (basada en confesiones de paramilitares y también de miembros del Ejército que se han acogido a sentencia anticipada) que esa masacre la cometieron —en colaboración— el bloque paramilitar Héroes de Tolavá, de la mano con oficiales y soldados del Ejército. El asesinato de estos tres niños lo cometieron los paramilitares durante las conversaciones de Ralito. Pese a esto, el Gobierno no se levantó de la mesa y siguió adelante con el proceso de paz con los terroristas de las AUC. Se calcula que entre el 2003 y el 2006 los paramilitares alcanzaron a cometer más de mil asesinatos. Y las conversaciones no se interrumpieron. Los paramilitares siguieron traficando con drogas, pero la mesa tampoco se levantó.

Hoy el expresidente Uribe le exige al Gobierno que suspenda las negociaciones de paz con las FARC porque éstas han matado y secuestrado policías, porque dinamitaron una escuela construida por el Ejército y por otros actos terroristas en los que han muerto civiles e integrantes de la Fuerza Pública. Sin duda esos crímenes de las FARC son atroces y son execrables. Pero los crímenes cometidos durante el proceso de paz con los paramilitares fueron iguales o incluso más atroces. Y los mismos que quisieron hacer ver la masacre de tres niños como un ajusticiamiento de guerrilleros (Uribe, Pacho Santos, Londoño, José Obdulio), exigen que el Gobierno se levante de la mesa en La Habana. El doble rasero moral es evidente. Si el objetivo de un proceso de paz es disminuir los niveles de violencia, así como en el proceso de paz con los terroristas paramilitares hubo muy poca justicia a cambio de paz, lo mismo debe ofrecerse a los terroristas de las FARC.

 

 

Básicos ineludibles para lograr la paz

Por: Dharmadeva

Las “ocho propuestas mínimas para el ordenamiento y uso territorial” que plantean las Farc en los diálogos de paz no deberían ser desestimadas por venir de quienes vienen.

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De cualquier modo señalan aspectos básicos que, si desconocemos como nación y como integrantes del planeta, pasarán a archivarse y conducirán a que no tengamos ni paz, ni tierra en donde disfrutarla.

No hay nada más peligroso que tarascazo de burro cargado de razón, decía Juan de Mairena, el divertido y sabio álter ego de Machado. Y es cierto, pues en este caso, aunque los pacifistas aborrezcamos el uso de las armas y la codicia torpe de capos trasvertidos en grandes comandantes o viceversa, las consideraciones de las Farc son razonables en principio. Plantear la urgencia de un reordenamiento territorial en el que las prioridades sean el agua y la protección de sus fuentes, la seguridad alimentaria, la delimitación de la frontera agrícola y la disminución de la ganadería extensiva, es de sentido común en cualquier parte del globo y bajo cualquier ideología.

Y parece que la guerrilla ha comprendido, después de sus intentos de crianza de ganado en tierras de los Llanos, que la ganadería extensiva es un desastre, un modelo obsoleto y atávico heredado de la colonización antioqueña que ha convertido en mangas las opulentas selvas y talado los bordes de los ríos arrasando a su paso las cuencas fuentes de agua. En Colombia las guerras han involucrado al territorio (y todavía ni siquiera hemos tenido en consideración a una de sus protagonistas: el agua). Y en las últimas décadas las tierras han pasado a manos de unos grandes señores con ejército propio, que en la consolidación de la tenencia espuria produjeron más de cuatro millones de desplazados y medio millón de refugiados que aún trashuman por las calles y por los países vecinos.

Las Farc, y ese es uno de los meollos de la guerra, también han mantenido su feudo con las armas. Si ahora están dispuestas a salirse del eterno círculo, habría que oír qué tienen que decir a este respecto. Es sustancial la reflexión sobre el punto que sugiere: “… derogar la Resolución 0045 de junio de 2012, por medio de la cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una importante parte de la región amazónica y un alto porcentaje de zonas de tradición y vocación agrícola”. Todos sabemos que estas reservas biodiversas del planeta no aguantarían el embate de la gran minería depredadora. Si estos dirigentes de las Farc que conocen la manigua refrendan la advertencia, hay que oír con cuidado.

Después de todo, también son colombianos, y la historia los ha puesto a vivir una experiencia que bien utilizada le puede ser muy útil al país una vez pasado el proceso, doloroso y complejo, de reparar los daños e incorporarse al cauce de unas futuras elecciones democráticas.

El engaño pensional

 

Por Eduardo Sarmiento150640_172124_2
La reforma pensional de la Ley 100 constituye uno de los grandes fracasos de la historia del país.
Basada en la información de otros países, la administración de César Gaviria estableció el sistema privado de pensiones y a regañadientes accedió a mantener la modalidad de prima media del ISS. Hasta ese momento operaba con el sistema público solidario de prima media (pensiones se cubren con las cotizaciones de los afiliados). La relación pensionados-cotizantes era de 1 a 9, el sistema no tenía mayor problema para mantener mesadas correspondientes al 75% del ingreso promedio. El ISS, con cotizaciones entre 7 y 10%, operó durante décadas con ingresos superiores a los egresos.
La reforma se fundamentó en los estudios de Fedesarrollo y DNP. Decían que la modalidad de capitalización estaba en capacidad de ofrecer beneficios superiores al 75% del ingreso promedio del ISS (prima media). Se montó tamaña propaganda invitando a la gente a pasarse a los fondos privados (AFP) prometiendo mayores beneficios que en el sistema público. La apertura de los fondos estuvo acompañada de una avalancha de afiliados alentados con falso señuelo. Mostré que las AFP con el sistema de amortización empleado no garantizaban pensiones de más de 25% del salario promedio.
El balance no podía ser más absurdo. El sistema público se quedó con los pensionados y los afiliados se desplazaron a los fondos privados. A tiempo que el ISS quedó desfinanciado porque subió la relación pensionados-cotizantes, las AFP recibieron cuantiosos recursos, y como no tenían clientes, los movilizaron al sector financiero. Los beneficios del sistema privado resultaron tres veces menos que el público. Como en los últimos años aparecieron liquidaciones de los primeros pensionados que lo confirmaron en carne propia, se desató un regreso masivo a la prima media. De mantenerse la tendencia, el sistema público terminaría recuperando a los afiliados y los fondos privados se extinguirían.
La reforma propuesta por el Gobierno consiste en pasar las cotizaciones correspondientes al salario mínimo al ISS, extender un subsidio a los cotizantes de los fondos privados y someter los ingresos por encima del salario mínimo al régimen de capitalización. La mayoría de la población quedaría con pensiones inferiores al 30% del ingreso promedio y traería consigo el empobrecimiento de los grupos medios de mayor edad. Lo grave es que no guarda relación con la realidad nacional. El país está en la fase en que los cotizantes crecen por encima de los pensionados. La relación pensionados-cotizantes es de 1 a 7, lo que permitiría operar con la cotización actual de 13% y reconocer el 75% del salario promedio. En Europa es de 1 a 3 y tiende de 1 a 2.
El Gobierno, en lugar de reconocer el fracaso del sistema de privatización, profundizar sobre las causas y transformarlo a la luz de la experiencia, enfila baterías para evitar el naufragio. La propuesta salva a las AFP a cambio de minimizar la modalidad de prima media y reduce el subsidio del presupuesto, pero no toca los grandes problemas, como las pensiones privilegiadas sin fundamento financiero de los altos funcionarios del Gobierno, las cortes y el Congreso, la baja cobertura y los escasos beneficios de las AFP.