Colombia: Una justicia y unos órganos de control maniatados?

ruben-mc-aPor Rubén Darío Sánchez Alvis

La justicia colombiana y sus órganos de control padecen de una grave pandemia institucional que amenaza con profundizar la crisis administrativa, incrementando los hechos de corrupción y elevando la impunidad. De nada sirven mecanismos de participación comunitaria consagrados en la Constitución Nacional, como la revocatoria del mandato, las acciones populares, de cumplimiento o de repetición, derechos de petición o las mismas acciones de tutela, si desde los altos funcionarios del estado hasta los de menor nivel, le hacen conejo a las órdenes judiciales o a las sanciones disciplinarias.

A nivel nacional un caso es el de Luis Alfonso Hoyos Arístizabal a quien el Consejo de Estado en el 2001 lo despojó de su investidura de senador de la República y lo inhabilito de por vida para ejercer cargos de elección popular por indebida destinación de dineros públicos al utilizarlo en actividades y propósitos no autorizados. El ex presidente Uribe lo nombró director del programa Acción Social de la presidencia, donde manejo uno de los presupuestos de inversión más grandes del país: 1,5 billones de pesos, posteriormente lo designó embajador ante la OEA y el gobierno Santos lo llamó a dirigir el SENA.

En Florida Valle, el Concejo Municipal decidió arbitrariamente ampliar el perímetro urbano del municipio, con el propósito que el director de Planeación Municipal, otorgara Licencia de Construcción para adelantar una urbanización en una zona de protección ambiental, violando el derecho colectivo al medio ambiente, la salubridad, la seguridad y la previsión de desastres, entregando a humildes familias de corteros de caña, unas viviendas carentes de los servicios esenciales de agua potable y alcantarillado.

El Juzgado 13 Administrativo de Cali, mediante Sentencia de Acción Popular No. 0226 del 24 de Noviembre de 2010, al amparo de los derechos colectivos y la moralidad administrativa ordenó al municipio de Florida a través de su alcalde o quien hiciera las veces, iniciar las gestiones de todo orden para reubicar definitivamente a 72 familias que viven en precarias condiciones de salubridad.

Han pasado 2 años en los que el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y el Consejo de Estado, ratificaron en todo el contenido de la sentencia, pero pese a que se han elevado los correspondientes derechos de petición, ninguno de los cinco alcaldes que han pasado durante estos dos años por la administración municipal de Florida, se han ocupado de dar cumplimiento a la orden de los jueces. Cómo dirían los abogados ¿Cuántos exabruptos jurídicos más tendremos que soportar para que al fin los mandatos judiciales y las sanciones disciplinarias no sean burladas por los funcionarios?.

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