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Villa Campestre, una infamia contra 72 familias de Florida, Valle

La Unidad Investigativa del periódico El País de Cali, revela cómo se fraguó la construcción de una urbanización irregular en ese municipio y por qué los responsables aún no han sido castigados. Panorama, denuncia y soluciones.

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Villa Campestre es una ironía. Una burla ante la desgracia que padecen 400 personas desde finales de 2007. Es una calle larga donde se apiñan 72 casas que amenazan con venirse abajo. Pero este remedo de urbanización es también un humedal y una quebrada, aunque sus habitantes no reciban agua potable.

El drama que sufren los pobladores de Villa Campestre es un nefasto monumento a la desidia de las autoridades y a la corrupción administrativa. Y está muy cerca, a una hora de Cali, en Florida, Valle. Esta obra es el modelo de lo que no debería pasar con los subsidios estatales de vivienda y, especialmente, con las ilusiones y los ahorros de las familias pobres de la región.

Villa Campestre es una obra hecha en el lugar equivocado, una vergüenza de tal tamaño que hace tres años y medio el juez 13 Administrativo de Cali ordenó al municipio de Florida, en fallo de primera instancia, demoler las casas y reubicar a sus pobladores, así como recuperar ambientalmente el terreno, impedir su uso en nuevas construcciones, cuantificar los costos y recuperar de los dineros invertidos para evitar el detrimento patrimonial. También compulsó copias a la Contraloría y la Procuraduría, así como a la Fiscalía para que encuentren a los responsables de este atraco a las finanzas públicas y a la confianza de esas familias que hoy viven en peligro.

El golpe

Villa Campestre quiso ser un proyecto de vivienda de interés social que nació el 12 de diciembre de 2005, cuando el Concejo de Florida aprobó el Acuerdo 326 por medio del cual “se adiciona un área de expansión” al Plan de Ordenamiento Territorial, medida que se vendió como favorable pues solucionaba, en parte, la falta de espacio donde construir nuevas residencias que aun hoy afecta a ese Municipio. El proyecto, que fue liderado por el alcalde de la época, Hugo Venancio Córdoba, y su secretario de Planeación, Alexánder Pérez, obtuvo la aprobación del Concejo, tanto en la comisión de plan y tierras como en la plenaria.

Tal parece que a ninguno de los concejales del momento, ni al Alcalde y su Secretario de Planeación, les generó dudas que el propietario del lote seleccionado para la obra, el cual se benefició con el permiso otorgado por el Concejo, fuera el cabildante Luis Gonzaga Granada.

Tampoco llamó la atención de los funcionarios y concejales que dieron el visto bueno, que este no contara con permiso de la Corporación Autónoma del Valle, CVC. Algunos de los implicados aseguran que cuando estudiaron el proyecto si contaba con el permiso de la autoridad ambiental, incluso afirman que el documento fue aportado por el propio Gonzaga. Consultada la entidad sobre este incidente, un vocero autorizado confirmó que dicho papel era falso y que por tal razón el funcionario de la CVC, Manuel Fernández, formuló en su momento, denuncia penal por el presunto delito de falsedad en documento público.

Por estas razones y por haber violado el POT, la secretaría jurídica de la Gobernación del Valle mediante oficio fechado el 18 de enero de 2006, dirigido al alcalde de Florida, devolvió el Acuerdo del Concejo que daba vida al proyecto de vivienda porque, según el documento, “no se cumplieron los trámites de concertación y consulta ciudadana ordenados en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997”.

Pero era tanto el afán por levantar Villa Campestre que Pérez, el secretario de Planeación de Florida en esos años, sin tener en cuenta la objeción de la Gobernación, expidió la Resolución de Urbanismo y Construcción #15 con fecha del 17 de marzo de 2006, mediante la cual otorgó permiso de construcción a la firma Dimerco (ver recuadro), seleccionada por la Alcaldía para ejecutar la urbanización. Ni la Administración Municipal liderada por Córdoba, ni el Presidente del Concejo del momento, Miyer Huependo, actual diputado del Valle, acataron la objeción hecha por la Gobernación, pues siguieron adelante con las gestiones que permitieron la construcción irregular.

La demanda

Mientras el Alcalde de la época y su Secretario de Planeación firmaban los trámites que dieron vida a la urbanización campestre, 72 familias de corteros de caña juntaban ahorros y se hipotecaban con los bancos para completar su aporte, todo eso para convertirse en propietarios.

Sin embargo, las sospechas de que algo andaba mal comenzaron a mediados del 2007, cuando la constructora Dimerco y algunos políticos locales empezaron a entregar las viviendas sin mucho ruido, una por una, “como si les diera vergüenza”, recuerdan algunos vecinos de la zona. “Acá no hubo inauguración ni grandes fiestas, solo vimos al concejal Gonzaga y algunos de sus amigos, pero no volvieron porque la gente les reclamaba por lo mal hechas que quedaron las casas”, confirmó uno de los líderes de Villa Campestre. La dicha de ser propietarios les duro muy poco.

Corría el 2008, un año después de estrenar las casas, cuando los corteros de caña se quejaron con el senador del Polo Democrático, Alexánder López, por las pésimas condiciones en que vivían y los riesgos para la salud que los afectaban. “Por estas casas que están llenas de goteras y que amenazan con caernos encima, la constructora Dimerco nos cobró $18 millones, la mitad se pagó con el subsidio estatal y el saldo ($9.000.000) nos tocó reunirlo a cada familia”, le explicó uno de los voceros de la comunidad.

Fue entonces cuando el abogado Rubén Darío Sánchez, quien trabajaba en ese momento con el senador del Polo, instauró una acción popular contra el Municipio y el Concejo de Florida, la Secretaría de Planeación y Dimerco, con el fin de proteger los derechos colectivos de esa comunidad pues buena parte de las construcciones empezó a mostrar deterioro y los servicios públicos prometidos jamás llegaron, amén del daño ambiental.

La acción popular fue fallada a favor de los corteros de caña en primera instancia por el Juez 13 Administrativo de Cali en noviembre de 2010. Como los condenados apelaron la decisión, la magistrada Bertha Lucía González, del Tribunal Administrativo del Valle, luego de estudiar el caso, confirmó la condena y la amplio vinculando también a la constructora Dimerco como responsable, eso ocurrió en julio de 2011.

Ante la inconformidad de la constructora, su apoderado judicial solicitó al Consejo de Estado seleccionar para revisión la acción popular, sin embargo, en noviembre de 2011 esa alta corporación confirmó la totalidad del alcance de la sentencia de segunda instancia, lo que dejó sin más posibilidades de pataleo a las entidades condenadas.

No hay plata pa’ tanta gente

Superado el enredado jurídico, finalmente la Administración Municipal de Florida quedó obligada a reubicar las 72 familias, para lo cual los jueces le dieron dos años. Plazo que se cumplió hace un año y medio, en noviembre de 2012, ya que la sentencia quedó en firme tras el pronunciamiento del Consejo de Estado. El Municipio, además, debe realizar la recuperación ambiental de la zona, una vez saque a las familias del lugar y haga la demolición de las 72 viviendas. Para dicho trabajo tiene que seguir un plan de acción definido por la CVC y contaba con un plazo de tres años pero este se venció hace seis meses.

Los jueces también ordenan a la Alcaldía de Florida que cuantifique los costos que le signifique acatar dichas órdenes y que proceda a cobrarles a los exfuncionarios que hicieron posible este descalabro con el fin de evitar un detrimento patrimonial. Sin embargo, ni el concejal Gonzaga que vendió su lote para construir la urbanización, ni los concejales que aprobaron la obra, como Miyer Huependo actual diputado del Valle, ni el exalcalde Córdoba y el secretario de Planeación Pérez, que la propusieron y la adjudicaron, ni la constructora Dimerco que la ejecutó con graves defectos, ni uno solo de los implicados en este entuerto, ha pagado un solo peso por lo que hizo.

La razón, según el alcalde actual de Florida, Tulio González Forero, es que “solo puedo cobrarles cuando terminemos todas las obras y sepamos cuánto en realidad nos van a costar” y agrega “hemos calculado que la reubicación de las personas, la demolición y recuperación ambiental del sector nos pueden terminar costando un poco más de $4000 millones”. El mandatario aclara que para cumplir con el fallo “ya seleccionamos otro lote que si tiene los permisos y estamos en negociaciones con una constructora para que inicie las obras; estamos atrasados porque el municipio no contaba con esos recursos, recuerde que esta es una herencia que me dejaron los anteriores alcaldes.

Pese a ello, logré comprometer de las regalías $10 millones por cada familia y el Ministro de Vivienda nos prometió un aporte de $15 millones por cada casa, al final vamos a tener unas soluciones de vivienda de $25 millones cada una”. Pero la solución que plantea el Alcalde no es tan sencilla de poner en marcha, como explica Fredy Perea, actual secretario de Planeación, “la sentencia habla de 72 viviendas pero solo existen 30 viviendas con escritura, las demás tienen promesa de compraventa, otras solo tienen un recibo y algunos nada que demuestre que son propietarios, adicionalmente, existen ocho casas que aun aparecen a nombre de Dimerco” y concluye, “vamos a construir las 72 nuevas viviendas pero solo vamos a incluir en la reubicación a las familias que puedan demostrar que son propietarios”.

En el limbo seguirán las familias que no puedan demostrar que son propietarios, aunque la Alcaldía dijo a este medio que reconocerá una ayuda a quienes viven de arriendo en el lugar. Llama la atención que la Administración de Florida tampoco ha adelantando ninguna gestión u obra de mitigación en Villa Campestre, aunque el fallo incluye la orden para que tome todas las medidas necesarias con tal de evitar un drama mayor mientras la reubicación está lista.

Y eso que el alcalde González ya fue multado con diez salarios mínimos mensuales por el desacato a una tutela que lo obliga a cumplir la totalidad de la sentencia. “Me pueden meter preso por ese tema pero es que no me puedo volver plata. Para mediados del próximo año tenemos el asunto resuelto”, aseguró a reporteros de este diario.

Santos: ¿Una apuesta Clara por la paz?

Por Rubén Darío Sánchez Alvis

El título de éste artículo y su contenido tiene una doble intención de llamar la atención frente a la decisión política que los colombianos debemos tomar el próximo 25 de Mayo, con ocasión de las elecciones de presidente de la república.

Pero también tiene un único objetivo, que podamos alcanzar el anhelado sueño de lograr un Acuerdo de Paz, en un país como el nuestro que arrastra más de 500 años de confrontaciones armadas entre nativos e invasores, luchas fratricidas entre patriotas y traidores, esclavos y opresores, trabajadores y patrones, que en el último medio siglo, se ha acentuado mucho más con la violencia generada por enfrentamientos de tipo político, ideológico, étnico y cultural, y por la sangrienta disputa por la tierra, generada por los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la explotación indiscriminada de los recursos naturales y por la economía minera.

Es claro que la paz no se logra con la firma de unos acuerdos en la Habana. Contrario a lo que muchos creen, la paz no es la ausencia de la guerra. Lo difícil y complicado del tema, es que la paz no se da instantáneamente, no se obtiene sin esfuerzo, no se compra, ni se pide prestada, mucho menos se logra por decreto o por mandato. La paz tiene que nacer de la manifestación plena y espontánea de los seres humanos, pero fundamentalmente del ejercicio libre, autónomo y eficaz de todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas e instituciones públicas y privadas que conforman el Estado.

Frente a éste noble propósito, todos los colombianos deberíamos estar unificados por encima de cualquier consideración, en torno a apoyar irrestrictamente los esfuerzos de diálogo y conciliación. Es preocupante entonces, que el proceso haya tenido que soportar la implacable oposición del senador electo de extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez y que pese a que dos ex comisionados de paz, son candidatos a la vicepresidencia, sistemáticamente vengan desestimando, los acuerdos en Cuba, que por lo menos, permitirían que el presupuesto que hoy se utiliza para la guerra, pueda ser destinado a la inversión social.

En la presente campaña electoral, solo dos, de las cinco propuestas presidenciales, están verdaderamente comprometidas con un Acuerdo de Paz con las FARC y una eventual negociación pacifica con las demás guerrillas colombianas. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos, quien inicio las conversaciones y hábilmente se auto proclama nacional e internacionalmente como candidato del extremo centro, pero que por las contradicciones internas de su gobierno, a raíz del protagonismo del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón descalificando permanentemente a las FARC, ha disminuido en la opinión pública la credibilidad en el proceso.

Por el otro lado, están dos de las sobrevivientes del último acuerdo político por la paz y que representan sectores políticos que históricamente han estado comprometidos con la solución política negociada al conflicto armado. Que además, han vivido en carne propia los rigores de la violencia y han acompañado constantemente las movilizaciones obreras, sociales y populares surgidas desde las regiones más deprimidas y apartadas de la nación, donde la crisis económica y social, como la presencia de los actores armados, es mayor, pero que paradójicamente por la misma razón, son colectividades políticas desestimadas, estigmatizadas y que carecen de garantías electorales y de seguridad.

En síntesis, con todas sus deficiencias y limitaciones, las fórmulas de Clara López – Aída Avella y la del presidente candidato, son las únicas opciones reales por un intento de paz. Colombianos hagamos bien la apuesta electoral.

La privatización del agua

Una amenaza que acecha a Florida y al Valle del Cauca

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El Sindicato de Trabajadores de Acuavalle, SINTRACUAVALLE, en cabeza de su presidenta Margarita López, viene denunciando el proceso de privatización del agua que se gesta en el Valle del Cauca.

Las políticas internacionales y la legislación colombiana

Las políticas económicas internacionales establecidas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, mantienen la fuerza de las privatizaciones a través de modelos de tercerización, sectorización y concesión, denominaciones que no son más que una forma de entregar la explotación de los servicios públicos esenciales para la vida, a operadores privados.

La Ley 142 de 1994 cambió radicalmente el esquema de los servicios públicos, ya que dispuso que los recursos para la administración, operación e inversión en servicios públicos, deben provenir directamente de la tarifa que pagamos los usuarios y convierte lo que antes eran derechos de los ciudadanos en servicios que consumen clientes. En ésta lógica la capacidad de pago y las ganancias quedan por encima del bienestar social de los usuarios y las obligaciones del estado para con la población.

La autonomía de los municipios en el manejo de los servicios públicos domiciliarios facilita un alto grado de vulnerabilidad en lo económico y administrativo. El proceso de liberación de mercados impuesto por el modelo neoliberal entregó el manejo del agua a las empresas privadas, ocasionando que el 11% de las empresas de agua en Colombia, sean hoy un esquema lucrativo de los inversionistas privados.

Presencia de Multinacionales en el manejo del Agua en Colombia

  • SUEZ, a través de Hisusa posee el 47,1% de Aguas de Barcelona, la cual a su vez controla el 45,9% de ACUACAR, operadora del servicio de acueducto de Cartagena.
  • De otra parte VIVENDI, a través de PROACTIVA S.A., controla el suministro de agua en Montería. (VIVENDI y SUEZ se están adueñando del agua en el mundo).
  • Otras empresas españolas como TECVASA y Canal de Isabel II, tienen importante presencia en otras ciudades de la costa Caribe colombiana.
  • Ahora en el Valle del Cauca, VALLECAUCANA DE AGUAS gesta alianzas con Aguas de Barcelona.

En estos municipios la privatización ha conllevado al encarecimiento de las tarifas para los usuarios lo que conduce a que familias enteras de los estratos 1 y 2, no puedan acceder al agua por incapacidad de pago, detrimento en la calidad y en la cobertura, a diferencia del Valle del Cauca donde ACUAVALLE S.A. ESP, cuyos dueños son el departamento, la CVC y 33 Municipios, se consolida como empresa modelo regional 100% pública estatal y genera un importante balance social, pues su gestión garantiza el acceso al agua potable de 700.000 habitantes de estratos bajos en un 94 % subsidiables, que hace de la empresa un referente público muy importante que salvaguarda la salud y la vida de las comunidades de nuestra región.

Lo público es de todos, mientras que lo privado es de unos pocos

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La existencia de ACUAVALLE S.A. ESP como empresa que cumple con la finalidad social del Estado, se ha visto amenazada en diferentes momentos por los intereses privatizadores de entregar la gestión pública de un componente fundamental para la vida misma como es el agua, al manejo de particulares. En éste sentido, el sindicato, ha emprendido una ardua lucha contra el modelo de privatización del agua, que nos despoja de este derecho y que ha venido tomando fuerza en nuestro país, siendo gestado a través del Programa “Agua para la Prosperidad”, que hoy promueve el gobierno nacional a través de las Alianzas Público-Privadas, que motivan la inversión privada en el manejo del agua para lucrar sus capitales convirtiendo el agua en mercancía.

La lucha de SINTRACUAVALLE contra la privatización, ha estado acompañada de la comunidad usuaria, la clase política, las organizaciones sociales y sindicales, con una amplia denuncia pública entre los años 2006 y 2011, contra el interés de Privatizar la empresa por partes, la entrega de la misma a INFIVALLE para ser vendida, la ausencia de una gestión administrativa eficiente y la concesión No. 0287 que se logró liquidar, ha permitido la existencia de ACUAVALLE PÚBLICA, generadora de empleo y calidad de vida.

Municipalizar el agua para entregarla a privados

En municipios como Florida, la estrategia de “municipalizar el agua” hace carrera en algunos dirigentes políticos que cuando fueron alcaldes no lo hicieron y ahora quieren convertirla en mercancía con millonarias ganancias para los eventuales inversionistas privados, sin tener en cuenta que cuando se privatiza el agua, se somete a la comunidad a los intereses mercantilistas de quienes quieren negociar para sus propios intereses, lucrándose de un servicio que es inherente a la vida misma. Privatizar el acueducto es un riesgo muy alto para la comunidad que conlleva deterioro del servicio, problemas de calidad, problemas de continuidad y sobre todo incremento en las tarifas.

La experiencia de Buenaventura

Según lo publicado por el diario El País, las carencias de agua en Buenaventura son la mejor evidencia que la corrupción es afín a la privatización del agua. La promesa que les hicieron a los bonaerenses hace más de doce años, de que a través de una nueva empresa se les suministraría agua potable, las 24 horas del día, terminó siendo una gran inocentada. Pues justo el 28 de diciembre del 2001, cuando sacaron a Acuavalle de Buenaventura, por instrucciones del gobierno nacional, para entregar el agua a un privado, fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín la empresa HIDROPACÍFICO S.A ESP y un día después estaban firmando el contrato de operación, diseño e interventoría del servicio de acueducto y alcantarillado por 20 años.

En adelante, una mezcla de corrupción administrativa, voracidad de los grandes empresarios y el silencio de los organismos de control, han convertido en una interminable pesadilla el sueño de tener agua potable que poseen los habitantes del principal puerto colombiano sobre el Pacífico. No son menos de $160.000 millones los que han llegado al puerto en la última década desde el Gobierno Central, de Fondos Nórdicos, del Plan Pacífico, del Plan Carrasquilla y del Fondo Nacional de Regalías, pero Buenaventura sigue siendo el único puerto comercial importante del mundo donde el agua solo llega cuatro horas por día.

El apoyo a los acueductos comunitarios

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Simultáneamente a la lucha contra las privatizaciones del agua, el Sindicato de Acuavalle, aprovechando su pertenencia a la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas, está promoviendo Acuerdos de Cooperación Público-Comunitarios con los acueductos rurales y las comunidades organizadas del departamento, con el propósito de fortalecer su gestión y mantener su autonomía, a través de alianzas públicas de cooperación en la defensa del agua, convencidos de que solo la gestión púbica, participativa y social del agua, podrá garantizarse su permanencia en manos públicas como un patrimonio público de los vallecaucanos.

ACUERDOS DE COOPERACIÓN GESTADOS POR SINTRACUAVALLE PARA APOYAR LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS

Acueducto Comunitario LA SIRENA

Acueducto Colectivo Costa EL AGUILA

Acueducto Comunitario ACUA MIRA MELVA

¡Alertamos a la comunidad floridana sobre las alianzas que se están promoviendo con Aguas de Barcelona!

! Detrás de cada alianza con privados hay un negocio que afecta los bolsillos de los usuarios y la calidad del servicio, la sacrificada será la comunidad!

IMDER PALMIRA LA MEJOR INSTITUCIÓN DEPORTIVA

Destacando los triunfos, avances y construcción del tejido social en toda la ciudad, el circulo de cronistas deportivos del Valle del Cauca (ACORD), en la ceremonia “Deportista Del Año”, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional del Deporte, destacó al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira como la mejor institución deportiva del departamento, galardón que fue recibido por parte del director del ente triunfador Víctor Manuel Ramos y el Alcalde palmirano, Ritter López.

La Villa de las Palmas, es con éste premio reconocida como la potencia del deporte vallecaucano, no solo por su título en los pasados Juegos Deportivos Departamentales, en donde rompió la hegemonía de Santiago de Cali, sino también por su calidad a la hora de organizar eventos deportivos locales, departamentales, nacionales e internacionales y por la creación de programas que van en beneficio de la comunidad deportiva en todas las comunas de la ciudad.

De igual forma, en esta tradicional ceremonia, 2 destacados deportistas palmiranos de talla nacional e internacional, fueron galardonados en la categoría semilla. Se trata de los ajedrecistas Santiago Ávila Pavas de 9 años de edad y Laura Lucía Domínguez Barrios, que con solo 14 años acaba de jugar por el Valle del Cauca la Final Nacional Femenina de Mayores en El Bagre Antioquia y ha representado al país en diferentes torneos mundiales, logrando en eventos continentales, tres títulos panamericanos del deporte ciencia.

Este reconocimiento es la muestra que por medio del deporte, Palmira tiene un protagonismo que nunca antes se había alcanzado. Nuestros deportistas son de calidad y gracias al respaldo que hemos brindado bajo esta administración se han conseguido y vamos a seguir logrando títulos cada vez mayores” afirmó el alcalde de Ritter López.

Que distinto sería el presente y futuro del deporte vallecaucano, si al frente del Instituto del Deporte y la Recreación del Valle, INDERVALLE, tuviera un dirigente deportivo con el compromiso y las ejecutorias administrativas del licenciado Víctor Manuel Ramos,  quien ha demostrado que con la eficiente planeación y fomento de actividades físico atléticas, con eventos recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre y con buenas obras de infraestructura deportiva, se pueden obtener excelentes resultados a nivel competitivo y la formación integral de jóvenes alejados del alcoholismo, las sustancias sicoactivas y las bandas delincuenciales.

El MAIS, entro pisando duro

El Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, tuvo su origen en el seno de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC; donde se recogen los procesos históricos de las luchas de resistencia indígena.

Jesús Chávez, ex consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue elegido al senado de la república por la circunscripción especial a nombre de éste movimiento, el cual disputa en los tribunales la segunda curul en cabeza de Luís Evelis Andrade Casama, indígena embera y ex consejero mayor de la ONIC, argumentando que la Alianza Social Independiente, movimiento político por el que fue reelegido Marcos Avirama, ya no representa su ideología y tampoco tiene el aval de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.

El MAIS fue concebido como una herramienta para retomar el posicionamiento político de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, llevando al escenario de la participación democrática los saberes ancestrales indígenas para promover el bienestar general. El MAIS está fundamentado en la conexión de los escenarios de representación política con las bases sociales; por eso, a partir de los mandatos de los congresos indígenas el MAIS nace como un postulado indígena, social e incluyente de los diferentes sectores de la Nación colombiana.

El maíz como alimento es esencial en la pervivencia de la humanidad, y los Pueblos Indígenas han considerado como fundamental hacer parte del escenario político en Colombia, como una manera de consolidar el ‘Buen Vivir’ de las presentes y futuras generaciones. El MAIS como movimiento político es la interpretación y articulación de las ideas de todas las organizaciones indígenas y los procesos sociales; nace como movimiento político para proteger la vida. El MAIS es un proceso abierto y democrático que acoge diferentes sectores, formas, costumbres y visiones ideológicas.

El Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS no fue creado sólo para los Pueblos Indígenas, su esencia está dirigida al mundo entero, promoviendo el equilibrio, la armonía y el bienestar de las comunidades. Como movimiento político es articulador y fuente de renovación en el escenario nacional. El MAIS siembra, cultiva y cosecha la cohesión de los diferentes procesos sociales y organizativos, reafirmando una democracia en equilibrio natural y armonización de manera equitativa.

Feliciano Valencia Medina, siempre ha defendido las causas de su pueblo. Recuerda las palabras del sacerdote indígena Álvaro Ulcué Chocué, asesinado en 1984 por defender el proceso de restitución de tierras de los indígenas. Éste líder nasa, al lado de Rosa Iguarán Epieyú, dirigente del pueblo Wayúu y reconocida líder de las causas sociales en beneficio de las mujeres indígenas, Sebastián Jansasoy, dirigente del Putumayo; Rodolfo Adán Vega Lúquez, dirigente formado en la Organización Indígena Kankuama y Víctor Jacanamijoy, guía espiritual del cabildo urbano Inga en la ciudad de Bogotá, son algunos de los fundadores de ésta nueva esperanza política.