Los feos nos dan una lección.

Por: John Jairo Tenorio desde La Recta

En la mitología griega se cuenta la historia de Hefestos, el dios del fuego que utilizaba las llamas para forjar metales y piedras preciosas.

Hefestos, quien pasó a la historia mitológica como un gran artesano, es hijo de Hera, su madre desalmada que lo tiró al mar, porque Hefestos era muy feo. En las páginas alusivas a la historia del arte vemos a un Hefestos cojo, sudoroso, con la barba desaliñada y el pecho descubierto, inclinado sobre su yunque, siempre trabajando en su fragua. El feo Hefestos nunca aceptó su condición de poco agraciado y hasta el final de sus días quiso vengarse de su propia madre regalándole un gran diamante con la forma de una silla opresora de la cual Hera nunca pudo liberarse. Pregunto: ¿Es fácil reconocerse feo y saber que somos objeto de burlas por nuestro aspecto físico?

Lo cierto es que en la vida real a nadie le gusta que lo llamen feo. Tanto así que la historia criminal del Valle de Cauca, da cuenta de cientos de personas asesinadas porque le han dicho fea o feo a su vecino. De hecho, los apodos o sobrenombres hacen alusión a los defectos y resaltan los rasgos desaliñados: “Boqueyegua”, “Carepalo”, “Frentepaila” y “Boquetúnel”, son algunos de los apelativos que, aunque son creativos, ridiculizan al ser humano y que, por esa condición de creernos siempre bellos, nos invitan a reírnos de los demás, sin pensar en que -a veces- somos más feos por dentro que por fuera. A propósito: ¿Por qué a los feos se les vincula con la mala suerte en el amor, cuando se sabe que hoy ser feo es una condición que victimiza y hace posible lograr muchos triunfos, porque, como dice el escritor Jorge “El Curro” Londoño: ¿Qué haríamos los feos si no existiera el amor?

Es claro, no pocas veces, la suerte de la fea, la bonita la desea. Miremos si no: La mujer hermosa no se casa con el hombre que sueña, si no con el que ronca. Y como alguna vez escribió Daniel Samper, “cuando uno tiene una novia bonita, debe hacer curso de escolta, porque los amigos se la pasan mirándole los cucos y los enemigos, tratando de quitárselos”. Hoy, los feos tienen más oportunidades de empleo y hasta logran mayor estabilidad laboral. Es más, la televisión que, según algunas teorías trasnochadas, sólo era dizque para los bonitos ha sido tomada por una cuadrilla de feos que se destacan más por su capacidad intelectual que por su estética facial. Si no me creen pregúntele a Mandíbula, el de Sábados Felices que lleva 20 años riéndose de él mismo y haciendo reír a todo el país. Bendito aquel que es capaz de reírse de sí mismo, porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza para ser auténticos hijos de Él.

Si bien Sócrates nos invitó a conocernos a nosotros mismos, muy pocos habíamos previsto conocernos tanto como para autorreconocernos como feos. Por eso la noticia sobre la elección del Rey de los Feos que se generó en Ríonegro, Antioquia, el pasado fin de semana, tuvo un fuerte impacto nacional e internacional. Sin duda fue también un gran golpe de comunicación efectista, porque tres días después, los medios impresos y de Internet no hablan de otra cosa. El Rey  de los feos, un paisa sencillo, vigilante de motos, nos ha dado una gran lección de humildad: Reconocernos como somos y no pretender que nos vean como lo que no somos. Héctor de Jesús Gallo, más conocido como “Carepalmada”, nos enseña que no hay nadie feo, sino muchos… que se creen bonitos.

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El 6 de marzo y las cuentas de las víctimas

Por: Wilson Arias / Representante a la Cámara

Invitado por el Proyecto Gramalote, el Colectivo Siervo sin Tierra, la Universidad del Meta y el Polo Democrático Alternativo, acudimos el 22 de febrero en Villavicencio al Foro “Política agraria, la otra cara de a altillanura”.

El encuentro con amigos y comunidades fue estimulante y conmovedor. Intercambiamos con periodistas, estudiantes de la MANE, luchadores históricos y jóvenes, muchos jóvenes interesados en nuestra denuncia contra la brasilera Mónica Semillas. Pensionados del SENA que, sumados a otras agremiaciones pensionales y estudiantes universitarios, nos ayudan a preparar la audiencia sobre la salud, los derechos y los ingresos de los pensionados en Colombia -los nietos y sus abuelos enfrentarán las “reformas” universitaria y pensional éste año-. Dirigentes sindicales que explicaron las tropelías contra los trabajadores de las grandes plantaciones y en el sector petrolero, mientras los empresarios de Pacific Rubiales juegan al golf con Dario Arismendi y Juan Manuel Santos. Ambientalistas como Jorge Nieves, alzando su voz pastosa y profunda para decir del impacto del convoy extractivista y de la gran plantación agroexportadora en los delicados ecosistemas de la altillanura, y para preguntarse por la muerte de siete toninas (delfines rosados) en los últimos meses.

Entre todos ellos, venía un grupo de habitantes del asentamiento La Victoria, en cuyo nombre habló el indígena Eduardo Macuna para pedir que no fueran desalojadas las 1.200 familias que resistían en un territorio de propiedad del Fondo de Ganaderos del Meta. Al escuchar las cifras del presupuesto en la altillanura, las cuentas no le cuadran a Macuna y no entendía cómo, a pesar de que la inversión general per cápita en todo el país asciende a 5 millones de pesos, en la zona la inversión per cápita sólo en infraestructura asciende a 25 millones, pero no alcanza para las modestas soluciones de vivienda o de servicios básicos. Le explicamos que “per cápita” no significaba redistribución: es la cifra que resulta de dividir el presupuesto para infraestructura de la zona entre el número de habitantes, pero que tales gruesas inversiones favorecerán principalmente a mineros y a los nuevos acaparadores de tierras, los “nuevos llaneros”: Sarmiento Angulo, Francisco Santos, familia Eder, grupo Santo Domingo, grupo Aliar, entre otros, y los extranjeros Mónica Semillas, Cargill, Efromovich, Poligrow, Grupo GPC (Chile y Colombia), a más de otros consorcios chinos, indios, estaduonidenses y argentinos que tramitan nuevas compras.

Asistieron también representantes de 336 familias poseedoras sin títulos de 9.000 hectáreas, cercanas a “La Fazenda” (Puerto Gaitán) colmada de gabelas mientras sus vecinos naufragan a esta hora en la intemperie. Vinieron de la comunidad indígena Sikuani del resguardo Awaliba y la parcialidad Campana (radicadas hace 70 años, también en Puerto Gaitán): en épocas de Uribe aparecieron personas con 6 títulos otorgados por el Incoder sobre sus predios, hace 6 años les quemaron sus casas y a la fecha sólo han logrado la revocatoria de tres de esos títulos. Llegaron de la comunidad campesina de la Vereda de Chaparrito (poseedores de más de 10 años, en Puerto Concordia): dicen que no tienen cómo pagar el abogado para atender las demandas civil en el Guaviare y penal en la Fiscalía novena Bogotá, que les interpuso un palmero con títulos en la mano ahora “formalizados”. Y representantes de los campesinos de La leonera (Puerto López), cuya legalización del predio entregado “en común e indiviso” desde el 2006 no avanza, pero sí aparece una segunda resolución del Incoder que desconoce a una parte de los primeros beneficiarios, agregando conflictividad a unos “propietarios” a quienes se impone un “comunitarismo” de papel.

En tales condiciones, las comunidades le encuentran razón al CONPES sobre víctimas. De las distintas estimaciones sobre el retorno, este documento ofrece el guarismo más pesimista: apenas el 10.4% de los desplazados está dispuesto a regresar. El resto será obligado a asociarse con quien compró al usurpador directo, ahora protegido por el “derecho de superficie”. O a arrendarle o venderle a “los nuevos llaneros” nacionales y extranjeros. Esto ocurriría según aquellos cálculos, ¡con cerca del 90% de los desplazados! Aun así, las cifras todavía no le cuadran, ni a Macuna en el Meta, ni a los desplazados del país: de los 891.789 hogares inscritos en el gubernamental registro de familias desplazadas, un 22% no solicitan atención del Estado y éste no las busca. De las 618.000 que sí reclaman, las normas excluyeron por distintas vías a la mayoría, de modo que el gobierno pudo prometer una meta de 160.000 restituciones en los cuatro primeros, de un horizonte de 10 años. Pero, como ha trascendido, ahora nos hablan de 11.000 bajo el cuatrienio.

Tal vez por esa razón, una “reparación” que en épocas de Uribe costaba 80 billones de pesos, el actual gobierno la proyecta en 17 billones (el CONPES habla de 24,6 pero de ellos 6,9 son realmente subsidios de vivienda), ahora diferidos a 10 años: 1.7 billones/año cuesta esta que han llamado “deuda histórica”. Por donde se miren, las cuentas no les salen a las víctimas. Ni a las de Villavicencio ni a las del resto del pais. Por eso marchan el próximo 6 de marzo. ¡Y es nuestro deber acompañarlos!

Positiva gira en Europa de Alexander López y Sintraemcali

“El candidato del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, Angelino Garzón,  no tiene posibilidades reales de llegar a la OIT y no cuenta con el respaldo de las principales centrales obreras a nivel internacional”

Quedó descartado el respaldo de la Confederación General del Trabajo de Francia adscrita a la Confederación Sindical Internacional CSI y sus más de 170 millones de trabajadores afiliados en el mundo entero, incluyendo sus principales filiales en Europa y Estados Unidos a la aspiración del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón a la dirección de la OIT, emitidas por parte de los principales voceros de la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical en Francia adscrita  a la CSI. Dicha información fue obtenida en reunión sostenida entre Pierre Coutaz, Jean Michel Joubier y Marianne Nick, dirigentes de la Central obrera francesa y la delegación Colombiana, encabezada por el senador Alexander López y Jorge Iván Vélez del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, quienes, en el marco de la gira internacional adelantada por estos, con miras de denunciar la situación de precarización laboral en que viven centenares de miles de trabajadores colombianos, notificaron a los  sindicalistas franceses de la situación.  El recorrido continuó esta semana en Europa, luego de su inicio hace 20 días en Washington. EEUU.

La campaña liderada por el Senador López en defensa de la vida, libertad sindical y los derechos laborales de los trabajadores en Colombia, continuó con éxito en Francia, Suiza, Alemania  y el Reino Unido. ONGs y centrales obreras europeas declaran su solidaridad y respaldo a la causa de los trabajadores colombianos. En esta gira, la delegación colombiana, igualmente sostuvo contactos en una apretada y exigente agenda en Francia el pasado miércoles 22 y  jueves 23 de Febrero, con las organizaciones francesas de derechos humanos Agir Ensemblle y la doctora, Alexandra Kossin, Coordinadora de la Campaña de Human Rights Defendersy adscrita a la Organización Mundial contra la Tortura, quienes mostraron un vivo interés en la situación general de graves violaciones a los derechos humanos, asesinato de líderes sindicales y la violación a la libertad sindical de los trabajadores colombianos.

En Alemania, en desarrollo de esta agenda, se sostuvieron contactos en Berlín con una docena de organizaciones defensoras de derechos humanos, la DGB principal Central de trabajadores, alemana y el sindicato Verdi, que agrupa a más de 4 millones de trabajadores del servicio público en este país; en todos los casos los trabajadores y activistas alemanes se mostraron alarmados por la situación de derechos humanos en Colombia y en especial de la desprotección laboral de los trabajadores, así como el rechazo al Tratado de Libre Comercio Europa –Colombia y la aspiración del Gobierno colombiano a la OIT.  Se anuncian como resultado de esta agenda, sendos pronunciamientos del movimiento sindical alemán en solidaridad con Colombia y en rechazo a la persecución al movimiento sindical colombiano.  A esto se suman campañas de solidaridad en toda Europa lideradas por exiliados y activistas colombianos, quienes se sumarían a estas voces del movimiento sindical europeo.

Pero quizás la reunión más significativa fue la sostenida el pasado viernes 24 de Febrero en Ginebra, Suiza, en  el despacho de la Dra. Cleopatra Doumbia-Henry Directora del Departamento Internacional de Normas de la OIT, en la sede principal de este organismo, quien recepciónó personalmente las denuncias sobre violación a los derechos de asociación sindical y negociación colectiva contenidos en los convenios OIT, 87 Y 98, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que son de obligatorio cumplimiento para Colombia en el caso de los trabajadores en el sector de la floricultura, palma africana, petróleo, minero, caña de azúcar, portuario, sector salud, educación y madres comunitarias del ICBF;  así como el desconocimiento flagrante por parte del gobierno colombiano, de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical para el caso de los 51 trabajadores despedidos de manera injusta y antisindical en el año 2004 de las Empresas Municipales de Cali. Temas que serán llevados a consideración de la Conferencia Internacional de la OIT en los próximos meses, según lo expresado por la Dra. Doumbia-Henry.

La agenda continuo, con reuniones de la delegación colombiana en el Parlamento británico y la Cancillería del Reino Unido en Londres, quienes en ambos casos han mostrado receptividad a las denuncias sobre el caso colombiano. De la misma manera, están programadas citas con la sede principal de Amnistía, ICTUR Centro Internacional para los Derechos Sindicales y la central sindical TUC que cuenta con más de 8 millones de trabajadores afiliados en Inglaterray la Federación obrera UNYSSON, con más de tres millones de afiliados en el sector de los servicios públicos en Gran Bretaña, quienes se han declarado especialmente solidarios con la violación de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, en el caso de los 51 trabajadores despedidos en Sintraemcali.

Decisión histórica toman las Farc-EP

Por: Nelson Lombana Silva / Periódico Voz

“Queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder”. “Proscribimos la práctica de ellas (retenciones) en nuestra acción revolucionaria. Es hora que se comience a aclarar quienes y con qué propósito secuestran hoy en Colombia”. Son apartes del comunicado que necesariamente ponen a pensar.
Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, comandante de las Farc. (Foto tomada de elespectador.com).
Mediante comunicado público aparecido este domingo (26 de febrero), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-EP, informaron a la comunidad nacional e internacional dos decisiones que bien pueden catalogarse de históricas: una tiene que ver con la proscripción de los secuestros con fines extorsivos y, dos, dejar en libertad lo más pronto posible a todos los retenidos en el marco del crudo conflicto social y armado que vive Colombia por más de 50 años. La trascendental decisión del movimiento insurgente abre espacios una vez más para buscar la añorada paz con justicia social, gesto que deben valorar el país nacional, del cual hablara Gaitán, y la comunidad internacional. Decisión que debe corresponderse con una propuesta audaz y seria por parte del establecimiento que preside el tatareto presidente, Juan Manuel Santos Calderón. Urge cambiar su actitud contestataria y acudir a la propuesta.
Entre las personalidades que se han pronunciado sobre estos temas de incumbencia nacional e internacional, está el miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, dirigente nacional del Partido Comunista Colombiano, del Polo Democrático Alternativo y director del semanario VOZ La verdad del pueblo, Carlos A. Lozano Guillén. El dirigente revolucionario no duda en calificar el pronunciamiento de histórico y llama al Gobierno Nacional a tomar iniciativas encaminadas a buscar el diálogo y la salida política a este larvado conflicto. Propone el camarada Lozano Guillén un “pre diálogo en secreto para concretar agenda concreta que apunte a erradicar las causas, que originaron el conflicto… Entre todos debemos construir un nuevo país en paz con democracia y justicia social”. Remata sus declaraciones diciendo: “Es un aporte a la paz de Colombia”.
Este pronunciamiento, aparecido en la página web: http://www.pacocol.org este lunes 27 de febrero, destaca en gran medida el significado histórico de la decisión tomada por el movimiento insurgente, nacido en las agrestes montañas de Marquetalia en 1964, como respuesta al brutal Plan Laso, que usó 16.000 militares del Estado para asesinar a 48 campesinos liderados por Manuel Marulanda Vélez. El presidente de la República hizo un primero y lacónico pronunciamiento, pronunciamiento destemplado que da más la sensación de no tener propuesta clara a la vista y tenga que acudir, seguramente a la decisión de los Estados Unidos y la misma cúpula militar. Es como cuando uno no tiene autonomía y ante una propuesta audaz queda mirando para otros lares a ver qué le dicen que diga. “Valoramos el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro como un paso importante y necesario, pero no es suficiente en la dirección concreta”, señaló el mandatario colombiano, según medios de comunicación.
En alguno de sus acápites el comunicado de las Farc-EP señala: “Queremos comunicar nuestra decisión de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder”. “Proscribimos la práctica de ellas, (retenciones) en nuestra acción revolucionaria. Es hora que se comience a aclarar quienes y con qué propósito secuestran hoy en Colombia”. Son apartes del comunicado que necesariamente ponen a pensar, tanto al país nacional, como al político y a la comunidad internacional

El contrato sindical perpetúa la tercerización laboral

Por: Norman Alarcón Rodas

Uno de los aspectos sustanciales del neoliberalismo es el de la mano de obra barata para poder incrementar las ganancias del gran capital, principalmente el especulativo, en momentos en que las crisis de la globalización se profundizan en todo el orbe y se tornan cada vez más recurrentes. En Colombia, después de más de dos décadas de imposición del libre comercio, el aparato productivo ha sufrido fuertes retrocesos y en el mercado laboral se muestran cifras superiores al 60 por ciento de informalidad y al diez por ciento de desempleo, las más altas de América Latina, configurándose una dramática situación social no conocida hasta ahora.

Los gobiernos de los últimos años han echado mano de políticas de flexibilización o tercerización como la reforma laboral de la ley 50 de 1990, de la cual fue ponente Álvaro Uribe Vélez, que consagró los contratos a término fijo y el salario integral, además de eliminar la retroactividad de las cesantías. Vinieron luego las lesivas cooperativas de trabajo asociado, que crecieron en forma exponencial al llegar a varios miles de entidades que explotaban a millones de trabajadores, birlándoles sus prestaciones sociales, negándoles la seguridad social y pagándoles salarios de hambre.

Después de arduas luchas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales consecuentes rechazando estos viles atentados contra al trabajo digno y los derechos de asociación, contratación colectiva y huelga, el gobierno se ha visto obligado, taimadamente, a ir dejando de lado este tipo de instrumentos malévolos, pero no para cambiar la política sino para refinarla y profundizarla con métodos viejos, adecuándolos a los tiempos modernos, como son los pactos colectivos y los contratos sindicales.

Utilizando decretos de estado de sitio, los gobiernos de López Pumarejo en 1944 y Ospina Pérez en 1950, introdujeron en la legislación los llamados contratos sindicales, los cuales quedaron incluidos en los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo de Trabajo actual. El gobierno de Uribe Vélez expidió el decreto 657 de 2006 dándole relevancia a los mismos y con el decreto 1429 de 2010 los contratos sindicales se convierten en el ariete preferido para la expoliación laboral, habida cuenta que las CTA habían agotado su capacidad de engaño. Los contratos sindicales se definen como “un acuerdo entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus propios afiliados” y “su naturaleza es colectivalaboral”.

En este tipo de contratos desaparece la relación laboral del trabajador con el empleador, se profundiza la tercerización o flexibilidad laboral, tiene como marco la libre competencia económica, no hay contrato de trabajo, no hay subordinación laboral ni con el empleador ni con el sindicato, el afiliado al sindicato recibirá una compensación por sus servicios, el responsable de la seguridad social es el sindicato, ambas partes deben pagar una caución para asegurar la ejecución de las obras y las auditorías que verifiquen el cumplimiento de las mismas, la legislación laboral establece que los empleadores podrán celebrar contratos sindicales donde no exista sindicato. Para rematar, la solución de controversias podrá ser resuelta por un tribunal de arbitramento voluntario.

Ante tamaña ignominia no le queda otro camino a la clase trabajadora y sectores democráticos que la protesta y la resistencia civil, aumentando el movimiento de los indignados en Colombia y el mundo, para continuar el proceso de acumulación de fuerzas que llevará algún día a condensar años de esfuerzos de generaciones y conquistar un mundo nuevo en el cual brille la auténtica democracia a los creadores de la riqueza social.

 

Sindicalista colombiano da su testimonio en Suiza

Por: Sergio Ferrari / swissinfo.ch 

Solifonds advierte sobre la necesidad de dar a conocer en Europa la situación de los derechos laborales en Colombia, ante el actuar de las multinacionales en ese país. Esta organización helvética que respaldó seminarios de formación para sindicalistas en ese país, invitó a Alvaro Vega de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia a Suiza.

Marcha de trabajadores estatales contra medidas de austeridad en Colombia. (latinphoto)

El afán de las multinacionales por adquirir empresas estatales, controlar territorios y explotar recursos naturales genera una crisis en los derechos laborales y las garantías sindicales: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. En la actual realidad colombiana, el apoyo de la comunidad internacional es esencial para “acompañar y reforzar la vigencia de los derechos humanos, laborales y sindicales”, enfatiza el dirigente sindical Alvaro Vega en entrevista conswissinfo.ch, durante su reciente visita a Suiza . Vega denuncia también las prácticas de las multinacionales que al priorizar sus intereses económicos, desconocen la legislación interna y los convenios suscritos por el gobierno colombiano ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como el 87  y 98 referidos a los derechos de asociación y negociación colectiva.

“Queremos que se conozcan a nivel internacional situaciones que requieren de la solidaridad externa dada la falta de garantías en mi país”, expresa el dirigente sindical. La organización helvética Solifonds, que reúne en su seno a una decena de sindicatos, asociaciones de cooperación y solidaridad con los pueblos del Sur, el Partido Socialista Suizo, entre otros, invitó al sindicalista sudamericano a participar en actividades públicas en Ginebra y Zúrich. “Es esencial hacer conocer en Europa la realidad cotidiana de las organizaciones sociales colombianas que sufren una enorme presión en detrimento de sus derechos”, enfatiza Yvonne Zimmermann, una de las responsables de Solifonds.

Dos violencias superpuestas

A pesar del discurso más político del nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente, el ex sindicalista Angelino Garzón, “padecemos una realidad cotidiana cada vez más complicada para ejercer nuestros derechos sindicales”, afirma Alvaro Vega. Vega, ingeniero mecánico de profesión, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la seccional del Valle del Cauca –con 38 mil afiliados-, una de las regiones más importantes del país y más afectadas por la acción de los distintos actores armados. Un primer tipo de violencia, explica Vega, es el resultado de una “política global antisocial impuesta por muchas de las multinacionales instaladas en el país. Desconocen sistemáticamente el derecho a la sindicalización; cierran empresas nacionales para desarticular asociaciones gremiales y bajar costos; promueven la criminalización de la protesta social”.

La segunda manifestación “es la violencia social cotidiana en aumento, producto de la agudización de la crisis económica y el impacto de las políticas oficiales contra los sectores económicamente más frágiles del país, entre ellos los trabajadores”, explica. Sobre su propia experiencia personal dice: “era trabajador de la multinacional de capital brasilero GERDAU. Fui afectado por el cierre arbitrario y posterior liquidación de su filial SIDELPA en el 2009”. En el proceso contra la clausura del centro productivo, inicialmente, participaron 256 trabajadores, pero debido a presiones de la multinacional y del Estado, “finalmente terminamos la lucha solo dos, que éramos los dirigentes sindicales en la firma”. Luego de complicados procesos jurídicos y mediaciones internacionales, los dos delegados sindicales lograron obtener una pensión anticipada. “Pero lo más importante es que la empresa debió pagar una indemnización reparativa a los sindicatos que defendieron la causa. Fue una forma de reconocer su arbitrariedad y constituyó una victoria simbólica, aunque limitada, de los derechos laborales”, explica.

Realidad deteriorada

Más de 50 dirigentes sindicales fueron asesinados en 2011 en toda Colombia. Cuatro de ellos en la región del Valle del Cauca. En los últimos meses “se han disparado los índices de amenazas contra activistas y dirigentes sindicales en mi región”, explica Vega. Quien fue víctima de un hostigamiento a su residencia el 25 de noviembre pasado y de presiones crecientes en los últimos tres meses. “Se trata de criminalizar al movimiento sindical, a las organizaciones sociales en general. Por eso, a pesar del discurso oficial del respeto de derechos humanos, la realidad cotidiana contradice tal argumento”, enfatiza. Para responder a tantas presiones, “tratamos de impulsar alianzas y apoyo mutuo entre los sindicatos, organizaciones sociales como la minga indígena, el sector de la cultura, el movimiento estudiantil que se ha movilizado fuertemente el segundo semestre del año pasado y algunas comunidades desplazadas de zonas marginales”.

Solidaridad suiza con las mujeres sindicalistas

Minoritarias en las instancias dirigentes de los sindicatos colombianos las mujeres exigen mayores cuotas de participación.  Solifonds apoyó un proyecto de seminarios de formación para las sindicalistas de la CUT Valle del Cauca. Aunque originalmente se preveía un centenar de inscritas, “finalmente participaron 130 mujeres de doce sindicatos sectoriales” explica Yvonne Zimmermann de la organización solidaria helvética.   La representante de la entidad suiza ratifica la necesidad de reforzar el apoyo a los sindicatos y organizaciones sociales del país sudamericano, “para asegurar un ejercicio real de los derechos sindicales”.