Archivos Mensuales: septiembre 2012
Declaración Conjunta del ELN – FARC-EP
Tomado de Voces por Colombia
El Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y Las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), inspirados en los más profundos sentimientos de hermandad, solidaridad y camaradería, con optimismo y elevada moral de combate, estrechados en un fuerte abrazo de esperanza en el cambio revolucionario, nos hemos reunido para analizar la situación política nacional e internacional, los problemas de la guerra y de la paz en Colombia y avanzar en el proceso de unidad que desde el año 2009 venimos forjando paso a paso, con el propósito de hacer converger ideas y acciones que permitan enfrentar junto al pueblo a la oligarquía y al imperialismo como elementos que imponen la explotación y la miseria en nuestra patria.
Indoblegable determinación nuestra, es continuar la búsqueda de una paz que para Colombia y el continente signifiquen el establecimiento de la verdadera democracia, la soberanía popular, la justicia social y la libertad. Realizamos esta reunión, en momentos en que se desarrolla la más profunda crisis del sistema capitalista mundial, caracterizada por una desaforada carrera de guerras de invasión, saqueo y sobreexplotación de los recursos de la naturaleza, precarización de las condiciones de trabajo, que condenan al hambre y la muerte a millones de seres humanos en un planeta conducido por la voracidad del imperialismo, hacia el caos y la destrucción.
En nuestra patria las calamidades generadas por este sistema de inhumana sobre-explotación y exclusión de las pobrerías, ha escalado la desigualdad y profundizado la confrontación de clases en dimensiones nunca antes vistas, las cuales derivan directamente de la aplicación sostenida y desbocada de políticas neoliberales que favorecen a los grandes grupos financieros y grandes corporaciones transnacionales, en detrimento de las mayorías nacionales. Dentro del panorama internacional de crisis sistémica del capital, que muestra sus rostros múltiples de debacle financiera, económica, ambiental, urbanística, energética, militar, política, institucional, moral y cultural, Colombia se configura como un país de economía reprimarizada y financiarizada.
A esa condición la han llevado los detentadores del poder, para permitir el saqueo que significa la extracción desaforada, el robo de sus recursos naturales y la especulación financiera. Millones de compatriotas han sido lanzados a la miseria y la guerra, impuesta por las élites para acallar la inconformidad de las mayorías frente a esta iniquidad. El gobierno de Juan Manuel Santos fue instaurado para garantizar la continuidad de los planes de desposeción por despojo que sobre el pueblo colombiano impone el imperialismo.
Una nueva espacialidad del Capital acompañada de ordenamientos jurídicos y disposiciones militaristas de seguridad y defensa inmersas en la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y terrorismo de Estado, se afianza en nuestro país para blindar los “derechos” del capital, el bienestar de los ricos a costa de los trabajadores y del pueblo más humilde. Dentro de esa perspectiva se define la nueva etapa de despojo de tierras que hoy se disfraza con el falso nombre de restitución. En la práctica, a los millones de desplazados y víctimas de las sucesivas etapas de despojo violento auspiciadas por el Estado, se suman ahora nuevas legiones de campesinos, indígenas, y gente sencilla en general, a los que se les arrebatará o se les niega ya la tierra mediante procedimientos de engañosa legalidad, engrosándose aún más las cifras de pobreza y de indigencia que colocan a Colombia en el rango del tercer país más desigual del mundo.
Es este el sentido cruel de la seguridad inversionista y de la prosperidad que difunde el presidente Juan Manuel Santos, mientras se sigue encarcelando, asesinando y reprimiendo a sus opositores. Frente a esta realidad no puede haber otro camino para los revolucionarios que la unidad y la lucha, la acción de masas en las calles, el levantamiento popular en el campo y las ciudades, retando la criminalización de la protesta y exigiendo al gobierno reales hechos de paz, que no pueden ser otra cosa que hechos de solución a los problemas sociales y políticos que padecen las mayorías por cuenta del terrorismo Estado de la casta gobernante cuyas tendencias más guerreristas han conducido los destinos del país durante la última década.
No es con demagogia y amenazas de represión y más guerra que se pondrá fin al conflicto. No es con más compra de material bélico ni entregando el país al pentágono que se alcanzará la paz; no es con planes guerreristas y de tierra arrasada, como el “Plan Patriota” o el “Espada de Honor” como se logrará la reconciliación de los colombianos. Mucho menos dando ultimatums a la insurgencia a partir de la idea vana de que la paz sería el producto de una quimérica victoria militar del régimen, que lleve de rodillas a la insurgencia, rendida y desmovilizada, ante ese adefesio llamado marco jurídico para la paz.
Nuestra voluntad de paz radica en el convencimiento de que el destino de Colombia no puede depender de los intereses ruines de la oligarquía. Los cambios políticos y sociales con la participación y decisión plenos del pueblo son una necesidad y un requerimiento inevitable. Por ello la unidad y la movilización del pueblo en favor de los cambios estructurales para, sobre la base de la justicia, construir la paz, son la verdadera llave de su conquista.
Con pasos firmes de unidad en el pensamiento y en la acción, fraternalmente,
COMANDO CENTRAL, ELN.
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL, FARC-EP.
Montañas de Colombia, septiembre de 2012
Movimiento por la Constituyente Popular tambien retiran listas al III Congreso del PDA
PROBLEMA CARCELARIO, UNA BOMBA DE TIEMPO
En 142 establecimientos carcelarios mal viven más de 111 mil colombianos(as)
Por César A. Luque F.
En Colombia de vieja data se cree, sin ningún rigor científico, que gran parte de los problemas nacionales, por lo general sociales, se arreglan catalogándolos como delitos, o como decimos los abogados, tipificándolos en el Código Penal como conductas sujetas a pena, por lo general prisión, olvidando que el derecho penal debe ser de ultima ratio (derecho penal mínimo), o lo que es lo mismo, cuando otras soluciones no funcionan, si establecerlas como delitos. Aquí pasa lo contrario. Sin agotar otras vías, de una vez, para quedar bien ante la opinión pública, por lo general desinformada y ávida de venganza, se convierte cualquier conducta en delito, para después aplicárselo a ella misma. Las reformas penales demuestran la falta de estudio que se ha dado por ejemplo para contemplar la pena máxima. Hasta 1863 existía la pena de muerte, desaparecida hasta 1886, cuando nuevamente fue establecida, para ser eliminada definitivamente, espero, en 1910. Entonces la prisión se convirtió en la mayor pena, la que ha subido y bajado como el juego del yo – yo, así:
Desde | Hasta | Pena prisión | Desde | Hasta | Pena prisión |
1863 | 1890 | 10 años | 1890 | 1936 | 20 años |
1936 | 1980 | 24 años | 1980 | 1993 | 30 años |
1993 | 2000 | 60 años | 2000 | 2004 | 40 años |
2004 | Ahora | 60 años | 2000 | Ahora | Aforados 40 años |
Ese mero ejemplo permite ver la falta de una verdadera política criminal, que facilita cada cierto tiempo aumentar las penas y crear nuevos delitos, tras un escándalo mediático, cuando algún congresista o el gobierno, para quedar bien aumentan las penas, llevando el sistema penal al llamado sistema penal máximo, que consiste en tenerlo todo en el Código Penal, sin tener en cuenta la mutación de las formas de criminalidad, que a decir del tratadista italiano Luigui Ferrajoli adopta dos formas, la de los poderes criminales y la de los crímenes de poder, siendo representada la primera en el crimen organizado (bandas, carteles, organizaciones terroristas) y la segunda en los poderes económicos y privados transnacionales (corrupción, devastación de los recursos naturales, degradación ambiental), donde se persigue una, la primera, pero se permite a la segunda acumular más riquezas, aunque ocasione un deterioro igual o peor al primero, y peor aún se persigue con inusual drasticidad el crimen social, resultado de una sociedad desigual, sin oportunidades.
Así hemos llegado a un sistema de impunidad donde lo económico está por encima de lo social, donde la impunidad crea una verdadera estructura social, en países de institucionalidad débil como el nuestro, en que los poderosos aprovechan el desbalanceado sistema para obtener provecho, sin reproche, como cuando una transnacional devasta el medio ambiente para apropiarse de un recurso natural, explotando de paso a sus trabajadores para obtener una gran ganancia económica, sin recibir critica alguna por eso, más bien logrando colarse socialmente, con gran nombre, estilo Pacific Rubiales. En ese panorama es que ha nacido un sistema penal económico, llamado premial, impulsado por los EE.UU., donde se premia al delincuente que delate a otro, que debe ser más importante que él en la cadena criminal, solo que aquí, algunos jefes criminales logran beneficios, denunciando subalternos, pervirtiendo el sistema bajo un ropaje legal, que ha creado mayor impunidad.
Ante esta nueva realidad, se hace necesaria la presencia del llamado chivo expiatorio, sobre el que a decir de Ferrajoli se vuelcan los miedos, tensiones sociales y frustraciones de la mayoría de la población, y ese es el pequeño delincuente, contra el que debe haber tolerancia cero, mientras los poderosos gozan de total impunidad, sin ninguna protesta social, siendo que los llamados crímenes de “cuello blanco” producen mayores sufrimientos y muertes que todos los crímenes comunes juntos. Devastaciones ambientales, accidentes de trabajo, catástrofes económicas, adulteración de alimentos, apropiación de bienes públicos, estafas masivas, cohechos, corrupción administrativa, producen más daño, aunque la sociedad no lo perciba, que crímenes comunes, creando así un derecho penal dúctil con los ricos y poderosos, e inflexible con los pobres y marginados. Así se da una justicia a la medida del poder, donde penas aparentemente severas, por rebajas y otros beneficios, se convierten en rey de burlas, problema que Cesare Beccaria ya advertía en el siglo XVIII, cuando decía: “la certeza de un castigo, aun moderado, producirá siempre una impresión más honda que el temor de otro más terrible, unido a la esperanza de la impunidad”.
En ese marco de resquebrajamiento legal es que en agosto de 2012 había 111.979 reclusos en Colombia, 8.478 mujeres y 103.501 hombres, con un hacinamiento del 48%, ya que con una capacidad para 75.676 reclusos, hay 36.303 reclusos de sobrecupo. Así la regional del Inpec del Noroeste (Chocó y Antioquia) tiene un sobrecupo del 81%, mientras en la regional Central (Bogotá, Huila, Meta, Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá, Tolima y Casanare) el hacinamiento es del 33.3%. La cárcel con más sobrecupo es la de Riohacha (Guajira) con el 345%, ya que teniendo capacidad para 100 reclusos, tiene 445. Villahermosa de Cali llega al sobrecupo de 224.5%, con un cupo de 1.667 presos, tiene 5.409, siguiendo en la clasificación, Vistahermosa de Medellín que con capacidad de 2.424 presos, alberga 7.825, teniendo un 222.8% de sobrecupo, estando también la cárcel de Barrancabermeja con un 217% de hacinamiento, y la de Santa Marta con un 207.4%.
La Modelo de Bogotá con capacidad de 2.907 reclusos, tiene 7.519, con un sobrecupo del 158.7%, mientras La Picota con 4.931 cupos, tiene 7.691 reclusos, para un sobrecupo del 56%, dándose en estos establecimientos un fenómeno que viola el Código Penitenciario, es que en cárceles, como la Modelo, no debían existir condenados, pero tiene 3.273, mientras que las penitenciarias no debían tener sindicados, la Picota tiene 1.065 sindicados. Hoy más que nunca se requiere crear una política criminal, donde tengan voz y voto, académicos, funcionarios judiciales, partidos políticos, congresistas, abogados litigantes, reclusos, sectores interesados de la sociedad, guardianes, órganos de control, organizaciones de DD.HH. y muchos más, si queremos que algún día tengamos una justicia verdadera y no aparente, como ahora.
NOTA: En el caso de la ex reina y actriz Valerie Domínguez vergonzoso lo que hizo la Fiscalía, patrocinar a los Dávila al absolverlos de responsabilidad y convertirlos en testigos. Mientras tanto impecable la defensa adelantada por el maestro Yesid Reyes.