Atrocidad Social Corporativa (I).

Por: Vicent Boix

Chiquita Brands

En septiembre de 2007, Chiquita Brands International, una de las mayores multinacionales dedicadas a la exportación de productos frutícolas, fue condenada a pagar 25 millones de dólares por un tribunal federal de Washington. Al parecer la corporación había financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (grupo paramilitar colombiano de extrema derecha), para canjearse así su simpatía y protección en un estado que vive un perpetuo clima de violencia. La propia transnacional reconoció poco después, que desde 1997 y hasta 2004 había capitalizado a este grupo irregular con más de un millón de dólares. Siguiendo la pauta, en los últimos años la transnacional ha sido demandada cuatro veces en su propio país por este mismo motivo. Han sido más de 600 familias que sufrieron el asesinato de alguno de sus miembros en manos de este grupo terrorista, quienes encabezaron los procesos judiciales para exigir a la compañía indemnizaciones que superarían los 11.000 millones de dólares, aunque según la misma fuente, algunos de estos casos pudieron ser sobreseídos por los tribunales estadounidenses.

No han sido los únicos ya que según organizaciones de derechos humanos, familias de cinco misioneros norteamericanos liquidados por las FARC, demandaron a Chiquita por el mismo motivo en un tribunal de Florida. Contrariamente a los casos de colombianos asesinados por grupos de extrema derecha, en febrero de 2010, sí que fue aceptado por el juez este caso en los que los exterminados eran religiosos norteamericanos y los verdugos supuestos guerrilleros, de izquierda, supuestamente también claro está.[1]A Chiquita se le señala no sólo por haber financiado económicamente, sino también por transportar armas para dotar y suministrar a esta banda armada. En marzo de 2007, la revista colombiana “Semana” revelaba detalles del diario íntimo de uno de los cabecillas de las AUC. En él, aparte de reconocer el financiamiento directo por parte de la compañía, se desvelaba que sus barcos fueron usados para transportar armamento destinado a los “paras”.[2] Los desembolsos a las AUC y otros grupos, fueron efectuados por BANADEX, su otrora filial en el país Sudamericano. Se localizaron fundamentalmente en dos regiones donde esta compañía compraba el banano cultivado industrialmente para la exportación: Urabá y Santa Marta.

Es curioso porque a 35 km. de Santa Marta se encuentra Ciénaga, un municipio que en diciembre de 1928 albergó un oscuro pasaje de la historia colombiana conocido como “la masacre de las bananeras”. Ese mes, del amarillo del banano se pasó al rojo de la sangre, cuando el ejército colombiano masacró a cientos de trabajadores bananeros colombianos que habían iniciado una huelga indefinida para exigir condiciones dignas de trabajo. Este aciago capítulo encontró la eternidad gracias a la magistral pluma de García Márquez. En “Cien años de soledad”, el autor colombiano rememoró la tragedia y escribió: 

“Una semana después seguía lloviendo. La versión oficial, mil veces repetida y machacada en todo el país por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno a su alcance, terminó por imponerse: no hubo muertos, los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias, y la compañía bananera suspendía actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba, en previsión de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pública del aguacero interminable, pero la tropa estaba acuartelada. Durante el día los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los niños. En la noche, después del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todavía la búsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Número Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus víctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. «Seguro que fue un sueño -insistían los oficiales-. En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz.»

En aquellos años, la tierra en donde brotaban los bananos y en donde miles de campesinos eran explotados pertenecía a la United Fruit Company, la mítica bananera que durante décadas configuró Centroamérica a su libre antojo, orquestando golpes de estado, campañas de desestabilización y colocando a políticos cómplices para lograr sus fines comerciales que aspiraban al monopolio total del comercio, no sólo del banano sino de cualquier cultivo y producto. Sin duda alguna fue la empresa que exploró con más vigor y persistencia los insondables caminos del “republicanismo bananero”. La United fue inmortalizada como “Mamita Yunai” por el escritor costarricense Carlos Luís Fallas. Y aparte de éste y García Márquez, otros novelistas plasmaron en el papel los peculiares métodos de enriquecimiento, subordinación y control de la gran bananera. A destacar entre muchos al Premio Nóbel, Miguel Ángel Asturias, con la “trilogía bananera”, al costarricense Joaquín Gutiérrez con “Puerto Limón” y “Murámonos Federico”, al hondureño Ramón Amaya y su obra “Prisión verde”, al nicaragüense Emilio Quintana con “Bananos” y finalmente el propio Neruda, que en su “Canto general” dedicó un poema al “trust de los plátanos”. 

Y lo realmente curioso de todo esto, una vez recorridos algunos pequeños recovecos amarillos de la literatura y la historia en América Latina, es que con el transcurrir de los años, la United -O la “Mamita Yunai”, como prefiera- cambió de nombre y pasó a ser -redoblen clarines y timbales- Chiquita Brands. Como se visualiza claramente, lo único que se alteró fue el nombre. Los métodos violentos siguen siendo los mismos. Sus prácticas agrícolas agreden al medio ambiente, devastan el territorio y focalizan la riqueza. Con este modelo productivo de alimentos pasan hambre los pueblos destinados a cultivar postres exóticos, mientras las multinacionales siguen imponiendo su agenda sí o sí. Antes lo hacían con golpes de estado y las balas de los ejércitos nacionales, y ahora con la ayuda de grupos armados irregulares.

La semana que viene: Dole Food y Shell.

[1] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/chiquita.html

[2] http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=101630

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De los medios masivos a los medios de masas

Apartes de la ponencia presentada por el autor en el foro realizado por el Partido Comunista del Valle el domingo 5 de diciembre de 2010. “Falta más iniciativa, desprendimiento, voluntad y valoración política desde la izquierda para asumir la creación de medios masivos como ejercicio estratégico de su accionar”, dice el ponente.

Por: Luis Alfonso Mena S. 

La historia de los medios de comunicación, como la recorre Gabriel Fonnegra en su libro La prensa en Colombia, es la historia de los oligopolios, gran parte de ellos familiares, al mando de los grandes periódicos, primero, y, luego, de las grandes cadenas de radio y de televisión. Es la historia también de la censura y la autocensura y de su manejo esencial en función de los intereses estratégicos de las clases dominantes, por sobre sus diferencias circunstanciales, con miras a garantizar el statu quo. Esto, que parece claro a la luz de un pensamiento de izquierda, no parece serlo ni mucho menos para la retina de una gran cantidad de colombianos que hoy miran el discurrir de nuestras coyunturas con la dicotomía de buenos y malos, desprovistos de posiciones de clase y más bien proclives a aceptar las visiones impuestas desde el poder. Entre otras razones, porque para ellos y muchos de sus orientadores, no solo en los medios sino en la academia, hoy en vez de clases lo que habría sería una enorme multiplicidad de variables, una variopinta conformación social que se diluye en conceptos generales como estratos, actores, sectores, grupos, conglomerados. Así, estaríamos en presencia de una extensa taxonomía que clasifica a los pobladores por sus profesiones, oficios, posiciones subjetivas y hasta por sus preferencias, antes que por los lugares que ocupan frente al sistema económico imperante, pues supuestamente todo depende de las habilidades y predisposiciones de esos pobladores para aprovechar las bondades que brindaría la estructura general con el fin de abrirse paso y ascender en la escala social. A partir de lo anterior, bastaría con ingresar en la lucha de millones de personas incrustadas en la movilidad social y entrar en la dinámica de la superación personal, del esfuerzo individual, porque supuestamente la clave no es nuestra posición ante los medios de producción, frente a su posesión, sino que ella se expresa en la actitud subjetiva de bregar por ascender en procura de aprovecharlos y “progresar”. La resolución de la confrontación social con la disyuntiva amigo-enemigo ha ido ganando terreno en la diversificación que le interesa imponer a quienes detentan el poder, y según la cual el problema de la sociedad no son las diferencias profundas entre sus clases sino sólo los comportamientos éticos de sus componentes, de tal forma que el asunto quedaría resuelto en la pugna entre los defensores de las leyes y la moral y los que las transgreden. El problema es que hoy muchos pensadores desde la izquierda se hallan entrampados en esa falsa disyuntiva, temen plantear los problemas de las comunidades en términos de lucha de clases, y prefieren hacer uso de una gama cada vez más amplia de eufemismos, que probablemente los muestran más académicos y ecuánimes, menos agitadores y segados, por no decir menos anacrónicos. Así, conceptos medulares como los de imperialismo, burguesía, fascismo, oligarquía, proletariado, clases y lucha de clases son cada vez menos usados y cada vez más reemplazados por otros más abstractos, menos precisos. Hoy tenemos una izquierda menos contestataria y más próxima a la conciliación, más dispuesta a la cesión de sus principios en aras de cuotas de poder. Entramos aquí en el debate sobre la pregunta fundamental: cómo tomar el poder, objetivo supremo de toda lucha política, a la que los medios de comunicación no son ajenos y en la que, por el contrario, participan como parte del entramado público estatal o público privado que los usa o los silencia, según su posición en la pugna por ese poder. Pero la pregunta, obviamente, va más allá de los medios, y se le plantea a la sociedad en general y a la izquierda en particular. Más aún, en una época como la que vivimos, con gobiernos locales de izquierda, como el que supuestamente existe en Bogotá, sometidos a dos flancos: el de sus propios errores y el del asedio de los medios de las élites. Periodismo de izquierda y sus retos Hoy necesitamos pasar de la queja sobre la manipulación de los grandes medios, sobre la imposición de las agendas mediáticas, sobre el hecho de que los grandes medios no solo son canales al servicio de las élites sino extensiones de las clases oligárquicas en el poder (aparatos ideológicos del Estado, como los denominara Louis Althusser) y trascender al escenario de la generación de medios alternativos masivos, si se quiere, de masas, no sólo en prensa, sino en radio, televisión y la internet. El aporte extraordinario, valiente y combatiente de Voz es de enorme importancia en la sociedad de hoy y así lo dirá la historia. Pero debe ir más allá. Deberíamos recoger las experiencias de medios independientes y definidamente de izquierda como La Jornada de México, Página 12 de Argentina, Correo del Orinoco de Venezuela y Brasil de Fato, entre otros. Este último es realmente paradigmático, pues, como nos lo cuenta Pascual Serrano, es “editado y de propiedad de los movimientos sociales. Entre ellos, organizaciones como Vía Campesina, Consulta Popular, pastorales sociales vinculadas a la iglesia católica progresista, sindicatos, partidos de izquierda, colectivos feministas, organizaciones estudiantiles… Estas y otras organizaciones son invitadas a componer el consejo editorial, que convoca reuniones mensuales con personalidades del mundo político e intelectual donde se señalan críticas y se establecen pautas para el periódico. También existe un consejo político, con figuras públicas de prestigio nacional, que da apoyo a línea política del periódico”. Según Serrano, este periódico, fundado en 2003, desde 2006 edita 50.000 ejemplares semanales. “En la actualidad el proyecto se encuentra saneado económicamente mediante los ingresos por venta de ejemplares, donaciones de los movimientos sociales y publicidad. No existe acontecimiento político o movilización brasileña donde no se encuentre, además del periodista de Brasil de Fato, un stand de venta del diario. Si bien debido a la crisis económica los movimientos sociales han debido incrementar sus donaciones, no aceptan publicidad privada, sólo la que procede habitualmente del gobierno federal a través de instituciones como el Banco Federal o mediante la inserción de anuncios que informan de proyectos sociales estatales”. “El debate sobre el equilibrio adecuado entre militancia y periodismo es una constante. Aunque en su primera época era, digamos, más panfletario, ha ido evolucionando hacia una mayor profesionalización sin perder la línea editorial, su diseño es una buena prueba de ello”, puntualiza Serrano. Este es sólo un caso. Hay otros de prensa alternativa, de izquierda, independiente con circulación masiva, porque lo alternativo no es sinónimo de escasez ni de marginalidad en la circulación y en la llegada a los conglomerados humanos a los que está destinada la prensa de izquierda. En Colombia las experiencias recientes no han sido muy fructíferas. No es sino ver la vida efímera del periódico del Polo Democrático. Y en materia de radio y de televisión estamos en pañales. No solo por la exclusión que imponen los grandes medios, sino porque, y hay que reconocerlo, falta más iniciativa, desprendimiento, voluntad y valoración política desde la izquierda para asumir la creación de medios masivos como ejercicio estratégico de su accionar, ejercicio al que habría que dedicar no las energías que sobren sino las más importantes energías y recursos. Debemos pasar del reclamo a la acción. Una sociedad mediática como la de hoy le impone a la izquierda la obligación de pensar primero en los medios, pero no sólo en los de las élites para exigirles que cumplan con su deber de informar con equilibrio, sino para generar los espacios que le permitan a ella tener sus propios canales desde los cuales contrarrestar el enorme poder de quienes detentan el mando. La lucha de clases hoy más que nunca está no solo en los medios sino en la posesión de ellos, en el paso de los medios masivos de las élites a los medios de masas de la izquierda. Ese también es un reto revolucionario, tan importante como tomar el poder.

ORDENAN REUBICACION DE VILLACAMPESTRE EN FLORIDA

En una decisión sin precedentes en el Valle del Cauca el Juzgado 13 Administrativo de Cali ordenó al municipio de Florida a través de su alcalde, que inicie las gestiones de todo orden, incluidas las presupuestales, para reubicar definitivamente a las 72 familias que habitan la Urbanización Villa Campestre, construida al amparo de la Resolución 015 del 17 de Marzo de 2006 proferida por el señor Alexander Pérez Hurtado, Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Florida, que concedió Licencia de Urbanismo a la Sociedad Dimerco S.A, acto administrativo que en conclusión para el Juez,  “no surtió los trámites de concertación institucional y consulta ciudadana que establece la Ley”.

La acción popular instaurada por Rubén Darío Sánchez Castro, pretende proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce de un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la seguridad y salubridad pública, el acceso y prestación oportuna de los servicios públicos y a la prevención de desastres técnicamente previsibles, entre otros derechos, que el actor estimo vulnerados con la expedición del Acuerdo 326 de 2005 que buscaba modificar el Artículo 61 del Acuerdo 198 de 2001 que aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

La Sentencia 0226 también ordena al municipio de Florida que una vez reubicadas las familias que ocupan la Urbanización Villa Campestre, en un plazo de 2 años, se deben realizar todas las gestiones para recuperar el terreno mediante su demolición, explanación, adecuación, conservación y mantenimiento, así como las labores de vigilancia , tendientes a evitar que el terreno sea utilizado nuevamente para la construcción de viviendas o el uso inadecuado de sus suelos, estableciendo para esta labor un plazo de 3 años. Esta zona de protección ambiental, históricamente ha sido destinada a las actividades turísticas, recreativas, deportivas y de sano esparcimiento por lo que la comunidad floridana en general se encuentra feliz con la decisión tomada por la justicia administrativa.

Finalmente el Juzgado Administrativo compulsó copias integras del plenario a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, para que investigue la posible comisión de faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos involucrados, a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para que investigue la afectación del patrimonio público a causa de la construcción de la Urbanización Villa Campestre y a la Fiscalía General de la Nación con el objeto que inicie una investigación penal en contra de todos los involucrados y ordenó al alcalde municipal cuantificar los gastos y costos de la reubicación de las familias afectadas e iniciarlas acciones legales tendientes a su recuperación en contra de los funcionarios o ex funcionarios que hayan actuado irregularmente con el objeto de preservar el patrimonio público bajo su cuidado.

La bancada del Polo cumplió

Según el senador Jorge Enrique Robledo, vocero del Polo Democrático Alternativo en el Senado, “las bancadas del Polo en Cámara y Senado le cumplieron a los polistas y al país, y lo hicieron bien, en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, de acuerdo con lo decidido por unanimidad por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, y con activa participación en los debates de control político, el trámite de las leyes y el respaldo a los colombianos que luchan en instancias diferentes a las del Congreso”.

Las labores de coordinación de las bancadas siempre se acordaron por sus respectivos voceros: Iván Cepeda, en la Cámara de Representantes, y Jorge Enrique Robledo, en el Senado. En la segunda vicepresidencia de la Cámara Germán Navas ha jugado un reconocido papel. De acuerdo con el senador Robledo, las bancadas del Polo en el Senado y en la Cámara, en decisiones en conjuntas o separadas de acuerdo con las necesidades, funcionaron con espíritu unitario, dialogaron, acordaron y decidieron.

Fue sobresaliente el papel de los congresistas del Polo en los debates de control político, labor que hasta sus contradictores les reconocen haberla desarrollado con patriotismo y seriedad. De calidad también fue su actuación a la hora del trámite legislativo. Y los colombianos que en los distintos sectores del país se movilizaron en defensa de sus intereses y derechos recibieron de los senadores y representantes del Polo todo su respaldo.

La desvergüenza

Por: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN

Los gobiernos neoliberales perdieron completamente la vergüenza. Así sucede con los de Colombia, Perú y Chile, que ya no se conforman con mantener la fuerza de la derecha dentro de sus territorios, ahora buscan crear una coalición regional de la derecha en el continente, a través de la UNASUR. Con esto quieren frenar las iniciativas y acciones progresistas que se están dando en varios países de Latinoamérica. Estas acciones originadas desde los sectores populares e indígenas, tienen la fuerza histórica de la resistencia. Más de 500 años de discriminación, despojo, persecución y muerte, pero también de lucha, organización y unidad. Los alzamientos de estos pueblos nos recuerdan a todos que no pudieron ser sometidos.

Sin embargo, las fuerzas de base parecen no dimensionar la magnitud de las rupturas al modelo neoliberal que han causado sus levantamientos. Rupturas como el movimiento Zapatista en México, la guerra del agua en Bolivia, la elección popular de los presidentes Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, el Caracazo en Venezuela o el proceso de la minga en Colombia. Todas estas iniciativas en su momento tuvieron la legitimidad del pueblo, pero la falta de conciencia del mismo ha causado su debilitamiento. Estos momentos de acción popular no han logrado consolidarse como procesos. Muchas veces, las movilizaciones se reducen a un evento reivindicativo sin seguimiento, en donde no existen mecanismos que permitan la continuidad y la sostenibilidad de estos levantamientos. Igualmente, se comete el error de trabajar agendas cerradas que siguen utilizando los mismos métodos institucionales y anticuados que los usados por la derecha. Esto los mantiene encasillados y alejados de la integración entre pueblos y sectores.

Mientras no entendamos el modelo al que nos enfrentamos, ni consolidemos nuestras formas de lucha, las fuerzas de la derecha avanzarán en su objetivo de seguirnos fraccionando. Es lo que está sucediendo con el proceso de la Ley de víctimas. Nos causa indignación que algunos representantes de los movimientos indígenas, afrodescendientes y ROM (Gitanos), a nombre de sus pueblos, hayan acordado con el gobierno la inclusión de un artículo en esta Ley para otorgarle facultades extraordinarias al presidente Santos. Esas facultades extraordinarias incluyen darle el poder al presidente para que durante 6 meses determine cómo va a aplicar esta Ley a los grupos étnicos. Para el caso indígena, en la comisión política integrada por las organizaciones indígenas que conforman la mesa de concertación, fue aprobada la proposición de este artículo sacrificando la consulta previa con las comunidades. Esto legitima a un gobierno que sólo piensa en el interés transnacional y que promueve leyes que exterminan a las comunidades indígenas, campesinas y afros.

En la proposición de este artículo, firmada por los ministros Germán Vargas Lleras y Rodrigo Rivera, entre otros representantes del gobierno y de organizaciones indígenas, se incluye el proceso de la consulta previa, realizada supuestamente el 5 y 6 de octubre. Lo que no se aclara es que ésta no es una verdadera consulta, pues no se hizo con las comunidades, se hizo en una reunión de mesa de concertación de manera urgente y extraordinaria. Para que este artículo sea constitucional, debió hacerse de acuerdo a la Sentencia C-175 de 2009, la cual dice que la consulta se debe hacer respetando los usos y las prácticas propias de las comunidades indígenas. Además, esta proposición de ley contra la consulta previa, limita la posibilidad de debate y la movilización de las comunidades.

La ley de víctimas ya pasó en el senado. Los sectores étnicos, especialmente el afro y el indígena figuramos como si nos preocupáramos solamente por nuestros intereses. El pronunciamiento que han hecho las víctimas debería ser adoptado por nuestros movimientos. Estamos cayendo en el juego del gobierno al permitir polarizarnos y nos olvidamos de la solidaridad entre pueblos que nos pone en riesgo de ser atacados más fácilmente.  Pero la desvergüenza sobrepasa los límites de Colombia. Ahora se pretende poner  fichas claves en la secretaría de la UNASUR para consolidar una coalición de derecha en Latinoamérica que esté al servicio de los Estados Unidos.

Por su parte el reciente nobel peruano, Mario Vargas Llosa, se atreve a llamar “desorden político” a las movilizaciones indígenas y populares. Dice que son “una amenaza para el progreso que hay que contrarrestar”. Pero aún más grave es el respaldo que le ha dado al gobierno de Alan García, aprobando la explotación comercial transnacional en territorios originarios y participando en el encubrimiento del asesinato de ochos periodistas por parte del ejército de ese país. El verdadero sentido de defender la Madre Tierra del capital extranjero es volver a caminar la palabra en la movilización, en el debate político, en la participación comunitaria. Pero esto no se logra negociando con los gobiernos que quieren cooptar los movimientos indígenas y los sectores sociales a cambio de limosnas. Los dirigentes del sistema ven una amenaza en la fuerza de los levantamientos populares, saben que si sumada a esa fuerza estaría la claridad política de las bases populares, el sistema se vería destruido.

Hay que entender la movilización como un proceso, no como una iniciativa coyuntural aislada. La movilización no consiste solamente en salir a las calles o en la efervescencia de una manifestación. Consiste en mover capacidades para fortalecer otros sectores y para permitir que otros aporten a nuestros procesos. Es una vergüenza que en nombre de la historia de resistencia de más de 500 años, ahora se hagan acuerdos y se negocien nuestros derechos con los que entregan la Madre Tierra y la soberanía del país. Es necesaria la construcción de nuevos mecanismos para administrar nuestros procesos. Pero estos mecanismos tienen que ser coherentes con las iniciativas de los levantamientos, para acabar con los modelos institucionales que nos llevan a replicar los modelos a los que tanto nos oponemos.

Peor es posible

Por: Jorge Enrique Robledo.

Con Juan Manuel Santos cabe repetir algo dicho en esta columna al inicio de la segunda presidencia de Álvaro Uribe, pero con el fenómeno agravado por la mayor manguala política que significa la llamada “unidad nacional”. No hay Presidente más malo que quien abriga concepciones retardatarias y tiene un gran respaldo político, porque puede tomar las peores decisiones.
A pie juntillas, Santos cumple el compromiso con Uribe de continuar con sus políticas fundamentales. Guiado por la confianza inversionista, profundiza las políticas del libre comercio y el Consenso de Washington, incluidos los menores aranceles, la desnacionalización de la economía, las ventajas a la gran minería, la mayor privatización de Ecopetrol, los acueductos, el agua y todo cuanto pueda, siempre aumentándole las gabelas al capital financiero y a favor de un régimen plutocrático.

La política agraria de Santos continúa el plan de Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias, es decir, más importaciones por los TLC y el modelo Carimagua, entendido este como el de montar “grandes explotaciones agropecuarias” –dice Santos en su programa–, con peones y neoaparceros como si fueran campesinos. En palabras de Salomón Kalmanovitz, “El sentido racional” que “orienta” la ley de víctimas “es el saneamiento de los derechos de propiedad sobre el suelo (…) Sin ese saneamiento se dificultan las grandes inversiones, nacionales y extranjeras” en la Orinoquia. Y concluye: “El gobierno de Santos continúa con la política del anterior gobierno en este sentido”. Cabe precisar que ella también operará en el resto del país, incluso con las tierras que, primero, les restituyan a los desplazados, si es que en verdad se las restituyen. ¡Podemos estar ante el plan de mayor concentración de la tierra rural de la historia de Colombia, con algo relativamente nuevo: ¡la participación en el reparto del capital financiero y las trasnacionales! (para todas las citas, http://moir.org.co/files/pdf/DOCS.pdf).

Como parte del continuismo de la seguridad democrática, Santos nombró en el DAS al director que le dejó Uribe, a pesar de que Muñoz está acusado de participar en la “empresa criminal” que, según la misma Fiscalía, se organizó en esa policía secreta. Y así el nuevo gobierno no les grite a los presidentes vecinos, lo fundamental es que la política exterior de Colombia la sigue dictando la Casa Blanca. En cohesión social, Santos sostiene el mismo aparato clientelista, manipula a través de los medios de comunicación de manera incluso más descarada y logró lo que Uribe no pudo: Angelino Garzón dividió al movimiento obrero, al cooptar una de las centrales sindicales existentes.

A Santos hay que reconocerle la viveza de marcar algunas diferencias con Uribe, cuyo descrédito crece en Colombia y el exterior. Pero no debe perderse de vista que las controversias en el uribo-santismo son pleitos entre compadres sobre cómo lograr los mismos fines estratégicos y por ver quién firma los contratos oficiales.

Entre las leyes del uribo-santismo sobresalen la de la sostenibilidad fiscal, calculada para enterrar los derechos sociales de la Constitución y darle más ventajas al capital extranjero; la de salud, que concreta la emergencia social que le fracasó a Uribe; la de regalías, con la que el gobierno nacional se apropia la plata con la que los municipios financian gastos importantes para ellos que el minhacienda desprecia por “chichigüeros”; y la del primer empleo y la formalización empresarial, que tras la demagogia de enfrentar el desempleo otorga nuevas exenciones tributarias a los poderosos y acoyunta a los microempresarios. También va una que les reduce a monopolios y trasnacionales los costos de la electricidad en 600 mil millones de pesos al año, plata que pagarán los demás usuarios, y otra que agrava las penas de niños y jóvenes, violando los acuerdos internacionales de Colombia.

Coletilla: Petro abandonó al Polo, y se fue muy solo a donde pueda mandar a su antojo. Se salió porque el Polo no quiso elegirlo como su presidente para entrar en acuerdos con Santos, pero sobre todo porque se negó a someterse a los criterios democráticos que consagran los estatutos del Partido. Ahora sí se supo por qué agredió tanto el proyecto histórico de unidad de la izquierda democrática. La extrema derecha que con el mayor cinismo atizó esta división terminará frustrada. Porque las bases del Polo tienen determinado que este partido llegó para quedarse y porque sus dirigentes, afinando los criterios unitarios, no le cambiarán su rumbo.