Tribunal ratifica sanción por Desacato a alcalde de Florida

La Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, ratificó mediante providencia del 21 de Febrero de 2014, el Auto No. 917 del 18 de Diciembre de 2013 del Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cali que sancionó por Desacato al Alcalde del Municipio de Florida, Tulio González Forero.

En la misma decisión, se conmina al funcionario al cumplimiento perentorio de la Sentencia No. 226 del 24 de Noviembre de 2010 dictada por el Juzgado Administrativo, que amparó los derechos colectivos al medio ambiente, a la salubridad y seguridad públicas y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y al acceso a la prestación eficiente y oportuna de servicios públicos vulnerados por el municipio de Florida, ordenando la reubicación definitiva de 72 familias que habitan la Urbanización Villa Campestre, en un plazo de 24 meses. Se ordena además, realizar las gestiones necesarias para recuperar el terreno mediante su demolición, explanación, adecuación, conservación, mantenimiento y labores de vigilancia, tendientes a evitar que sea utilizado nuevamente para la construcción de viviendas o para uso inadecuado de sus suelos, atendiendo los requerimientos de la CVC y demás autoridades ambientales, en un plazo de 36 meses.

El Tribunal Contencioso Administrativo ordena también el cumplimiento de la Sentencia del 5 de Julio de 2011 proferida por ésta Corporación, con la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el municipio contra la providencia del Juzgado, modificada en el sentido de haber vulnerado también el derecho colectivo a la moralidad administrativa y vincular como responsable solidario a Sociedad Dimerco S.A, quien actuó como firma constructora. La Sentencia judicial concluye, que de la conducta de la administración municipal de florida, no se da cuenta del cumplimiento de lo ordenado por las sentencias de primera y segunda instancia, ya que sus actuaciones han sido insuficientes para la satisfacción del objetivo principal que es la reubicación de las 72 familias de la Urbanización Villa Campestre, pues se “iniciaron con tardanza, mucho después de la ejecutoría de la sentencia de segunda instancia, sin la debida planeación y sin un despliegue de actuación urbanística alguna”.

La providencia de Desacato, discutida y aprobada por la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, tiene la firma de los magistrados Jhon Erick Chaves Bravo, Fernando Guzmán García y Franklin Pérez Camargo y establece el monto de la multa en cinco (5) salarios mínimos conmutables en arresto de tres (3) meses, si el alcalde no cumple con lo ordenado por las Sentencia No. 226 de 2010 del Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cali y la Sentencia del 5 de Julio de 2011 del Tribunal Contencioso.

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Florida: Sumida en el desgobierno, la quiebra y la falta de autoridad

Por Rubén Darío Sánchez Alvis

En los últimos diez años, Florida no sólo ha tenido que sufrir la estigmatización por el conflicto armado y la inseguridad generada por bandas delincuenciales, sino que también ha tenido que soportar desaciertos administrativos de sus gobernantes, como ordenar avalúos catastrales sin consultar la realidad económica del municipio y sus habitantes, otorgar Licencias de Construcción de Viviendas en áreas de protección ambiental, privatizar las empresas de Alumbrado Público, Aseo y la Central de Sacrificios y más recientemente, entregar la administración del Hospital a funcionarios inescrupulosos que en menos de un año dilapidaron $2.000 millones y dejaron endeudada la ESE.

Como resultado de estas equivocadas decisiones políticas y administrativas, el municipio de Florida afronta la iliquidez de sus recursos propios, generada por la inmensa cartera de impuestos sin pagar por los altos costos del predial, la falta de ingresos por concepto de servicios prestados por la Central de Sacrificios y Plaza de Mercado, sentencias judiciales que ordenan, entre otras, la reubicación de la Urbanización Villa Campestre, demandas laborales de los trabajadores de las empresas liquidadas y el detrimento de los servicios prestados por el otrora mejor hospital del Valle, azotado hoy por la corrupción administrativa y financiera, auspiciada por la administración municipal y la gerente suspendida por la Personería.

En la actualidad, la Empresa de Servicios Públicos, ACUAVALLE S.A, que por más de 50 años ha prestado el servicio de acueducto y alcantarillado en Florida, se encuentra en medio de la voracidad de la multinacional española Barcelona de Aguas que mediante un convenio con el gobernador y Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, pretende operar el acueducto regional y de solapados inversionistas de la región, que vienen impulsando una sistemática campaña de desprestigio en contra de ACUAVALLE para precipitar una Alianza Público Privada, como la que proponen el alcalde y los concejales del municipio y que entregaría el manejo del preciado líquido a operadores privados nacionales o extranjeros.

 

Ahora, el mandatario municipal Tulio González Forero, sin tener en cuenta otros bienes que no prestan ninguna utilidad, como el Instituto de Niños Especiales del desaparecido Club de Leones o el antiguo hospital, entre otros, inicio gestiones ante la Zonal Palmira del ICBF, para que el Hogar Infantil Las Abejitas que tiene a su cuidado 145 niños y niñas de igual número de familias trabajadoras, de sectores vulnerables y desplazadas, desaloje el predio que es propiedad del municipio, con el fin de ubicar en sus instalaciones, un Hogar de Paso, que lejos de ser una iniciativa bien planeada y concertada, se puede convertir en un detonante que profundice aún más la crisis social y económica del municipio.

La Contralora General de la República, Sandra Morelli, a través de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, entregó al alcalde Tulio González Forero, el informe de la Actuación Especial de Fiscalización practicada al ente territorial, que establece 38 hallazgos administrativos, de los cuales 10 con alcance fiscal; 34 con posible alcance disciplinario y 6 con posible incidencia penal, que dan cuenta del impresionante estado de pasivos que tiene la administración municipal y que fue enviado a la Procuraduría para que inicie la respectiva investigación disciplinaria, por cuanto el Plan de Saneamiento aprobado por el Concejo y ejecutado por la alcaldía el año pasado, “no corresponde a la realidad financiera y económica del municipio”.

Según el informe, el déficit de Florida supera los 36.000 millones de pesos y los concejales estimaron las deudas en 9.735 millones de pesos, cuantía muy distante de las verdaderas cifras, entre las que mencionamos las más relevantes y que suman 33.558 millones de pesos: $15.790 millones del pasivo pensional sin provisionar, $11.738 millones adeudados a la Fiduprevisora por pasivo pensional de los maestros, $2.386 millones adeudados al Banco Agrario y $3.644 millones por 20 procesos judiciales de los 107 que cursan en contra del municipio. Los 87 restantes no se han cuantificado y no incluye entre otros, los $3.000 millones que podría costar la reubicación de la Urbanización Villa Campestre ordenada por el Consejo de Estado.

A juicio de la Contralora Delegada, Claudia Isabel Medina Siervo, “el municipio de Florida, tiene cuentas por pagar desde el año 2000, generadas por las administraciones anteriores que no asumieron sus compromisos con recursos de las vigencias correspondientes, generando déficit para el Municipio. La Administración Municipal, a 31 de diciembre de 2012, adeuda a empleados, ex empleados y pensionados $1.571 millones por concepto de prima año 2011, prima del año 2012, bono pensional, vacaciones, cesantías y bonificaciones”. No obstante, sin haber cancelado estas deudas, las más recientes administraciones,  celebraron en el año 2011 contratos por $4.808.6 millones y en el 2012 por $3.540.6 millones para un total de $8.349.3 millones.

 

A éste sombrío panorama económico y administrativo, se suma la falta de operatividad por parte de las autoridades civiles y de policía, las cuales no garantizan la seguridad y la convivencia ciudadana, marcada por los altos índices de pandillas juveniles que han establecido fronteras invisibles y por la violencia intrafamiliar; la protección del espacio público, invadido arbitrariamente por particulares y la movilidad, que afecta la libre movilización de vehículos por las vías del municipio que han sido cerradas y el tránsito indiscriminado de conductores en contravía o de motociclistas que violan todas las normas, al transitar sin los requisitos de ley, con sobrecupo y colocando en riesgo la integridad física y la vida de sus ocupantes.

La evidente ineficiencia de dependencias administrativas del orden municipal que deben cumplir funciones de control, como las Secretarías de Gobierno, Planeación y Tránsito municipales, así como la insuficiencia de los operativos de la Policía Nacional, adscrita a Florida, se traduce en hechos de perturbación de la tranquilidad ciudadana por el uso indebido de publicidad móvil con altoparlantes que superan los decibeles permitidos, vehículos con sonidos estruendosos en horas de la madrugada o transitando a altas velocidades, el incremento de lesiones graves o muertes por accidentes de tránsito, acciones delictivas de raponeros, atracadores, asaltantes y apartamenteros que cometen sus fechorías a cualquier hora y en cualquier parte del municipio.