Para entender lo que pasa en el Polo

Por: Jorge Enrique Robledo

Refiriéndome a las mismas acusaciones de hoy contra dirigentes del Polo Democrático Alternativo (PDA), hace un par de meses le dije a Cecilia Orozco “que quien tenga acusaciones que las haga, que quien tenga que defenderse que se defienda y que quien resulte condenado que condenado se quede” (para todas las citas ver http://www.moir.org.co/IMG/pdf/001.pdf). He repetido que no hay corrupciones y negligencias malas y buenas, dependiendo de quien las cometa, y que los organismos judiciales y la Comisión de Ética del Polo deben tomar las determinaciones que consideren, siempre garantizando el debido proceso, posición que también es la del Comité Ejecutivo del PDA. No es cierto, entonces, que me haya opuesto a que se investigue. Y como es obvio, he pedido que se den las pruebas en las que supuestamente se sustentan las acusaciones.

Pero si algo falta son pruebas, según opinan los más diversos analistas. María Isabel Rueda dijo: en “las acusaciones de Petro contra la contratación de la Alcaldía, en ese largo documento que yo leí con cuidado, no hay una sola acusación concreta contra Samuel Moreno. ¡Ni una!”. Además, la llamada “comisión investigadora” no fue nombrada por el Polo sino por Gustavo Petro, quien, con sus partidarios, actuó como acusador y juez contra los que considera enemigos suyos, en un proceso en el que las condenas se impartieron desde antes de empezarlo y que concluyó advirtiéndole al PDA que si no las ratificaba, se saldría del Partido. Un modelo de cómo no actuar ni en derecho ni en democracia.

Lo otro es que el debate tiene un fondo político vinculado a las controversias dentro del Polo y a los intereses de los partidos que le son contrarios y que así iniciaron la carrera por reconquistar la Alcaldía de Bogotá. En desarrollo de una campaña de desprestigio de años, poco antes de las elecciones, Álvaro Uribe presentó a Samuel Moreno como comprador de votos y ficha de las guerrillas. Además, la Fiscalía General de la Nación dice que en el DAS se creó una “empresa criminal” para dividir al Polo (la Operación Amazonas), vincular a sus dirigentes con las Farc y meter la idea de que el alcalde de Bogotá era corrupto. Las fuerzas más retardatarias quieren destruir al PDA y el primer paso es derrotarlo en Bogotá como sea.

Según Semana, que tampoco reconoce pruebas en las acusaciones, “Petro quería sacarse un clavo con el Polo, que no lo aceptó como presidente”, y porque, agregamos aquí, el Partido no quiso entrar en acuerdos con Santos. Desde ese día dejó claro que si el PDA no se sometía a sus designios, le declaraba la guerra y si no lo abandonó fue porque ningún dirigente lo acompañó en el intento. Además de cubrir de oprobio a quienes considera como los principales culpables del fracaso de sus ambiciones, anunció que desconocía a la presidenta del Polo, a su Comité Ejecutivo Nacional y a las direcciones territoriales y que tendría su propia política de alianzas, electoral y frente a Santos, poniéndose por fuera del Partido. Para dicha del uribo-santismo, en la historia de las controversias políticas en Colombia nadie recuerda a un dirigente que haya maltratado tanto a su partido.

Alguien me insinuó que “no arriesgara, que me sumara a los ataques o que pasara de agache, que ni siquiera tenía cuota en el gobierno de Bogotá”. Pero no es de mi talante evadir los temas difíciles y lo que considero deberes, en especial en la protección de logros tan importantes para Colombia como lo es el Polo, el proyecto histórico de unidad de la izquierda democrática, el único partido que se propone dirigir las transformaciones que requiere el país para superar sus graves problemas.

Una propuesta como la del Polo, en la que cabe toda la nación y requiere de un gran respaldo para poder vencer, solo puede ser exitosa si, para empezar, no le ayuda a Santos a establecer su engañifa. También debe garantizar lo acertado de sus fines y sus métodos, incluida la lucha contra la corrupción, y que en su interior se respeten los derechos democráticos de todas las personas y tendencias, que los dirigentes no sean caudillos impuestos a la brava y que las contradicciones internas no se traten con el criterio de que todo vale, siempre en pos de presentarse unido ante los colombianos. Con ello, más colombianos querrán hacer parte de un partido que lucha por la soberanía y la democracia y en el que no reina el canibalismo ni el irrespeto entre los dirigentes, aun en medio de las naturales diferencias.

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EL “INTERES DE COLOMBIA” EN UN TRATADO QUE NOS ARRUINA

Por: Mario Alejandro Valencia· 

En mayo de 2010, en plena campaña electoral, al preguntársele sobre el TLC con la Unión Europea el entonces candidato Juan Manuel Santos declaró que estos “siempre dejan ganadores y perdedores” y añadió que aún así “lo firmaría”. Consecuente con su promesa, el 6 de octubre el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, emprendió una gira de catorce días por Europa para buscar la aprobación de un Tratado de Libre Comercio que arruina a los lecheros colombianos, no solo a los pequeños y a los medianos, sino a todos los lecheros. Un TLC que terminará de quebrar lo que queda de la producción alimentaria y que le entregará en bandeja de plata a las transnacionales europeas (ejemplo: BP, Hocol, Unión Fenosa, Endesa, Gas Natural, Anglogold Ashanti) las riquezas naturales no renovables de nuestro territorio, como es evidente en la política minera, petrolera y ambiental que dejó el anterior gobierno y que ha prometido continuar y profundizar el de Santos, bajo la figura de las “locomotoras”. 

Para que no quede duda, el pasado 8 de octubre en Madrid, Angelino Garzón intervino durante una hora en el Foro de la Nueva Economía de The Wall Street Journal, patrocinado por Endesa, en el que declaró que “es un buen negocio invertir en Colombia”, porque es “una tradición de Estado garantizar la seguridad no sólo a nivel jurídico sino administrativo, político y de seguridad para la inversión nacional y extranjera”. Discurso en el que no se ahorro en elogios al presidente de Endesa por la “labor que cumple en Colombia” y en el que, para tranquilidad de los inversionistas españoles presentes en el evento, agrega: “vamos a mantener todas las políticas que fueron valoradas positivamente por el pueblo colombiano, del presidente Álvaro Uribe”, incluida la firma de “tratados de libre comercio con el mayor número de países posibles”.

Con el cuento de los “ganadores y perdedores” en el TLC se han entregado vitales sectores de la producción colombiana, con la quimera de ganar acceso en otros productos que ni siquiera produce el país. Del lado del gobierno colombiano no existe un solo estudio que demuestre cuáles son los famosos productos nuevos que vamos a vender en el mercado europeo, ni cuáles son las empresas colombianas que invertirán en ese continente. Pero como se pregona la reciprocidad en estas supuestas negociaciones, valdría la pena preguntarle al gobierno ¿cuáles son los sectores de la producción europea que se van a arruinar por cuenta de firmar un TLC con Colombia? ¿Alguien ha escuchado alguna vez a un funcionario europeo decir: “habrá ganadores y perdedores”? yo no, sencillamente porque los únicos perdedores serán los de este lado del ‘charco’.

El vicepresidente Angelino Garzón fue a Europa a manifestar el “interés de Colombia en que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo comercial”. Cuando se conmemoran 518 años de la llegada de los conquistadores españoles a América, habrá que preguntarle a Garzón ¿cómo puede ser del interés de los colombianos un TLC que nos recoloniza?

     ·Miembro del Centro de Estudios del Trabajo, CEDETRABAJO

A UNA SEMANA DEL DESALOJO A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES DEL CALI UNO

 EL GOBIERNO SIGUE GUARDANDO SILENCIO FRENTE AL FALLO DE UN JUEZ  

Después de una semana del operativo de desalojo ilegal y arbitrario por parte de la fuerza pública contra los vendedores del Centro Comercial Ciudad de Cali 1 y pese a la medida ordenada por el juez cuarto (4º) penal del circuito de Cali de suspender el desalojo, continúa tomado el centro comercial por vigilancia privada en el interior y cercado por la fuerza pública, mientras los comerciantes continúan en la calle, sin acceso a sus bienes y mercancías y sin la posibilidad de trabajar dignamente.

Los comerciantes del CALI 1 son específicamente familias que trabajaron durante muchos años en el sector del Calvario y que en el año 1997 después de 3 años de negociación con la administración municipal, lograron un acuerdo en el que participaron el sindicato de Pequeños Comerciantes, la Administración Municipal, Cámara de Comercio, Pro centro y Comfenalco, y que consistió en la reubicación de los vendedores en este centro comercial ubicado en la Cra. 10 entre Calle 13 y 13bis (frente al Palacio de Justicia), al alcalde de entonces Mauricio Guzmán y la sociedad AIREAR URBANO S.A. entregaron los locales a cada uno de los vendedores con una promesa de venta producto de los cual ya muchos de ellos tienen escritura de sus locales.

Los pequeños comerciantes del CALI 1 son poseedores de buena fe, ya que fueron reubicados mediante un acta de entrega y una promesa de compraventa, pero desconociéndose este derecho, los pequeños comerciantes fueron sorprendidos por la Policía Nacional y el ESMAD, el pasado jueves 21 de octubre de 2010 a las 5:00 A.M. quienes a partir de ese momento tomaron control del Centro Comercial impidiendo el ingreso de los vendedores, violentando muchos de los locales y saqueando las mercancías que allí se encontraban, hechos de los cuales hemos logrado obtener algunas fotos.

Dicha acción la sustentaron con una resolución de Supersociedades dentro del proceso liquidatorio de la sociedad AIREAR URBANO S.A. donde RESUELVE adelantar diligencia de entrega de algunos bienes rematados dentro del proceso de liquidación de AIREAR URBANO S.A. en ningún momento se habla de desalojo por vía de la fuerza como efectivamente procedió la fuerza pública. La acción tampoco fue dirigida hacia los bienes que se encuentran involucrados en el proceso que son algunos de los locales del centro comercial, sino contra todos los comerciantes del lugar.

La CUT Valle y el Sindicato de Pequeños Comerciantes, de manera inmediata procedimos a instaurar ACCION DE TUTELA contra Supersociedades y airear Urbano por violación al derecho al Trabajo, Derecho a la Igualdad, Derecho al Debido Proceso, a una Vida Digna y al Ingreso Mínimo Vital, consagrados en la Constitución Nacional. En dicha tutela solicitamos que se ordenara como Medida Provisional, suspender de manera inmediata el operativo de desalojo del centro comercial.

Como resultado de esta acción el Juez Cuarto Penal Municipal de Cali, se pronunció el mismo 22 de octubre concediendo la MEDIDA PROVISIONAL solicitada para evitar un daño irremediable y notificando a los accionados. Dicha medida judicial fue desacatada por los responsables donde se encuentra involucrada principalmente la Administración Municipal, quien a la fecha no se ha pronunciado al respecto.

La CUT Valle acudió ante otras instancias de control y vigilancia del Ministerio Público como son la Personería y la Defensoría del Pueblo para que se constituya una comisión que permita la devolución inmediata del Centro Comercial, igualmente para que se constaten las condiciones en que dejaron los locales y los responsables sean investigados y sancionados. Igualmente le hemos solicitado al Alcalde de Cali y al Concejo Municipal pronunciarse y actuar de manera inmediata frente a semejante atropello, pero a la fecha esto tampoco ha sido posible, todo apunta a que quienes buscan tomar el control de este sector del centro de la ciudad, son tan poderosas que sus intereses priman sobre los derechos de cientos de comerciantes de la ciudad.

Solicitamos la solidaridad del Movimiento Sindical y Social del Valle del Cauca, para que presionemos a la administración municipal de Jorge Iván Ospina, solicitándole que intervenga de manera inmediata para que le sean restablecidos los derechos a los pequeños comerciantes. Igualmente estamos convocando a una campaña de solidaridad consistente en aportar alimentos en especie que permitan instalar una olla comunitaria teniendo en cuenta que los comerciantes permanecen todo el tiempo al frente del sitio, en el Centro Comercial Cali 2, pero no tienen como alimentarse.

También estamos considerando complementar las acciones jurídicas que actualmente cursan, con una gran jornada de movilización en el Centro de Cali, en solidaridad con los comerciantes desalojados y exigiendo al gobierno respeto por el derecho al trabajo y cumplimiento de las garantías constitucionales.

COMITÉ EJECUTIVO –  CUT VALLE

ALVARO J. VEGA CAICEDO               EDWARD G. PORTILLA Y.

                  Presidente                                     Secretario                      

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOLOGIA DE UNA INFAMIA

Por: Unidad Investigativa Revista Mire…Lea

En el año 2001 el municipio de Florida contrató con Silvio Montaño por $430.000.000.oo, la compra del lote de terreno Altamira de 46.834 m2, ubicado en El Pedregal y que incorpora la residencia colonial conocida como Casa de Piedra, pagando $130.000.000.oo a la firma de la escritura pública y comprometiéndose a pagar el 28 de Enero y el 28 de Febrero de 2002 dos cuotas de $150.000.000.oo cada una para levantar la hipoteca a favor del vendedor, que según el abogado del vendedor, Aldemar Miranda, nunca fueron canceladas y que hoy reclama después de ocho años, con intereses corrientes y de mora, la suma de $420.000.000.oo.

Desde el 2002 hasta la fecha, ningún alcalde se ocupó de cancelar lo adeudado y el mismo gobierno departamental de Angelino Garzón, con autorización de la administración municipal de ese entonces que conocía de la hipoteca, mediante Convenio de Cooperación con la Fundación Carvajal, invirtió $300.000.000.oo en un predio que pertenecía parcialmente al municipio y que fue entregado en comodato a la ONG privada, Asociación de Grupos de la Tercera Edad. Si bien este convenio no desbordó la legalidad, si encaja dentro del tipo de actos administrativos públicos o privados que son inconvenientes y carentes de planeación, previsión y eficacia en la inversión de recursos, en obras que finalmente pueden terminar favoreciendo intereses de particulares en menoscabo del bien común.

Según Resolución No. 000127 del 18 de Septiembre de 2009 el gerente de Acuavalle, Alex Pascual Loango Sinisterra, hace Oferta de Compra del terreno citado por valor de $10.718.720.oo, que apenas le fue comunicada al alcalde municipal, mediante oficio del 19 de Julio de 2010, “…sin que se pudiera realizar la compra en forma voluntaria”, según dice textualmente en su demanda de expropiación del bien inmueble, la apoderada de Acuavalle, que se basó en la Resolución No. 000026 del 4 de Febrero de 2010, sobre la que la administración municipal no interpuso ningún recurso, y que califica de utilidad pública e interés social el proyecto y ejecución de obra de acueducto y alcantarillado.

Sólo después que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, admitiera la demanda el 18 de Agosto de 2010 y ordenara la entrega anticipada del inmueble el 27 del mismo mes y año, el mismo juzgado mediante Sentencia No. 025 del  30 de Septiembre de 2010, decretó la expropiación del terreno y el pueblo floridano se vino a enterar que Casa de Piedra no era del municipio y que Acuavalle con apoyo de la fuerza pública y el Ministerio Público procedería a ocupar la franja de terreno de 2.054 mrequeridos para la construcción del tanque de almacenamiento de aguas para Florida y Candelaria.

La misma sentencia proferida por la Juez Luz Amelia Bastidas Segura, en su artículo segundo, ordena la cancelación de los gravámenes e inscripciones que existieren sobre la porción del predio expropiado, pero los 44.780 m2 restantes, los cultivos, la casa y las mejoras que se hicieron en la adecuación de la casa con recursos de la gobernación podrán ser objeto de futuras demandas de terceros, como las ya anunciadas por el apoderado de Silvio Montaño.

Si bien la Ley 9 de 1989, en su artículo 11 establece que los entes territoriales, las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios, los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, pueden hacer la declaratoria y posterior trámite de expropiación, lo paradójico es que una sociedad entre entidades públicas como Acuavalle, expropie un bien público del estado para luego ligar la empresa, como pretende su gerente, a una concesión con un operador privado durante 24 años, en un negocio por más de 160 mil millones, para un repago aproximado de 380 mil millones de pesos, que compromete seriamente el futuro de Acuavalle y se convierte en una dura campanada de alerta para los otros 30 acueductos municipales, que pueden estar asistiendo al triste final de su existencia.

DENUNCIAN PRESENCIA PARAMILITAR EN EL RESGUARDO KWET WALA DE PRADERA VALLE

Una vez mas la preocupación por la situación de orden público continua en nuestras comunidades, la aberrante situación que se esta presentando en las comunidades de nuestro resguardo es de zozobra y confusión. El día 22 de octubre de 2010, siendo las 9:30 A.M.un comunero de nuestro resguardo se encontraba entre La Carbonera y Los Pinos, rodeando unas cabezas de ganado de su propiedad y se encontró con un grupo de por lo menos 20 hombres, que portaban armas de largo alcance, y  vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares  con brazaletes  alusivos al grupo paramilitar los rastrojos, aledaño a predios del resguardo, KWET WALA de Pradera Valle del Cauca.  

Posteriormente después de interrogarlo le dijeron que se devolviera que para donde iba no le permitían seguir y que se tenía que quedar hasta las 5 PM, la hora hasta que ellos se quedaban. Que cual era el afán y que si se iba antes era para informarle a la guerrilla que ellos estaban por hay y manifestaron que llegaron para empezar a operar, puesto que los habitantes del sector “son colaboradores de la guerrilla”.

Este mismo día en horas de la tarde se observo la presencia sospechosa de dos hombres de civil que merodeaban la casa y sede del cabildo en el casco urbano de Pradera, los dirigentes de la comunidad indígena y campesina hemos denunciado estos hechos que se han venido presentando antes las autoridades civiles y militares y ante la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidades, pero la situación de las comunidades se sigue agravando, ya que hace mas de 6 meses hace presencia permanentemente los grupo al margen de la ley quienes se identifican como de las FARC y otras veces como del ejercito nacional, el asedio a la población es de parte y parte, unos acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla y otros de sapos y colaboradores de ejercito situación que nos coloca sin saber que hacer.

Desde años anteriores se viene presentándolo amenazas desde octubre del año 2009 la comunidad indígena y campesina de esta zona del país han venido denunciando la incursión de grupos armados, y el consecuente hostigamiento de los líderes, las continúas amenazas y una nueva situación de desplazamiento se empieza a gestarse ya que recientemente han aparecido nuevas amenazas a algunas familias y dirigentes de nuestras comunidades.

A esto se suma la situación de la dirigencia tales como la judicialización de que han sido victima el Gobernador del Resguardo ALFREDO FERNANDEZ, el dirigente LUIS ANGEL PERDOMO tildado de colaboradores de la guerrilla, montaje que se desvirtuó con resolución de preclusión proferida por La Fiscalía General de la Nación. Mas los casos resientes tales como Coordinador de Derechos Humanos del Resguardo, CAMPO ELIAS DICUE, desde el 10 de octubre de 2009; Las recientes amenazas sufridas por el Gobernador suplente JORGE ENRIQUE YONDA y su familia, el 15 de agosto y el 3 se septiembre Así como las amenazas recibidas por los demás dirigentes y comuneros del Resguardo en días recientes en la cual se les tilda de mafiosos y corruptos a través de anónimos difundidos en internet.

Finalmente las vinculaciones de la población civil en este conflicto armado donde los actores han tomado de juego a la población por los frecuentes accedidos de unos y de otros, situación que coloca a nuestra población a puertas de un éxodo tanto de indígenas como de campesinos, todo lo anterior ha sido puesto en consideración de las autoridades judiciales y administrativas pero los atropellos continúan. Esto implica una persecución que busca desvertebrar nuestras organizaciones tradicionales con el objetivo de  generar el desplazamiento forzado. Hacemos un llamado a las organizaciones derechos humanos y autoridades nacionales para que hagan pronunciamientos a favor de nuestras comunidades y se proteja la vida y la integridad física de todos los habitantes y nuestro pueblo.

AUTORIDADES INDIGENAS TRADICIONALES RESGUARDO KWET  WALA  PRADERA  VALLE.

Tel: 2674163

El gobierno de Santos y el derecho humano al agua potable

Por: Oscar Gutiérrez Reyes

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas -ONU- aprobó la resolución, presentada por Bolivia y otras 33 naciones, referente al derecho humano al agua y al saneamiento.

Teniendo en consideración varias resoluciones y decisiones del organismo multinacional y reconociendo que 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen saneamiento básico y que cada año fallecen un millón y medio de niños menores de cinco años, por las enfermedades derivadas de consumir aguas contaminadas, la ONU resuelve “declarar el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida” y exhortar a los estados para que “proporcionen recursos financieros”, “a fin de intensificar los esfuerzos por suministrar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.

Sin lugar a dudas, estas son buenas noticias para quienes respaldan la lucha, aún en curso, para lograr que: El agua se incluya en la Constitución de Colombia como un derecho humano fundamental, al que tengan acceso todos los ciudadanos, independientemente de que posean con qué pagarlo y sobre la base de establecer un mínimo vital gratuito; se contemple el cuidado especial de las fuentes y del agua en todos sus estados, como bien común y público, y por lo tanto inajenable, y para que la prestación del servicio no se privatice y sea realizada por empresas públicas o comunidades organizadas sin ánimo de lucro.

Durante el gobierno anterior, el Referendo del Agua, que respaldaron más de dos millones de ciudadanos, fue saboteado en la Cámara de Representantes por las mayorías uribistas. Aun así, sin vergüenza alguna, la delegación colombiana en la ONU votó favorablemente la resolución. Y quienes estamos atentos de los asuntos, nos preguntamos por qué. ¿Cambio acaso el uribismo-santista? o ¿se actúa con demagogia y se respalda, dado que la resolución no es vinculante y, por lo tanto, no obliga a los estados? Creemos es lo segundo.

Para los más de trece millones de colombianos que no disponen de agua potable y los casi veinte millones que no tienen saneamiento básico, la resolución de la ONU, aparte de razones y argumentos, no significa un cambio en las políticas oficiales. Algunos afirman que la resolución de la ONU convierte el agua en derecho fundamental de los colombianos, tutelable y exigible pero ocultan -porque es sabido- que las resoluciones de la ONU no obligan a los Estados.

Permitir que el gobierno haga demagogia con el voto que dio, a favor de la resolución de la ONU, sin aclarar que ésta no es vinculante para el Estado colombiano, es propiciar el engaño de millones de ciudadanos. También lo es cifrar esperanzas entre los colombianos haciéndoles creer que los que aprobaron las políticas de apertura y privatización trabajarán para hacer realidad el derecho al agua potable. Y más grave es hacerse ilusiones, o sembrarlas, de que dialogando con el presidente, jefe de quienes sabotearon la aprobación del referendo del agua, se alcanzará este derecho. Los neoliberales, como Santos, acogen el mandato de las multinacionales y defienden sus jugosas ganancias. Jamás aprobarán el contenido del referendo del agua y nunca actuarán a favor de la preservación del medio ambiente y menos ahora que se le impone al país la gran minería de las transnacionales.

La experiencia acumulada durante el trámite del referendo, con un parlamento de mayorías uribistas -apiñadas hoy alrededor de la “unidad nacional”- y con un gobierno que sirve de soporte a las empresas y a sus intereses y, sobre todo, con las realidades derivadas del artículo 365 de la Constitución Nacional y de las políticas de “libre mercado” -expresadas como mandato en la Ley 142 de 1994- nos permiten asegurar que, ni en los temas del Referendo ni en los relacionados con el ambientalismo podrá, el nuevo presidente, acoger nuestra propuesta.

Quienes, desde el Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida, reafirmamos en la IX Asamblea Nacional nuestra disposición a “levantar una plataforma de lucha que enfrente integralmente las diferentes formas de privatización, expresadas en políticas nacionales de gran impacto como los planes departamentales del agua y en el impulso de un modelo de desarrollo extractivista, agenciado fundamentalmente por las transnacionales, que amenaza la permanencia de las fuentes y el acceso de la población al patrimonio hídrico” no nos podemos hacer ilusiones en el “nuevo gobierno”. Es claro que, con el gobierno de Santos, continua el mandato de las multinacionales que, con tanto ahínco, intrigaron y se opusieron al Referendo del Agua.