Del listado de más de 60 personas a las que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, señaló de tener vínculos y trabajar activamente para el Clan del Golfo, ahora se conoce nueva evidencia que corrobora que una de las personas en ese inventario, sí colaboró activamente desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez para beneficio de la estructura armada narco paramilitar.
El puesto número 8 de esa honrosa lista entregada por el narco extraditado, que incluye a un senador de la república actuante y reelegido, un exministro, seis exgobernadores, cuatro ex congresistas y dos universidades, es para el flamante ex subdirector en Casanare del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Orlando Rivas Tovar.
Pues bien, el pasado 18 de septiembre en Casanare, 21 militares, entre ellos un general retirado del Ejército, dos civiles y este funcionario del extinto DAS, reconocieron su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por la ejecución extrajudicial de al menos 296 personas. Estos colombianos fueron presentados como bajas en combate en coordinación con los paramilitares. El testimonio más impactante fue el del señor Rivas Tovar, quien contó cuál fue el papel del DAS durante esos hechos y que corroboró lo dicho por alias Otoniel.
Según su relato, entre 2005 y 2007, mientras fue director regional de esa extinta entidad, hizo parte de un aparato criminal que tenía como objetivo obtener resultados con supuestas bajas en combate, sin importar la manera. Dijo, además, que se realizaron operaciones interinstitucionales para cumplir funciones de Policía judicial, con el fin de “legalizar” las operaciones irregulares del Ejército. Esto de la mano de los narco paramilitares.
Explicó que mientras fue director de esa entidad en Casanare, puso en práctica políticas que estaban encaminadas a suplir las funciones de la Policía judicial con fines delictivos y fue enfático en recordar que ese departamento hacía parte de la rama ejecutiva, lo que significa que recibía órdenes directas de la Presidencia de la República.
“En el gobierno de la Seguridad Democrática (como se llamó la política contra del crimen del expresidente Uribe) el DAS cambió completamente su funcionamiento. En épocas anteriores cumplía funciones de inteligencia del Estado, control del abigeato, ayuda de la Fiscalía y Policía judicial. Cuando llega el gobierno de la Seguridad Democrática, al DAS le cambian completamente las funciones y le pasan a ser prioridad en información de inteligencia (…) y que teníamos que trabajar de la mano con la fuerza pública, el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía”, sostuvo Rivas Tovar en una entrevista posterior en W Radio.
Pero no sólo con el Ejército, la Fiscalía y la Policía, sino también, como su relato lo demuestra y la evidencia lo corrobora, con el Clan del Golfo, conocido anteriormente como el Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Rivas Tovar dijo que el extinto DAS terminó envuelto en estos hechos por la implementación de la política de Seguridad Democrática del alto gobierno y en especial por el actuar de los directores generales de ese organismo. Estos “impartieron órdenes a las direcciones seccionales del DAS de cooperar y participar de forma estrecha y coordinada con las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden público en todos los territorios. Esta cooperación no era más que la orden de disponer todos los recursos del DAS para que las Fuerzas Armadas pudieran dar y reportar resultados operacionales en la lucha antisubversiva”, dijo.
En la práctica esto terminó siendo, disponer de los recursos de esa entidad también para trabajar con los narcoparamilitares y mancomunadamente entregar resultados operacionales mejor conocidos como falsos positivos.
Así lo confirmó Otoniel ante la JEP. “(…) Bajo la gravedad de juramento testifico que conocí al señor Orlando Rivas exdirector del DAS del departamento de Casanare, me concerté con este funcionario y otros agentes del desaparecido DAS antes del año 2006 como miembro del bloque (sic) Centauros y después de ese año y tercero civil entre los años 2006 al 2008, para planificar, apoyar y financiar delitos, homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, hurtos, terrorismo y en general graves conductas violatorias de los derechos humanos en contra de víctimas civiles de la región del Casanare y Meta (…)”.
Para ratificar lo anterior, esta columna obtuvo un informe realizado por Orlando Rivas, que confirma este modus operandi. El documento fechado el 26 de julio de 2005, está dirigido a José Miguel Narváez Martínez, el exsubdirector del DAS condenado por el asesinato del periodista Jaime Garzón. Narváez, fuera de ser parte de la entraña de los paramilitares, era del núcleo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Viene a lugar el chiste que alguna vez dijo Jaime Garzón: “Hay que rodear al expresidente. No vaya a ser que se nos escape”.
Este condenado asesino, Narváez, fue el creador del grupo de inteligencia llamado G3, cuyo nombre real era Grupo de Inteligencia Estratégica, que en la práctica funcionó como un brazo criminal del DAS para hacer seguimientos e interceptaciones ilegales contra opositores del gobierno de Uribe, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y magistrados de las altas cortes.
Como lo demuestra el reporte, era Narváez quien coordinaba desde el G3 con las seccionales del DAS para recibir supuesta inteligencia, con el fin de estigmatizar y asesinar a líderes regionales y presentarlos como supuestos guerrilleros. Todas las personas aparecidas en ese reporte, ya no nos acompañan. (Ver Anexo A)
Anexo A.
Pese a la gravedad de esta situación, la Fiscalía no ha investigado. Desde el 2 de mayo de 2022, el ente investigador tiene en su poder la famosa lista de 64 personas a las que Otoniel señaló de tener vínculos y trabajar activamente para el Clan del Golfo. Lastimosamente la Fiscalía ha dejado empolvar esta información, sin importar la confirmación que ahora entrega Orlando Rivas sobre esos hechos, siendo él uno de los nombres incluidos en ese terrible listado.
Los investigadores de la Fiscalía lo único que hicieron fue un cruce de correos electrónicos con el documento adjunto de word que tiene esa lista, con el asunto: documento 3.
La comunicación obtenida por esta columna dice: “Buenos días doctores, comedidamente y cumpliendo instrucciones del Dr. Tiberio Vera Amaya, me permito solicitarles colaboración a fin de verificar de manera URGENTE la lista anexa, que corresponde a las personas mencionadas por el ex postulado Dairo Antonio Usuga David, alias “Mauricio u Otoniel”, en diligencia ante la JEP, a fin de establecer si aparecen vinculadas con miembros de las AUC y si fueron objeto de compulsa de copias”. (Ver Anexo B)
Anexo B.
Eso fue el 2 de mayo de 2022, hace más de un año y medio, lo que quiere decir que no ha pasado nada con esa urgencia manifestada, y la única entidad que se ha movido con el tema es la JEP. Por eso recordemos lo que trae el listado. Otoniel declaró que el exdirector del DAS, Jorge Noguera, era una pieza clave entre el gobierno de Uribe y el Clan del Golfo y concertó con los paramilitares el nombramiento de Rivas Tovar como director del organismo en Casanare para ponerlo a sus órdenes.
También señaló al exministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, como un funcionario muy cercano a Vicente Castaño. Nada más y nada menos que uno de los ministros del Interior y Justicia de Uribe. Recordemos que ese exministro se encuentra condenado por la compra de los votos parlamentarios para la aprobación de la reforma constitucional que hizo posible la reelección de Álvaro Uribe en el proceso conocido como la yidis política.
Otra persona mencionada en el documento de la JEP, que está en poder de la Fiscalía hace más de un año, es el senador Miguel Ángel Pinto. Este, que fue presidente del Senado encargado hasta junio 2 de 2023, está actualmente en el Congreso como miembro del Partido Liberal y cuenta con acusaciones muy serias que no han sido investigadas.
Sobre el senador liberal Miguel Ángel Pinto, Otoniel dijo: “con ese sí yo hablé personalmente varias veces. Esa zona que yo manejaba era Gachalá, Gachetá, las zonas que yo manejaba abajo en el piedemonte llanero. Él iba a hablar de apoyo político. Milton bajó a hablar conmigo como dos veces”.
Fuera de él, se encuentran en ese listado también el exsenador Milton Rodríguez Sarmiento del Partido de la U, el exsenador Carlos Cárdenas Ortiz también de La U, el exrepresentante a la Cámara liberal por el Casanare Jorge Camilo Abril Tarache y, nada más ni nada menos, el ahora candidato a la Gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.
“Sí había un político que sí iba mucho a la región (…) en las gaitanistas como en el 2009 fue un exalcalde de Medellín, él mantenía mucho con Salvador, alias Mi Sangre, de la oficina de Medellín que estaba abajo en el Urabá con nosotros. Iba mucho el exalcalde que ahora es candidato. Mantenía allá en Catalina por todo lado. Este Pérez, Luis Pérez, fue exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia”.
Grave pero no para ahí. Las acusaciones también llegan a instituciones. Según Otoniel, las diferentes alcaldías del Casanare y varios exgobernadores de ese departamento pagaban a los grupos criminales una tarifa a los grupos relacionados con el Clan de Golfo. “Sí había un impuesto que tenían que pagar las alcaldías o contratistas daban el 5 por ciento a la organización de los contratos que salieron en los municipios o en la gobernación”.
La operación de corrupción administrativa y presión armada para sacar plata de las arcas públicas y llevarla a financiar paramilitares, presuntamente también involucró a dos universidades.
“Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total (…) Allí está el hospital directamente el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”.
Eso sin hablar de los generales del Ejército, Mario Montoya y Leonardo Barrero Gordillo, quienes fuera de ser acusados por Otoniel como narcotraficantes de las Fuerzas Militares, han sido premiados por Uribe con distinciones firmadas por el DAS de Jorge Noguera, otro aliado de Otoniel, el mismo día que renunció al organismo de inteligencia para irse de cónsul en Milán, Italia.
Y nada pasa. En parte porque tres días después de la elaboración de este listado de Otoniel, el expresidente Iván Duque lo extraditó a Estados Unidos y con eso sacó del país la realidad que estaba compartiendo ante la JEP.
Por eso, después de que los militares en retiro de todos los rangos, y el exdirector regional del DAS en Casanare aceptaran su responsabilidad en 296 casos de falsos positivos en ese departamento, el expresidente Uribe dijo que la JEP lo único que hacía era “estimular a reconocer delitos no cometidos”.
Más bien todo lo contrario. Y es que la JEP está evidenciando delitos cometidos durante el gobierno de Uribe que él no quiere reconocer. Y realizando el trabajo que la Fiscalía, manejada por aliados del uribismo, no ha querido hacer. Tal ver por eso el Centro Democrático hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar la creación y funcionamiento de la JEP.
En conclusión, el expresidente Uribe y los siguientes en la lista de Otoniel acusados de colaborar con el Clan del Golfo, deberían estar preocupados asegurando su defensa jurídica porque, aunque las acusaciones están quietas y escondidas en la Fiscalía, en la JEP vienen avanzando lentas pero seguras. Y en la verdad, reparación y justicia, es mejor que cojeé, a que nunca llegue.
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