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Villa Campestre, una infamia contra 72 familias de Florida, Valle

La Unidad Investigativa del periódico El País de Cali, revela cómo se fraguó la construcción de una urbanización irregular en ese municipio y por qué los responsables aún no han sido castigados. Panorama, denuncia y soluciones.

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Villa Campestre es una ironía. Una burla ante la desgracia que padecen 400 personas desde finales de 2007. Es una calle larga donde se apiñan 72 casas que amenazan con venirse abajo. Pero este remedo de urbanización es también un humedal y una quebrada, aunque sus habitantes no reciban agua potable.

El drama que sufren los pobladores de Villa Campestre es un nefasto monumento a la desidia de las autoridades y a la corrupción administrativa. Y está muy cerca, a una hora de Cali, en Florida, Valle. Esta obra es el modelo de lo que no debería pasar con los subsidios estatales de vivienda y, especialmente, con las ilusiones y los ahorros de las familias pobres de la región.

Villa Campestre es una obra hecha en el lugar equivocado, una vergüenza de tal tamaño que hace tres años y medio el juez 13 Administrativo de Cali ordenó al municipio de Florida, en fallo de primera instancia, demoler las casas y reubicar a sus pobladores, así como recuperar ambientalmente el terreno, impedir su uso en nuevas construcciones, cuantificar los costos y recuperar de los dineros invertidos para evitar el detrimento patrimonial. También compulsó copias a la Contraloría y la Procuraduría, así como a la Fiscalía para que encuentren a los responsables de este atraco a las finanzas públicas y a la confianza de esas familias que hoy viven en peligro.

El golpe

Villa Campestre quiso ser un proyecto de vivienda de interés social que nació el 12 de diciembre de 2005, cuando el Concejo de Florida aprobó el Acuerdo 326 por medio del cual “se adiciona un área de expansión” al Plan de Ordenamiento Territorial, medida que se vendió como favorable pues solucionaba, en parte, la falta de espacio donde construir nuevas residencias que aun hoy afecta a ese Municipio. El proyecto, que fue liderado por el alcalde de la época, Hugo Venancio Córdoba, y su secretario de Planeación, Alexánder Pérez, obtuvo la aprobación del Concejo, tanto en la comisión de plan y tierras como en la plenaria.

Tal parece que a ninguno de los concejales del momento, ni al Alcalde y su Secretario de Planeación, les generó dudas que el propietario del lote seleccionado para la obra, el cual se benefició con el permiso otorgado por el Concejo, fuera el cabildante Luis Gonzaga Granada.

Tampoco llamó la atención de los funcionarios y concejales que dieron el visto bueno, que este no contara con permiso de la Corporación Autónoma del Valle, CVC. Algunos de los implicados aseguran que cuando estudiaron el proyecto si contaba con el permiso de la autoridad ambiental, incluso afirman que el documento fue aportado por el propio Gonzaga. Consultada la entidad sobre este incidente, un vocero autorizado confirmó que dicho papel era falso y que por tal razón el funcionario de la CVC, Manuel Fernández, formuló en su momento, denuncia penal por el presunto delito de falsedad en documento público.

Por estas razones y por haber violado el POT, la secretaría jurídica de la Gobernación del Valle mediante oficio fechado el 18 de enero de 2006, dirigido al alcalde de Florida, devolvió el Acuerdo del Concejo que daba vida al proyecto de vivienda porque, según el documento, “no se cumplieron los trámites de concertación y consulta ciudadana ordenados en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997”.

Pero era tanto el afán por levantar Villa Campestre que Pérez, el secretario de Planeación de Florida en esos años, sin tener en cuenta la objeción de la Gobernación, expidió la Resolución de Urbanismo y Construcción #15 con fecha del 17 de marzo de 2006, mediante la cual otorgó permiso de construcción a la firma Dimerco (ver recuadro), seleccionada por la Alcaldía para ejecutar la urbanización. Ni la Administración Municipal liderada por Córdoba, ni el Presidente del Concejo del momento, Miyer Huependo, actual diputado del Valle, acataron la objeción hecha por la Gobernación, pues siguieron adelante con las gestiones que permitieron la construcción irregular.

La demanda

Mientras el Alcalde de la época y su Secretario de Planeación firmaban los trámites que dieron vida a la urbanización campestre, 72 familias de corteros de caña juntaban ahorros y se hipotecaban con los bancos para completar su aporte, todo eso para convertirse en propietarios.

Sin embargo, las sospechas de que algo andaba mal comenzaron a mediados del 2007, cuando la constructora Dimerco y algunos políticos locales empezaron a entregar las viviendas sin mucho ruido, una por una, “como si les diera vergüenza”, recuerdan algunos vecinos de la zona. “Acá no hubo inauguración ni grandes fiestas, solo vimos al concejal Gonzaga y algunos de sus amigos, pero no volvieron porque la gente les reclamaba por lo mal hechas que quedaron las casas”, confirmó uno de los líderes de Villa Campestre. La dicha de ser propietarios les duro muy poco.

Corría el 2008, un año después de estrenar las casas, cuando los corteros de caña se quejaron con el senador del Polo Democrático, Alexánder López, por las pésimas condiciones en que vivían y los riesgos para la salud que los afectaban. “Por estas casas que están llenas de goteras y que amenazan con caernos encima, la constructora Dimerco nos cobró $18 millones, la mitad se pagó con el subsidio estatal y el saldo ($9.000.000) nos tocó reunirlo a cada familia”, le explicó uno de los voceros de la comunidad.

Fue entonces cuando el abogado Rubén Darío Sánchez, quien trabajaba en ese momento con el senador del Polo, instauró una acción popular contra el Municipio y el Concejo de Florida, la Secretaría de Planeación y Dimerco, con el fin de proteger los derechos colectivos de esa comunidad pues buena parte de las construcciones empezó a mostrar deterioro y los servicios públicos prometidos jamás llegaron, amén del daño ambiental.

La acción popular fue fallada a favor de los corteros de caña en primera instancia por el Juez 13 Administrativo de Cali en noviembre de 2010. Como los condenados apelaron la decisión, la magistrada Bertha Lucía González, del Tribunal Administrativo del Valle, luego de estudiar el caso, confirmó la condena y la amplio vinculando también a la constructora Dimerco como responsable, eso ocurrió en julio de 2011.

Ante la inconformidad de la constructora, su apoderado judicial solicitó al Consejo de Estado seleccionar para revisión la acción popular, sin embargo, en noviembre de 2011 esa alta corporación confirmó la totalidad del alcance de la sentencia de segunda instancia, lo que dejó sin más posibilidades de pataleo a las entidades condenadas.

No hay plata pa’ tanta gente

Superado el enredado jurídico, finalmente la Administración Municipal de Florida quedó obligada a reubicar las 72 familias, para lo cual los jueces le dieron dos años. Plazo que se cumplió hace un año y medio, en noviembre de 2012, ya que la sentencia quedó en firme tras el pronunciamiento del Consejo de Estado. El Municipio, además, debe realizar la recuperación ambiental de la zona, una vez saque a las familias del lugar y haga la demolición de las 72 viviendas. Para dicho trabajo tiene que seguir un plan de acción definido por la CVC y contaba con un plazo de tres años pero este se venció hace seis meses.

Los jueces también ordenan a la Alcaldía de Florida que cuantifique los costos que le signifique acatar dichas órdenes y que proceda a cobrarles a los exfuncionarios que hicieron posible este descalabro con el fin de evitar un detrimento patrimonial. Sin embargo, ni el concejal Gonzaga que vendió su lote para construir la urbanización, ni los concejales que aprobaron la obra, como Miyer Huependo actual diputado del Valle, ni el exalcalde Córdoba y el secretario de Planeación Pérez, que la propusieron y la adjudicaron, ni la constructora Dimerco que la ejecutó con graves defectos, ni uno solo de los implicados en este entuerto, ha pagado un solo peso por lo que hizo.

La razón, según el alcalde actual de Florida, Tulio González Forero, es que “solo puedo cobrarles cuando terminemos todas las obras y sepamos cuánto en realidad nos van a costar” y agrega “hemos calculado que la reubicación de las personas, la demolición y recuperación ambiental del sector nos pueden terminar costando un poco más de $4000 millones”. El mandatario aclara que para cumplir con el fallo “ya seleccionamos otro lote que si tiene los permisos y estamos en negociaciones con una constructora para que inicie las obras; estamos atrasados porque el municipio no contaba con esos recursos, recuerde que esta es una herencia que me dejaron los anteriores alcaldes.

Pese a ello, logré comprometer de las regalías $10 millones por cada familia y el Ministro de Vivienda nos prometió un aporte de $15 millones por cada casa, al final vamos a tener unas soluciones de vivienda de $25 millones cada una”. Pero la solución que plantea el Alcalde no es tan sencilla de poner en marcha, como explica Fredy Perea, actual secretario de Planeación, “la sentencia habla de 72 viviendas pero solo existen 30 viviendas con escritura, las demás tienen promesa de compraventa, otras solo tienen un recibo y algunos nada que demuestre que son propietarios, adicionalmente, existen ocho casas que aun aparecen a nombre de Dimerco” y concluye, “vamos a construir las 72 nuevas viviendas pero solo vamos a incluir en la reubicación a las familias que puedan demostrar que son propietarios”.

En el limbo seguirán las familias que no puedan demostrar que son propietarios, aunque la Alcaldía dijo a este medio que reconocerá una ayuda a quienes viven de arriendo en el lugar. Llama la atención que la Administración de Florida tampoco ha adelantando ninguna gestión u obra de mitigación en Villa Campestre, aunque el fallo incluye la orden para que tome todas las medidas necesarias con tal de evitar un drama mayor mientras la reubicación está lista.

Y eso que el alcalde González ya fue multado con diez salarios mínimos mensuales por el desacato a una tutela que lo obliga a cumplir la totalidad de la sentencia. “Me pueden meter preso por ese tema pero es que no me puedo volver plata. Para mediados del próximo año tenemos el asunto resuelto”, aseguró a reporteros de este diario.

Abuso de autoridad y atracos colectivos en Bogotá

Por: Santiago Martínez Hernández / Juan David Laverde Palma
Aroldo José Villanueva, de 52 años, es licenciado en ciencias sociales, politólogo y funcionario de la administración de Gustavo Petro.
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Actualmente trabaja en la oficina de control interno del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.
El pasado 23 de diciembre por poco lo atracan en pleno centro de Bogotá. Cuando fue a denunciar el hecho a un CAI cercano, dice, se negaron a recibir su reclamo y, al contrario, terminó detenido esa noche en la UPJ de Puente Aranda. En diálogo con El Espectador, contó en detalle su calvario, un relato tan escabroso que este diario prefiere publicarlo así, en sus propias palabras. “Esta odisea comenzó el domingo 23 de diciembre. Mi jefe me pidió unas cosas —nosotros tenemos una oficina en el centro de Bogotá, una cooperativa de transporte en la calle 23 con 13—. Apenas terminé me fui caminando hacia mi casa, ubicada en Teusaquillo. Hacia las 6:30 p.m., por el sector de La Rebeca, me salieron dos tipos con un puñal y una navaja. Estaba atracado, pero justo llegó una moto de la Policía y se los llevaron. Los uniformados me dijeron que en media hora o una hora llevaban a los tipos al CAI para que fuera y los denunciara por el porte de armas y el intento de atraco. Cuando llego a la estación de Policía no estaban ni los delincuentes ni los motorizados, sólo un uniformado identificado con el número 30676 que me dice que no los puedo denunciar porque el atraco no se llevó a cabo.
Exaltado le respondo que conozco mis derechos y que como funcionario de la Secretaría de Gobierno del Distrito es mi deber denunciar lo que había pasado. El tipo me dice: ‘Ah, ¿muy bravo? Ahora que llegue el camión te monto a ti’. Yo le respondí indignado: ‘Entonces gánate la lotería’. Cuando llega el camión los vecinos que me conocen le dicen al policía que la estaban embarrando conmigo, que a mí casi me atracan y que de víctima no podía pasar a sospechoso por denunciar. Él respondía que le importaba un carajo, y a lo que llegó el camión, a punta de empujones me subió. Sabía que estaban violando mis derechos porque hasta el año pasado fui miembro del Comité de Derechos Humanos de la localidad de Puente Aranda. Me puse como carne de cañón. Pero si hubiera sabido lo que iba a vivir allí no lo habría hecho y hubiera entregado mis cosas a los vecinos. Yo soy harlista, tengo chaqueta, canguro, correa, guantes y gafas marca Harley Davidson. Y todos los domingos me visto así.
Durante el recorrido comienzan a pasearme por todos los CAI de la localidad de Santa Fe. En el camión se monta de todo: habitantes de calle, infractores, borrachos y sospechosos. A todo el que iba subiendo lo atracaban tres sujetos, entre los que estaban los dos que intentaron robarme. Más de 40 personas que se subieron al camión fueron asaltadas. A mí me quitaron un celular y $250.000. Cada vez que pasábamos por un CAI le decía al uniformado que abría y cerraba la puerta del camión que me dejara hablar con el comandante, que nos estaban robando, pero la respuesta eran golpes y golpes. Los tipos que nos robaron me señalaban y me decían: ‘Allá adentro me las paga’. Se referían a cuando llegáramos a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda. Fue terrible. Ahí la que mandaba era la delincuencia. Asustado, mientras estaba en el camión logré comunicarme con mi casa con el segundo celular, que no me robaron. Uno que camuflé. Hasta llamé a una amiga que es procuradora de familia, Yaneth Suárez Caballero. También le conté a un hijo mío que es abogado en Barranquilla y le di las placas de los agentes y del móvil en el que me conducían. Igual, ninguno de ellos pudo hacer mayor cosa.
Dentro del camión, durante esas siete horas —entre las 6:30 p.m. y la 1:30 a.m. del 24 de diciembre— viví un atraco colectivo con complicidad de unos policías. Eso lo denuncié ya a la Fiscalía. Allí no se cumplen los procedimientos policiales, a nadie requisan, o por lo menos no a estos tipos que atracaron a más de 40 personas. Esto es inaudito. Es como un paseo millonario. Y no es la primera vez que ocurre. Hay denuncias sobre denuncias de que eso pasa durante el recorrido siniestro y macabro mientras usted llega a la UPJ de Puente Aranda. Una vez allí le informé a un policía lo ocurrido, que nos habían atracado en el camión. Otras de las víctimas también corroboran mi denuncia, pero no me dejan escribir ni dejar constancia en la minuta de lo que pasó. Terrible. Lo que sigue es el primer paso de la humillación. Cuando lo reseñan a uno lo desnudan y le quitan los cordones. Después te dicen que no puedes entrar con ciertos objetos: USB, gafas, celulares, esferos, y solamente te dejan ingresar el chip del celular, pero no te dan acta de decomiso ni permiten el uso de locker. Apenas reclamo, un policía en una bata me empieza a pegar puños en la cara y con el bolillo. Él es el que me roba mis cosas: las gafas, el cinturón y todas las cosas de Harley Davidson.
Lo que ocurre en las UPJ es inhumano. No podía creer lo que me estaba pasando. Lo peor estaba por pasar. En esas UPJ se vende y se consume droga. Yo ya conocía la UPJ de Puente Aranda. Había ido en calidad de funcionario para velar por los derechos humanos. Ahora estaba como sospechoso, ¡por denunciar! Increíble. Cuando finaliza el proceso de identificación allí y cuando nos iban a llevar a los pabellones me resisto porque sabía que si entraba al mismo lugar con mis atracadores, a quienes denuncié una y otra vez, mi vida podía correr peligro. Habría sido una calamidad. Entonces me aferro a una reja y comienzan los policías a darme bolillo. Yo les decía que no y les explicaba. Ellos insistían, bolillo en mano, ‘para arriba, para arriba’. Hasta que por fin aparece una mujer policía y me pregunta qué me pasa. Ella decide abrir un calabozo del primer piso y hasta las 2:30 a.m. me quedo ahí solo. Luego comienzan a llenar mi pabellón con más de 250 personas, la máxima capacidad permitida, y es cuando empiezo a ver de todo: droga por todas partes. Y la policía no hace nada.
Lo más inhumano es cuando se empieza a llenar y uno les pide a los policías un baño. ‘Necesito dar del cuerpo’, les digo y su respuesta no se me olvida: ‘Hágalo como quiera’. Entonces les digo: ‘Pero estas unidades sanitarias que están ahí son para el servicio de uno’. Sólo hasta la mañana siguiente le permiten a uno hacer uso del baño, lo cual es violatorio de los derechos humanos. Al final de la noche ese pabellón estaba lleno de mierda y orines. Imagínese el olor que había. Es la infamia más grande que puede pasar un ser humano. Lo peor es que ahí adentro comienzan unas lealtades al estilo Al Capone. Si usted quiere dormir un rato le dicen que lo cuidan, pero por plata. Aparece como un capo en el pabellón al que toca darle plata. Si quieres consumir droga, lo puedes hacer sin problema. La gente paga $1.000, $2.000, $5.000, hasta $10.000, por un ‘pase’. Es el comercio más asqueroso que hay allí en ese momento. Y sobre las 6 de la mañana, uno ya con ganas de salir, le empiezan a decir que a las 7, que a las 8, que a las 9, y la gente ya muerta del hambre cae en otra trampa: allá le venden a usted un tinto con un pedacito de pan y de salchichón por $5.000. Una actividad que tampoco es legal y que también la denuncié.
Finalmente a las 11:30 de la mañana del 24 de diciembre nos dieron salida. Empieza uno a hacer fila y sale como ganado. Se firma un libro y luego la odisea es para recuperar las pertenencias cuando ni siquiera me hicieron un acta de las cosas que me quitaron. Cuando reclamé mis cosas nada más encontré un celular. Por eso los denuncio por hurto. De inmediato le comenté a un sargento del robo. Me identifiqué como funcionario público, pero ellos son ciegos porque es la ley del bolillo, las patadas, los puños y la vulgaridad. El uniformado me dijo que me fuera para mi casa y que al día siguiente fuera al mismo CAI del Centro donde me montaron al camión para denunciar. Yo de pendejo fui el 25 de diciembre. Y entonces me ponen a dar vueltas: que fuera a Medicina Legal, luego que a Paloquemao, después que a una URI en Puente Aranda. Ahí un señor de la Fiscalía me dijo: ‘A usted le están tomando del pelo para que se le pasen todas las secuelas que tiene de golpes en su cuerpo. Vaya a su EPS’. Le agradecí. Arranqué para Colsánitas y de inmediato me dieron incapacidad porque no podía ni caminar. También me remitieron de nuevo a Medicina Legal y allí un médico legista determinó que la incapacidad debía ser por 12 días.
Es que me golpearon en la cara, costillas, manos, piernas. Jamás me había pasado algo como esto en mis 52 años de vida. Por eso no dudo en denunciarlo. Yo soy licenciado en ciencias sociales, politólogo con una maestría en administración pública y he trabajado en la Personería, la Contraloría y la Secretaría de Gobierno de Bogotá. He sido jefe de servicios generales, jefe de presupuestos de la Contraloría Distrital, jefe de recursos humanos. Ahora me desempeño como profesional especializado en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Idpac, que maneja todo lo que tiene que ver con las Juntas de Acción Comunal. Tengo tres hijos: uno abogado, una psicóloga y una médica. Mi familia estaba asustada en un principio cuando les dije que iba a denunciar lo que me pasó. Les hice entender que como funcionario del gobierno distrital era mi obligación hacerle saber a las autoridades de estos abusos, de lo ocurrido con el camión, de lo que vi en la UPJ, de cómo los más mínimos derechos humanos no se me respetaron y, al parecer, no se respetan en estas unidades.
En todo este calvario, los golpes, los bolillos, el maltrato, vi casos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad, negación de la justicia, incumplimiento de la sentencia constitucional del debido proceso, consumo y venta de estupefacientes y microtráfico de drogas. Les digo más. No voy a claudicar en mi denuncia. Estos señores deben responder por sus acciones. La Procuraduría y la Fiscalía deberán evaluar lo ocurrido. Tengo las placas de tres de los policías que me agredieron. Pero en total fueron seis. Tengo todas las pruebas que acreditan estos abusos. El informe de mi EPS, la incapacidad de Medicina Legal, el registro de las llamadas en donde informaba lo que me estaba pasando en el camión, en fin. Además, como servidor del Distrito conozco mis derechos. Es absurdo que yo que voy a judicializar a unos delincuentes que por poco me atracan termine después atracado en el camión de estacas de la Policía. Y que, además, no me hayan dejado denunciar esto en el CAI ni en la UPJ ni en ninguna parte.
Voy a ir hasta las últimas consecuencias. …Le mandaré esta denuncia al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez; al secretario anticorrupción; al Defensor del Pueblo; al Ministerio Público. Esto que me pasó no le puede pasar a la gente que por confiar en las autoridades, por acudir a la denuncia de unos delincuentes, termine tratada como el peor de los bandidos. Esto no puede pasar”.

La colonización antioqueña del norte colombiano: El fín del mito paisa

Por Marta Lucia Fernández Espinosa 726733420especial para La Pluma

A propósito de los diálogos entre las FARC y Santos

Carlos Gaviria Troconis, proveniente de España, llegó a Medellín en 1674 al mismo tiempo de su fundación, y ya figura como gobernador de Antioquia, en 1676 y 1679; haciéndose dueño de un territorio que iba desde “La Mosca, cerca de Rionegro, hasta la parte más alta de Granizal, en Copacabana”1, sabido como es que también el pueblo de Sopetrán se reclama el apellido Gaviria de esta misma descendencia como objeto de sus orígenes. Entre sus descendientes encontramos a Isabel Gaviria Duque, esposa de Carlos Eugenio Restrepo Restrepo; a César Gaviria Trujillo quien además de autor de los procesos conducentes al TLC y los ajustes necesarios de la nueva constitución es también padre de Simón Gaviria quien pretendió implementar la reciente reforma a la justicia; cuya madre Ana Milena Muñoz Gómez, es descendiente de la familia Calderón que la emparientan con el presidente Juan Manuel Santos y la familia Gómez de Antioquia.

De esta descendencia es también Pablo Escobar Gaviria, Luis Guillermo Gaviria Echeverri (dueño de las tierras de Urabá que mayor conflicto social y desplazamiento han ocasionado a los colombianos en los últimos años) e incluso a José Obdulio Gaviria y su hermano Luis Mario Gaviria Vélez quien coordina el programa presidencial de acción social en Urabá que registra a los desplazados. Pero a esta familia pertenece aún Carlos Gaviria Díaz este ser, que pudo ganarse la confianza de tantos incautos, ha fabricado en sus manos la constante división del Polo Democrático y su eminente distancia con los movimientos sociales. En su reciente expresión de que “el sujeto político que es el pueblo está por construir”, se esconde el arribismo de estas castas negadoras de lo popular, toda vez que es el predicado de sus posturas más definidas: la indisposición por las negociaciones de paz y la satanización del movimiento Marcha Patriótica. De esta estirpe provienen los “liberales de Rionegro”, un apellido y color político de estos matices se le sale a cualquier descendiente en el momento menos esperado.

Los territorios de Urabá en manos de los Gaviria, en las misma tierras y momentos en que confluyen intereses estadounidenses a principios del siglo XX podría dejar en claro una historia que ya se va destiñendo y como un lienzo viejo empieza a mostrar los trazos que ocultaba. Podría acaso parecernos una coincidencia el hecho de que Mariano Ospina Pérez se encuentre en Guatemala en los tiempos en que Minor Keith, quien iba a fundar la United Fruit Compañy, se encuentra en Costa Rica y que ambos estén interesados en fundar empresas agrarias unidas a ferrovías y canales? Podría parecernos inocente que Mariano Ospina se hubiese hospedado en albergues jesuitas en Guatemala y que regresara a Panamá justo en los momentos en que se preparaba la arremetida oportuna de la separación de Panamá?

Proveniente de Viscaya y quien se instaló en San Jerónimo a finales del siglo XVII, un tal Antonio Echavarría Jauregui, de quien descienden personas bastante calladas y guapas para conseguir platica y financiar el poder local, tanto el legal como el ilegal, según se deja ver con Nicolás Echavarría Mesa, que “produce en Urabá y comercializa en Europa 72 millones de dólares de banano. Sin problema cambia su corbata por una sencilla camiseta para acompañar a Santos en manifestaciones públicas. Él va por respaldos económicos, pero también por el calificado voto de hombres que manejan corporaciones cuyos patrimonios se cuentan en billones de pesos, que viven bien datiados, que les hablan al oído a los gobernantes y que son protagonistas de la vida económica y social.”2

Pero al mismo tiempo Nicolás Echavarría Mesa, hace parte del grupo de bananeros de Urabá inculpados por el sostenimiento de grupos paramilitares. Jorge Alberto Uribe Echavarría (ex ministro de defensa de Uribe, en tiempos en los cuales se llevó a cabo la masacre de San José de Apartadó del año 2005, en un proceso en el que han resultado condenados algunos paramilitares y se han visto implicados treinta militares) y Nicolás Echavarría se han vinculado al apoyo directo tanto a Uribe como a Santos, abandonando la tradicional actuación detrás del telón que ha conservado la familia Echavarría, actitud con la que posan de estirpes nobles y de personajes de bien caídos del cielo.

La colonización del occidente colombiano tan afamada es hermana de sangre del proceso colonizador hacia el norte de Antioquia, una historia vergonzosa y sangrienta en la que Gaviria, Echavarría, Posada, Tobón, Ospina son algunas de las familias más descollantes de la industria medellinense que colonizaban y desmembraban el departamento de Bolívar y el Urabá a fuerza de establecer haciendas ganaderas y agrícolas. Desde 1912, a dos años de fundada la Sociedad Ganadera Berástegui, se conforma la Sociedad Agrícola del Sinú, que adquiere la Hacienda Marta Magdalena (hoy conformada por las fincas: EL UBÉRRIMO de Uribe Vélez, Doble Cero de Doble Cero, Cedro Cocido de Fidel Castaño y Campamento de Salvatore Mancuso); ambos proyectos antioqueños que para entonces se extienden hacia el norte, en límites entre Antioquia y Bolívar. El período siguiente coincidirá con la presencia de empresas estadounidenses, que van a enfrentar las organizaciones sindicales nacientes del agro.

Es este el escenario en el que aparece la United Fruit Compañy que luego será la Chiquita Brands a la que nos acostumbramos a ver como llegada de fuera, sin vínculo directo con los empresarios nacionales. Ospinas y Echavarrías se abanderan del auge ganadero en Colombia, según las propias palabras de Guillermo Echavarría Misas (hijo de Alejandro Echavarría, hermano de Diego Echavarría Misas y dueño de la hacienda Mundo Nuevo, una familia que se ha pretendido filantrópica y forjadora de la industria antioqueña), y que conocemos a través del valioso texto La Instauración de la Ganadería en el Valle del Sinú, de Gloria Isabel Ocampo. “fue por la ida nuestra de los antioqueños allá, los Ospina y los Echavarría, fuimos los que animamos a la gente de aquí, eso se llenó de antioqueños después” Y al parecer, de acuerdo con la misma autora, los Restrepo, Posada y Tobón, Escobar, Vásquez, Correa y Moreno, con sus casas comerciales, fueron socios de la Hacienda Marta Magdalena.

En 1948 se inicia la creación y en 1952 se concluye la fundación el departamento de Córdoba en tierras en las que Gumercindo Montoya (el suegro de Heriberto Echavarría) y Nicolás Echavarría ya extendían sus dominios terratenientes. El proceso de consolidación y expansión de estos hacendados ganaderos, va a coincidir con el Frente Nacional. Se suma a los eventos álgidos de 1948, con el asesinato de Gaitán, la reunión de la ONU en Bogotá, el surgimiento de RCN, la fundación de campeonatos nacionales de fútbol, el nacimiento del departamento de Córdoba, arrancado “de buena fe” de las tierras que otrora fueran del departamento de Bolívar, así como en 1966 otros territorios conformarán el departamento de Sucre. Robados a Bolívar estos territorios de Córdoba y Sucre, parecen plantearnos un extraño ajedrez en donde las piezas de los antioqueños parecen burlarse de lo poco que de (Simón) Bolívar iban a dejar en Colombia.

El triunfo de José María Córbova en Cartagena en 1821 parecía una premonición de lo que anhelaban concluir los colonizadores antioqueños y que hemos ido observando en los últimos años: el dominio absoluto del Caribe colombiano. No obstante Antonio José de Sucre nos recuerde al emblemático Mariscal de Ayacucho, el sucesor que Bolívar hubiese querido en su lugar; también este nombre nos recuerda al presbítero Antonio José de Sucre Alcalá, su sobrino, el sectario ideólogo conservador que se enfrentó a los liberales radicales de 1863 y que fuera un héroe para los conservadores. El mismo que compartiera la cárcel cartagenera con Mariano Ospina Rodríguez en 1862. Con estas indagaciones tendríamos claro como los nombres de los departamentos de Córdoba y Sucre, arrebatados a tierras del departamento de Bolívar, tienen en si una clara motivación de los conservadores antioqueños y conllevan en si una provocación y una confesión de oposición al proyecto independentista bolivariano.

No podemos dejar de recordar que a partir de 1995, ganaderos, bananeros y madereros han sostenido a los paramilitares que desde entonces han llevado diferentes nombres y se han tornado en marcas registradas que han hecho concesión del territorio nacional. Guillermo Gaviria Echeverri ha estado vinculado directamente en uno y otro negocio. No obstante la familia Gaviria se ve involucrada en diferentes facetas del proceso de erradicación de la pequeña propiedad rural y la extensión del latifundio, en lo que van siendo acompañadas por sus antiguos compañeros “civilizadores” de la colonización antioqueña.

Es oportuno recordar que esta colonización requirió también en el pasado del latifundio, para lo cual recibieron apoyos directos de gobernantes. Mon y Velarde y Francisco Baraya, entre otros, fueron grandes respaldos para que los “empresarios” de la colonización antioqueña instalaran un proceso de ocupación de la tierra que luego fue disfrazado de democrático al establecer parcelaciones agrícolas que tenían por objeto el apoyo alimentario permanente al proceso de explotación minera. Un creativo proyecto empresarial que iba a permitir la salida de la economía minera tradicional que al dedicarse exclusivamente a la explotación de minerales dejaba de lado la economía agrícola y moría de hambre; haciendo de los intentos empresariales fracasos económicos constantes y auspiciaba el nomadismo.

Los empresarios “compradores de tierras de buena fé” de hoy, en las zonas que han vivido serios conflictos sociales, trasplantados por hábiles comerciantes antioqueños del asesinato, son también las tradicionales familias colonizadoras antioqueñas. Pero también son estas familias las que hoy se abanderan de la creación de organizaciones sociales y de los inventarios de desplazados, a más del reconocimiento de la existencia de los fenómenos de desplazamiento. Más sorprendente resulta que Luis Mario Gaviria Vélez, quien estuvo detenido en Estados Unidos en compañía de su hermano Jorge Fernando Gaviria (ambos hermanos de José Obdulio), por presunta participación en el tráfico de drogas en el año 1983; se hubiesen desempeñado ambos en cargos destacados en el proceso de paz y reparación durante el gobierno de su familiar Uribe Vélez, así como en el gobierno de Santos.

Nos sorprende especialmente ya que durante las discusiones de la Ley 107 de 2010 sobre reparación integral de las víctimas y restitución de tierras, los ataques más enconados vinieron de la extrema derecha representada por tres personajes fundamentales a saber: Luis Fernando Londoño Hoyos, Andrés Felipe Arias y José Obdulio Gaviria Vélez, quienes desde entonces argüían que los “propietarios y poseedores de tierras de buena fe” no estaban obligados a devolver las tierras, anunciando que las defenderían aún a precio de una guerra civil, según lo advertía el abogado Luis Carlos Domínguez Prada, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Es de anotar que siendo Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias y el mismo presidente Uribe quisieron mostrar a los indígenas del Cauca como grandes latifundistas al afirmar que del total de la población caucana los 320 mil indígenas no eran más que el 26% de la población, siendo dueños del 30% de las tierras.

Ahora que los vientos de paz soplan con algarabía en Colombia, es importante que tengamos claro que el gobierno tiene poco que ofrecer en una mesa de negociación con las FARC, si a los asuntos de tierras se refiere. Es importante estar atentos a esos actores que en calidad de dirigentes de organizaciones sociales pretenden abogar por los derechos de los desplazados, porque los mismos beneficiarios del desplazamiento han sido los que organizan las pantomimas de inventariar a las víctimas, y de paso son también los mismos dueños de aparatos militares que administran el país por encima de las fuerzas armadas legítimas ocasionando gran burla y desprestigio del ejército nacional. Al fin empezamos a ver desteñirse el trapito con el que se ondeaba la bandera de una colonización gloriosa de los emprendedores paisas, para entender que estos han llevado a donde fueren un país hecho a “golpes de hacha”.

Notas

1.Zuleta, Educardo. Manuel Uribe Ángel y los literatos antioqueños de su época.

2. El voto de los “cacaos”. El Colombiano 16 de mayo de 2010

Cuando el compromiso con el deber se sobrepone al miedo

 Crónica de Shirley Nuñoz

Una de las realidades que marcan a Colombia en el concierto mundial, es su alto índice de violencia antisindical. Las cifras son tozudas: 2.932 asesinatos desde 1986 hasta hoy, 5.915 amenazas y 298 atentados. Esas son apenas las frías estadísticas del fenómeno, porque detrás de ellas hay rostros, historias desgarradoras, sindicatos desarticulados, rabia y dolor humano.

El rostro de la violencia antisindical en Colombia

Uno de esos rostros, valiente por demás, es el de María Victoria Jiménez, bacterióloga del hospital de Santafé de Antioquia y presidenta en este municipio del sindicato Anthoc, no de los más martirizados por la violencia.

En los últimos años esta mujer ha sido víctima de reiteradas amenazas y un atentado que casi le cuesta la vida, caso que además tiene tintes de violencia de género. Es uno de los muchos casos de sindicalistas que exponen su tranquilidad y su vida por cumplir su misión y su deber; es la historia que cuenta la crónica que publicamos hoy. En agosto del 2009 María Victoria Jiménez, bacterióloga del Hospital San Juan de Dios de Santafé de Antioquia, y presidenta de la subdirectiva en ese municipio de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), al regresar de vacaciones se encontró con la sorpresa de que durante su ausencia el cuadro de sus turnos había sido llenado con disponibilidades, hecho éste que le disgustó pero que ignoró, toda vez que ya era algo de común ocurrencia en el hospital.

En general, el ambiente que encontró fue el mismo que había antes de tomar sus vacaciones. Pero algo había cambiado, algo comenzaba a tramarse de manera soterrada, algo que ella no supo leer, o no asoció con su situación. Fue el caso de dos hombres que en dos ocasiones vio en una moto merodeando en la ruta que ella usaba para ir al trabajo. Así llegó el 24 de septiembre, fecha en que, a eso de las 7:40 de la noche, recibió una llamada del hospital. La solicitaban para que hiciera una disponibilidad, solicitud que la extrañó porque a esa hora era inusual. Al llegar advirtió que su compañero de laboratorio, Jorge Macías, hacía pocos minutos se había ido, detalle también extraño, pues no era normal que a esa hora estuviese en el hospital, más aún cuando encontró varias muestras de sangre pendientes de analizar.

A las 9:15 regresó a su casa, ubicada en una finca de las afueras del municipio, y observó que el portón estaba a oscuras. Seguramente —pensó— su mamá había apagado todas las luces creyendo que esa noche ella se iba a quedar en casa de su tía. Pero cuando introdujo la llave en la cerradura sintió una mano sobre su boca, y el cuerpo de un hombre que la retenía desde detrás y la golpeaba en diferentes partes. Cuando pudo liberarse de la mano que le oprimía la boca, con todas sus fuerzas gritó varias veces. De inmediato las luces de la casa se encendieron. Sujeta por los brazos de su atacante, María Victoria se movía desesperada, hasta que cayó al piso, momento en que advirtió que eran dos los hombres que la atacaban.

Intentó levantar la cabeza para mirarles sus rostros, pero antes de lograrlo un último golpe impactó su cara. Asustados por la luz, los gritos de su mamá y los ladridos de los perros vecinos, los dos hombres huyeron, dejándola tirada en el suelo. Ella, aterrorizada, se llevó las manos a la cara y se dio cuenta de que la nariz no estaba en su lugar. Miró su cuerpo y descubrió su ropa llena de sangre. En ese momento se percató de que no eran golpes lo que había recibido, eran heridas penetrantes, hechas con el cuchillo que su atacante había dejado abandonado en el piso.

La llevaron de urgencia al hospital, de donde apenas 15 minutos antes había salido. Llegó herida de 7 puñaladas y con la nariz destrozada por el último golpe que recibió en el suelo, razón por la cual esa misma noche fue trasladada en ambulancia a la Clínica Medellín. Allí le examinaron sus heridas y le hicieron las primeras intervenciones de reconstrucción de su cuerpo, en especial de su nariz. En total serían 12 las operaciones que finalmente le practicaron. Pero es necesario remitirse al pasado para poder entender cómo y por qué María Victoria llegó a ser víctima de una esa agresión tan brutal.

Denuncias y acoso laboral como telón de fondo

Es indudable que todo el drama que ha vivido María Victoria es fruto de su actividad como dirigente sindical, y se puede decir que comenzó después de que el alcalde del municipio nombrara a Liliana García como gerente del hospital, tras un breve período de interinidad. Ella, en su condición de líder sindical y representante de los trabajadores en la Junta Directiva del hospital, denunció este nombramiento porque fue hecho a dedo, sin el debido concurso de méritos entre más aspirantes. Pero fue la única de la Junta que la protestó. Así que desde ese momento su situación cambió, empezó a ser blanco de acoso laboral.

Empezó a sentir la presión de los miembros de la Junta Directiva, quienes le plantearon que si quería seguir siendo parte de ésta debía renunciar al sindicato, al tiempo que se generalizó una presión desde la administración en contra de las y los trabajadores de planta. Las labores administrativas de éstos fueron asignadas a los contratistas, y las horas de trabajo comenzaron a reducirse. Ante esto los derechos de petición y las tutelas que entabló el sindicato de poco sirvieron.

Paralelamente otro hecho anómalo comenzaba a evidenciarse: por ciertos indicios María Victoria se dio cuenta de que posiblemente se estaban presentando robos por parte de los contratistas, y se dio a la tarea de investigarlos. Fue grande su sorpresa al enterarse de que los robos ocurrían en su propio espacio de trabajo: el laboratorio, y que el bacteriólogo Jorge Macías era el responsable, tal como lo logró demostrar con las pruebas que recogió y que presentó a la Junta Directiva. La respuesta a su denuncia fue el silencio de la directora del hospital y la promesa de una investigación, que en realidad no se hizo.

Sin presentir las consecuencias que su erguida actitud le traería, María Victoria continuó atenta a todos los movimientos del hospital, y siguió levantando su voz cada vez que fue necesario. En consecuencia, el acoso laboral no cesó, las presiones continuaron y el clima laboral se deterioró, tanto que decidió denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo, al que envió un documento en el que describía la situación laboral en el hospital e informaba del acoso al que estaban siendo sometidos los trabajadores. Diez días después de que formulara esas denuncias ante el Ministerio, le ocurrió lo que ya se contó atrás: fue víctima del atentado que por poco le cuesta la vida. 

Los vericuetos de la Fiscalía

Una vez recuperada de sus heridas y terminado su tiempo de incapacidad, María Victoria regresó a su puesto de trabajo en el hospital, a compartir el mismo espacio con Jorge Macías, la persona que ella sospechaba que algo tenía que ver con el atentado del que fue víctima. Para entonces, por gestión de Anthoc, el gobierno le había asignado un esquema de seguridad. En esas estaba cuando fue nombrada vicepresidenta de Anthoc a nivel departamental, y eso determinó su traslado a Medellín con permiso sindical, tiempo que también aprovechó para someterse a las intervenciones quirúrgicas de reconstrucción de su nariz y de uno de sus senos.

Pero al poco tiempo la situación tomó un giro inesperado: la zozobra se desplazó hacia su familia en Santafé de Antioquia, que empezó a recibir insistentes llamadas intimidantes, amenazas, de parte de uno de los sicarios que atentó contra la vida de María Victoria, eso fue claro. La solución que una de sus primas encontró para que las dejaran en paz, fue ofrecerle dinero al hombre que las estaba amenazando, quien aceptó entrar en esa negociación. Entonces todo cambió. El hombre no sólo dejó de amenazar a su familia sino que, a cambio de dinero, les envió pruebas y nombres de las personas que estuvieron detrás del atentado a María Victoria.

Les envió una grabación en la que señalaba quién les dio la orden, quién los llevó hasta la finca, por qué no utilizaron arma de fuego, etc. Y mencionó al bacteriólogo Jorge Macías como la persona que dio la orden, hecho que se confirmó al revisar la cuenta bancaria que el hombre les dio para que le consignaran el dinero: fue la misma en la que Macías hizo su consignación por el “servicio” prestado. A pesar de que María Victoria le entregó esta prueba a la Fiscalía, y de que el investigador designado, Jaime Henao, logró identificar a 6 personas implicadas en el intento de homicidio del que fue víctima (entre ellas personas del mismo hospital), poco ha avanzado la investigación.

Entre otras cosas porque de manera misteriosa desaparecieron 4 órdenes de captura que se libraron en contra de los implicados, y porque el investigador Henao, quien había mostrado especial interés en resolver su caso, fue asesinado en Medellín. Lo curioso es que en este caso la Fiscalía llegó a plantear móviles pasionales, argumento éste que no es nuevo ni extraño dentro de las investigaciones por homicidios y violencia antisindical en el país, en las que son comunes las apelaciones y condicionamientos a móviles amorosos, no exentos de una fuerte carga de discriminación de género.

En el caso de María Victoria, según ella misma lo admite, el ingrediente de género ha tenido un fuerte peso, tanto en las presiones que la administración del hospital ha ejercido sobre ella, como en el supuesto móvil pasional que argumentó la Fiscalía. “Si hubiera sido un hombre el que estuviera en mi situación, las cosas habrían ocurrido de otra manera”, concluye. Sabe que hace pocas semanas la investigación de su caso se reactivó, en el mismo punto donde la dejó el investigador Henao, pero eso no logra disolver su escepticismo. Teme que la agresión de que fue víctima, aún con las pruebas que se han recogido, quede en la impunidad.  

Levantar la voz para sobreponerse al miedo

A María Victoria las cicatrices no sólo le han quedado en el cuerpo, se han trasladado a su familia y a la organización sindical que preside. Tanto así que después de tres años sus compañeros de la subdirectiva de Anthoc en Santafé de Antioquia siguen con miedo, nadie se ha atrevido a reemplazarla en la presidencia del sindicato. Además, en los últimos meses ha tenido que lidiar con nuevas situaciones de acosos e intentos de amedrentamiento, a ella y a su familia. Por ejemplo, hace tres semanas recibió una llamada con la que pretendieron intimidarla para que no regresara a su pueblo.

Sin embargo, cada una de las situaciones y angustias que ha experimentado, en vez de doblegarla la han fortalecido, le han dado la resistencia necesaria para seguir con su trabajo sindical. No sólo regresó a Santafé de Antioquia y retomó la presidencia de la subdirectiva de Anthoc allí, sino que continúa como vicepresidenta del sindicato a nivel departamental. Dice que sus convicciones sindicales se han reforzado. Tampoco quiere guardar silencio ni dejar de secundar a sus compañeros en la defensa de sus derechos. Todo lo contrario: sigue dispuesta a imponer su voz sobre aquellos que quieren silenciarla. Es una mujer valiente, no hay duda.

De alcaldadas, personeradas y más…

Por Rubén Darío Sánchez Alvis

Mediante Resolución No. 291 de Septiembre 20 de 2012, el alcalde encargado de Florida, Alexander Rojas Rentería, presuntamente inhabilitado para ocupar el cargo de secretario de Planeación Municipal, revoca los Actos Administrativos contenidos en la Convocatoría Pública del 16 de Febrero de 2012, por medio de la cual se designa gerente de la E.S.E Hospital Benjamin Barney Gasca de ese municipio. Con Resolución No. 290 de la misma fecha, anterior a la revocatoría, designa como gerente encargado al doctor Hernando Velez Feijoo, habiendo ocupado el último puesto en el Concurso.

La Sentencia 095 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de fecha 10 de Octubre de 2012, tuteló los derechos al debido proceso y al trabajo del doctor Dimas Antonio Martínez Toro, que había ocupado el primer lugar de la Lista de Elegibles en el Concurso de Méritos. Ordenó el reintegro y ofició a la Procuraduría General de la Nación para que investigara si existian intereses políticos de las partes en la designación del cargo de gerente del hospital.

Sin embargo el personero municipal, con base en una queja que había sido presentada desde el mes de Febrero por Bibiana Morales, Tulio Gonzales Forero y otros médicos que no quedaron en la Lista de Elegibles, decidió abrir investigación disciplinaria el 24 de Octubre, suspenderlo por 90 dias y remitir el expediente a la Procuraduría Regional del Valle, sin haber escuchado los descargos del gerente titular del hospital. Queja que también fue presentada a la Procuraduría Provincial quien había iniciado el proceso disciplinario desde el mes de Mayo.

El pasado 1 de Noviembre la misma Procuraduría Provincial, solicitó al personero municipal, Ricardo Salazar Pérez, suspender la actuación sobre el gerente de la E.S.E, en espera de que la Viceprocuradora  General de la Nación resuelva sobre la solicitud del poder preferente. No obstante lo anterior la Personería no se ha pronunciado y la suspensión del titular continua, con otro agravante: El alcalde Tulio Gonzales designó nuevamente como gerente encargado desde el pasado 25 de Octubre al médico Hernando Velez Feijoo sin reunir las exigencias y sin asignarle ningún tipo de remuneración.

Cual será el siguiente capitulo de éste melodrama de desaciertos administrativos y disciplinarios que sólo contribuyen a menoscabar más la ya maltrecha institucionalidad de un municipio como Florida, signado además por la corrupción administrativa, el conflicto armado interno y las bandas delincuenciales y que se ha convertido en comidilla de los medios de comunicación que ya le apuestan a la posibilidad de nueva convocatoría a elecciones de alcalde y personero o de otros que añoran el regreso del inhabilitado ex alcalde Doney Ospina Medina.

MIO: más que masivo, ¡invasivo!

Uno de los problemas de mayor repercusión en las jornadas de la Semana de la Indignación fue el de los pequeños y medianos transportadores de Cali, afectados por las imposiciones del Alcalde y de los cuatro pulpos que se lucran del MÍO.
Los conductores respondieron no solo con la protesta masiva sino con la organización a través de su propio sindicato. Aquí está la historia.
Por Keren E. Roa Silva (*) / Paréntesis
Viernes 12 de Octubre de 2012, día en que se recuerda cada año de distintas formas el “descubrimiento” de América hace más de 500 años. El intercambio de culturas a raíz de esto fuertemente, de manera indiscriminada y violenta. Ya es casi la una de la tarde, se empieza a notar un encuentro por parte de muchos caleños en frente de la Gobernación del Valle del Cauca, se pusieron cita allí varios grupos de personas que hacen parte de distintas marchas y organizaciones, pero con un propósito en común. Hubo indígenas, afrodescendientes, jóvenes universitarios, adultos de todas las edades y varios niños acompañados de sus padres. Todos ellos en marcha por una Cali y por un país mejor, un país con prioridad para la educación e incluyente., piden garantías para que sus derechos no queden en un simple papel, quieren que se cumplan.
Al lugar llegó Enrique Hoyos, un hombre de piel trigueña, de voz fuerte, con rasgos que muestran trabajo arduo, que demuestra que es una persona de carácter y que es alguien con mucho empeño. Está en este punto de encuentro no solo por ser el Vicepresidente del Sindicato de Transportadores de Cali, Sintranscali, sino también como un caleño que empezó a prestar su vocería para abogar por el pueblo y lograr ser escuchados. Hay que recordar el miércoles 29 de agosto del presente año, día en el cual Cali entró en un momento de congestión vehicular, los transportadores se formaron en algunas vías del norte con sus buses y busetas para protestar por lo que no cumplieron los más poderosos en este sistema de transporte.
Los transportadores de los buses colectivos tradicionales se sintieron indignados y bloquearon gran parte de la Avenida de las Américas. Indignados porque les mintieron. Los comenzaron a sacar del sistema de transporte urbano de Cali desde el mes de septiembre pasado. Les mintieron ya que el acuerdo de ellos, los transportadores, con el alcalde Rodrigo Guerrero y los operadores del MÍO, era que mientras Metrocali no tenga la flota suficiente para brindarle total cobertura a la ciudad, el Ministerio de Transporte no podía sacar a ningún transportador del sistema que por años ha aportado de muchas formas a la comunidad caleña.
Narcizo Díaz Muñoz, líder de la Comuna 6 en Cali, asistente a la marcha, pide el micrófono, se sube a la tarima instalada en el  lugar e igualmente, como los demás, reclama por los derechos de todos los ciudadanos y dice que con miedo no se puede luchar por lo que le pertenece a los habitantes de esta ciudad. Con respecto al tema de los pequeños transportadores, agrega: “El gusano destructor está acabando con muchas de estas familias caleñas, con su única posibilidad de empleo, ahora Cali no es colorida, ahora es solo azul”.
A parte de eso, bajo el sol de la tarde, unas cuantas gotas de lluvia y líderes sociales en la tarima dando discursos a grandes voces, el señor Narcizo Díaz se manifiesta frente al tema preocupado por la ingenuidad de los transportadores que se están dejando sacar, y añade: “Yo le digo a todos: si todos fueran como Narcizo Díaz Muñoz, que a mis 80 años sigo en pie y luchando por nuestros derechos y unidos, todo sería diferente. Según el diario ADN del viernes 28 de septiembre de 2012, ha habido 19 encuentros de conciliación entre Metrocali y las asociaciones de pequeños transportadores, pero no es tan cierto eso, pues Enrique Hoyos, vicepresidente de Sintranscali, afirma que en las mesas de negociación con tales transportadores no se han dado.
Hoyos sostiene: “A las mesas de negociación solo asisten los operadores del MÍO, propietarios y Metrocali. El señor Alcalde no nos ha enviado una carta de invitación a ninguna mesa de negociación, hacen sus negociaciones solo entre ellos y el Alcalde no ha dado respuesta a nuestra petición”. Además de estas fallas, se encuentra una en la que hay una violación al debido proceso. José Ignacio Arango, asesor jurídico de Asotranscali y abogado de los pequeños transportadores, explicó que al interponer la tutela la decisión significó “que en este momento las rutas de Blanco y Negro no están canceladas, porque las resoluciones de cancelación de rutas fueron expedidas violando el debido proceso. Entonces el juez ordena rehacer nuevamente la actuación administrativa de cancelación de rutas de la empresa”. Así lo informó el diario ADN el lunes 1 de octubre de 2012.
“¿A dónde va este bus? A la nostalgia”
Un estudiante de la Universidad del Valle, Silvio Rodríguez o Ernesto Guevara (como le gustaría llamarse), estuvo presente en la marcha del 12 de octubre y se presentó diciendo que los grandes propietarios de buses van a monopolizar todos los servicios sociales de la ciudad. “Ellos van a privatizar todo. ¿Cómo es posible que piensen en que el MÍO va a cubrir todo Cali? ¿Por qué el Alcalde, el Ministro de Transporte, la Presidenta de Metrocali, los operadores del MIO no se suben un día al este sistema de transporte para que sepan cómo se siente? Las estaciones no van a dar abasto, que primero arreglen las vías de Cali”, dice Rodríguez, y agrega que buses del MÍO, expresos y troncales, solo funcionan en sectores estratégicos, en zonas comerciales y los demás, pretroncales y rutas alimentadoras funcionan de manera deficiente en la ciudad.
Para Maricel Isaza antigua usuaria del bus colectivo, dice: “Hasta que no se organicen y haya una buena logística en la ciudad no se va a llegar a un acuerdo, los dos sistemas pueden existir perfectamente. ¿Por qué en otras ciudades han coexistido ambas opciones? Ojalá primero le den orden a la infraestructura de la ciudad”. Enrique Hoyos, de Sintranscali, al tiempo que todos están en la protesta, inicia su labor entregando información sobre el Foro de Transporte Público… Un asunto de todos, para el viernes 19 de Octubre en la Universidad Santiago de Cali sede Centro. Es una invitación por parte de todo estos pequeños transportadores que piden que los ayuden con una inclusión en el sistema del masivo, o que les paguen justamente por sus buses, o que la Alcaldía les dé trabajo, entre otras cosas.
Este transporte tradicional ha sido de los caleños toda la vida, según Oriana, estudiante de la Universidad del Valle, dice: “Se van a eliminar culturas, historias, vivencias de la cotidianidad. Además, los que trabajan en el transporte pirata van a comenzar a delinquir más y más porque los caleños van a ser perjudicados”. De acuerdo con los presentes en la protesta, todo este problema con los transportadores va a acarrear muchas consecuencias, no solo el transportador se queda sin trabajo, también todos aquellos empleados que les colaboraban a estos buses a mantenerse en forma, el señor o la madres cabeza de familia que por falta de empleo les ha tocado vender dulces en los buses, a los que solo tienen $800 o $1.000 para llegar a sus casas, a los que salen de las galerías en Alameda o Santa Elena con costales o cajas, a la ciudad la va a perjudicar de manera muy frustrante, no va a ver inclusión social en ningún lado.
“Ahora como sardinas en el MÍO los caleños vamos a tenernos que acostumbrar a desplazarnos por la ciudad, las mujeres y los hombres todos metidos en un espacio que no es propenso ni bueno para nadie, se supone que el MÍO era una alternativa más, una ayuda para los buses colectivos, porque estos transportaban a muchas personas y no cabían muchas personas en un bus, pero van a llevar a Cali a lo mismo, solo que generarán muchos inconvenientes, menos mal los estudiantes no se quedan callados, contamos con ellos”, dice con mucho furor una vez más el señor Hoyos, vicepresidente de Sintranscali. Esperan todos ellos a que se les solucione pronto el problema, pues no saben cuántos de sus compañeros están sin alimento, con sus familias desprotegidas, cuantas personas están aún  a la espera de una respuesta que los beneficie a todos. En el canal de la Universidad del Valle ha habido programas como El Téster y Punto Crítico en los cuales ellos han expuesto muchos de sus pensamientos y han mostrado todas sus preocupaciones para que el Gobierno haga algo.
Ellos están a la expectativa de que el Alcalde se pronuncie y les dé la cara, que no diga que Sintranscali no existe para él porque no tienen un registro en Cámara de Comercio, porque a pesar de eso tienen una protección laboral por parte del Ministerio de Trabajo, tienen los documentos que los hizo poder conformar un Sindicato de Transportadores de Cali, además son seres humanos y tienen derechos, pueden organizarse legalmente como deseen. Enrique Hoyos de Sintranscali sigue divulgando información sobre el foro en frente de todos los ciudadanos que asistieron a la marcha, indígenas, afros y muchas otras personas que rodearon la Plaza de San Francisco con sus rostros, sus banderas, sus coros y sus ganas de enfrentar las dificultades,  con muchas ganas de ser escuchados y valorados por su condición.
(*) Estudiante de periodismo de la Usaca.