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Frenar bombardeos contra el ELN recomienda el 3er informe del Frente Amplio

Tres meses han transcurrido desde que las Farc declararon el cese al fuego unilateral e indefinido. Innumerables vidas se han salvado por la decisión de este grupo insurgente, a pesar del asedio del Gobierno Nacional que continúa los operativos militares que ponen en riesgo la continuidad de esta tregua unilateral y que ha provocado muertes innecesarias.

Tercer Informe Frente Amplio por la Paz Arauca

El Frente Amplio por la Paz, mes a mes, ha documentado el cumplimiento del cese al fuego de las Farc. Su tercer informe, “¿Mientras se fortalece la paz en La Habana, se declara la guerra a las comunidades en Colombia?”, fue presentado la semana pasada en el departamento de Arauca, donde nuevamente comprueba los beneficios que la tregua ha traído para las comunidades y la economía del país.

Sin embargo varios datos alarmantes contiene el informe, como el crecimiento del paramilitarismo en once departamentos: Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Cauca, Antioquia, Tolima y Meta. También se constata el incremento de las acciones de estos grupos en la capital del país, Bogotá.

Represión a la protesta social durante la tregua unilateral

Anota el mismo informe que a partir de junio de 2013 se incrementaron  los “asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización, señalamientos, judicializaciones y criminalizaciones, entre otros delitos graves que permiten dar cuenta de un patrón, en cabeza de la fuerza pública, quien desplegando de manera exacerbada sus métodos en contra de la sociedad civil, se encarga de reprimir la protesta social a través del tratamiento y el ataque de la sociedad civil como actor armado”.

El informe concluye haciendo varias recomendaciones al Gobierno entre las que se destacan frenar la impunidad que cobija al paramilitarismo en el país, poner fin a la violación de derechos humanos y la estigmatización contra los movimientos y organizaciones sociales por parte de la Fuerza Pública y el Estado, dar garantías a la protesta social como “derecho constitucional” que no debe ser criminalizada, y la necesidad de que el Gobierno pacte el cese al fuego bilateral.

Finalmente el Frente Amplio exhorta al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a formalizar la mesa de diálogo, recomendando además el cese de los bombardeos contra este grupo insurgente“dado que, como lo señaló el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU Todd Howland, las principales víctimas de dichas acciones bélicas son las niñas, niños, adolescentes, mujeres y campesinos”.

Drummond no es como la pintan…Es peor

Por Mario Alejandro Valencia. picture-13592

Drummond se encuentra en el ojo del huracán por su presunta responsabilidad en el vertimiento de más de 500 toneladas de carbón en la costa de Santa Marta. Sin embargo, tristemente, esto no es lo peor que ha hecho Drummond en el país.

Si algún texto de administración quisiera tener un estudio de caso sobre las cosas que no debe hacer una empresa, tendría que tomar el caso de la multinacional estadounidense. Desde su llegada al país en 1988, no existe una sola actuación de Drummond que no haya estado acompañada de cuestionamientos: quejas de la comunidad, protestas laborales, hallazgos fiscales y hasta demandas penales por su presunta participación en la financiación de asesinatos a sindicalistas, conforman el enorme prontuario de la compañía del Estado de Alabama. El contrato 078 de 1988, que le permite a la empresa operar en Colombia, sufrió 5 modificaciones para 1994, sin haber extraído un gramo de carbón. Entre otras cosas, dicho contrato le impide al Estado incidir sobre los costos de transporte del carbón desde la mina hasta el puerto, los cuales son descontados del pago de las regalías.

Este es quizás uno de los puntos más polémicos de la relación entre la empresa y la nación: en teoría, Colombia participa en un porcentaje de las ganancias de Drummond, pero ésta se encuentra atada al “costo presuntivo” del transporte que define la propia empresa. Para su cálculo se determinó un trazado inicial de 465 kilómetros, con 6 movimientos de cargue y descargue hasta Ciénaga, para lo cual se estimó un costo -hasta 6 millones de toneladas- de 13.305 dólares. Sin embargo, cuando Drummond entró en operación el trazado que realmente se realizó tenía una distancia de 193 kilómetros, con 4 movimientos de cargue y descargue, que inexplicablemente pasó a costar 17.508 dólares. Significa que la “ganancia presuntiva” de la empresa en el contrato quedó definida con una pérdida de 3,55 dólares por tonelada, aunque en realidad sus ganancias sean multimillonarias. Por esta situación, el Estado nunca ha participado de las ganancias.

Para colmo, el contrato establece que la concesión de la mina La Loma va hasta el año 2019 pero la concesión del tren va hasta el 2021, permitiéndole tener el control del transporte del carbón aun cuando el contrato haya vencido. Otro aspecto de la relación contractual entre Drummond y la nación tiene que ver con lo ambiental: Drummond está obligada a restablecer “la tierra afectada por las operaciones mineras”. Quiere decir que su responsabilidad se limita solamente a “la tierra afectada”, no a su afectación sobre el subsuelo, las aguas superficiales y subterráneas, el aire, la vegetación, la fauna, la morfología paisajística y la estabilidad geotécnica.

Aún hay más: según la Contraloría General de la República, entre 1995 y 2007 Drummond recibió beneficios fiscales por 919.896 millones de pesos, representando el 76% de los 1.2 billones que el Estado recibió por regalías. También entre 2005 y 2010, el concepto jurídico de la DIAN de permitir deducir las regalías en el impuesto sobre la renta le significó a Drummond 657.591 millones de pesos de ganancias adicionales. Por si fuera poco, la exención a los impuestos en la compra de gasolina en zonas de frontera, que benefició a Prodeco, Cerrejón y Drummond, le representaron a esta última 452.000 millones de pesos en ganancias, con los cuales se habrían podido tanquear 167.000 vehículos mensualmente por un año. Mientras esto ocurría, los colombianos pagamos una de las tarifas de gasolina más altas del mundo. Solo para el año 2010 el costo fiscal de los regalos del gobierno a Drummond costaron 218.694 millones de pesos. ¡Mejor imposible!

La respuesta de Drummond a semejantes cortesías por cuenta de los bolsillos colombianos, fue vender el 20% de su operación a la japonesa Itochu por 1.523 millones de dólares, la que según Colombia Punto Medio “se llevó a cabo en un paraíso fiscal”, por lo cual no tuvo que pagar un solo dólar en impuestos a Colombia. Como así le paga el diablo a quien bien le sirve, no contento con esto Drummond ha instaurado 36 demandas ante el Consejo de Estado contra instituciones estatales, todas relacionadas con temas económicos. Solo falta que, ante la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Drummond demande nuevamente al Estado por obstaculizar su actividad económica. Finalmente así es como funciona la Locomotora Minero-Energética de Santos. ¿A alguien le queda alguna duda de su propósito?

Uno de cada 1000 nacimientos es de una persona INTERSEXUAL

Hola a tod@s; 

El 8 de noviembre, se conmemora el DIA DE SOLIDARIDAD INTERSEXUAL, en concordancia y homenaje con el nacimiento de Herculine Barbin (1838-1868) a quien se definió al nacer como mujer pero más tarde fue obligado a vivir como varón después de un examen físico. 

La intersexualidad puede darse a nivel genital,hormonal o genético, presentándose una ambigüedad al no poder ser definid@s biológicamente como “macho” o “hembra”. El problema fundamental es la idea de que solamente existen dos sexos, pero eso no es exacto. Y tanto las familias como el cuerpo medico asumen que el bisturí y el tratamiento hormonal antes de los dos años de vida evitarán sufrimiento en la adultez; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones terminan mutilando y condenando a estas personasa vivir con un genero que no se sienten identificadas. 

El problema surge por que al no poder concebir la diversidad; se les somete desde la infancia a muchas de estas personas a tratamientos dolorosos y generalmente irreversibles. Se les realizan cirugías y tratamientos hormonales. Y muchas veces se requieren varias intervenciones para reformar, para cortar el clítoris o para que el pene esté más en conformidad a lo que los médicos de esa sociedad piensan que es necesario para ser hombre o mujer. Es algo muy traumatizante, que  se hace sin el consentimiento del niño, de la niña; y por si fuera poco, se lleva a cabo sin asegurarse de cual es la identidad de género de  la niña o del niño.  

Estas personas al crecer, si no están de acuerdo con la asignación de sexo que les hicieron sin su consentimiento, están condenadas a vivir en un género que no aceptan y lo peor con sus cuerpos irreversiblemente mutilados. Para muchas de las personas intersexuales, su condición no es algo que haya sido claro desde su nacimiento, es algo que apareció más tarde; como el caso de una mujer a consultar por su infertilidad y los estudios cromosómicos revelaron que en realidad la persona era XY, “un varoncito”, con insensibilidad a los andrógenos. Entonces, su esposo decidió disolver legalmente el matrimonio. 

O el mediático caso de Caster Semenya una atleta sudafricana, que luego de ganar el oro en los 800 metros lisos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín de 2009, le realizaron un test que mostro que tiene una anomalía cromosómica, no tiene útero ni ovarios pero sí testículos internos. Sin embargo la Asociación Internacional  de Federaciones de Atletismo; acepto que si puede competir como mujer sin limitación alguna.

En Alemania, Holanda o Inglaterra, por ejemplo, las personas intersexuales deciden a los 14 o 16 años si necesitan el bisturí o no. En Colombia la Corte Constitucional , no permite cirugías de reasignación sexual antes de los cinco años,“excepto” que este en riego la vida de la persona, lo cual abre una ventana para que a punta de tutela los padres evadan esta prohibición.

Una nota aclaratoria Hermafrodita, tiene que ver con aquellos organismos que poseen a la vez órganos reproductivos de ambos sexos; y esta palabra proviene del mito griego del hijo de los dioses Hermes, el mensajero, y Afrodita, la representante de la belleza y el amor sexual.  Hermafrodito quien a la edad de 15 años, el retoño se convirtió en“mitad hombre y mitad mujer” al fundirse su cuerpo con el de la ninfa Salmácide. 

Jesús en la biblia se refiere a las personas intersexuales cuando : “Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos así por los hombres y hay eunucos que a sí mismos se hicieron por causa del Reino de los Cielos.  El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba”. Mateo 19:12.

En Colombia cada vez mas las personas intersexuales se hacen visibles, apoyando investigaciones desde la academia, o hasta en la arena electoral como es el caso de Lady Tatiana Márquez Ángel, que fue candidata al Concejo de Tunja en las pasadas elecciones; lea esta nota en http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10147446.html 

Este artículo se construye gracias a diversas fuentes en Internet y se puede comentar y debatir en: https://www.facebook.com/notes/mao-garces/uno-de-cada-1000-nacimientos-es-de-una-persona-intersexual/289241327764471.

Solidariamente; 

Mao GARCÉS

Por una CALI DIFERENTE

Cel. 310 384 06 02

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Si hay recursos y sí hay propuestas de los estudiantes: Balance de la audiencia pública sobre educación superior

En el desarrollo de la Audiencia Pública sobre reforma a la Educación Superior, congresistas, investigadores, profesores, líderes del movimiento estudiantil y catedráticos expusieron y escucharon los argumentos respecto a la necesidad de retirar del Congreso el Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior que radicó el Gobierno Nacional el pasado 3 de octubre.

El evento de gran nivel en su contenido, dejó claro que los estudiantes sí conocen de manera amplia las pretensiones del gobierno con la reforma, y que tienen una propuesta alternativa: no ver a la educación como una mercancía sino como un derecho universal. En este sentido, exigieron al Gobierno Nacional retirar el proyecto de reforma a la ley 30 inmediatamente y discutir de manera democrática con participación de estudiantes, profesores y demás estamentos un proyecto de ley de cara al país. El evento también contó con la participación de académicos, profesores y congresistas del Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo como bancada, que permitieron develar las intenciones del gobierno en privatizar la educación superior y abrir las puertas a proveedores de servicios educativos transfronterizos adaptando la institucionalidad y las normas a las condiciones que establece el TLC con Estados Unidos.

El congresista Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo, quien fue convocante junto a los representantes Carlos Amaya y Ángela Robledo del Partido Verde, denunció en este evento la obsesión y el empeño de la ministra en determinar que a través de los créditos otorgados por el sector privado se soluciona el problema de la cobertura educativa nacional. Arias precisó que “en esa lógica la ministra María Fernanda Campo no habla de financiar a un educando, sino de propiciar que un inversor invierta en su propio capital, por lo cual  el estudiante deja de ser visto como un estudiante y se convierte en inversionista, un inversionista de su propio capital humano, visión que pone la educación como elemento adicional de las ganancias del sector financiero y transformando la educación en un factor de riesgo y no de aseguramiento y progreso personal y social como ha sido concebida históricamente. Esto se traduce en la mercantilización de la educación”.

Agregó que “en la lógica financiera lo que se necesita es que haya una cartera gigantesca.  Con tal de que se endeuden toda la vida, ellos le prestan a los estudiantes así usted no tenga para pagar, pues después vendrán operaciones de salvamento y con los impuestos de todos, se salvarán a los bancos y quedaremos endeudados todos, incluidas generaciones venideras”. De igual manera, resaltó el esfuerzo de los estudiantes del SENA, que en su presión en el Congreso de la República, lograron que los recursos de la entidad no se destinaran a educación superior, como lo pretendió el Gobierno Nacional a través del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año, el cual fue aprobado a “pupitrazo” por la Unidad Nacional. “Este logro, es una muestra de lo que el movimiento estudiantil puede lograr con resistencia y perseverancia”, aseveró Arias Castillo.

Por último reiteró que el Polo Democrático Alternativo, en defensa de principios democráticos y en representación de las mayorías del país, propuso nuevamente ante la plenaria de la Cámara un traslado de recursos de Seguridad y Defensa (cerca de 1,6 billones de pesos) para 2012 con destino a la financiación de la educación pública, sin embargo denunció que “la dictadura fiscal del Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional, no permitieron ni siquiera debatir el proyecto. Ya ni la mímica presupuestal fue posible.”

Comparimos con ustedes la constancia del Polo Democrático Alternativo ( Click aquì para descargar documento ). y la proposición avalada por varios parlamentarios ( Click aquì para descargar documento.) , pero que no alcanzó a ser discutida como se mencionó. De igual manera, invitamos a participar de la continuación de la Audiencia Pública sobre Reforma a la Educación el próximo miércoles 26 de octubre de 2011, de 9 A.M. a 2 P.M, en el Salón Boyacá del Congreso de la República. Transmisión en directo por el Canal Institucional.

 

Santos: luz verde para la guerra sucia en Colombia

Por: José Antonio Gutiérrez D.
Como parte de una controvertida reforma a la Justicia (que produjo un amague de choque entre el Ejecutivo con la Corte Suprema y el Consejo del  Estado)[1], el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora,  entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a  actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar,  salvo puntuales excepciones”[2].
El artículo decía textualmente “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones  militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se  adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”. Según el  Ministro de Defensa Pinzón, es necesario para proporcionar “mayor  seguridad jurídica” (¿impunidad?) a la tropa en su guerra  contrainsurgente. Aún cuando la impunidad sea altísima en Colombia,  sobretodo en lo relativo a crímenes de Estado (los cuales bordean el  98%), este artículo no oculta su pretensión de volverla absoluta,  haciendo aún más vulnerable de lo que ya es a la población.

Pese a esta elevada impunidad, la tenacidad de algunas organizaciones  defensoras de derechos humanos, así como la labor de ciertos jueces  independientes de carácter (la que han pagado siendo víctimas del acoso  de los organismos del Estado[3], llegando algunos a ser asesinados[4]),  han llevado a un número relativamente insignificante de uniformados ante los tribunales (4.280 procesos judiciales, insignificantes desde la  escala de las atrocidades que se cometen en Colombia, pero significativo desde el punto de vista político[5]) por su participación en crímenes  atroces, lo cual ha sido suficiente para generar pavor entre las filas  castrenses. Según, el senador oficialista Roy Barreras, “además del  temor de los militares de perder la vida en combate, está el temor de  terminar en la cárcel tras una condena en la que la investigación y el  juzgamiento la hacen civiles que desconocen el lenguaje y los  procedimientos de la guerra”[6]. Mediante este sofisma, el Estado  colombiano se saca su careta de “democracia asediada” y de “respeto a  los derechos humanos” para mostrar, al desnudo, la necesidad que tiene  de echar mano al terrorismo de Estado y a los crímenes atroces para  avanzar en la guerra contrainsurgente… procedimientos que los “burros  civiles” o desconocen o no aceptan de buena gana.

A pesar a toda la retórica vacía del gobierno de Santos de que su  estrategia militar se apoya en el respeto irrestricto a los derechos  humanos (en parte, ingeniada para sacarse de encima el pesado bulto de  los “falsos positivos” que le pena desde su época de Ministro de Defensa estrella del anterior gobierno), en palabra de sus propios ministros y  parlamentarios, los derechos humanos representan un estorbo al Ejército. El respeto a los derechos humanos causa “temor” a los militares, que  estarían bien empapados del lenguaje y los procedimientos de esta guerra sucia.

No es necesario aclarar en detalle las limitaciones obvias de la Justicia Penal Militar, la cual pone al ladrón a juzgar al ladrón –no hay de qué sorprenderse que los escasos procesos que han  terminado en condenas de militares, sean por obra y gracia de la  justicia ordinaria (casos que incluyen la desaparición de personas, la  promoción de escuadrones de la muerte para violar y torturar a “sospechosos” y que incluyen el secuestro de civiles para asesinarlos y  presentarlos como “guerrilleros dados de baja en combate” –o “falsos  positivos”- entre otros crímenes igualmente perversos). Existen también  limitaciones más específicas las cuales ya han sido suficientemente  denunciadas por el parlamentario y dirigente del Movimiento Nacional de  Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda, quien aclaró que  ésta no cubre temas como el narcotráfico, extorsiones, violaciones de  derechos humanos, concierto para delinquir, entre otros –todos temas por lo cuales algunos uniformados hoy están compareciendo ante las  cortes.[7]

Todo sería, ahora, “actos de servicio”. Como  botón de muestra de lo que interpreta el Estado como “actos de  servicio”, tenemos el alevoso asesinato a tiros por la espalda del  adolescente graffitero Diego Felipe Becerra[8], el cual ha sido pasado a la Justicia Militar porque la Fiscalía estimó que este inexcusable  infanticidio constituiría un “acto de servicio”[9]. Difícil es negar,  con esta clase de “criterio”, que Colombia no sólo sea el imperio de la  impunidad, sino también el de la arbitrariedad. Debido a la polémica que esta inclusión ocasionó a última hora, el Ministro del  Interior, Vargas Lleras, afirmó el viernes pasado que, finalmente, este  artículo no haría parte de la reforma, sino que se presentaría como otro proyecto[10]. Independientemente de si la ampliación del fuero militar  haría parte o no de la reforma judicial, lo cierto es que lo que   esta propuesta pone en el tapete es la necesidad que siente el gobierno de  Santos de profundizar la guerra sucia como una manera de contener los  avances de la insurgencia, cuyos ataques crecen de manera sostenida desde el 2005, pero los cuales son más evidentes desde el 2009.

Empantanamiento de la salida militar al conflicto social y armado
Más allá del triunfalismo mediático que se impuso durante la última década, como parte de una guerra psicológica desde el Estado, la insurgencia  está lejos del “fin del fin” como aseguró el 2008 el venido a menos  general Montoya. En lugar de sucumbir ante la gigantesca ofensiva  montada con miles de millones de dólares aportado por el gobierno de los EEUU para el Plan Colombia, con tantos más aportados para planes de “cooperación cívico-militar” y planes de “consolidación”, con un  hipertrofiado ejército cercano al medio millón de hombres, con toda la  asistencia técnica que reciben de Israel o EEUU, con un gasto militar  sostenido superior al 5% del PIB, con una red de informantes de  dimensiones más propias de la Alemania Nazi que de una supuesta “democracia occidental” (dos millones de personas oficialmente  reconocidas), con miles de paramilitares realizando tareas de milicia  privada en prácticamente todo el territorio, con bombardeos de  proporciones bíblicas en los cuales se arrojan toneladas de bombas sobre la selva (no es casual el nombre de la “Operación Sodoma”), con la  colaboración militar de los gobiernos “progresistas” de Venezuela y  Ecuador… con toda esta presión militar,   la insurgencia, lejos  de haber sido derrotada, ha asimilado los golpes, ha readecuado su  estrategia y ha retomado, en vastas regiones del país, la ofensiva.

Esto no es algo que se estén inventando los “áulicos de la guerrilla”, como solía llamar el ex presidente Uribe Vélez a quien osara cuestionar  su “revelada y divina” política de la (in)Seguridad (anti)Democrática.  No, es algo que reconocen organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), dirigida por el estrecho colaborador del presidente Santos y  entusiasta partisano de la Seguridad Democrática, León Valencia.  ¿Qué dicen los últimos informes de la CNAI? Según el informe titulado “De la Guerra de Jojoy a la Guerra de Cano”[11], las FARC-EP habrían readecuado su estrategia en varios aspectos cruciales mediante el llamado “Plan 2010”:

·    Abandono de la guerra de posiciones y las grandes movilizaciones de  tropas que caracterizaron al período de 1996-2007; vuelta a la  movilización de pequeños contingentes de alta movilidad para evitar ser  detectados por aire y predominio del hostigamiento como forma de ataque;
·    Descentralización de las estructuras guerrilleras para absorber los  golpes del ejército a los mandos medios y a los comandantes;
·    Creación de Unidades Tácticas de Combate con expertos en explosivos y especialización de guerrilleros como francotiradores;
·    Creación   ad hoc   de “comandos conjuntos de área” entre diferentes frentes que se  combinan y dispersan en función de tareas específicas (a lo menos se han registrado cinco de estos);
·    Desarrollo de campos minados  con minas colgantes y estrategias de minas ofensivas al borde de caminos (en el informe del 2008, describen estas minas de carácter ofensivo  como “campos minados muertos” que se activarían a control remoto al paso de la tropa o las patrullas)[12];

En un nuevo informe, “La Nueva Realidad de las FARC” dan cuenta de nuevos aspectos de la estrategia militar de las FARC-EP:
·    Utilización de carros bombas que facilitan hostigamientos a  guarniciones militares sin necesidad de agrupamientos masivos de tropas;
·    Desarrollo de cuerpos de élite, los “pisa suaves” que se  especializarían en penetrar las líneas de guardia de diversos frentes y  hostigar con ataques explosivos desde la retaguardia

Sobre  el ELN, los informes de la CNAI confirman una tendencia al  fortalecimiento de esta guerrilla y a la consolidación de su hegemonía  en tres áreas del país –Cauca, Nariño y Arauca. Ha habido expansión de  sus frentes en el Chocó, Antioquia y mantiene su presencia en áreas como el Sur de Bolívar, Cesar y Norte de Santander. El pacto  político-militar con las FARC-EP no solamente habría servido para  controlar el conflicto entre ambas organizaciones en ciertas regiones  como Arauca, sino que además para potenciar la lucha contra las fuerzas  del Estado colombiano. Su estrategia militar ha estado caracterizada  por:
·    La organización de estructuras pequeñas y el fortalecimiento de las redes de apoyo;
Estrategia de repliegue durante la mayor parte de la década para evitar el golpe  directo de la ofensiva del ejército-paramilitarismo;[13]

Los resultados no dejan de ser sorprendentes para quienes han digerido  años de propaganda sobre el “fin del fin”: el 2010 terminó con más de  2.000 bajas en la Fuerza Pública[14] -1.855 bajas solamente hasta  Septiembre del 2010 según la CNAI[15]. Entre enero y Mayo del 2011, la  Fuerza Pública ha sufrido 967 bajas[16]. Tampoco se ajustan estos  resultados al escenario descrito por el ex Ministro de Defensa Rivera,  quien definía estas bajas como “patadas de ahogado”, como “acciones  desesperadas” de una insurgencia acorralada.

Obviamente, los golpes insurgentes han remecido al gobierno de Santos, propiciando  un recambio de Ministro de Defensa en Septiembre, con la salida del  entonces ministro Rodrigo Rivera, y la entrada de Juan Carlos Pinzón. De la misma manera, se cambió la comandancia de las Fuerzas Militares,  pasando la comandancia general del almirante Edgar Cely al general  Alejandro Navas. Cambios que, sin duda, reflejan la insatisfacción del  establecimiento por el rumbo de la guerra[17]. Pero también estos golpes han tenido un impacto sobre la moral del Ejército. Según  el último informe de la CNAI, la situación de desgaste o desmoralización de las tropas del Estado se deberían a los embates de la nueva  estrategia de lucha guerrillera, la prolongación de campañas militares  infructuosas y la certeza de que el anunciado “fin del fin” no tiene  para cuando. Según, este mismo informe, la estrategia de las Fuerzas  Armadas ha sido exitosa desde una perspectiva mediática, pero no así en  el terreno de combate[18]. Es decir,   se puede mentir a ese  sector del país idiotizado con la televisión y la propaganda del  gobierno, pero no a quienes viven el conflicto en carne y hueso. Es comprendiendo este panorama que mejor entendemos las voces que  surgen hoy para culpar a la rama judicial del empantanamiento militar. “La tesis se desprende de la que se oye hace tiempo en los cuarteles: no se puede ganar una guerra sucia con armas limpias”[19].

Más allá de la “dicotomía” santismo-uribismo: una guerra de clase contra los campesinos y los sectores populares
Pese a todos los esfuerzos de los apologistas de Santos para mostrarlo como  una versión civilizada de su predecesor, el cavernícola Uribe Vélez, los argumentos con los que han defendido la ampliación del fuero militar,  reproducen al pie de la letra la cantinela recitada por el  proto-fascista asesor presidencial de Uribe, José Obdulio Gaviria, quien ha expresado que la desmoralización del Ejército se debe a que “las fuerzas militares y hasta la policía están siendo víctimas de una  persecución muy fuerte de parte de la fiscalía (…) Cualquier operación  de la fuerza pública es examinado como si fuera un crimen, Y eso ha  bajado muchísimo la moral de las fuerzas armada”[20]. “La guerra hay que ganarla, carajo, aunque haya que masacrar a media  Colombia; si usted mata diez patirrajados seguro que hay un guerrillo  entre medio”. Esto no lo dicen textualmente en público, pero es lo que  se desprende de todas las intervenciones de la élite política y militar.

Una lógica parecida ha sido aplicada por José Félix Lafaurie,  presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán), gremio que apoyó  activamente al surgimiento de la maquinaria de muerte paramilitar  conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organismo  responsable del asesinato y desaparición de decenas de miles de  colombianos, y del desplazamiento forzado de millones de campesinos  cuyas tierras han terminado en buena medida en las manos de  latifundistas ganaderos. Los ganaderos no ocultan su interés en  profundizar la guerra contrainsurgente que les ha dado enormes  privilegios económicos, como lo revela el último informe del PNUD[21].  En realidad, ellos están en el centro del conflicto social y armado que  vive Colombia y son una parte integral de las “condiciones  estructurales” que alimentan la violencia política. Lafaurie, insiste,  al igual que José Obdulio Gaviria, que la baja moral de las tropas “está en que la justicia y la sociedad se volvieron en su contra y se nutre  de una estrategia de desprestigio mediático de la institución”[22]. Es decir, la sociedad debería callarse ante los falsos positivos, los  bombardeos indiscriminados, los escuadrones de la muerte, la violencia  sistemática contra la población.

En otro artículo, Lafaurie, ha definido a los militares como “ciudadanos especiales, fuera del común”, que no pueden ser juzgados por una justicia ordinaria, aún cuando sus  crímenes afecten a la población civil, porque ésta desconocería las  tácticas y estrategias de guerra. Implícitamente, se reconoce que la  violación a los derechos humanos es parte de estas “estrategias”. Pero  la “lógica” perversa de este argumento (que la justicia civil desconoce  los “procedimientos de guerra” y por tanto estaría inhabilitada para  juzgar a militares) ha sido brillantemente evidenciada por el columnista Alfredo Molano, quien indica que “Los militares argumentan que la  justicia civil no sabe de conductas militares y por tanto no puede  fallar sobre ellas, que es como decir que porque los jueces no son  empresarios no deben fallar en delitos mercantiles; o que por no ser  médicos deberían abstenerse de fallar en casos de homicidios culposos  por, digamos, dejar un bisturí en la barriga de un cliente operado de  apendicitis. A ese paso llegamos a que sólo los ganaderos están  habilitados para legislar en materia agrarias. Mejor dicho, ¿para qué  leyes habiendo armas?”[23] Pero ¿cuál es la conclusión a la que llega Lafaurie con esta perversa “lógica”? Sin pelos en la lengua, dice que “necesitamos dotar de garantías a los hombres y las operaciones militares. Estamos  en mora de despejar el camino a nuestros héroes anónimos. Necesitamos  reconocer la naturaleza de estos hombres y aliviar el desasosiego que  acompaña la tarea de ser militar hoy en Colombia”[24]. Lafaurie insiste en otra columna escrita en Septiembre que “la urgencia de mejorar el bienestar de la fuerza pública, que pasa (…) por fortalecer el Fuero y la Justicia Penal Militar (…) Una democracia  plena como la nuestra puede y debe derrotar a los violentos, y lo hará  de la mano del Fuero Militar. Las guerras se ganan en el corazón de los  soldados”[25].

Es importante referirse a las declaraciones  del Presidente de Fedegán, porque   ellas reflejan a los sectores que se han enriquecido mediante la guerra   y que hoy buscan profundizarla,  los sectores que jamás apostarán a una solución política del conflicto  armado que ponga en cuestión la posesión ilegítima que tienen del 39% de las tierras. Resulta además claro que esta auténtica ofensiva mediática de su cara más visible preparó el terreno para que este artículo de  ampliación del fuero militar fuera sacado de la manga ahora que se  debate la reforma judicial.   No queda duda, con esta clase de intervenciones, cuáles son los intereses que defienden los soldados en la guerra. La naturaleza de clase de este conflicto, así como el rol de los  ganaderos que representa Lafaurie, son evidenciados en un relato sobre  el desplazamiento campesino en los corregimientos de Guanapalo y  Charras, en San José del Guaviare, en un informe que ya hemos citado de  la CNAI:
El representante a la Cámara Ignacio Antonio  Javela adquirió 1.250 hectáreas de tierras a los campesinos de esa  región, pero otros comienzan a desplazarse ante amenazas e  intimidaciones. Mientras, grupos ilegales rearmados han comenzado a  posicionarse sobre toda la denominada Trocha Ganadera, donde actualmente ejercen presión contra algunas comunidades campesinas. Las FARC, por su parte, han prohibido a los campesinos vender sus predios y han  manifestado que defenderán la zona de otros grupos armados ilegales. Tácitamente se trata de desplazar para concentrar la propiedad de la tierra. Las  compras masivas a muy bajo precio o la intimidación armada han llevado a desplazamientos gota a gota en esta región.   Paradójicamente, el que garantiza la propiedad a campesinos y colonos es un grupo armado ilegal –las FARC- y no el Estado.”[26]
Digamos, solamente, que no hay nada de paradójico en esta situación si se  entiende la dinámica de clases que en última instancia explica el  conflicto colombiano (la cual es frecuentemente velada con discursos que plantean el debate en la falsa contradicción ilegales vs. legales) y  que esto no es nada tácito sino una clara política de Estado, ligada a  las locomotoras del Plan de Desarrollo Nacional de Santos y a los  intereses seculares de los gamonales y cacaos colombianos. El último  informe del CODHES nos dice que buena parte de la expansión paramilitar  se está dando en zonas de “consolidación” o de fuerte presencia de la  fuerza pública. Según ellos, en el primer semestre del 2011, según sus  informaciones parciales y preliminares, se habría desplazado a unas  89.750 personas, de ellas el 28% provendrían de las zonas de  consolidación territorial del Estado[27], lo cual es coincidente,   grosso modo, con las cifras globales de desplazamiento de 2010, que indicarían un  33% de desplazamiento de las zonas de consolidación[28]. Este  desplazamiento va de la mano, como hemos dicho, de las “locomotoras”, de los megaproyectos, del agronegocio, del latifundio, de la palma, del  caucho, de la minería[29]. Al final de cuentas,   más allá de la dicotomía que se ha pretendido hacer entre la política de  Uribe Vélez y la de Santos, hay una continuidad de este modelo de guerra que beneficia un patrón de enriquecimiento por despojo violento.
La dialéctica política del conflicto social y armado
Los ganaderos saben muy bien por qué piden a gritos profundizar la  impunidad y con ella la guerra sucia: porque un conflicto que no es  solamente militar, sino ante todo social como el colombiano no puede  ganarse sino mediante la aplicación a gran escala del terrorismo de  Estado en contra de la población. Esto lo explica muy bien Ever Veloza,  alias HH, uno de los paramilitares que hizo por varios años el trabajo  sucio del Estado al mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y el Urabá (ACCU) y más tarde, de las AUC, sobre la estrategia de tierra  arrasada del paramilitarismo en una entrevista en el 2008:
La guerrilla está, pero no está tan fuerte como antes. Cuando nosotros  empezamos en las AUC la guerrilla tenía el control de todo el país, como en el Urabá. Hoy en día la guerrilla está en sectores marginales. Por  eso el movimiento de las autodefensas no fracasó. Fue tanto el  crecimiento y la penetración de las autodefensas a nivel nacional que  mire cuántos políticos hay en la cárcel por vínculos con nosotros,  cuántos militares hay vinculados, cuántos empresarios. Yo creo que fue  un éxito total.”[30]
Quizás un éxito en lo puramente  militar, en lo inmediato, más no así un éxito sustentable o total si se  considera la naturaleza social del conflicto. Desde el 2008, cuando HH  hace estas declaraciones, la insurgencia ha logrado revertir los avances de las Fuerzas Militares durante la primera fase del Plan Colombia y  han vuelto a mostrar un renovado dinamismo. Ese dinamismo está ligado,  indudablemente, a la dialéctica política del conflicto, por más que el  discurso oficial intente “pabloescobarizar” a la insurgencia[31] – algo  que, por lo demás no es nada nuevo, ya que desde el comienzo se ha  buscado “bandolerizar” o “chusmear” a la insurgencia para así negar las  profundas causas estructurales, políticas y sociales que la animan. La  paradoja, es que mientras se niega que la insurgencia tenga motivaciones políticas, el ejército trabajo de la mano con grupos paramilitares que  se definen como “anti-comunistas”[32]. No debe sorprender que el  oficialismo niegue la legitimidad política de la insurgencia –jamás una  tiranía (y Colombia, desde el punto de vista político y humanitario, no  puede ser considerada otra cosa pese a los formalismos democráticos  ritualizados) ha aceptado la legitimidad de quienes la interpelan[33].

Pero los informes mencionados de la CNAI, a contravía de estas  declaraciones oficiales por parte del gobierno de que la insurgencia no  tendría sustento ideológico, nos entregan algunas luces sobre la  complejidad ideológica en el mundo de la insurgencia. Más aún, nos  señalan que es en el terreno de lo político donde se encuentran en gran  medida las raíces de este nuevo dinamismo de la insurgencia. Sobre las  nuevas orientaciones políticas en la insurgencia, nos señala un informe  relativo a las FARC-EP que “‘Alfonso Cano’ (…) logró darle al grupo  guerrillero una nueva estrategia militar y un nuevo rumbo político. Este antropólogo, a pesar de sus raíces urbanas, pudo coordinar a la  guerrilla de las FARC compuesta mayoritariamente por campesinos (…) En  los últimos años a pesar de la violenta persecución que desató la Fuerza Pública, con la Operación Fuerte, ‘Cano’ ha logrado tener una  actualización académica, los libros de Toni Negri, Zizek, Chomsky ya  hacen parte de la bibliografía actual de este comandante en jefe de las  FARC (…) Esta apertura ideológica, si bien, no ha modificado su forma de ver la vida desde el marxismo ortodoxo, le ha concedido   [sic, conseguido]   dar ese nuevo rumbo político a las FARC”.[34]

Es esa dinámica política la que explica los señalamientos de Santos en un  discurso el 28 de Septiembre en una base militar en Nariño: “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la  protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir  violencia, producir caos”[35]. No es casualidad el innegable  tufillo “uribista” de estas temerarias acusaciones, que nuevamente ponen en contradicho a quienes, mediante toda clase de contracciones,  pretenden mostrar a Santos como un “paladín democrático” (a diferencia  de su predecesor y maestro Uribe). Reflejan una comprensión de que   el conflicto no es solamente armado, sino que   es   ante todo social, y que la reactivación de la protesta popular tiende a ser coincidente  con la reactivación de la lucha armada, no porque los movimientos  sociales o las organizaciones populares sean “fachadas de la guerrilla” o “guerrilleros de civil” como frecuentemente dicen las élites para  estigmatizar y para minar la legitimidad de los movimientos –como si no  hubiera causas legítimas para la protesta por parte de estudiantes,  campesinos, cocaleros, trabajadores y comunidades. Para esas élites,  toda marcha es un “siniestro plan del terrorismo” para perturbar la paz  social en su apacible país de las maravillas. La realidad, es otra:  cuando hay un incremento del malestar social y de la protesta popular,  es natural que la insurgencia canalice parte de este malestar porque  ella ha sido, gústele o no al establecimiento, una forma de respuesta  histórica del pueblo a la violencia sistemática del Estado contra los de abajo. Uno podrá considerar que es una respuesta buena o mala, pero es  innegable que la insurgencia no viene de la Luna a “infiltrar” al  pueblo, sino que son producto de las entrañas mismas de las clases  populares.   Para amplios sectores en Colombia, fundamentalmente rurales, la insurgencia sigue siendo una respuesta legítima contra la  violencia de clase institucionalizada por los gamonales, cacaos,  ganaderos y sus socios multinacionales.
Callejón sin salida para la vía militar 

Ante el aumento progresivo de la protesta social desde el 2002[36], el cual  se ha vuelto explosivo desde el 2008, y ante la persistencia y el  reacomodo de la lucha armada –reacomodo que no sólo es militar, sino  también político como hemos visto-, es de esperar que el gobierno  intente salir del empantanamiento del conflicto mediante la  profundización de la guerra sucia. Y ahí está la contradicción vital de  la oligarquía colombiana: que sus avances en lo militar se comprometen  por lo político, y que la profundización de la guerra sucia tiene un  efecto degradante ante todo en sus propias filas. No es la  judicialización de militares, como hacen creer los José Obdulio Gaviria o los José Féliz Lafaurie, lo fundamental detrás de la desmoralización o  el desgaste de las Fuerzas Armadas en Colombia. Sólo en cierta medida lo son las tres causas dadas por el CNAI: las expectativas imposibles de  una victoria fácil alimentadas en el último período de Uribe Vélez, el  hecho que las campañas sean cada vez más largas e infructuosas, así como los golpes crecientes de la insurgencia. Es mi opinión que  el  factor sin lugar a dudas de mayor peso en la desmoralización de las  tropas del ejército colombiano es la naturaleza misma de la guerra  absurda que pelean en defensa de ganaderos, multinacionales extranjeras y gamonales criollos, quienes los desechan apenas ya no les son  de utilidad. Es la naturaleza misma de una guerra degradada (y degradada fundamentalmente por la acción del Estado y su herramienta paramilitar) la que está en la base de la desmoralización de la tropa.

Por más que la propaganda oficial insista que en “Colombia los Héroes  Existen”, la tropa sabe que allá donde se pelea la guerra, donde el  conflicto se sufre en carne y hueso, en el terreno, las percepciones son muy diferentes a las de los televidentes citadinos que creen todo lo  que Caracol les dice. Siguiendo con este mismo informe del CNAI: “la corrupción de miembros de la Fuerza Pública hace que la población  desconfié de la institucionalidad. En los Llanos Orientales, por ejempo, con el Plan Consolidación lo que se observa es que a medida que la  Fuerza Pública desplaza a las FARC, los hombres del ERPAC  [ie., un escuadrón paramilitar]  van tomando este tipo de posiciones, en Córdoba algunos miembros de las  Fuerzas Militares parecen uno sólo con ‘Los Urabeños’ y ‘Los Rastrojos’  [ie., dos bandas paramilitares]  (…) Durante el trabajo de  terreno realizado para realizar (sic) el presente informe, se logró  detectar que las Fuerzas Militares funcionan en algunos territorios como fuerzas de ocupación. Nuevamente, La Macarena es el mejor ejemplo, allí las denominadas brigadas cívico-militares psrecen acciones típicas de  fuerzas de ocupación, sirven para hacer censos, listados de personas,  pero no para consolidar el Estado de Derecho. La tropa aún sigue viendo a la población civil como un enemigo”[37].

En estas condiciones, ¿cómo se espera ganar el conflicto social y armado por la vía militar?

La insatisfacción con la presencia militar en las regiones de tradición guerrillera se refleja en un informe de Gary Leech escrito hace unos  meses sobre las operaciones en contra de “Alfonso Cano” en el Tolima: “La mayoría de las comunidades en la región han vivido bajo el control de  las FARC por décadas. Un líder comunitario en Limón explica que las FARC aseguraban que no hubiera violencia ni crímen, y que los campesinos no  dañaran el medio ambiente. Bajo el control del Estado el crímen va en  aumento y la economía no ha mejorado (…) Pese a estos reveses, la fuerza militar así como el apoyo popular a las FARC se mantiene relativamente  intacto en sus baluartes tradicionales”[38]. A comienzos de Agosto  del 2008, en el Tiempo apareció un artículo inusualmente honesto que  refleja las dificultades de la lucha contrainsurgente en el Sumapaz: “el Ejército se ha encontrado con una población que lo mira con  desconfianza. Caseríos tradicionalmente comunistas cierran sus vitrinas y su comercio para los soldados y por allí hasta se ven carteles con la  frase ‘Reyes vive’”[39]. Situaciones parecidas se ven en todos los  territorios en conflicto, en áreas tanto de influencia de las FARC-EP o  del ELN, o de grupos insurgentes menores que también existen.

Mientras tanto, la guerra sucia continúa con su inercia de seis décadas. Bombardeos indiscriminados en Chaparral; envenenamiento con glisofato  de las poblaciones en el Chocó y en el Bajo Cauca Antioqueño;  descuartizamientos, masacres y violaciones en Guapi, en el Sur de  Bolívar, en Nariño, realizados por paramilitares en perfecta connivencia con el Ejército y la Policía; cercos paramilitares en Curvaradó y  Jiguamiandó; secuestro y asesinato de civiles para presentarlos como “falsos positivos”; estrategias como la red de cooperantes que en las  propias palabras del informe de la CNAI “parecieran más encaminadas a destruir cualquier tipo de organización social que intente prosperar en la zona”[40]. Ya lo dijimos:  no se puede ganar la guerra sucia con armas limpias. ¿Nos puede sorprender la desmoralización de una tropa enfrentada de  manera sistemática a esta clase de prácticas degradadas? Que no se  culpe, pues, a los jueces.

La salida militar que se impuso como el discurso único de los círculos dominantes está enfrentando una grave crisis de legitimidad, acechada por acuciantes interrogantes ¿Qué tipo  de sociedad se puede crear mediante esta violencia de clase? ¿Qué  sentido tiene el “triunfo militar” al que aspira el Estado mediante la  profundización de la guerra sucia? Pues, aunque el gobierno de Santos  insista en que “no ha tirado las llaves de la paz”, en su lenguaje la  paz equivale a la victoria militar, la cual puede ser en el campo de  batalla o en la mesa de negociación ante una insurgencia aislada y  desmoralizada. En su lenguaje, la paz equivale a la desmovilización de  las tropas insurgentes y eso no es sino un escenario de victoria  militar.

Las llaves de la paz no se encuentran, pese a lo  que pueda creer el gobierno, en el campo de batalla sino en el campo de  la lucha de clases: las tiene el  movimiento popular   que comienza hoy a dar pasos muy importantes de articulación y  movilización, como se aprecia con ciertas iniciativas de convergencia  popular y encuentros como los de Barrancabermeja y Cali que dan muestras del deseo del pueblo de convertirse en un actor en derecho propio,  gestor de su propia institucionalidad, de su propio poder, de su propio  proyecto de futuro. Ellos vienen elaborando las propuestas para la  solución política; porque saben que paz no significa sencillamente  ausencia de conflicto. De poco sirve que se declare con bombos y  platillos la paz cuando subsista la violencia institucionalizada del  Estado, esa violencia sistemática del sistema capitalista que aniquila  por física hambre a miles de colombianos año tras año. Esa violencia que se expresa en Tratados de Libre Comercia y en un Desarrollo Nacional  que destruye las comunidades y la vida de los seres humanos. Es la hora  de evocar una vez más los horizontes emancipatorios que han animado al  pueblo colombiano durante décadas, entender estas aspiraciones y  necesidades profundas, leerlas y actualizarlas bajo el signo de nuestros nuevos tiempos. Mientras el Estado se prepara para profundizar la  guerra sucia, el pueblo se prepara para profundizar su proyecto  emancipador.