Puntos de vista / Los narco fiscales, la vicefiscal y el fiscal antimafia

Por Yohir Akerman

La operación de encubrimiento que se viene desarrollando en la Fiscalía para proteger a los funcionarios de la entidad acusados de hacer parte de estructuras de narcotráfico, que además son cercanos y protegidos por la hoy vicefiscal Martha Janeth Mancera, incluye la muerte de uno de los funcionarios que investigó estos vínculos hace cuatro años. Me explico. 

A mediados del año 2018 se inició una investigación que involucraba a tres narcotraficantes reconocidos en el Valle: Eduard Fernando Giraldo, alias Boliqueso; Carlos José Robayo, alias Guacamayo y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino. Para ese momento, la vicefiscal Martha Mancera ya había ascendido de la dirección de Fiscalías en el Valle y se había convertido en la directora nacional de la Unidad Especial de Investigación de la entidad. 

Durante esa investigación, el fiscal 96 especializado en contra del crimen organizado en Cali, empezó a encontrar vínculos de agentes del CTI en Buenaventura y fiscales de la seccional de Cali, con esas estructuras de tráfico de estupefacientes, compraventa ilegal de armas y otras actividades criminales. Su nombre era Alcibíades Libreros Varela, conocido internamente por sus colegas como el “fiscal antimafia” por su implacable mano ante los narcos. 

Mientras Libreros empezó a avanzar en la investigación que demostraba esas relaciones que no le convenían a miembros de la entidad en el Valle del Cauca, y menos a las estructuras de narcotráfico controladas por esas personas, fue víctima de un lamentable hurto que acabó con su vida. 

A la 1:13 p.m. del 29 de diciembre de 2019, a plena luz del día, el fiscal especializado de crimen organizado recibió un disparo en la cabeza. El tiro fue justo en el momento en que se encontraba en su vehículo, esperando el cambio de un semáforo. Acababa de salir de una cafetería donde lo estaban vigilando.

Las imágenes provenientes de cámaras de seguridad muestran a un hombre que corre hacia la ventana del pasajero, le dispara al fiscal Libreros de 58 años, y huye de la escena en el asiento trasero de una motocicleta, en la calle 5 con carrera 66, en el barrio El Limonar, en el sur de Cali.

En la mañana siguiente, miembros de la Policía hallaron el arma con la que se habría cometido el homicidio y procedieron a realizar las pruebas de dactiloscopia necesarias para dar con el responsable del crimen. Todos estaban seguros de que el asesinato del fiscal antimafia estaba relacionado con el avance de las investigaciones que tenía a su cargo.

Incluso, la hermana del fiscal, Carmenza Libreros, denunció que a su hermano le habían quitado el esquema de protección hacía un año, a pesar de que ejercía una labor de alto riesgo. Según ella, Libreros estaba pidiendo desde hace varios meses que le volvieran a asignar un esquema de seguridad por causa de las investigaciones que estaba haciendo en Cali, Buenaventura y otras ciudades del Valle del Cauca.

Para la investigación del asesinato de Libreros fue encargado el fiscal 47 seccional en Cali, Jorge Iván Ríos García, quien estaba de descanso en Pereira, y según fuentes consultadas, fue visitado por Mancera para tener directrices del manejo del caso. Pues bien, en dos semanas, Ríos resolvió el misterio, demostrando que ese crimen tan elaborado, se trató de un simple hurto por una cadena de oro que tenía puesta el fiscal antimafia.

Por esa investigación tan rápida, el 18 de febrero de 2020, menos de mes y medio después del asesinato, se logró una sentencia donde fueron condenados Edison Fajardo Angulo, supuesto cabecilla de una banda de asaltantes de joyas; y Álvaro Preciado Quiñones, conductor de la motocicleta en la que se movilizó el sicario, recibiendo 27 años de cárcel cada uno.

Pero dos detalles llaman la atención. El primero es que, según su familia, el fiscal antimafia nunca tuvo un objeto de valor, como una cadena de oro. Lo que tenía puesto era un escapulario de acero. Y el segundo, es que la Procuraduría expresó fuertes dudas con respecto a la investigación y a la forma en la que se esclareció el asesinato del fiscal Libreros.

Vamos a eso. La procuradora judicial II, doctora Martha Inés Restrepo Saavedra, dejó claro en las audiencias dichas inconsistencias y su desacuerdo con que se determinara que el caso había sido resuelto, en tan corto tiempo, sin establecer realmente que los motivos para asesinar al fiscal Libreros fueran otros más oscuros. 

El Ministerio Público realizó un análisis juicioso sobre los elementos presentados en ese caso y expresó inconsistencias de la investigación de la Fiscalía, que concluyó que se trataba de un hurto cometido por ladrones inexpertos. A la Procuraduría esto le parecía un asesinato realizado por sicarios muy versados.

Según esa entidad, para los que han trabajado en investigaciones de bandas criminales especializadas en el hurto de joyas y elementos de valor, es claro que los criminales poco se equivocan sobre quién lleva objetos costosos, como relojes originales o cadenas de oro, para ser hurtados. No era el caso del fiscal antimafia.

Como se observó en los videos que presentó la Fiscalía para las audiencias de capturas e imputaciones, los asesinos estaban haciendo un cuidadoso seguimiento a la víctima. Por eso se sentaron junto a él en la cafetería, para posteriormente asesinarlo en su vehículo. Es decir, tuvieron todo el tiempo y posibilidad de establecer si el fiscal Libreros llevaba consigo algún elemento de valor, como una cadena de oro, o un escapulario de acero, como asegura su familia. 

Para algunos fiscales conocedores de esa investigación que hablaron off the record con esta columna, y que corroboraron lo establecido por la Procuraduría, la modalidad que usaron los ladrones no era una característica de atracadores, sino de sicarios. 

En especial con los antecedentes del caso, pues el fiscal había solicitado protección, estaba investigando organizaciones criminales de alto valor y, lastimosamente, indicios de vínculos de servidores de la Fiscalía con esas estructuras de drogas.

Por eso volvamos a quien hizo la rápida y eficaz investigación. El señor Jorge Iván Ríos García es, nada más ni nada menos, que una de las personas que terminó acusada como un narco fiscal un año después. En marzo de 2021 fue sentenciado por recibir un soborno de 190 millones de pesos de un capo del Cartel del Norte del Valle. Cuando el Ríos suena, coimas lleva.

Así como se oye. El fiscal que realizó la investigación del asesinato del fiscal que estaba investigando los vínculos de la Fiscalía con los narcotraficantes, que concluyó rápidamente que fue un hurto y no un asesinato, fue posteriormente investigado y encontrado culpable de ser vínculo de la Fiscalía con los narcos. La ironía se evidencia sola.

Como lo publicó el periodista Daniel Coronell el 7 de febrero de 2021, el narco del Cartel del Norte del Valle, alias Mueble Fino, tenía en el bolsillo a tres fiscales de Cali, con el objetivo de proteger su operación y montar procesos falsos a otras personas. Los funcionarios acusados eran Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional en Cali. Todos amigos cercanos y excompañeros de Martha Mancera y, todos, terminaron presos, para después quedar en libertad. Vamos por partes como la vicefiscal protegiendo a sus amigotes con problemitas judiciales. 

El 24 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia dejó en libertad por vencimiento de términos al fiscal Jorge Iván Ríos. ¿La razón? El Alto Tribunal duró más de160 días resolviendo un recurso de apelación con el que la defensa del procesado buscaba tumbar las pruebas en su contra. Para ese momento habían transcurrido 245 días desde que fue radicado el escrito de acusación y no había iniciado el juicio formal en contra del fiscal Ríos, por cuenta de los retrasos de la Corte Suprema de Justicia. Negligencia suprema.

Poco tiempo después, el 18 de abril de 2022, la jueza 20 de Conocimiento de Cali dejó en la libertad a los fiscales especializados Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, también acusados de ser parte de la red judicial al servicio de los narcos y las bandas criminales. La jueza, en la audiencia, afirmó que la Fiscalía no le envió la totalidad del expediente, pese a que estuvo durante diez meses en ese despacho judicial y en varias ocasiones se le hicieron requerimientos al ente acusador para que entregara los soportes y así poder hacer la respectiva revisión.

Qué coincidencia, la misma entidad manejada por la amigota de los imputados. A pesar de que sí existen las pruebas, porque se mostraron en la audiencia de imputación, la Fiscalía de manera inexplicable le envió a la jueza informes de policía judicial sin firmas ni huellas. También enviaron transcripciones de interrogatorios en formato Word sin rotulado de la Fiscalía y sin los respectivos videos o audios que deben acompañar esas versiones. Incluso, las declaraciones de los testigos principales de este caso las enviaron sin soporte.

Eso sin hablar de la docena de evidencias que se perdieron en el traslado del expediente de Cali a Bogotá. Como diciendo: señora jueza, es que el perro se comió mi expediente. Pero el pasado 3 de diciembre, la Revista Raya reveló varias de las pruebas que se le perdieron a la Fiscalía en ese proceso contra los llamados narco fiscales, que incluyen, incluso, comunicaciones con Mancera, llamadas interceptadas, testimonios y declaraciones juradas, develando un entramado de corrupción y crimen en el que los narcos quedaron libres y los fiscales llenos de dinero.

Por ejemplo, el propio narco fiscal Aguirre dejó por escrito que la decisión de poner en libertad a una persona capturada, con plena prueba, transportando insumos para la producción de cocaína, fue tomada en consenso con Mancera, en ese entonces fiscal coordinadora de la Unidad Especializada y hoy vicefiscal. Grave. 

En especial porque la fiscal Ana Victoria Nieto sigue siendo fiscal en Cali y el señor Iván Aguirre disfruta de una sana jubilación. Pese a que ambos están siendo investigados por soborno en actuación penal, constreñimiento ilegal, cohecho y prevaricato por omisión.

Y así, de los mismos productores de cerrando rápidamente la investigación del crimen del fiscal antimafia Libreros, diciendo que fue un hurto y no un asesinato, viene, el pasado 5 de diciembre, el archivo a las malas de la denuncia en contra de la vicefiscal Mancera, acusada de haber beneficiado a los narcofiscales que eran señalados de tener nexos con las mafias del Norte del Valle.

La Fiscalía señaló que luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y recopilar testimonios, no encontró material de prueba o elementos serios, por lo que resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva por parte de la vicefiscal Martha Janeth Mancera. Imposible, como cuando la Fiscalía dijo que al fiscal Libreros lo mataron por robarle una cadena de oro, que nunca tuvo. 

Así desde el más alto nivel es que se mueve la fiscalía en otrora años 80 escuchar la palabra fiscalía generaba pánico,  miedo, terror… hoy genera es: horror, dolor e injusticia  solo se salvan quienes son apadrinados por la cúpula de la fiscalía o sino terminan sacándolos de este paraíso terrenal viviente. Para que no «sapeen» a los demás.

Respaldo a Superintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez Casas

Portal La Otra Voz

Persiguen a funcionario por promover la paz de Colombia

Varias organizaciones sociales, populares y organismos de carácter privado y del sector público respaldan la gestión del Super Intendente de Subsidio Familia Luis Guillermo Pérez Casas, ante la suspensión provisional de tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación.

Para varias organizaciones esta medida al parecer se interpuso por que el funcionario del gobierno de Gustavo Petro ha demostrado durante su vida publica, un férreo compromiso por defender los derechos humanos, la paz y sobre todo la política del actual gobierno, basada en la necesidad de volver a Colombia en potencia mundial de la vida. Esto al parecer va en contravía de los intereses de la actual procuradora y ultima ficha del uribismo; con un cargo que como el del Fiscal General han utilizado para torpedear la paz. Son varias las voces que ven en esta decisión como excesiva e improcedente e incluso evidenciaría una persecución política amañada.

La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar “FEDECAJAS”, una agremiación que agrupa a por lo menos 31 cajas de compensación por medio de un comunicado expreso su solidaridad con el Super Subsidio.

El Ministerio Público indicó como posible falta disciplinaria y formuló pliego de cargos contra del funcionario, según ellos; por  realizar modificaciones a una lista de elegibles . Pero lo que no considera la Procuraduría es que a tan solo tres semanas de culminar  su cargo el Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez designado por el expresidente Iván Duque Márquez y con la Resolución 0498 del 05 de agosto de 2022  conformó lista cerrada de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención, sin que existiera mandato legal para poder hacerlo.

Desde varios sectores se escuchan las voces de respaldo a Pérez.

Incluso las organizaciones sociales han dado a conocer internacionalmente la situación que se presenta con el ente de control y como la Procuraduría estaría actuando como un actor político en favor de la corrupción. También hacen un llamado a más organizaciones para que se respete el Estado Social de Derecho y no se vulneren los derechos fundamentales de un funcionario que promueve la paz y las políticas publicas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Varios medios de comunicación han dado a conocer la denuncia pública que hace el funcionario, para que la Corte Suprema de Justicia  investigue a Margarita Cabello en sus funciones como Procuradora.

Mario Castaño, el titiritero que murió sin revelar los “daticos”

La Otra Voz / Periodismo Libre

Tras la muerte del exsenador Mario Castaño, el también exsenador Gustavo Bolívar -quien recientemente recuperó su faceta de columnista – afirmó que, en alguna ocasión, mientras compartían asiento en la Comisión cuarta del Senado, Castaño, a la usanza el amo y señor del liberalismo en el Eje Cafetero, se le acercó y le dijo: “Bolívar me contaron que está investigando cosas para un libro… yo le tengo unos cuantos daticos de gente mala de acá”.

El exsenador, infamemente reconocido por ser el principal articulador de un sofisticado aparato criminal de corrupción, falleció el pasado 18 de noviembre en la cárcel La Picota mientras purgaba una condena de 15 años. ¿Acaso, se perdieron los “daticos”?

El ascenso y caída de Castaño obedeció tanto a su desmedida ambición como a su habilidad para tejer relaciones en prácticamente todos los niveles de poder. La estructura criminal que diseñó a lo largo de un lustro -conocida como “Las Marionetas”- se extendió por cuatro departamentos, involucrando a decenas de funcionarios, alcaldes, contratistas y empresarios. Artífices de un desfalco a las arcas públicas que la justifica ha fijado en cerca de 100 mil millones de pesos.

Un gigantesco episodio de corrupción que todavía no terminamos de conocer. El poder de Castaño era tal que aún en medio de serios cuestionamientos -tras la filtración de una serie de audios en los cuales quedaban en evidencia los alcances de su estructura criminal- el partido Liberal, en cabeza de César Gaviria, le mantuvo el aval para que participará a sus anchas en las elecciones de 2022, en las cuales (sin mayor sorpresa) refrendó su curul en el Senado con 68.351 votos.

Pero la suerte de Las Marionetas ya estaba echada, ya que, tras las elecciones algunos de sus integrantes empezaron a “cantar” y el destino del titiritero mayor, el exsindicalista que de la nada construyó un impresionante capital electoral, resultó más que inminente: pasar el resto de su vida en la cárcel. El 7 de junio Castaño fue capturado y legó para la historia de nuestra infamia nacional aquella fotografía de un ser grisáceo con semblante adusto. El retrato de un símbolo de la corrupción.

Pero Castaño solo fue un titiritero, un hombre sin mayores reservas intelectuales, aunque con la sagacidad suficiente para comprender los recovecos del poder y ponerlos al servicio de un aparato criminal. Sin embargo, su ascenso a las altas esferas del poder no solo fue el resultado de un sistema podrido tendiente a la corrupción, sino de importantes relaciones políticas que ocasionalmente lo blindaron y le permitieron acumular más poder.

Algo en lo que César Gaviria, su mayor protector en las desteñidas huestes liberales, ostenta una responsabilidad política que seguro nunca asumirá. ¿Qué hubiera sido de Mario Castaño sin la tutoría y preferencia de la casa Gaviria? Esa es una pregunta que nunca obtendrá respuesta, como tampoco conoceremos sobre aquellos “daticos” que en algún momento le mencionó a Bolívar.

Hay muertes que crean símbolos, algunos trágicos y otros patéticos, la de Castaño le da espacio a un nuevo símbolo en nuestra inexcusable historia de la infamia: la de un símbolo de la corrupción, el saqueo y la ambición desmedida. ¿Descanse en paz?

La fuerte respuesta de la JEP a Álvaro Uribe: “No admitimos cuestionamientos»

Por Diego Espitia/La FM

El magistrado aseguró que no aceptarán que se siembren dudas alrededor de la manera de trabajar de la JEP.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Carlos Vidal, respondió a los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe sobre una supuesta persecución judicial contra el exmandatario, al haber sido mencionado por Salvatore Mancuso para ingresar a ese tribunal especial.

El magistrado aseguró que no aceptarán que se siembren dudas alrededor de la manera de trabajar de la JEP, pues Uribe aseguró que aparentemente un funcionario le dio a conocer que la JEP ya tiene listo todo en su contra.

“Nosotros no admitimos que se hagan cuestionamientos sobre esa autonomía de la jurisdicción o que se hagan ataques personales a nuestros magistrados o a los miembros de nuestros equipos en una respuesta que más bien debe ser una respuesta judicial”, aseguró el magistrado. 

Señaló que en caso de que algún ciudadano no esté de acuerdo con las decisiones adoptadas por dicha jurisdicción, existen mecanismos judiciales para controvertir el ingreso de Mancuso a la JEP. “Se ofrece una serie de recursos dentro de nuestros procedimientos para que dentro de los canales jurídicos se hagan las cuestiones o se formulen las cuestiones que se consideren, tanto respecto a la JEP como a la Corte Constitucional. Esos canales están abiertos”, concluyó Vidal. 

El expresidente Álvaro Uribe recriminó durante todo el fin de semana que la Jurisdicción Especial para la Paz aceptara el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado de la Fuerza Pública. En su cuenta de X, el exmandatario aseguró que un funcionario de ese tribunal le avisó que la JEP  ya tiene listo un plan en su contra. 

El mandatario rechazó haber sido mencionado por el ex paramilitar y mencionara que, como gobernador de Antioquia, tuvo conocimiento del plan para ejecutar la masacre del Aro en 1997. 

La verdad que deberá contar Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ingresar a la JEP

Unidad Investigativa / Vanguardia Liberal

El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, tendrá el próximo 14 de noviembre su última oportunidad para ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Su ingreso estará condicionado a sus aportes a la verdad con temas como la participación de los paramilitares en la campaña que lo llevó al poder, la existencia de fosas comunes de las autodefensas en Santander y el reconocimiento de la participación de los paramilitares en su gobierno.

El jefe del clan Aguilar, uno de los más poderosos de la política en Santander, el exgobernador Hugo Helidoro Aguilar Naranjo, tendrá el próximo martes 14 de noviembre su última oportunidad para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Para poder acceder a esta justicia especial, Hugo Aguilar deberá pasar de los relatos “anecdóticos” sobre su relación con los grupos paramilitares y prender el ‘ventilador’, aportando información clara y concisa relacionada con la participación de funcionarios, empresarios, agentes del Estado y la clase política de la región en actividades de grupos paramilitares.

Además: Última oportunidad en la JEP: Citan a exgobernador Hugo Aguilar a audiencia de aporte de verdad

“Lo anterior, advirtiéndole tanto al solicitante como a su apoderado que en el escenario que se surtirá a partir del presente auto, no tienen cabida los alegatos defensivos o exculpatorios, ni los relatos fragmentados o anecdóticos, sino que lo que se espera es un relato omnicomprensivo que no solo resuelva su situación particular, sino que abarque el ambiente que propició la comisión de las conductas delictivas y que concrete un aporte detallado y exhaustivo a la verdad y a la reparación”, se lee en la resolución de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, que le da una última oportunidad al polémico exgobernador.

A prender el ‘ventilador’

Pero los aportes de Aguilar Naranjo ante la JEP no podrán limitarse al señalamiento de terceros involucrados en la creación, expansión y consolidación del paramilitarismo en la región. La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al expediente judicial del exgobernador Aguilar en la JEP, que tiene un contexto más amplio.

En el centenar de folios de la Jurisdicción Especial sobre el paramilitarismo en Santander, Hugo Aguilar además de reconocer que las autodefensas estuvieron detrás de sus campañas a la Asamblea (2000); y la Gobernación de Santander, (2003), también tendrá que complementar con pruebas u otros indicios, la participación de las autodefensas en la consolidación de un ícono turístico de Santander, el Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, la posible existencia de por lo menos dos fosas comunes de paramilitares en el departamento y la relación de su proceso penal con el ‘carrusel de la toga’, entre otros 18 relatos más entregados paulatinamente por el exgobernador Aguilar a la Jurisdicción Especial de Paz.

La “verdad” del coronel

El 2 de junio de 2020, Aguilar Naranjo a través de su apoderado dio respuesta al requerimiento efectuado por la JEP. En su escrito, que tituló “La verdad del coronel”, el exgobernador aceptó haber tenido apoyo de los paramilitares para ser elegido Gobernador del departamento de Santander, por lo que se comprometió a pedir perdón públicamente. Además, describió brevemente 18 hechos que él denomina “casos”, de los que alega tener conocimiento y que tienen relación con el conflicto armado en el país.

En su declaración ante la JEP, Hugo Aguilar reconoció que gracias al respaldo del Bloque Central Bolívar logró ser elegido diputado de Santander. Años más tarde, gracias a ese mismo apoyo de los paramilitares, renunció a la Asamblea para aspirar a la Gobernación por el partido Convergencia Ciudadana, venciendo de manera sorpresiva al favorito, el liberal Luis Francisco Bohórquez.

Ya actuando como mandatario, Aguilar Naranjo nombró a personas cercanas a los paramilitares, como por ejemplo la designación de Bonel Patiño, amigo personal del jefe paramilitar ‘Ernesto Báez’ como secretario de Educación de Santander.

Panachi, ¿megaobra paramilitar?

En su versión preliminar Aguilar reseñó que la construcción del Parque Nacional del Chicamocha fue un medio para poder cumplir pactos burocráticos con los paramilitares, esto, a través de convenios interadministrativos entre el Departamento y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, para contratar a todas las personas encargadas por las autodefensas.

“Si bien es cierto, los convenios los firmaban los secretarios de despacho, yo era el Gobernador y el presidente de la junta directiva de Panachi, y aproveché para involucrar al diputado Nelson Naranjo Cabarique como el interlocutor entre el proyecto y las autodefensas para seleccionar la gente de esa organización al margen de la ley que entró a trabajar en el año 2004 y así cumplir con el compromiso burocrático”, relató Aguilar.

El proyecto de Panachi, según cuenta el propio Hugo Aguilar, fue objeto de denuncias por parte los exsenadores Hugo Serrano y Horacio Serpa, ambos ya fallecidos, quienes advirtieron públicamente ante autoridades judiciales en que el proyecto no era para impulsar el turismo ni reactivar la economía sino para cumplir económica y burocráticamente a los paramilitares.

“De ahí que el Eln intentó hacer un atentado terrorista cuando iba a inaugurar el puente que había construido sobre el río Sogamoso para la entrada al municipio de Cepitá”, agrega Aguilar.

Fosas paramilitares

En otros de los casos reseñados ante la Jurisdicción Especial, el exgobernador de Santander aseguró que en por lo menos dos municipios de Santander los líderes paramilitares del Bloque Central Bolívar contaban con sus propias fosas comunes en las que enterraban a sus contradictores.

Según lo relatado por Hugo Aguilar, en el mes de septiembre de 2003, alias ‘Víctor’, que era el comandante del Bloque Comuneros, lo citó a una reunión con alias ‘Ernesto Báez’ a la que también asistieron otros políticos de la región, como el exsenador Marco Cortés (hoy alcalde electo de Barbosa), el exdiputado Domingo Cortés (hasta el domingo pasado aspirante a la Gobernación de Santander); y su hermano Henry Cortés, al igual que los exdiputados Alfonso Riaño, Luis Francisco Guarín, Rafael Castillo y Nelson Naranjo, entre otros personajes.

Indica Aguilar Naranjo que el mismo alias ‘Víctor’ le manifestó que en el corregimiento de Riachuelo, jurisdicción del municipio de Charalá, “en la vereda donde tenían una curtiembre, enterraban a desafectos de la organización que citaban y eran asesinados”. Hugo Aguilar señala que son las personas de la vereda las que pueden señalar el sitio en el corregimiento de Riachuelo donde posiblemente está la fosa común. Igualmente, en otro de sus relatos Aguilar asegura ante la JEP que en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, cerca al perímetro urbano donde tenía la finca alias ‘Camilo Morantes’, existía un lago con cocodrilos y los alimentaba con los cadáveres de las personas que asesinaban.

“Este lago ya fue rellenado, es decir ya no existe, pero estoy seguro por informaciones de la gente del corregimiento, que al lado donde existía el lago hay una fosa común donde enterraron varios cadáveres”, agrega.

Guillermo Cristancho, más conocido como ‘Camilo Morantes’, fue el líder de las AUC en la región de los municipios de Rionegro, El Playón, Sabana de Torres y sus alrededores. Participó en la comisión de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, cuando fueron asesinadas 32 personas por orden de Carlos Castaño.

‘Carrusel’ en su contra

Otra de las declaraciones que llamó la atención de los magistrados de la Jurisdicción Especial tiene que ver con las denuncias hechas por el exgobernador de Santander, esta vez, después de haber sido capturado y procesado por parapolítica.

Según el relato del líder del clan Aguilar, cuando se encontraba recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá, fue abordado por la abogada Claudia García Méndez, quien lo visitó con el encargo de transmitirle un mensaje del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos. Manifestó que García Méndez le indicó que debía pagar la suma de $5 mil millones para que su condena fuera favorable. “Recibí un mensaje en el sentido de que el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia me mandaba a decir que tenía dos alternativas para salir: o quedarme en la cárcel dos años más con mis compañeros, o salir ya, con la opción de pagar mostrándole los cinco dedos de la mano derecha, que luego de las aclaraciones no correspondían a cinco millones sino a cinco mil millones”, anotó Aguilar Naranjo.

El exmandatario aseguró que como no pagó, su condena fue superior a la impuesta a los demás congresistas y gobernadores involucrados en la parapolítica. “Me llené de rabia y le respondí que yo no era ningún mafioso y que de dónde iba a sacar ese dinero. A los tres meses fui condenado incrementándome la pena en dos años más en comparación a los congresistas y gobernadores involucrados en la parapolítica además de una multa exorbitante y desproporcionada comparada con los demás condenados por la misma conducta”, dice Hugo Aguilar.

Claudia García Méndez es una abogada sangileña muy cercana al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, salpicado en el escándalo del ‘cartel de la Toga’. García Méndez fue nombrada en la administración de Richard Aguilar (hijo de Hugo Aguilar), como directora de la Casa de Santander en Bogotá, sin embargo, en 2013, siete meses después de su designación, renunció al cargo tras las revelaciones de la Revista Semana en las que advertía unas constantes e irregulares visitas por parte de la abogada a Iván Moreno Rojas, en la cárcel la Picota para supuestamente servir de intermediaria entre el exsenador santandereano, el exalcalde de Bucaramanga y las altas cortes en Estados Unidos.

Exclusión previa

En agosto del 2022 y luego de 32 meses de evaluación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, lo que le complica al exmandatario departamental su estrategia para evadir la justicia ordinaria en tres procesos por lavados de activos y enriquecimiento ilícito que aún avanzan en su contra.

En la solicitud elevada ante la JEP, Aguilar Naranjo afirmó que estaba dispuesto a contar toda la verdad sobre su relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, lo que abrió una luz de esperanza para esclarecer la verdad sobre las alianzas y acuerdos entre grupos armados ilegales y la clase política de Santander en los años 90. Como presidente de la junta directiva de Pancahi aproveché para involucrar al diputado Nelson Naranjo, como el interlocutor entre el proyecto y las autodefensas

Sin embargo, las declaraciones entregadas por el exgobernador de Santander ante la JEP y ante la Comisión de la Verdad, contrario a reconocer su vínculo con los grupos paramilitares y esclarecer los hechos de violencia política que se vivieron en Santander en el comienzo del siglo, terminaron siendo imprecisas, inconsistentes y tendenciosas para desmarcar su crecimiento político electoral en Santander respaldado por las AUC.

“El señor Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo a lo largo de su compromiso de verdad se enfrascó en la idea de presentar argumentos exculpatorios tratando de desmantelar la idea de que su condena por la comisión del delito de concierto para delinquir no consistió en el auspicio y promoción de grupos paramilitares, sino que estuvo reducida de forma pasiva a recibir el apoyo electoral para ser elegido gobernador de Santander, manteniendo la administración al margen de cualquier colaboración con las autodefensas”, dicta el fallo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Incluso, en su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Aguilar siempre se mantuvo en que su condena por parapolítica por parte de la Corte Suprema de Justicia fue un montaje y una persecución política por parte del Partido Liberal, en especial, del fallecido Horacio Serpa. Finalmente, la falta de compromiso con la verdad le terminó cerrando las puertas de la Jurisdicción Especial a Hugo Aguilar, su esposa y su suegra.

“En síntesis, la falta de exhaustividad y detalle que se le pidió fuera parte del ajuste a su «pactum veritatis» aminoran la entidad para ser aceptado y por esta vía se impone la decisión de rechazo”, puntualizó la JEP.

La principal inconsistencia de la versión del exgobernador se da en el reconocimiento de su relación política electoral con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Si bien al final de su intervención en la Comisión de la Verdad reconoció que permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, realizaran el constreñimiento al elector, y que recibió el apoyo para la elección como gobernador de Santander, durante toda la entrevista con los penalistas de la Comisión negó reiterativamente haber recibido apoyo de los paramilitares.

“Yo no les pedí que me apoyaran, a través de los líderes pedía permiso para poder hacer el proselitismo político, si me daban el permiso y si no tenían problema yo iba y hacía las reuniones políticas. Yo caí en un error de las malas costumbres de la política tradicional por el afán del poder”, había expuesto con anterioridad Aguilar.

Ingreso condicional de Aguilar a la JEP

El pasado 21 de julio la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, con presidencia de Rodolfo Arango Rivadeneira, revocó la Resolución 2862 proferida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el 9 de agosto de 2022 mediante la cual rechazó, por juicio de prevalencia jurisdiccional, el sometimiento de Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo ante la JEP.

Para la Sección de Apelación, aunque los relatos iniciales de Hugo Aguilar ante la JEP han sido sobre todo “anecdóticos”, el exmandatario ha insistido en su interés de aportar nueva información y reparar a las víctimas, en tal sentido, la Sección consideró tener en cuenta la relevancia de los aportes que Aguilar Naranjo puede tener para el esclarecimiento de los patrones de macrocriminalidad en el Macrocaso 08, (“crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano) y, en general para contribuir con la elucidación del conflicto armado y con la reparación de las víctimas.

“Considera esta Sección que es posible otorgarle al peticionario una última oportunidad para que, por única vez, de forma inequívoca, directa y certera, con respaldo en los elementos materiales probatorios obrantes en la presente actuación y los que el arrime o indique con exactitud su localización, realice aportes idóneos, serios, aptos, novedosos y amplios y desarrolle las contribuciones a la verdad que ha enunciado y esbozado hasta la fecha y precise sus señalamientos sobre los individuos”, dicta el fallo.

Así mismo, los magistrados le advierten nuevamente a Hugo Aguilar que el aporte a la verdad plena se constituye en un presupuesto para continuar con la actuación y, por tanto, la reticencia en contribuir con aportes tempranos a la verdad de lo que se conoce, sin reconocimiento de responsabilidad, puede llevar a su no aceptación de su sometimiento.

“En efecto, la SDSJ, (Sala de Definición de Situaciones Jurídicas), podrá poner un fin definitivo al presente asunto, si el señor Aguilar Naranjo no evidencia una actitud contributiva con los fines de la transición”, concluye la Sala. La sentencia de apelación contó con el voto favorable de los magistrados: Eduardo Cifuentes Muñoz, Danilo Alfonso Rojas Betancourth, Mirtha Patricia Linares Prieto, y Lidia Mercedes Patiño Yepes. La magistrada Sandra Rocío Gamboa Rubiano votó en contra de todo el fallo de la Sala de Apelación.

Enriquecimiento ilícito

Aunque en la actualidad existen por lo menos 21 casos penales en contra del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, la JEP hace énfasis en cuatro procesos puntuales de la justicia ordinaria en contra del exmandatario departamental: peculado por apropiación y celebración indebida de contratos; extinción de dominio; y dos procesos más por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En tal sentido, la Jurisdicción Transicional le requirió a Hugo Aguilar que frente a la comisión de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos y demás conductas que en virtud del principio de integralidad se lleguen a considerar relacionadas con el conflicto “precisara cuál es la vía procesal que pretende agotar en el marco de la JEP indicando si reconocerá responsabilidad o pretende cursar el trámite adversarial”. Sin embargo, dicho reconocimiento jamás fue aceptado por Aguilar Naranjo, lo que significó una de las razones por las cuales el exgobernador no fue aceptado en la JEP.

“Se puede inferir sin ninguna dificultad la comisión del delito y su vinculación con el conflicto armado, por cuanto estas investigaciones tuvieron origen en un mismo contexto que corresponde a las alianzas realizadas entre dirigentes políticos, entre quienes se encuentra el interesado (Hugo Aguilar) y grupos paramilitares con el fin de ser elegidos en cargos de administración regional, posterior a lo cual, no sólo a infiltración de los cargos de elección popular generaba enormes ganancias producto de la corrupción en la contratación pública, lo que terminaba fortaleciendo la influencia y el accionar de los grupos armados, sino que, además, permitió que muchos mandatarios locales desviaran recursos del Estado a la financiación de sus campañas políticas o a su fortuna personal”, señaló la JEP.

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ALVARO URIBE VÉLEZ: EL FRENTERO Y COMBATIVO QUE LE HUYE A UN JUICIO

Por Germán Ayala Osorio

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá le negara a la fiscalía de Barbosa la inmoral solicitud de preclusión del caso penal al que está vinculado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en calidad de imputado, es preciso reflexionar sobre lo que significa moral, ética, política y jurídicamente que un expresidente esté involucrado en unos hechos punibles de la magnitud del fraude procesal y soborno a testigos.

Políticamente, se trata de un golpe al ego de un hombre que se acostumbró a manosear a la justicia y a someter a su voluntad a quienes osaron controvertirlo o enfrentarlo políticamente.

Uribe Vélez siempre se presentó como un “hombre frentero, un macho cabrío y combativo”, pero la estrategia de sus abogados, ancorada al compromiso de la Fiscalía de defenderlo pasando por encima de todo el material probatorio que lo incrimina en los hechos punibles, lo viene dejando como un cobarde incapaz de enfrentar al aparato de justicia sin la ayuda de un fiscal general convertido en su títere.

En el ocaso de su vida y en camino de convertirse en un carcamal, Uribe Vélez siente que el poder y la admiración que concentró como jefe del Estado se desvanece progresivamente porque hay jueces que le perdieron el miedo, y porque en su trasegar político, jamás se preocupó por cultivar amistades, sino por asegurar complicidades y obsecuentes cómplices.  

Debe ser muy triste llegar a viejo rodeado de abogados entrenados para dilatar procesos, jugando con los vacíos de las normas, cuando pudo, por su condición de expresidente de la República, estar compartiendo espacios con intelectuales y dando clases en universidades de prestigio. O quizás, escribiendo libros. Pero claro, Uribe Vélez no construyó su vida para vivir en medio de esos escenarios, porque desde muy joven los despreció.

Por eso quizás siempre odió a los profesores críticos y a la academia que fustigó sus ideas premodernas y neoliberales. Álvaro Uribe Vélez es un patán, un “rufián de esquina”, como lo llamó el entonces presidente Santos, a quien, por el contrario, los escenarios académicos sí le llaman la atención y los valora porque su vida estuvo ancorada a las buenas maneras, a la lectura y al estudio.

El caso de Uribe es el de un hombre básico, enamorado del dinero, de los caballos y rodeado de peones sumisos; sin la riqueza que logró acumular, mal habida, según narrativas periodísticas y sociales, Uribe sería, en esencia, un homúnculo, un hombrecillo, como lo llamó Fernando Vallejo.

Ahora, en el crepúsculo de su vida, Uribe Vélez, tercamente, seguirá luchando por mantener a flote su cuestionada honorabilidad, o una probidad que solo se atreven a defender quienes, muy seguramente, se beneficiaron económica y políticamente de una relación cercana con el padre de la temida Seguridad Democrática. Política inspirada en el Estatuto de Seguridad de su referente político, el inefable Julio César Turbay Ayala.

El 1087985 representa muy bien a esa Colombia violenta, alejada de la lectura y de la reflexión. Con ese cuentico de “trabajar, trabajar y trabajar y a Colombia la está matando la pereza”, Uribe Vélez confirma que jamás cultivó el amor por la lectura y la escritura. Su lenguaje, como él mismo, es básico, ordinario y elemental.

Al verlo acorralado por la justicia, se comprende el error mayúsculo de quienes votaron por él, una y otra vez. El yerro se torna mayúsculo porque sus millones de arrepentidos seguidores jamás revisaron su historia y sus amistades; así mismo, jamás analizaron su lenguaje corporal y sus usos particulares de la lengua. Si sus abogados van a esperar que la fiscalía siga eternamente solicitando la preclusión de su caso, lo único que eso demostrará es el desprecio que sienten por la justicia esos profesionales del derecho y el propio expresidente.

Y en un país como Colombia, que un exjefe del Estado exhiba ese nivel de ultraje a la majestad de la justicia y de los jueces, solo agranda el equívoco de quienes votaron y aplaudieron su “obra” de gobierno. Y por supuesto que hace ver diminuto a quien fuera elevado a la condición de Mesías por medios, periodistas, empresarios, futbolistas, rectores de universidades privadas y banqueros.

Cuando Uribe Vélez deje este mundo, no habrá dejado un legado. Por el contrario, dejará, muy seguramente, procesos judiciales abiertos, un ethos a todas luces inconveniente, malicioso y dañino para una sociedad que deviene confundida moral y éticamente.

Por el contrario, si Uribe opta por decirle al fiscal Barbosa que presente el escrito de acusación y se inicie el esperado y reclamado juicio, podrá recuperar algo de ese coraje y de la combatividad que arrancó aplausos de sus áulicos. Acepte ir a juicio, señor Uribe. No enlode más su nombre, porque como van las cosas, Usted será recordado como un falso mesías, un cobarde, una mala persona y un pésimo perdedor.