En su cuenta de X el ex senador Gustavo Bolívar enumero 7 precisiones sobre esta determinación del gobierno nacional.
1- Esta alianza viene desde 2007 y vence en 2027. La firmó el gobierno Uribe con Chávez (Castro chavismo puro) y obviamente la prensa ni la derecha dijeron un carajo.
2- Colombia y Venezuela tienen la propiedad compartida del gasoducto Antonio Ricaurte que ha sido usado en las dos direcciones.
3- La pobre oposición en este tema encabezada por Duque y Cambio Radical con un ignorante trino de David Luna, dicen que no están dispuestos a permitir esa alianza para proteger el patrimonio nacional. Hay que recordarle a Duque que en su gobierno se perdieron miles de millones de dólares en dos negocios. La compra venta de acciones de la Empresa Peruana OIG y en el descalabro de Bio Energy.
4- Por qué empresas como Chevron, Eni, Repsol, Maurel & Prom, entre otras, tienen operaciones en Venezuela y Colombia no las puede tener? Porque mantenemos la mentalidad Colonial. Pueden venir a explotar en Colombia pero no podemos ir a explotar en otros lugares. Explíquenme eso.
5- Por qué, a partir del anuncio las acciones de Ecopetrol han subido? Porque los accionistas no son bobos. Saben que una alianza con el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, por encima de Sarabia Saudita, fortalece a Ecopetrol.
6- hacia el futuro, podríamos usar el Oleoducto Caño Limón – Coveñas que hoy está subutilizado por la caída de la producción de esos pozos, para que el hermano país saque su petróleo de los Llanos por ahí, obviamente pagando. El transporte de hidrocarburos es tan buen negocio que la empresa Promigas de Sarmiento Ángulo hace rato está tras las acciones de la empresa Bogotana TGI, a la que Petro le quintuplicó el valor con una movida accionaria que en su momento también fue criticada. Hay que vigilar que Galán en agradecimiento no se las venda. Esa empresa es súper mega rentable.
7- Dejen gobernar a Petro. Él estudia y nunca da palos de ciego.
El peso Colombiano se está convirtiendo en una moneda de mayor relevancia en las transacciones de Ecuador, Venezuela y Panamá.
Varias ciudades de Venezuela algunas con casi o más de un millón de habitantes, el peso Colombiano a tenido días donde a tenido más transacciones que ninguna otra moneda.
Según los reportes entre los motivos principales de este auge de la moneda Colombiana, se deben al rechazo popular al dólar por las sanciones y agresiones de Estados Unidos con el país. En Ecuador, igualmente en medio país, es común ver comercios que permiten los pagos en Pesos Colombianos, este auge está llevando a que algunos políticos propongan cambiar el dólar por el Peso Colombiano, tanto en Ecuador como Venezuela cada vez suena esta propuesta con más fuerza, Panamá no escapa a esta tendencia. Nos preguntamos con entusiasmo, estará el Peso Colombiano reeditando la unidad de nuestra gran nación?
Nuestro país fue dividido en el siglo XIX en el caso de Venezuela y Ecuador, los traidores gozaron de enormes fortunas, con mansiones en USA, de hecho Páez murió allá (en Nueva York) después de maldecir a Bolívar. En el caso de Panamá la traición corrió a cargo de Victoriano Endara nacido en el actual Ecuador y Jorge Marbotín nacido en la actual Colombia, es ya de público conocimiento como hubo una danza de los millones de dólares, para comprar autoridades locales, militares y políticos a nivel nacional, hay que decirlo en cada una de estas traiciones, que han hecho que Colombia pierda territorio, estaba el gobierno conservador en el poder.
El pueblo Panameño en aquel entonces no se quería separar, ni creía todas las promesas que les hacían, de hecho cuando fui a Panamá quede sorprendido al constatar que la mayoría de la población no conoce a Victoriano Endara o a Jorge Marbotín quienes firmaron el acta de la independencia, de hecho los Panameños no celebran esta fecha y la llaman separación de Colombia, algo que debe ir acorde a lo que sus ancestros les han dicho.
El Peso Colombiano recordemos nace del proyecto con nombre homónimo, Colombia decía Bolívar debía ser una gran nación que una los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, ese era el proyecto original por el que nació nuestra patria, es decir todos somos Colombia, desde la Patagonia hasta el río Bravo y más allá (más de la mitad del territorio de México fue Usurpado por Estados Unidos). Retomando el tema, el peso Colombiano sigue fortaleciéndose, es probable que terminemos el año a 3.800, lo que hace lucrativo invertir en esta moneda.
En las entrañas de los medios colombianos, se gesta una transformación silenciosa, una metamorfosis que revela las grietas en el edificio del periodismo tradicional.
En un país donde la prensa históricamente se ha arrodillado ante casas económicas y políticas, ha surgido una narrativa difundida que no solo se ajusta a los haberes de los grandes empresarios, sino que se convierte en el megáfono de agendas ajenas a los intereses del colombiano de a pie.
En Colombia, es un hecho conocido que los medios tradicionales se inclinan hacia ciertas élites económicas y políticas. Conforme a sus intereses, la línea editorial de estos medios se adapta a las particularidades de estas influencias, ansiosos por definir e imponer una agenda mediática en el país. Y no está mal, si son mediáticos y de gran alcance tienen “el poder” de imponer una narrativa según sus intereses y para nadie es un secreto que el periodismo en Colombia está politizado.
Desde la creación del periódico más grande del país que es El Tiempo y su competencia El Espectador, fueron creados para rendirse a unas líneas políticas tradicionales en nuestro país, uno Liberal (El Espectador) y el otro Conservador (El Tiempo). Poco a poco los medios de comunicación fueron creciendo acaparando las herramientas que transmiten sus mensajes mediante la radio, la televisión y los medios escritos, estos fueron adaptados al contexto actual, y fueron migrando a internet, teniendo mucho más alcance.
Sin embargo, esta última etapa de la evolución tecnológica, proporcionó más herramientas para que medios alternativos y sin ninguna tradición pudieran ganarse un espacio en la web, canales de YouTube como Alejo Vergel con mas de 370.000 suscriptores, Me Dicen Wally con más de 450.000 suscriptores y Levy Rincón con más de 584.000 suscriptores; son personajes que informan desde sus plataformas digitales, haciendo contra peso a los medios tradicionales que aunque hoy en día siguen posesionados como los más seguidos, han equilibrado la balanza de medios y poco a poco la gente ha ido migrando a otras formas de información.
Por otro lado, este último año las grandes cabezas del periodismo o como decimos en el argot “las vacas sagradas” de este oficio han mostrado su verdadera cara al país. Desde el Nefasto periodista Néstor Morales, que dirige el segmento mañanero más escuchado del país, hasta la misma Vicky Dávila, periodista polémica que le rinde tributo a las altas esferas de poder desde el medio de comunicación que dirige, han mostrado una cara clasista, elitista y hasta racista.
Primero, quiero señalar las desafortunadas palabras de Néstor hacia la población de Buenaventura, donde estigmatizó a su población y al territorio que se ubica en el pacífico colombiano, territorio que ha sido azotado por la violencia. El hecho se generó por la llegada de un crucero con más de 400 alemanes y suizos. Después de cincuenta años, el puerto recibió su primer crucero turístico, donde la población pudo recibir extranjeros y presentar la cara amable de este territorio.
Si bien es cierto Néstor señala unas realidades, que allí habitan los chotas y los espartanos, que el cartel del golfo tiene como principal ruta de narcotráfico este puerto, el paramilitarismo se camina las calles a su antojo, no es justo que desde este medio de comunicación deslegitimen la nueva realidad de Buenaventura, donde la intención de la población nativa sea explotar el turismo como medio de desarrollo. “Allí se están matando sin ninguna misericordia, ¿ustedes van a meter a la gente allí arriesgando la vida de estos turistas?” preguntaba el periodista de mañanas Blu.
Es cierto que el país ha venido pasando por una oleada de violencia desde hace años, las grandes ciudades turísticas del país también pasan por situaciones adversas y ligadas a la violencia. Bogotá tiene problemas de seguridad, los Rongo, Los Villegas, Los Yayas, Los Maracuchos, Tren de Aragua, son bandas que tienen azotada a la capital del país, en Cartagena el hambre y la desigualdad sobresalen como principal problemática y esto desenfoca en inseguridad para el turista nacional y extranjero, en Santa Marta, la extorción y el secuestro son pan de cada día y no hay un periodista haciendo show por las problemáticas sociales que tienen estas grandes ciudades del turismo.
Es por eso, que Buenaventura está en el derecho de esparcir su cultura a todo el planeta, y decirle al mundo que el Puerto no es solo violencia y narcotráfico, en este pedazo de tierra ubicado en el pacífico colombiano tiene mucho más que dar, el muelle turístico de Buenaventura, donde el turista podrá caminar y disfrutar de uno de los mejores atardeceres del mundo, o caminar por el Parque Nacional Natural Uramba, bañarse en las espectaculares playas de Juan Chaco y Ladrilleros, mientras se disfruta de un Encocado de Jaiba con una cerveza michelada, son de las opciones que Buenaventura le puede ofrecer al mundo.
Por otro lado, la periodista Vicky Dávila de Revista Semana, tuvo un encontronazo con el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, y allí se le vio muy mal parada. El Representante Mondragón ágilmente pudo sacarle la verdadera cara a Vicky, ella haciendo manifestaciones como “Usted parece debatiendo en el colegio, me da hasta pesar. Usted no tiene altura, en el Congreso usted es chiquitito” “usted no es un señor” “Usted es un señor hecho en la gaminería” “eso es lo que le gusta a los de su especie” refiriéndose de esa manera al representante, sin hablar de las gesticulaciones clasistas que la periodista realizaba en su programa.
Este tipo de ataques a los congresistas alternativos deja muy mal parada a la periodista y a los medios en general. Hay un periodismo parcializado, politizado y peligroso. Lo que hacen estos medios no es democrático ni incluyente, es discriminatorio al referirse “a los de su especie” o la estigmatización que hace Néstor cuando señala que Buenaventura no es más que un pedazo de tierra del crimen.
Es innegable que los medios tradicionales están tocando fondo. La desinformación y la manipulación de la información son su pan de cada día. Estamos siendo testigos de la degradación del periodismo tradicional al servicio de los poderosos. La verdadera democracia de la información está emergiendo en nuevas plataformas, marcando un cambio trascendental en la forma en que consumimos y percibimos las noticias. La era de la diversidad informativa ha llegado, y con ella, el ocaso inevitable de un periodismo tradicional en declive.
Gobierno, trabajadores y empleadores acogen proceso de ratificación del convenio 190 con la OIT frente a violencias y acoso laboral contra las mujeres.
El próximo viernes 15 de diciembre es el primer plazo para lograr un acuerdo de incremento del salario mínimo y el auxilio de transporte para 2024.
Así lo concertaron hoy representantes de los trabajadores, empleadores y Gobierno Nacional, en el marco de la sesión oficial de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, liderada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El Ministerio precisó en un comunicado que el próximo jueves 30 de noviembre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entregará las cifras de la tasa de desempleo.
El viernes 1° de diciembre, con esta información, sesionará la Subcomisión de Productividad. El lunes 4 de diciembre, la sesión de la Comisión tendrá como insumo la información actualizada del mercado laboral colombiano, junto con el informe de la subcomisión de Productividad que presentará el DANE y un contexto macroeconómico a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El jueves 7 de diciembre sesionará la subcomisión de Empleo y Empleabilidad.
El lunes siguiente, 11 de diciembre, el DANE hará un análisis de los datos de inflación y PIB, mientras que el Banco de la República proyectará la inflación anual. El martes 12 de diciembre se presentarán las ofertas de incremento del salario mínimo para 2024. El 13 y 14 se celebrarán jornadas de concertación. Según lo establece la Ley 278 de 1996, el 15 de diciembre será el primer plazo para lograr el acuerdo de incremento salarial entre empleadores y trabajadores.
Si no se logra el acuerdo, los días siguientes continuarán sesiones extraordinarias y el 30 de diciembre es la fecha máxima para expedir y publicar el decreto que fija el salario mínimo y el auxilio de transporte, resultado o no de un acuerdo entre las partes.
Convenio OIT
Además del cronograma, durante la sesión de hoy de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reactivó la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad y se promovió el proceso para la ratificación del convenio 190 con la Organización del Trabajo (OIT) sobre acoso laboral y violencia contra las mujeres en el entorno laboral.
“Hemos tenido una agenda de trabajo muy importante, y en primera instancia reactivamos la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad que habíamos creado el año anterior, y sobre ella acordamos hacer análisis y reflexiones en cuanto a la situación económica que está viviendo el país y hacer los aportes desde la Comisión, para lo cual se trabajará para darle propuestas al Gobierno Nacional”, destacó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Agregó que se acordó “un procedimiento claro para llegar al consenso y elegir a la persona que llevará la responsabilidad ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, que es el mecanismo que tenemos de intermediación y conciliación de los procesos y querellas que se llevan ante la OIT”. De manera unánime, la mesa acogió que el convenio 190 frente a las violencias contra las mujeres y el acoso laboral. “Vamos a trabajarlo para darle trámite en el Congreso de la República en la Comisión Segunda”, puntualizó la ministra.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Fabio Arias, declaró: “Estamos contentos al haber llegado a la ratificación de un convenio muy especialmente para las mujeres, y es que los espacios del trabajo sean libres de violencia y acoso laboral y sexual; esto nos da optimismo y muestra que evidentemente gobierno, empresarios y trabajadores podemos hacer cosas más significativas”.
“No nos negamos a la concertación y haremos el mejor de los esfuerzos desde el Comando Nacional Unitario para que podamos llegar a un acuerdo del salario mínimo”, concluyó Arias.
“Esperamos tener la sabiduría y poder tomar la mejor decisión, para lo cual nos pusimos de acuerdo en toda la información para esta decisión, como decía la Ministra, en la semana del 13 y 14 de diciembre”, expresó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master.
En el encuentro tripartito participaron delegados de gremios, centrales sindicales y Gobierno, y fue presidido por la ministra Ramírez, junto con los viceministros de Relaciones Laborales, Edwin Palma, y de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, y de la Secretaría Técnica de la Comisión.
Sobre el salario mínimo
Fijar de manera concertada el salario mínimo es una función asignada legalmente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno Nacional, centrales de trabajadores y gremios empresariales. El salario mínimo se fija con periodicidad anual y rige para todo el territorio nacional.
Para el periodo enero-septiembre de 2023 se cuenta con 2 millones 246 mil personas que devengan un salario mínimo mensual legal vigente.
En diciembre de 2022, al oficializar el salario que rige en la actual vigencia, el presidente Gustavo Petro expresó: “Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses, en virtud de la inflación”.
Puntualizó que el propósito del Gobierno del Cambio es fortalecer “la demanda interna en Colombia en sus sectores más vulnerables, de tal manera que no solo podamos corregir una situación de crecimiento del hambre, sino también que se convierta en motor del crecimiento económico”.
Tras los fallidos debates sobre la reforma a la salud que hoy ponen en vilo el sistema de salud del país, la Junta Médica Nacional, conformada por organizaciones médicas de carácter gremial, científico y académico de Colombia, expresó por medio de un comunicado su respaldo absoluto al proyecto de reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.
La organización gremial aseguró que dicha reforma es resultado de la discusión que lideró la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, con organizaciones de la sociedad civil por varios años. De modo que difieren de las afirmaciones de las organizaciones gremiales denominadas Acuerdos Fundamentales que, junto a los partidos políticos Centro Democrático y Cambio Radical, donde niegan la posibilidad de corregir las fallas estructurales del sistema de salud colombiano.
Entre tanto, la junta médica también señala que la principal área de desacuerdo se basa principalmente en la administración pública de los recursos, siendo esto impulsado por distorsiones difundidas a través de diferentes medios de comunicación. Por ello, la organización gremial listará a continuación las interpretaciones erróneas para dar claridad a la información que los ciudadanos deben tener acerca de la reforma a la salud.
Junta Medica Nacional critica la divulgación imprecisa sobre el proyecto
1. En primer lugar, la reforma estructural al sistema de salud está respaldada por un exhaustivo estudio económico de 103 páginas liderado por el Doctor en Economía, Luis Jorge Garay.
-La primera parte se dan a conocer las condiciones iniciales del proceso de reforma, analizando indicadores de inequidades de salud, evolución de recursos, situación financiera de EPS, deudas, estado de trabajadores en el sector, y más.
-La segunda parte se centra en los cambios propuestos, como la nueva arquitectura institucional, estrategias de asignación de recursos, control de costos, mecanismos anticorrupción, inversión en sistemas de información, proyección de recursos para infraestructura, entre otros. A pesar de su disponibilidad pública, el estudio es constantemente omitido por la oposición, que insiste en la supuesta falta de respaldo económico para la reforma de salud.
Este estudio también cuenta con dos anexos que refiere a los modelos de UPC y otro sobre la ADRES. Entre tanto, este texto, que es de dominio público, “por alguna razón, siempre es omitido en los argumentos de la oposición que insiste, de manera reiterada, en que “la reforma de salud carece de un estudio económico”.
2. Fuentes financieras: estos recursos del Sistema de Salud están definidas constitucionalmente y no pueden ser modificadas mediante una ley ordinaria. El artículo 55 destaca que el financiamiento del sistema se compone de recursos parafiscales de cotizaciones y aportes, así como de recursos fiscales a nivel nacional y territorial, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud y promover la solidaridad en toda la población, abarcando diversas categorías como generaciones, géneros, empleados, desempleados, personas sanas o enfermas, población urbana y rural, y regiones con diferentes niveles de desarrollo, así como entre personas con ingresos altos y bajos.
3. Entre los puntos a aclarar por parte de la Junta Médica Nacional, detalla que la reforma propuesta no implica la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En cambio, sugiere la transferencia directa de recursos desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hacia las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), retirando a las EPS de la gestión financiera.
Este aspecto ha generado considerable resistencia, destacado por el director de la ANIF, quien enfatiza que la función de las EPS es manejar los fondos. De este modo, el debate central de la reforma de salud se basa en el manejo financiero, con opiniones como la de Acuerdos Fundamentales que defienden la idoneidad de la administración de los recursos públicos por parte del sector privado.
4. A pesar del aumento en la cobertura tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), persisten barreras que han llevado a numerosas acciones legales como último recurso para acceder al derecho a la salud. Con ello, es claro que todos los sistemas de salud tienen la obligación de ser sostenibles, equitativos y de calidad, pero hay evidencia de debilitamiento en sus funciones fundamentales de promover, restablecer y mejorar la salud individual y colectiva. Esta disfunción se traduce en un descontento generalizado debido a la incapacidad del sistema para ofrecer un servicio digno, lo que, además, obliga a los ciudadanos a aumentar sus gastos de bolsillo.
5. La falta de transparencia en la gestión financiera de las EPS, junto con auditorías cuestionables y un control casi total de 84 billones de pesos al año, plantea serias dudas sobre la eficacia y legitimidad del actual modelo de salud. Frente a esto, la Superintendencia de Salud ha revelado que 20 EPS no cumplen con requisitos legales, como destinar al menos el 8% del costo anual en inversiones para respaldar sus reservas técnicas, una condición reglamentada por el Decreto 2702 de 2014. De manera preocupante, 12.4 billones de pesos han sido asignados a reservas técnicas sin estar respaldados por activos, pero esto no ha generado mayores reacciones, protestas ni solicitudes de investigación por parte de congresistas opositores o gremios médicos que se oponen a eliminar la intermediación financiera.
6. La ponencia aprobada en segundo debate establece la creación de las Gestoras de Salud y Vida, con funciones de coordinación en el sistema de salud, resultado de un consenso entre los partidos políticos desde la presentación del proyecto de ley. El artículo 49 del Capítulo III detalla claramente sus 24 funciones, el artículo 52 establece el mecanismo de inspección, vigilancia y control, mientras que el artículo 53 define el pago del 5% de la población adscrita a los Centros de Atención Primaria (CAPS) por dicha gestión administrativa.
7. Se ha llevado a cabo una evaluación parcial del sistema de salud por parte de la oposición, donde no se han considerado las deudas acumuladas de las EPS con clínicas y hospitales públicos, así como el no pago de salarios a trabajadores de la salud. Esto como tal revela la inestabilidad laboral y las deudas en las instituciones, atribuibles al mal manejo de las EPS y la integración vertical. Asimismo, estas deficiencias han presentado consecuencias graves, como retrasos en tratamientos, suspensiones y falta de intervención preventiva, impactando negativamente en los pacientes, todo impulsado por la defensa de intereses particulares.
8. Finalmente, la organización gremial destacó que es preocupante que los gremios médicos, responsables de salvaguardar el derecho a la salud y el trabajo digno de los trabajadores del sector, muestren un fuerte respaldo a las EPS a pesar de ser víctimas directas de su mal manejo financiero. La ausencia de propuestas concretas para superar la crisis y la negativa a abordar los problemas estructurales del modelo actual plantean dudas sobre su integridad ética y su compromiso con el bienestar colectivo.
Persiguen a funcionario por promover la paz de Colombia
Varias organizaciones sociales, populares y organismos de carácter privado y del sector público respaldan la gestión del Super Intendente de Subsidio Familia Luis Guillermo Pérez Casas, ante la suspensión provisional de tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
Para varias organizaciones esta medida al parecer se interpuso por que el funcionario del gobierno de Gustavo Petro ha demostrado durante su vida publica, un férreo compromiso por defender los derechos humanos, la paz y sobre todo la política del actual gobierno, basada en la necesidad de volver a Colombia en potencia mundial de la vida. Esto al parecer va en contravía de los intereses de la actual procuradora y ultima ficha del uribismo; con un cargo que como el del Fiscal General han utilizado para torpedear la paz. Son varias las voces que ven en esta decisión como excesiva e improcedente e incluso evidenciaría una persecución política amañada.
La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar “FEDECAJAS”, una agremiación que agrupa a por lo menos 31 cajas de compensación por medio de un comunicado expreso su solidaridad con el Super Subsidio.
El Ministerio Público indicó como posible falta disciplinaria y formuló pliego de cargos contra del funcionario, según ellos; por realizar modificaciones a una lista de elegibles . Pero lo que no considera la Procuraduría es que a tan solo tres semanas de culminar su cargo el Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez designado por el expresidente Iván Duque Márquez y con la Resolución 0498 del 05 de agosto de 2022 conformó lista cerrada de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención, sin que existiera mandato legal para poder hacerlo.
Desde varios sectores se escuchan las voces de respaldo a Pérez.
Incluso las organizaciones sociales han dado a conocer internacionalmente la situación que se presenta con el ente de control y como la Procuraduría estaría actuando como un actor político en favor de la corrupción. También hacen un llamado a más organizaciones para que se respete el Estado Social de Derecho y no se vulneren los derechos fundamentales de un funcionario que promueve la paz y las políticas publicas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Varios medios de comunicación han dado a conocer la denuncia pública que hace el funcionario, para que la Corte Suprema de Justicia investigue a Margarita Cabello en sus funciones como Procuradora.
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