EL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Por: Mario Alejandro Valencia

Ante la eventual aprobación del TLC con Estados Unidos, este repaso del texto del Tratado, de los informes oficiales y de las declaraciones de funcionarios colombianos pone de presente que el TLC no aumentará nuestras exportaciones y traerá graves daños para el medio ambiente, la salud y el sector agropecuario mientras beneficia a Estados Unidos.
Volver a lo esencial

Durante los años de la negociación, 2004 a 2006, el TLC fue un asunto central de la agenda colombiana. Los gremios de la producción, los sindicatos, las fuerzas políticas y los medios fijaron sus posiciones y hubo cientos de estudios, debates, análisis y proyecciones sobre el impacto económico y social del tratado.

Pero hoy en día la discusión no se refiere al contenido ni a los efectos previsibles del TLC sino a las estrategias del gobierno Santos para lograr su aprobación -lo cual deja de lado la cuestión más importante: ¿el TLC es bueno para Colombia?

Por eso vale la pena recordar lo que concluyeron los mismos estudios oficiales.

No exportaremos más

Uno de esos informes, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y publicado en julio de 2003, sostuvo que con el TLC las compras colombianas a Estados Unidos aumentarían 11,92 por ciento, mientras las ventas tan sólo lo harían en 6,44 por ciento.

Otro estudio del Banco de la República de 2006 indicó que las importaciones desde Estados Unidos aumentarían en 1.629 millones de dólares, mientras que las exportaciones colombianas lo harían en tan solo 1.016 millones de dólares.

Y otro estudio realizado para el Ministerio de Agricultura concluyó que no era cierto que el TLC permitiría comprar comida barata: “no hay evidencia que sustente la hipótesis según la cual las reducciones en el precio de la materia prima básica importada se transfieran… al consumidor final”. [1]

Los daños colaterales

El ex–ministro Rudolf Hommes comentó: “no han podido entender que el beneficio del comercio proviene más de poder importar que de exportar”. Pero fuera de este argumento peregrino, en realidad no existen investigaciones que demuestren que el TLC traerá beneficios para la economía colombiana. Por el contrario, todas llegan a la conclusión de que el tratado beneficia a las multinacionales estadounidenses pero acarrea pérdidas para los trabajadores, productores y consumidores colombianos.

Esta conclusión se sigue del propio texto final del TLC en sus 23 capítulos y más de 1.600 páginas:

-En materia ambiental, de gran importancia para Colombia, puesto que es la tercera potencia en biodiversidad del mundo, el TLC indica que los dos países realizarán “todos los esfuerzos razonables” para otorgar patentes sobre plantas y animales.

Este capítulo establece que “las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente”, es decir, de manera que la legislación ambiental no afecte el comercio y que cualquier protección ambiental se catalogue como un obstáculo injustificado al comercio. El TLC allana el camino para expoliar los recursos naturales no renovables, en lo que el gobierno ha llamado la “locomotora minero-energética”, que hoy tiene solicitadas en concesión 39 millones de hectáreas del territorio nacional.

-En materia de salud, hoy en el ojo del huracán ante el fracaso de la ley 100, el TLC incluye medidas de propiedad intelectual que dejan a más de cinco millones de colombianos por fuera del acceso a medicamentos genéricos [2]. “Datos de prueba”, “patente de usos”, “linkage”, “excepción bolar”, “licencias obligatorias”, son algunos de los tecnicismos que contiene el TLC y cuya consecuencia será aumentar el precio de los medicamentos en 919 millones de dólares anuales [3].

-El TLC no permite el control de precios, por ejemplo en los medicamentos, como en forma populista ha declarado el presidente Santos. De ejercerse este control, las farmacéuticas demandarían al Estado ante un tribunal de arbitramento internacional, obligando a indemnizarlas por un monto igual o superior a las expectativas de ganancias que tuvieran los inversionistas.

-En el sector agropecuario, Estados Unidos no acordó ningún tipo de desmonte de los subsidios a su producción, mientras que Colombia abandonará el sistema andino de franjas de precios, que regula los precios internos de los alimentos; eliminó el mecanismo público de administración de contingentes y cedió la protección arancelaria de todos los productos.

No es verdad que Colombia haya conseguido un acceso real al mercado estadounidense, porque lo único que negoció en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias fue una carta adjunta donde se comprometen a “cooperar” y realizar los “esfuerzos” para promover la “implementación del Acuerdo MSF de la OMC”. El estudio de Luis Jorge Garay para el Ministerio de Agricultura muestra que en el primer año de vigencia del TLC Estados Unidos venderá 4,6 millones de toneladas más de alimentos, mientras que Colombia sólo aumentará sus exportaciones en 63.000 toneladas. Según el estudio, el TLC provocará la pérdida de por lo menos 365.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y más de 86.000 puestos de trabajo, aumentando la miseria en campos y ciudades.

-En minería e hidrocarburos, que representan el 64 por ciento de las ventas totales de Colombia, tampoco se ganó nada pues ya hay libre acceso al mercado estadounidense, aún sin TLC.

Bueno para Estados Unidos

Las evidencias son tan contundentes que incluso funcionarios gubernamentales reconocen que el TLC beneficia solamente a los Estados Unidos.

-En noviembre de 2008, en plena crisis financiera, el viceministro de comercio (¡de Colombia!) Eduardo Muñoz dice que la aprobación del TLC: “es un tema central dentro de la discusión de reactivar la economía de los Estados Unidos…Los acuerdos comerciales juegan un papel importante para mantener e incluso incrementar las exportaciones estadounidenses”.

-En enero de 2009, la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco, manifestó: “Los Tratados son importantes para la economía Americana…Esto representa el crecimiento de sus empleos; vamos a tener que trabajar…y buscar que dentro de esa apertura que requieren los Estados Unidos para el crecimiento de su economía, avance el TLC de Colombia.” De nuevo, en enero de 2010, la funcionaria expresó: “Me saltó el corazón cuando escuché Colombia”, al referirse al discurso de Obama sobre el estado de la Unión, donde dijo que iba a duplicar las exportaciones de su país, valiéndose de aliados como Colombia.

-En enero de 2011, en gira por Washington, el vicepresidente Angelino Garzón dijo: “A quien más le conviene en los actuales momentos el TLC de Estados Unidos con Colombia es al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos…Los productores agrícolas de los Estados Unidos en los últimos tres años, han dejado de exportar a Colombia cerca de 800 millones de dólares…Y ¿Usted se puede imaginar nosotros con TLC con Canadá y sin TLC con los Estados Unidos?. Por eso le reitero que el que más gana hoy con la firma del TLC entre Estados Unidos y Colombia es Estados Unidos.”

Ya ni siquiera se cuidan de guardar las apariencias ni de insistir en el engaño. Estados Unidos se encuentra en una de las situaciones económicas y sociales más difíciles de su historia, luchando contra una profunda crisis sistémica. En el terreno económico, quienes gobiernan buscan nuevos mercados, como los que se abren a sus corporaciones con el TLC y la confianza inversionista. El gobierno colombiano conoce y sirve a esta estrategia, profundizando el modelo, a pesar de que los hechos prueban el desastre causado y el que está por venir.

Puja por la alcaldía de Bogotá. Mockus y Petro: ¿Inhabilitados para aspirar?

Por: Laura Ardila Arrieta / El Espectador

No pueden ser candidatos a cargos públicos quienes se hayan cambiado de partido sin haber renunciado a su colectividad con un año de anticipación. Mientras unos dicen que las leyes no son retroactivas, se advierte que las normas constitucionales son intemporales.

Al tiempo que crecen los rumores acerca de una posible candidatura de Antanas Mockus a la Alcaldía de Bogotá –los mismos que vienen sonando desde que el exalcalde renunciara al Partido Verde, hace tres semanas–, aumenta la polémica por la inhabilidad contemplada en la reforma política para aquellos aspirantes que se hayan cambiado de colectividad hace menos de un año. Ese sería el caso de Mockus y de Gustavo Petro y podría ser calificado en el marco de la ley como doble militancia.

La ley estatutaria de la reforma política que presentó el Gobierno al Congreso fue declarada exequible (es decir, aceptada) por la Corte Constitucional la semana pasada. Para que entre a regir faltaría que pase por el control de la oficina jurídica de la Presidencia y que el presidente Juan Manuel Santos la sancione.

Sin embargo, y aunque no se conoce el texto completo de exequibilidad de la Corte, desde ya genera cuestionamientos el artículo 2º que reza: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción”.

Lo anterior significa nada más y nada menos que a Petro y Mockus (si finalmente se lanza) les podrían revocar su inscripción a las elecciones. Como se sabe, Petro renunció a su partido, el Polo Democrático, al cual representó como candidato en las pasadas presidenciales, y ahora es aspirante a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Progresistas.

La discusión tiene de largo como de ancho, pues si bien la reforma política fue declarada exequible, aún no ha sido expedida y por tanto no rige. Además, las leyes no son retroactivas, es decir, aplican a partir de su entrada en vigencia. En ese sentido se pronunció el candidato Petro, quien aseguró: “Ha sido recurrente en distintas reformas electorales que la Corte dice que éstas no rigen para las elecciones presentes. Y no creo que la Corte haya aplicado la retroactividad en este caso”. El aspirante se declaró “tranquilo” y advirtió que, aún si hubiese retroactividad, no se afectaría su candidatura puesto que cuando renunció al Polo no ocupaba allí ningún cargo directivo.

Otra es la situación de Mockus, quien fungía como copresidente del Partido Verde cuando decidió dejar esa colectividad. El exalcalde se encuentra en Lituania, su país de origen, y no fue posible comunicarse con él. Su escudera en el Partido Verde, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, le dijo a este diario: “Sé que Antanas está revisando con cuidado ese tema, de la mano de sus abogados”. Robledo aclaró que ahora ella está en el Partido Verde y, para no incurrir en doble militancia ni perder su curul en el Congreso, no podría apoyar a Mockus en su eventual campaña. “Él se fue y yo me quedé”, aseguró.

Advirtiendo que no es abogado, el analista Juan Carlos Flórez cree que el tema tendrá que ser revisado con cuidado para que las campañas en cuestión no se encuentren con sorpresas que puedan truncar sus aspiraciones en la mitad del camino.

La opinión del exmagistrado Alfredo Beltrán deja entrever que, con respecto a la supuesta inhabilidad por el cambio de partido, cualquier cosa podría pasar con las aspiraciones de Petro y Mockus. Frente a la tesis de que las leyes no son retroactivas, también está la teoría según la cual las normas constitucionales (y la reforma política es una de ellas) son intemporales. Luego sí podrían estar cobijados por la inhabilidad quienes se hayan cambiado de colectividad sin haber renunciado un año antes.

La última palabra, en todo caso, la tendrán la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, si algún ciudadano decide demandar el asunto. También es posible que la sentencia de la Corte, que aún no se conoce, haya despejado el tema. Un elemento más que se suma a la campaña por Bogotá, que apenas prende motores.

MECI, herramienta para la Escuela-empresa en la política de privatización de la educación

Por: María Antonieta Cano / Docente del 1278

El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una metodología que unifica criterios en materia de control para el sector público, estableciendo una estructura para medir la estrategia, la gestión y la evaluación. En educación apunta, substancialmente, a certificar, descentralizar y finalmente a “plantelizar” la educación.

Sirve a la hoja de ruta del neoliberalismo que se dirige hacia el desentendimiento del Estado de sus obligaciones con la educación para transferirlas a las esferas locales de cada institución. El deber estatal se reduce a chequear si las normas del MECI se cumplen o, de lo contrario, proceder en la escala de sanciones que pueden llegar hasta el cierre de los planteles.

El MECI surge de la comisión internacional sobre educación, equidad y competitividad económica en América Latina y el Caribe; compuesta por funcionarios que pertenecen a empresas multinacionales o del Banco Mundial, y el PREAL-Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, que trazó las políticas para la región. En el contexto nacional el MECI tiene su origen en la expedición de la Ley 87 de 1993.

El modelo le imprime a la evaluación institucional criterios empresariales, con normas de calidad propias de la productividad industrial. Trata a los estudiantes como objetos, a las familias como clientes y a los profesores como operarios. De ahí que la relación costo-beneficio que evalúa el MECI se mida desde la relación de número de alumnos por profesor, impeliendo a los colegios a aumentar el hacinamiento. También obliga a establecer estándares nacionales e internacionales de pruebas que, dan cuenta, como único indicativo, de la “calidad del servicio/producto”, y como parte del sistema de certificación, determinan cuál o cuáles instituciones educativas permanecen o desaparecen del “mercado”.

Al promover un “mayor nivel de participación ciudadana” en el control y vigilancia de la actividad laboral de los docentes, se da poderes a padres y acudientes, que, como una suerte de “patrones”, atentan contra la autonomía escolar, pasando por encima de sus derechos, su dignidad y su quehacer docente, y establece entre unos y otros una relación en planos de confrontación lejos de la armonía que debe coexistir entre ellos. Los hogares para tener dicha injerencia deben participar en la financiación de colegios.

Según este modelo, el gobierno debe permitir que paulatinamente cada escuela administre sus propios asuntos, decida sobre la ejecución de los recursos para ir aumentando sus responsabilidades, adecuando así el principio constitucional que incluye a la familia, a la sociedad y al Estado como “responsables” de la educación.

En consecuencia con lo anterior, el MECI mide la promoción de estrategias financieras que alivien las carencias presupuestales estatales. Estrategias que van desde el pago de la matrícula por parte de los padres de familia, hasta el importe de tarifas especiales para que los estudiantes accedan a cursos de extensión en las áreas que han ido desapareciendo del currículo como las artes y la educación física.

Convertir la educación en una empresa, mediante la implantación de modelos como el MECI, es el objetivo del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, –no es casual que haya nombrado a María Fernanda Campo, una empresaria, como ministra-gerente de educación-, trastocando con ello la verdadera concepción de calidad.
A contramano, los docentes debemos anteponer la defensa de la educación pública estatal en la cual la calidad no sea sinónimo de la gestión empresarial sino de la formación integral de los estudiantes en conocimientos científicos y como seres humanos, con acceso a la más alta tecnología para el proceso de enseñanza y aprendizaje; con garantías laborales, de ingreso, capacitación y estabilidad para los docentes; donde las funciones estén delimitadas entre el Estado que financia y administra y los maestros y directivos que ejercen plena autonomía escolar en su labor pedagógica por el bienestar general de la sociedad.

Santos niega versión sobre pago a FARC en rescate de Betancourt en 2008

Por: Agence France-Presse

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, rechazó este martes la versión de un documental que asegura que la liberación de la ex candidata colombo francesa Ingrid Betancourt y tres estadounidenses en 2008, fue resultado de un acuerdo económico con guerrilleros.

“Hay una supuesta versión de un documental en el que se trata de insinuar o probar que en esa operación se pagaron no sé cuantos millones de dólares, lo cual se cae de su propio peso. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, dijo Santos a periodistas en el municipio de Tierralta, departamento (provincia) de Córdoba (norte).

El lunes, el periodista colombiano Gonzalo Guillén presentó un documental en Quito según el cual la liberación de los rehenes fue el resultado del pago de varios millones de dólares a los carceleros de las FARC, y no a la operación militar que según el gobierno permitió su rescate, sin disparar un solo tiro. “Fue una operación financiera, no militar”, dijo Guillén a periodistas en Quito tras la presentación del documental.

Al respecto, Santos -que para la época se desempeñaba como ministro de Defensa- aseguró que “las FARC siempre están obsesionadas con quitarse de encima esa humillación de la Operación Jaque”, con la que fue bautizada la acción de los militares. “Desde el comienzo las FARC han hecho circular todo tipo de versiones bastante absurdas y hay idiotas útiles -a veces no tan idiotas- que les hacen el juego”, agregó.

Asimismo, “los propios norteamericanos son los primeros llamados a decir que esas versiones no tienen no pies ni cabeza, por supuesto nosotros tampoco le vamos a dar ningún eco”, agregó. Según el gobierno colombiano, la liberación de Betancourt, tres estadounidenses y 11 militares, el 2 de julio de 2008, fue posible gracias a una operación de inteligencia del Ejército que logró infiltrar a los cabecillas de las FARC que los vigilaban.

A eliminar la letra menuda

Por: John Jairo Tenorio desde La Recta

A la Superintendencia Financiera, la misma entidad del gobierno que permitió durante años que muchos colombianos fueran “tumbados” con las pirámides. Esa misma institución que acolitó el auge y la quiebra de las cooperativas. A la superfinanciera, aquella que durante años le ha alcahueteado a los bancos el uso y el abuso con los clientes, ahora por fin se le prendió la chispa. Para esta semana el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, tiene previsto presentar al gobierno nacional la propuesta de eliminar, de cualquier tipo de contrato con los bancos, la llamada letra menuda, el asterisco y los compromisos en letra chiquita que hay que ver con lupa.

Me explico: Si prospera la idea, a los bancos -por ejemplo- les quedará más difícil “tumbarnos”, porque ahora estarán obligados a presentar en sus contratos una letra más grande y sin emplear asteriscos cuando nos ofrezcan un préstamo o un servicio bancario para enmascarar las verdaderas obligaciones. Y, además, estarán en la obligación de nombrar a una persona encargada de explicar a los usuarios financieros qué es eso del interés más el DTF, el CDT, el TLC o yo que sé… !el CVY para ellos!

Mejor dicho: Los bancos, que en los primeros 6 meses de este año se ganaron la pendejadita de 20 billones pesos, a costillas de sus clientes, ahora deberán escribir más claro cuáles son sus pretensiones económicas, mientras a los usuarios nos compete estar con el ojo abierto para no dejarnos tumbar.

Eso está bien. Y la idea debería ser copiada por la Superintendencia de Industria y Comercio para que lo mismo que le van a exigir a los bancos, se lo apliquen también a los celulares, a las compraventas, a los contratos de arrendamiento, e incluso a los peajes que -según la letra menuda- estamos obligados a pagar por solidaridad con el concesionario. Ojalá que haya una verdadera protección para los clientes y usuarios y que los bancos por fin entiendan que la buena fe no sólo se presume, sino que se asume.

NOS PILLAMOS, DESDE LA RECTA…

Vienen por todo

Por: Francisco Torres

Hay palabras que se escriben en piedra. Cuanto más lluvia y viento las azota, más salta a los ojos su contundente verdad. Así, las que escribiera Francisco Mosquera, al denunciar la naturaleza virulentamente rapaz de la política neoliberal dictada por el imperialismo norteamericano y ejecutada con toda pomposidad y servilismo por la oligarquía criolla: vienen por todo.

Sí, vienen por todo. Y esa verdad, combatida, ignorada y trastocada desde el gobierno y los monopolios; ocultada, ridiculizada y despreciada por los grandes medios de comunicación –que, naturalmente, se beneficiaron y benefician de su papel de calanchines, payasos es la palabra que usa el pueblo, en los turbios negociados-; y justificada por la tropa escasa de patria de la mayoría de los gobernantes y políticos locales con la parsimonia de su acostumbrada abyección de pelechar con las migajas que le arrojan de la mesa cargada de manjares de los monopolios y el Estado; esa verdad se ha vuelto tan evidente que esta semana que acaba de pasar, en la Asamblea Departamental de Arauca -un lugar desacostumbrado para escucharla, a no ser en labios del representante del POLO-, un diputado de la bancada de Unidad Nacional se hizo su vocero:

¡Nos quitaron las regalías, también nos quitan las tierras!

Vivir para ver. Y ciego sería quien no viera lo que está pasando en Arauca –y en Colombia- con ocasión de la explotación petrolera entregada privilegiadamente a las multinacionales en detrimento de Colombia. Caño Limón –en las manos ávidas de la OXY- ha dado para otra expoliación, la de los campesinos: primero, desaparecieron las veredas de La Osa, Vivero, Líbano y Corralito de donde salieron 160 familias con la promesa de ser reubicadas, cosa que no se cumplió; y luego, con el fatídico decreto 2664 de 1994, dejaron de ser adjudicables los baldíos situados dentro de un radio de cinco kilómetros de las zonas donde se adelantan explotaciones de recursos naturales no renovables, con lo cual cientos de familias de las veredas El Sinaí, Nubes A y B, La Yuca, La Becerra, El Sol, La Pesquera, Mata Oscura y La Arenosa se quedaron en la precaria situación de ocupantes, sin títulos de las tierras que en medio de las penalidades desbrozaron, sin posibilidad de un crédito bancario, una ayuda estatal o, ni tan siquiera, de un arreglo de las escuelas a las cuales también se les niega las escrituras.

Después, las familias que no tienen títulos en las veredas alrededor del reciente campo de Caricare se encuentran en la misma situación. Ahora, como se denunció en la Duma Departamental, por algún expeditivo medio se englobaron nuevas veredas a la zona de exclusión de campesinos del enclave colonialista. Tan grave es la situación, que según el INCODER, en el extenso municipio de Arauquita, con 3.281 kilómetros cuadrados, apenas es adjudicable el 33% de su área. Si bien es cierto que hay resguardos indígenas, también lo es que una gran parte de las tierras arauquiteñas no pueden ser tituladas a sus legítimos propietarios por normas hechas a la medida de los apetitos de las multinacionales a las cuales, en cambio, se les permite hacer y deshacer con los ecosistemas como ha sucedido con el santuario del Lipa y ahora va a pasar con la perforación en el lecho de la laguna del Lipa.

Pero como sucede con el neoliberalismo, por malas que sean las cosas pueden llegar a empeorar. Si se llega a encontrar petróleo en los trabajos que adelanta la Pacific el campesinado araucano -que se da con orgullo el título de criollo- de grandes áreas de los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón será excluido de la posibilidad de tener escrituras de tierras que por generaciones ha poseído. Lo mismo puede suceder en Tame, donde la población se ha organizado para oponerse a los trabajos de sísmica que se vienen haciendo en el piedemonte, donde van afectar los nacimientos de agua. A ello añadamos la construcción del Oleoducto Bicentenario con el cual los campesinos verán enajenado casi que a perpetuidad la franja por donde pasa a cambio de una irrisoria indemnización.

De manera que los habitantes de las comarcas petroleras se van a quedar sin regalías, sin tierras, con el irreparable deterioro ambiental y con la catástrofe social y económica, uno de cuyos más visibles efectos es la imparable destrucción de las carreteras por el tráfico de tractomulas al servicio de las petroleras.

Como la tragedia viene generalmente unida a la ironía, y en este caso a la desvergonzada caradura del Gobierno de Santos, mientras al campesinado se le niega la tierra con el artículo 9 del decreto 2664, el Gobierno y el Congreso corren a tumbar la ley 160 y el mencionado decreto en lo que respecta a la Unidad Agrícola Familiar, UAF, para favorecer al capital financiero y a las multinacionales, que están de plácemes porque fueron escuchados sus clamores y en los artículos 45 y 46 del Plan Nacional de Desarrollo se le va a permitir al Estado titularles tierras por encima de la UAF, es decir miles y miles de hectáreas.

Eso sí, nuevamente claman como un canastado de pollo los sufridos magnates para que no les suban y ojala eximan del impuesto predial. Ese que lo pague la ciudadanía de a pie. De todos modos ya hay un ejemplo en ese sentido, las multinacionales petroleras y mineras no pagan impuesto predial ya que no son dueñas en general de las tierras donde extraen los recursos naturales no renovables. Y tampoco pagan industria y comercio a los municipios donde realizan sus actividades. Puede que a estos nuevos llaneros que vienen como zamuros a apoderarse de las siete millones de hectáreas de la altillanura de la Orinoquia también les haga el Gobierno el favorcito de eximirlos de pagar sobre sus actividades comerciales.