¿POR QUÉ EL 1.4% DE AURELIO?

Por: Luis I. Sandoval M.
El Polo se encerró en una cápsula de victimización desconociendo todos los demás factores objetivos que podían explicar sus dificultades en esta contienda electoral del 2011 en Bogotá. Para entender el 1.4% hay que mirar de frente la realidad y asumirla.
Al Polo le pasan la cuenta de cobro por las actuaciones de los Hermanos Moreno, ambos integrantes del partido, respecto a su vinculación al carrusel de la contratación. El Polo apareció favoreciéndolos  por mucho tiempo y la reacción frente a sus irregularidades fue absolutamente tardía. El Polo apareció resistiendo la acción de quienes hacían control político sobre la contratación de grandes obras en Bogotá cuando la sociedad entera estaba interesada en ella. La campaña de Aurelio por la Alcaldía comenzó tarde, solo a fines de julio, cuando ya todos los candidatos y candidata estaban en el partidor.
Aurelio era conocido en medios académicos y partidarios pero muy poco conocido en la opinión bogotana. La buena idea de una campaña de expectativa recurrió, entre otros medios, al  empapelamiento de las paredes y postes que disgustó a muchos y acarreó una oleada de mala prensa. No entendió el Polo como alerta el temprano 1.4% y no acogió sugerencias para replantear la campaña. Durante todo el desarrollo de la campaña se produjeron decisiones disciplinarias y judiciales que confirmaban las denuncias originales sobre el carrusel de la contratación.
Faltando solo 10 días para las elecciones la Fiscalía inició indagaciones preliminares a 17 Concejales, entre ellos dos del Polo.
El Polo no supo apoyarse adecuadamente en el buen desempeño de Clara López que comenzó con impedir la privatización de la ETB y elevó la favorabilidad. Tampoco el Polo tramitó oportunamente recomendaciones a la Alcaldesa seria y sólidamente formuladas. La campaña no desplegó toda la capacidad potencial del partido, mientras el candidato hacía enormes esfuerzos por levantar la bandera común, el partido mantuvo 45 campañas paralelas al Concejo. Desde cuando suspenden al Senador Iván Moreno en abril y al Alcalde Samuel Moreno en mayo gran parte de la base del partido concluye que Petro ganó el pulso político. Un alto porcentaje de esas bases partidarias se decidieron a votar por Petro.
1.4% porque los problemas de clientelismo y corrupción se los cobra la derecha a la izquierda como si tales problemas no fueran aún más graves todo el tiempo en la derecha. Aunque el Polo reconoció responsabilidad política en lo ocurrido con los hermanos Moreno no tuvo tiempo suficiente para proyectar una imagen de rectificación y corrección de rumbo. No ofrecieron los medios de comunicación, y menos las encuestas, garantías igualitarias a todos los candidatos y candidatas, algún tipo de discriminación subsiste hacia los candidatos independientes y de izquierda.
En mi concepto los propios errores y limitaciones partidarias del Polo se combinaron con los adversos factores exógenos. El 1% es también producto de la construcción deforme de una base electoral que se burocratizó, se corrompió, se vendió al mejor postor o se corporativizó guiada por intereses mezquinos sin imaginarios nuevos de sociedad. El 1.4%, en fin, es la cuota de un proceso de construcción partidaria sin definiciones políticas explícitas, de acuerdos muy frágiles, de una pluralidad sin trámite, con un débil proyecto de gobernabilidad democrática territorial. Los electores castigan la corrupción, premian el control político eficaz, defienden los logros sociales, impiden que las elites tradicionales retomen el gobierno de la ciudad para desandar lo social.

El 1.4% no se debió al candidato Aurelio Suárez, fue el resultado de condiciones políticas adversas contra un candidato excepcional, reconocido así aún por sus propios contendores en la campaña.

MARIA ISABEL URRUTIA GANA LA CONTIENDA: CALI TENDRA ALCALDESA

Cali tendrá Alcaldesa, así quedo revelado después de conocerse dos encuestas realizadas en la ciudad durante las últimas horas, una de las encuestas la hizo la firma Codesa después del debate de la gran Alianza de medios donde María Isabel Urrutia, gana por 48, 7%, le sigue Rodrigo Guerrero por 35,3% y Milton Castrillón queda en tercer lugar con un 16,5%.

La otra encuesta realizada por las chonticas a 9.387 personas en Cali,  María Isabel Urrutia obtiene un 31,72%, Rodrigo Guerrero un 26,63% y Milton Castrillón 14,86%. Sin lugar a dudas María Isabel es la elegida por los caleños, sus contundentes propuestas de inversión social, así como haber demostrado que sus contendores tuvieron la oportunidad de aportarle desarrollo a la ciudad y no lo hicieron, fueron sus dos estrategias para ganar. Propuestas como reducir en un 50% las tarifas de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 y suspender el cobro de las megaobras fueron decisivas para que María Isabel Urrutia, se ganara el debate.

Otro de las propuestas que hizo en materia de seguridad, es sistematizar con cámaras de video a la ciudad, apoyar la policía con la vigilancia privada, aumentar los operativos de inteligencia y todo eso entre lazarlo con la inversión social, para arrancarle los jóvenes a la delincuencia permitiéndoles educarse, hacer deporte y actividades culturales. Finalmente María Isabel dijo que quiere romper el récord Guiness al ser la primera mujer alcaldesa de Cali, con la mayor votación en la historia de la ciudad. “Invitó a todos los caleños y caleñas a que salgan a votar temprano mañana, a que voten por la inversión social, a que me acompañen en las urnas”.

Petición clamorosa: que el gobierno retire el proyecto y convoque a un debate público nacional que propicie una construcción colectiva de la educación superior que queremos los colombianos

Coincidiendo con una gran jornada de movilización estudiantil en el país, que terminó con una multitudinaria concentración en la plaza de Bolívar de Bogotá, se realizó la segunda parte de la audiencia pública sobre la reforma a la ley 30 de educación superior convocada por el Congresista Wilson Arias, sus compañeros de bancada del Polo Democrático Alternativo en la Cámara, y los Representantes Carlos Amaya  y Ángela María Robledo del Partido Verde. Gran expectativa se generó por el anuncio de la Ministra, María Fernanda Campo, de su presencia (la semana anterior, la ministra no había asistido a la primera parte de esta audiencia en la que habían participado los representantes del movimiento estudiantil  y profesoral). Después de dos largas jornadas de debate y variada participación de estudiantes, trabajadores, profesores, rectores, de la Ministra y los parlamentarios citantes, quedó en claro varias cosas:

1.       Que los estudiantes sí han leído el proyecto de ley y que sus críticas no son infundadas, además de tener propuestas, no sólo desde la financiación si no desde la concepción de la educación.

2.       Que la Ministra confunde socialización con participación democrática y construcción colectiva con todos los estamentos universitarios, incluidos estudiantes y trabajadores  -y no sólo con rectores- quedó suficientemente claro que no se ha llamado a la totalidad de los estudiantes y, que por el contrario, se quiso presentar la socialización con FENARES como un respaldo de esta organización estudiantil al proyecto gubernamental, en clara actitud manipuladora y engañosa.

3.       Si el gobierno ya incluyó en el presupuesto del 2012 las partidas previstas por este proyecto de ley para la educación superior, entonces, no se explica el afán de aprobar este proyecto en esta legislatura, desechando la posibilidad, como lo proponen los estudiantes, de abrir un gran debate nacional sobre el tema que posibilite una construcción colectiva, previo retiro del proyecto actualmente radicado.

4.       Quedó en evidencia (después de varios ejercicios de matemática elemental de los participantes) que el gobierno miente al presentar las cifras de la financiación y cobertura. Se vio a la ministra haciendo cuentas y reconociendo que las cuentas no daban, sólo que lo justificó aduciendo que los críticos de la reforma no tenían en cuenta la gradualidad de la financiación de ésta. Además, dejó la sensación que las cifras de educación superior del SENA, son manejadas como comodín de sus imprecisiones.

5.       Al quedar demostrado que el proyecto de ley reglamentaria de las regalías no contempla ningún rubro de éstas hacia la infraestructura en educación superior, tal como lo manda el acto legislativo, La Ministra se fue por las ramas y no supo explicar el asunto.

6.       Se evidenció que la ministra no diferencia (al concluir que el sistema chileno es diferente al propuesto en la reforma) que las cifras presentadas del sistema chileno son la consecuencia lógica, o mejor, el punto de llegada, de un proceso privatizador de 20 años y las cifras colombianas son el inicio de este proceso.

Nos asiste la razón a quienes insistimos en exigir que el proyecto de ley sea retirado del congreso para dar paso a una discusión amplia y democrática que defina el futuro de la Nación. Debería el gobierno mostrar un mínimo de voluntad política  y escuchar a la ciudadanía que clama por su inclusión en un tema de principal interés Nacional, mientras tanto dejamos explicito nuestro apoyo a la gesta del movimiento estudiantil y el llamado a continuar la movilización masiva. Felicitamos la iniciativa pacifista de preservar una protesta contundente y creativa.

Los estudiantes tienen la razón

Por: Jorge Enrique Robledo 

Santos ha dicho que la reforma a la Ley 30 es para darles plata a las universidades públicas. Por su parte, los líderes estudiantiles, con razón, han explicado que para eso no se necesita una ley, que basta con que el gobierno tome la decisión política de transferirles más recursos. Y preguntan: entonces, ¿Para qué es la ley?

Quien conozca la historia de la educación en Colombia, sepa qué es el TLC, lea el proyecto de reforma y tenga el valor civil para decirlo, como ocurre con los estudiantes que el gobierno desprecia, tendrá que aceptar que el principal propósito de la reforma es aumentar la privatización de la educación superior. Tanto por lo que dice como por lo que calla, cosa que no sorprende, porque esa es la política que las instituciones del Consenso de Washington le ordenan a Colombia. Que la mitad de la educación universitaria sea privada constituye prueba reina de que la política general, y no de ahora, es privatizarla.

La reforma no les da a las universidades públicas la plata que requieren para superar el déficit que las estrangula y les impone nuevos costos que no les financia, luego las presiona a que tengan que privatizarse aún más, así en sus puertas pongan“Universidad superhipermegapública”. También impone, como cosa nueva, que a los estudiantes, además de las altas matrículas que ya pagan por la privatización, se les puedan cobrar “derechos complementarios” hasta por el 20% de la matrícula. Y crea la figura de endeudarse con la universidad para pagar una vez graduado. Asimismo privatiza al aumentar los créditos del Icetex, que cambian el derecho ciudadano a la educación gratuita por una deuda bancaria.

También se habla de privatización porque se excluye del sistema educativo a millones de pobres inteligentes y capaces y porque se les impone a las universidades públicas prácticas propias de las universidades privadas de garaje, tales como especializarse en los programas más baratos, menores inversiones en bibliotecas, laboratorios e investigación, hacinamiento en las aulas y profesores de menor nivel y con muy poco o ningún tiempo para preparar las clases.

Falta a la verdad el gobierno cuando dice que renunció a la universidad con ánimo de lucro, porque apenas intenta esconderla. Está presente en la figura de las universidades mixtas y en el Fondo de Desarrollo de Educación Superior, constituido como sociedad anónima. Y el TLC con Estados Unidos ordena darle todas las garantías a la educación como negocio, a pesar de su conocida pésima calidad (Francisco Piedrahíta en http://bit.ly/vkumCu).

Se privatiza como parte de la globalización neoliberal. Porque esta, como en la Colonia, especializa a Colombia en la exportación de materias primas agrícolas y mineras y en la importación de los bienes complejos (http://bit.ly/vQf4rh). A un aparato productivo de pacotilla le corresponde un sistema educativo de pacotilla, ordenan. Y unos pocos podrán salvarse de la mediocridad estudiando en unas cuantas universidades colombianas o en el exterior. ¿Por qué sorprende que el estudiantado colombiano se rebele contra el engendro?

Al escribir estas líneas no se conoce el resultado de las elecciones. Pero por lo que he visto en toda Colombia, el Polo Democrático Alternativo saldrá airoso de la más feroz campaña de desprestigio que se haya hecho contra partido alguno en el país. Y no lo persiguen por sus errores, sino por sus aciertos. Las fuerzas regresivas no resisten que se digan ciertas verdades, no sea que los colombianos abran los ojos y se decidan a cambiar las cosas.

Una de las manipulaciones electorales más extendidas es la del llamado “voto útil”,calculado para que no se vote por el candidato que se considera el mejor, para no “perder” el voto porque las encuestas “le dicen” que no va ganar. Casi que obligan al elector a escoger entre candidatos por los que no quiere votar. Lo que no entienden las víctimas de la maniobra es que así las llevan a buscar un falso positivo contra sus propias ideas, falso positivo que les sacrifica el presente y, además, el futuro. Esta manipulación solo es posible por las encuestas, que no auscultan la opinión sino que la inducen a través de los medios. Y a esto, más una corrupción y coacción electoral de espanto, lo llaman“la democracia nacional”.

Comunicado a la opinión pública

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CCAJAR-, en relación a la información de prensa relativa a supuestos hechos revelados en el día de ayer, en el marco de una audiencia del procedimiento de “Justicia y Paz”, sobre la “Masacre de Mapiripán”, se permite poner en conocimiento de la opinión pública que:

  1. En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
  2. Nuestra actuación ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que culminó con sentencia contra el Estado de Colombia en septiembre de 2005, se basó en las declaraciones de las víctimas y las decisiones de tribunales nacionales a nivel penal, disciplinario y contencioso administrativo, que fueron tenidas en cuenta por el Estado de Colombia para reconocer el 4 de marzo de 2005, su responsabilidad internacional por la Masacre de Mapiripán en los siguientes términos: “[…] con fundamento en las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales y disciplinarias internas, y por los hechos ocurridos en el municipio de Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997, manifiesta pública y expresamente lo siguiente: 2. Reconoce su responsabilidad internacional por los artículos 4(1), 5(1) y 5(2) y, 7(1) y 7 (2)
  3. En su decisión la Corte Interamericana, consideró que, “La metodología empleada en la ejecución de la masacre y la destrucción de los cuerpos de las víctimas, sumados al terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán para causar su desplazamiento, han obstaculizado la plena identificación de las víctimas de la masacre, a pesar del hecho que existe certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997 (párr.96.47)”.
  4. En virtud de esta parcial indeterminación, el Tribunal Interamericano estableció la obligación de identificar plenamente a las víctimas, extendiendo este deber a personas que se mencionaron como posibles víctimas, pero respecto de las cuales solo se conocían sus apodos. La Corte reiteró que resulta, “indispensable que para efectos, de las reparaciones, el Estado individualice e identifique las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares (…) El Estado deberá completar dichas labores, así como cualquier otra que resulte necesaria, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias”. (párr.305)
  5. En efecto, el número de víctimas mencionado en decisiones nacionales y establecido como número tentativo por el Tribunal Interamericano, se fundamenta en testimonios de una pluralidad de víctimas y en el reconocimiento que en su momento hiciese el cabecilla paramilitar Carlos Castaño Gil. Es necesario señalar que en el presente caso, el también paramilitar Gilberto Cuellar confesó su participación en los hechos y adujo que las personas asesinadas fueron más de veinte. El Juez de Mapiripán Leonardo Cortés, testigo de los hechos refirió ante instancias judiciales que fueron varias decenas las víctimas. De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana, 96.49 Al respecto, la propia Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación manifestó que:
    […] una vez consumada la masacre de Mapiripán [fue] el mismo Carlos Castaño Gil quien ante los medios de comunicación y como “parte de victoria” indic[ó] que fueron 49 las personas dadas de baja en la incursión paramilitar en Mapiripán, lo que permite establecer en forma tentativa un número estimado de víctimas, afirmación que apoyada en la del doctor Leonardo Iván Cortés Novoa al destacar éste que fueron aproximadamente 26 las personas asesinadas y desaparecidas, y que sumados a los informes de inteligencia realizados por miembros de la fuerza pública que se encontraban desarrollando labores encubierta en la zona, señalan que fueron 30 aproximadamente, además de lo sostenido por el mismo confeso paramilitar José Pastor Gaitán Ávila que refiere haber contado 23 personas asesinadas. Lo expresado permite así advertir que las víctimas fueron en gran número, que no pudo ser menos de veinte. […]
  6. Con fundamento en la decisión internacional y el Mecanismo Oficial de Seguimiento MOS, establecido por la propia sentencia, el CCAJAR ha insistido en la identificación plena de las víctimas, obligación y atribución que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, que no ha sido satisfecha plenamente, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  7. El CCAJAR recuerda que en casos de graves violaciones de derechos humanos la obligación de investigar corresponde al Estado y no a las víctimas ni a sus representantes legales.
  8. Los abogados y abogadas del CCAJAR, siempre hemos actuado de entera buena fe, y creemos y seguiremos creyendo en la buena fe de las víctimas. En consecuencia, para el presente caso, asumimos la representación judicial de aquellas personas que se declararon como afectadas por la Masacre de Mapiripán, rindieron voluntariamente sus declaraciones ante notario público, y dadas las circunstancias en que se enmarcaron los hechos, resultaron consistentes con lo establecido judicialmente y las diferentes narrativas acerca de lo ocurrido.
  9. Si algún o algunos demandantes, solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal. El CCAJAR se pone a total disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de estos hechos, respecto de los cuales ha tenido reciente conocimiento por los medios de comunicación.
  10. Los hechos conocidos como la “Masacre de Mapiripán”, constituyen una grave violación a los derechos humanos, por su naturaleza, actores implicados, la sevicia con que se cometió y el terror que generó, no solo en Mapiripán, sino en el país entero. El CCAJAR insiste en la obligación estatal de esclarecer plenamente estos hechos, establecer todas las responsabilidades penales a que haya lugar, identificar plenamente a la totalidad de víctimas y repararlas adecuadamente.

WILLIAM ESCOBAR ENCABEZA ENCUESTA A LA ASAMBLEA

Con gran alegría compartimos con ustedes los resultados de la encuesta realizada por la firma William Fajardo Fajardo sobre la intención de voto de los vallecaucanos, que nos coloca en primer lugar la candidatura a la Asamblea de William Escobar No.63 en la Lista del Polo Democràtico Alternativo. Esto nos llena de júbilo y orgullo a la vez que nos impulsa a continuar la lucha para que el Valle del Cauca sea un territorio para la vida DIGNA.

Tambien encontrara los resultados de la encuesta de Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle y Concejo de Cali

encuesta_octubre_2011