Por Luis Alfonso Mena S. (*)
El Estado neoliberal atenta contra el derecho de asociación de los trabajadores con la de la tercerización, el constreñimiento, su complicidad con los patronos, la impunidad en la justicia laboral y la violencia que promueve o tolera.
Ese es el oscuro panorama develado en desarrollo del Tribunal Mundial de Libertad Sindical.
Si algo se constató en desarrollo del Tribunal Mundial de Libertad Sindical realizado en Bogotá, es que en Colombia, precisamente, no existe libertad para el ejercicio del sindicalismo, aunque el Estado neoliberal la reconoce de dientes para afuera. Por tal razón, en su sentencia, el Tribunal condenó al Estado colombiano “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad”. Durante cuatro días, dirigentes y activistas de 81 organizaciones sindicales de todo el país se reunieron para presentar sus denuncias ante el Tribunal, integrado por prestantes magistrados procedentes de Argentina, Cuba, Francia y México.
Como se indica en el preámbulo de la sentencia, el Tribunal Mundial de Libertad Sindical es un órgano de carácter ético “fundado por representantes de la sociedad civil que pretenden denunciar y hacer visible, ante la comunidad nacional e internacional, la sistemática violación en Colombia de una de las libertades fundamentales de la persona humana: la libertad sindical”. Esta instancia “no sustituye a los tribunales formales, sino que coadyuva a que las normas nacionales e internacionales se reconozcan y apliquen”, y en consecuencia posee una indudable legitimidad. Sus sentencias son enviadas a la OIT, la OEA y la ONU.
La organización de las sesiones del Tribunal, instalado en el Capitolio Nacional el martes 22 de mayo y desarrollado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional entre el miércoles 23 y el viernes 25 de mayo, estuvo a cargo de la Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores y de la Federación Sindical Mundial, Seccional Colombia. Luego de las exposiciones de los diferentes delegados, el panorama que se deriva es francamente oscuro para el ejercicio de una de las actividades que define y caracteriza una sociedad democrática: la sindical. Algunas de las principales conclusiones las podríamos resumir en los siguientes puntos:
I.- Aunque nominalmente se reconoce el ejercicio del derecho de asociación sindical por el Estado colombiano, en la práctica se vulnera por las restricciones y las persecuciones que los patronos privados y gubernamentales imponen y practican.
El nivel de sindicalización en Colombia ha descendido de manera dramática, pues, de acuerdo con cifras reveladas en la instalación del Tribunal por la senadora Gloria Inés Ramírez, mientras en 1970 el 14% de los trabajadores estaba organizado sindicalmente, en 2012 sólo lo está el 4%, aunque la población en edad de laborar es de 22 millones de personas. En relación con este punto, se dieron a conocer en el Tribunal numerosos casos, entre ellos el de la Universidad Santiago de Cali, USC, donde el Sindicato de Trabajadores de la USC, Sintrausc, fue borrado del mapa a través de la presión sobre los empleados, a quienes se les obligaba a renunciar al mismo so pena de no renovarles sus contratos, en clara violación de las normas legales, constitucionales e internacionales.
La denuncia fue presentada en el certamen por el presidente de Sintrausc, Óscar Alarcón, y respaldada por los delegados del Sindicato de Profesores de la Usaca, Siprusaca, también presentes en el Tribunal. El periódico PARÉNTESIS circuló masivamente en el encuentro con la denuncia sobre este y otros atropellos cometidos por el cuerpo directivo de la Universidad. La persecución también fue vivida por los empleados del controvertido Grupo Empresarial Saludcoop, quienes, como lo denunció la presidenta de su sindicato, Luz Fanny Zambrano, cuando constituyeron la organización sufrieron el despido “maratónico” de la mayoría de los fundadores.
II.- El régimen laboral colombiano se aplica de manera selectiva en favor del empresariado, lo cual deriva en una connivencia del Estado con los abusos patronales.
Los trabajadores y pensionados de la Gobernación de Antioquia, por ejemplo, denunciaron esta práctica e incluso crearon la Asociación de Víctimas del Derecho Laboral Colombiano y llevaron a cabo un mitin ante las cortes Constitucional y Suprema de Justicia el viernes 25 de mayo en horas de la mañana para denunciar tal situación.
III.- La tercerización (cooperativas, corporaciones, empresas intermediarias, bolsas de empleo, contratos de prestación de servicios, contratos sindicales, etcétera), no sólo pauperiza el empleo sino que constituye el camino expedito de los patronos particulares y estatales para desestimular y evitar la sindicalización.
Una de las denuncias hechas en el Tribunal fue la formulada por la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase, Seccional Antioquia, cuya presidenta, Martha Pulgarín, reveló cómo a pesar de que está prohibida la contratación por esa vía en los hospitales públicos, el 60% de la nómina corresponde a esa modalidad. En similar sentido se pronunció la Asociación de Empleados y Trabajadores de la ESE Metrosalud, Asmetrosalud, de Medellín, a través de Gloria Patricia Cadavid, quien denunció el grave proceso de tercerización de esta entidad pública.
IV.- La utilización de organizaciones sindicales de bolsillo, incluso de centrales obreras como la CGT, se ha generalizado como norma de conducta, principalmente por parte de patronos privados para perseguir y evitar el sindicalismo independiente y clasista.
En desarrollo del Tribunal se revelaron varios casos. Uno de los más graves es el denunciado por Camilo Acero, de la Unión Sindical Obrera, USO, del Meta, según el cual la multinacional Pacific Rubiales Energy creó un sindicato patronal para evitar la presencia de la USO, cuyos integrantes son perseguidos hasta el punto de que luego de las luchas libradas en 2011 fueron despedidos alrededor de cuatro mil obreros y los trabajadores afiliados a este sindicato fueron desterrados de los campos petroleros.
V.- La amenaza permanente contra los directivos sindicales es otra forma de ataque a la libertad gremial que va más allá, busca la determinación de los actos y los comportamientos y deriva en el constreñimiento con la utilización de la justicia laboral.
Es lo que revelaron, por ejemplo, los delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Sintrafe, quienes, a través de Carlos Julio Hincapié, vicepresidente de la organización, mostraron de manera didáctica y contundente los mecanismos de presión del famoso oligopolio que ha llegado incluso a denunciarlos ante la Fiscalía simplemente por protestar contra el despido de sus compañeros.
VI.-La violencia física y los ataques a los derechos humanos también se erigen como factores que gravitan en el declive de los niveles de sindicalización en Colombia.
Y operan como circunstancias recurrentes en la historia del país, que en las últimas dos décadas, de acuerdo con cifras dadas a conocer en el Tribunal, han dejado el lamentable resultado de cuatro mil activistas y dirigentes sindicales asesinados. Un caso paradigmático por lo doloroso y que conmovió a los más de 250 asistentes al Tribunal fue el testimonio rendido por Carmen Yamusa, dirigente de la Asociación Sindical Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Anthoc, quien perdió a cuatro hermanos, líderes sindicales y sociales, asesinados por paramilitares, además de que estuvo detenida junto a su hermana Nieves y a un sobrino de año y medio de edad, durante 25 meses. Todo, para tratar de romper su voluntad de lucha. Otro caso es el de varios de los trabajadores de la Gobernación de Antioquia, obligados por paramilitares a acogerse a planes de retiro “voluntario”, según denunció en el Tribunal el dirigente sindical Juan Manuel Monsalve.
VII.- Una reflexión final: en la etapa que atraviesa, el movimiento sindical colombiano debe recomponer su camino para enfrentar el aislamiento al que lo somete el capitalismo neoliberal.
Un sistema que reconoce, porque le toca, la vigencia de los derechos sindicales, pero que a través de su legislación y de mecanismos de presión y de violencia que patrocina o tolera los desconoce. Por ello, se impone hoy más que nunca la educación política de los trabajadores, para, como dijera en el Tribunal Omar Augusto López Pemberthy, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Asotracomfama, enseñarles a luchar, no sólo luchar por ellos.
La condena del Tribunal Mundial de Libertad Sindical contra el Estado colombiano por violación al derecho de asociación de los trabajadores constituye un hecho de gran importancia, cuya repercusión dependerá del impulso que le den los sindicatos y la Central Unitaria de Trabajadores, para evitar que se convierta en un canto a la bandera.
(*) Director del periódico PARÉNTESIS, de Cali, Colombia.
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