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Das verguenza en el mundo

Colombia: de nuevo en busca de la paz

Por Periódico el Turbión

El anuncio público sobre la firma de un acuerdo de acercamiento entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) para adelantar un eventual díalogo de paz no sólo confirma lo que ya se venía rumorando en los corrillos cercanos a la Casa de Nariño sino que cambia el panorama político nacional, redefiniendo de qué manera se desenvolverán los sucesos por venir en los próximos meses.

La alocución presidencial del pasado lunes corrobora lo anunciado el viernes 24 por el Canal Capital y posteriormente por Telesur: desde hace varios meses se venía negociando en secreto un acuerdo entre el gobierno Santos y la guerrilla más antigua del mundo para iniciar negociaciones.

El documento, firmado en La Habana bajo el auspicio de varios gobiernos amigos del proceso de paz –en particular Venezuela, Cuba y Noruega– aún no se ha revelado ni se conocen los puntos definidos por los negociadores de ambas partes, sin embargo, ya ha trascendido que las conversaciones iniciarán el 5 de octubre en Oslo (Noruega). En su escueta intervención ante los medios nacionales, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que se vienen adelantando estas “conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto”, aunque no hizo mención a la existencia del documento y planteó como “principios rectores” para los acercamientos que “primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos; segundo; cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación; [y] tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional”.

El mandatario colombiano aseguró también que el “el ELN ha manifestado a un medio de comunicación internacional su interés en participar en conversaciones dirigidas a poner fin a la violencia. A ese grupo guerrillero le digo que, dentro del marco de estos principios rectores, ellos también podrían ser parte de este esfuerzo por terminar el conflicto”, aunque no mencionó si existían contactos con otros grupos armados, como el EPL.

Enemigos de la paz

No será fácil para el gobierno ni para las FARC llevar a cabo estos diálogos. Múltiples han sido los intentos, desde el surgimiento de las guerrillas actuales, a mediados de los años 60, para llevar a cabo negociaciones de este tipo: todos y cada uno han sido saboteados por sectores de ultraderecha de las clases dominantes y el alto mando militar que, de manera pública o a través de una violencia sin recato en contra de negociadores y bases sociales de la insurgencia, han evitado que el anhelo de paz se convierta en realidad. Y esto resulta particularmente evidente en la actualidad, cuando distintos sectores de las clases dominantes sostienen una fuerte lucha entre sí para definir el dominio sobre el aparato estatal y el rumbo del país. El expresidente Uribe, hasta la semana pasada, había venido usando la posible existencia de estos diálogos como arma política contra Santos, denunciando que el actual mandatario, quien fuera su ministro de Defensa, había abandonado la seguridad como prioridad para el crecimiento económico del país, a través de la inversión extranjera.

Luego del anuncio presidencial, Uribe ha guardado un curioso silencio en las redes sociales y sólo se conocen sus declaraciones en un evento en Barranquilla, donde calificó como una “ofensa a la democracia” al acercamiento entre el gobierno de Santos y las FARC, y una entrevista que dio a El Heraldo, unas horas antes de la alocución televisiva de Santos, donde se pregunta: “¿qué puede negociar una democracia con el terrorismo? Van a negociar la elegibilidad de terroristas”.

Ambos sectores de las clases dominantes, representados en Uribe y Santos, tienen relativa unidad en que deben terminar la guerra para facilitar la inversión extranjera y el dominio de las empresas transnacionales, principalmente del sector minero energético, y en que implementando la estrategia de copamiento militar que han aplicado durante más de una década, con el Plan Colombia financiado por EE.UU., pueden llevar a las guerrillas a la rendición o a una mesa de diálogo. Sin embargo, el hecho de negociar con la insurgenca alrededor de los temas fundamentales, de las causas de la guerra, hoy aumenta la división entre ellos, pues para la ultraderecha liderada por Uribe parece más viable el aniquilamiento militar de los alzados en armas o su rendición que tocar, en el espacio privilegiado para una solución política, rápida y que reduzca los costos de la confrontación, asuntos como el modelo agrario imperante en Colombia, la extrema pobreza, la crisis humanitaria, la desbocada violencia estatal, los derechos fundamentales de la mayoría de la población y los mecanismos de participación política existentes en el país, todos ellos parte de los motivos que llevaron hace 48 años a algunos campesinos a empuñar las armas para defender su vida y plantearse otro modelo de nación y a que hoy sean miles los combatientes de las fuerzas irregulares.

Así, la apuesta de las clases dominantes por la paz, independientemente de las intenciones de Santos o Uribe, no busca resolver los problemas fundamentales de la nación o traer bienestar a la población sino permitir que la industria de la extracción funcione a su máxima capacidad, situación que la ‘seguridad democrática’ no logró y que la guerra tampoco permite: como señaló Santos, ‘es fundamental terminar el conflicto’, pero las clases dominantes buscan que esto se dé con acomodo a sus intereses, sin responder a las necesidades del pueblo colombiano y generando máximos beneficios a la inversión extranjera. A la ultraderecha representada por Uribe Vélez, si es que quiere beneficiarse del cambio que implica el anuncio de estas negociaciones, le quedan dos opciones: mantenerse en oposición a unos diálogos de paz que el país reclama a gritos desde hace años o plegarse al proceso de paz para luego sabotearlo.

Esta última opción la tomaron miembros de la cúpula militar, terratenientes, narcotráficantes y algunos de los más importantes empresarios del país cuando, a mediados de los años 80, construyeron un moderno aparato paramilitar para perpetrar el genocidio político de más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica (UP) y evitar así cualquier posibilidad de participación política de gentes con otra propuesta de país o de los mismos insurgentes. La reorganización de los múltiples grupos paramilitares, la aparición del grupo anti restitución y la campaña de propaganda negra contra quienes, desde las organizaciones sociales, promueven una solución política al conflicto armado no parecen buenos augurios en la situación actual.

Con esperanza en el diálogo con todos

De otra parte, los acercamientos entre gobierno y FARC se hacen públicos en una época en que diversas organizaciones sociales han hecho más sentido el llamado a abrir los diálogos de paz y vienen rechazando que el presidente de la República tenga el monopolio para convocar a negociaciones, como se plantea en el Marco Jurídico para la Paz, cuando los verdaderos efectos de la guerra los sienten los pobladores de las regiones en las que la contienda se vive con mayor intensidad, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los afrocolombianos y, en general, todos los pobres del campo. La exigencia de los campesinos y los pueblos originarios del norte del Cauca para que los actores armados salgan de sus territorios ancestrales, recientemente puesto en evidencia con la expulsión de militares y guerrilleros de los resguardos en Toribío por parte de la guardia indígena, y su propuesta de realizar diálogos regionales de paz con todos los grupos vinculados en la confrontación armada marcan un camino para el país.

Así lo vienen reconociendo e impulsando las principales plataformas de articulación de los movimientos sociales, especialmente el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que además plantean un factor clave para un proceso de paz efectivo: en la mesa de negociación deben participar las organizaciones sociales y los sectores populares, planteando cambios de fondo en la estructura económica y social de Colombia que permitan enfrentar la desigualdad imperante y resolver, por ejemplo, la profunda descomposición social que ha traído consigo el narcotráfico y que podría, a mediano plazo, generar un fenómeno criminal y mafioso mucho peor que el existente en Centroamérica. Si bien es cierto que unos encuentros entre gobierno y guerrilla por fuera del territorio nacional y con una elevada discreción son indispensables, éstos no conducirán a nada sin que se realicen estos diálogos regionales y sin que se garanticen espacios para la participación de toda la sociedad, sin exclusiones y en igualdad de condiciones, en la definición de un nuevo proyecto de Estado y nación.

Si la llamada ‘sociedad civil’ no puede proponer nada sobre asuntos como el modelo económico, empleo, tierras, derechos humanos, víctimas, presos políticos y sociales, etc., y se permite que sean sólo los voceros de las partes contendientes las que definan un giro de estas proporciones para el rumbo del país o si las conclusiones de este proceso apuntalan aún más el caduco modelo económico de las clases dominantes, ¿qué garantizará que la paz en Colombia no siga siendo una quimera?

«Ex milicianos nos señalaron víctimas en Corinto»: alias ‘Lápiz’

Durante una versión en Justicia y Paz, Alexander Saavedra, del Bloque Calima, confesó cómo los paramilitares controlaron e infundieron terror en ese municipio del norte de Cauca. Alias ‘Lapiz’ ingresó como patrullero al Frente La Buitrera y con el paso del tiempo se convirtió en jefe de urbanos en Florida, Valle del Cauca. Imagen: VerdadAbierta.com, foto de Corinto tomada del site municipal.

En la mayor parte de su vida como paramilitar, Alexander Saavedra, alias ‘Lápiz’, estuvo bajo las órdenes de alias ‘Giovanni’, el desmovilizado de las Auc que tras dejar las armas se convirtió en el temido jefe de la banda criminal de Los Urabeños. Saavedra se enlistó en el Frente La Buitrera del Bloque Calima huyendo de la violencia de la guerrilla en el sur de Valle del Cauca en el año 2000, y como patrullero de ese grupo, marchó por la zona rural de Palmira y sus alrededores. Durante la diligencia judicial el exparamilitar trató de enunciar los crímenes en los que participó o de los que se enteró durante su permanencia en el monte, pero la memoria lo traicionó y tan sólo pudo confesar dos masacres.

Alias ‘Lápiz’ le contó a la Fiscalía 53 de Justicia y Paz que estuvo durante dos años en el Frente La Buitrera, hasta que a finales de 2002 fue trasladado al Bajo Calima, para reforzar al Frente Pacífico (grupo que delinquió en los municipios de Buenaventura y Calima) durante más de seis meses. Cuando regresó a la zona rural de Palmira, alias ‘Giovanni’ le dijo que le tenía “trabajo” en Cauca y lo envió al municipio de Corinto como patrullero urbano. El desmovilizado estuvo en esa población entre junio y octubre de 2003, cumpliendo la siguiente sentencia: “si eran ‘guerrillos’, eran objetivo militar”. Para determinar quiénes eran los supuestos guerrilleros, colaboradores o simpatizantes de la subversión, de acuerdo con la confesión de alias ‘Lápiz’, los hombres del Bloque Calima contaron los señalamientos de un grupo de cuatro milicianos de las Farc que cambiaron de bando.

Con la información de los ‘conversos’, los urbanos de Corinto asesinaron a plena luz del día o en la noche a sus víctimas sin darles la posibilidad de defenderse. “La orden era darles de baja, no recuerdo cuántas personas fueron ejecutadas”, señaló el desmovilizado. El ex paramilitar confesó los hechos ante la presencia de cuatro familiares de sus víctimas, quienes estuvieron en la audiencia en vivo por circuito cerrado. Llenos de coraje y en medio de lágrimas, los asistentes defendieron la honra de sus seres queridos y negaron las sindicaciones. El ahora postulado al proceso de justicia transicional les pidió perdón y señaló que en “ese momento tenía que cumplir las órdenes de sus superiores”. Alias ‘Lápiz’ confesó cuatro casos de homicidios selectivos y una masacre en Corinto, pero no recordó más crímenes, aunque es consciente de que cometieron más.

La masacre a la que hizo referencia fue cometida a raíz de un “Plan Pistola” que les pidió alias ‘Giovanni’ porque habían tenido pocos resultados en días anteriores. Con información de uno de los milicianos, ‘Lápiz’ secuestró a un hombre de avanzada edad que se dedicaba a vender rifas, que fue señalado de ser un guerrillero trasladado del monte por su edad. Después de interrogarlo, supuestamente el vendedor de rifas dio la ubicación de tres o cuatro hombres más, quienes fueron raptados e interrogados en el escondite de los paramilitares. Al final, todos fueron torturados, asesinados y arrojados a un río. Luego de este crimen y otros más, los paramilitares tuvieron que salir de Corinto porque las autoridades empezaron a perseguirlos. Por esta razón, según contó el desmovilizado, fue trasladado al municipio vallecaucano de Florida.

Como el jefe de las urbanas de ese municipio tenía problemas judiciales, lo trasladaron a otro sector y en octubre de 2003 le cedieron el mando. Como jefe de urbanos, ‘Lápiz’ confesó 16 homicidios que cometieron él y sus hombres en Florida. Entre los crímenes confesados se encuentra el asesinato de un drogadicto que fue ajusticiado por uno de los hombres bajo su mando. Según lo narrado por ‘Lápiz’ a Justicia y Paz, alias ‘Giovanni’ “había dado la orden de recoger (asesinar) a todos los jíbaros y viciosos dañinos porque no servían para la sociedad”. Además, también confesó el asesinato del administrador de una funeraria que los denunció por extorsión; y el de dos conductores de buses, que fueron señalados por los exmilicianos de ser colaboradores de las Farc y transportarles suministros.

La vida criminal de ‘Lápiz’ con los paramilitares terminó a mediados de enero de 2004 cuando fue capturado y enjuiciado por las autoridades. Actualmente purga varias condenas por algunos de sus crímenes. Por último, el desmovilizado contó que retuvo y ordenó asesinar a tres personas en la segunda incursión que hizo el Bloque Calima en Barragán, la cual ocurrió en agosto de 2002. La primera toma ocurrió en diciembre de 2000, cuando un numeroso grupo de paramilitares se tomó el casco urbano de ese corregimiento de Tuluá por casi un mes. Esta segunda masacre de Barragán será tratada en una futura versión libre con los exparamilitares que participaron en ella y están postulados al proceso de Justicia y Paz. Así mismo, el postulado será versionado nuevamente, después de que haya hablado con sus excompañeros de armas, para que recopile información sobre otros críimenes en los que participaron y pueda hacer memoria.

*  Las autoridades deben verificar la veracidad de las declaraciones hechas por el postulado en las versiones libres, que son la etapa inicial del  proceso judicial en Justicia y Paz. En ésta confesó 35 asesinatos y tres masacres.

Adiós al Polo…Lo divino y lo humano

Por: Lisandro Duque Naranjo / El Espectador

ME COSTABA CREER LO QUE ESTABA leyendo: la doctora Clara López Obregón y los doctores Carlos Gaviria Díaz y Jorge Enrique Robledo expulsaban del Polo Democrático a los miembros del Partido Comunista, por considerar que los vínculos de éstos con el movimiento Marcha Patriótica podían interpretarse por la opinión como una alianza con las Farc.

Y qué peligro. Qué mancha esa para la pureza del Polo. “En política, la percepción es algo muy importante”, dijo Carlos Gaviria, legitimando esos imaginarios prejuiciados que le inducen los medios a la muchedumbre crédula y de los que él siempre fue un transgresor. Qué pasa, Maestro, si usted es un líder, y no un jefe experto en cálculos de votos. Esa corrección no es lo suyo, y menos esa precipitud en el juicio. Si hasta me da pena decírselo. No sólo comparten estos directivos las mentiras contra la Marcha Patriótica proferidas por el físico-culturista ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, lo que ya es una falta de seriedad, sino que suponen, con un candor inexplicable, que en lo posterior cualquier actitud opositora del Polo, con tal de ser ajena a “ciertos” movimientos sociales, los va a exonerar de parecer “subversivos”.

De hecho, es probable que a la importante manifestación de los cafeteros caldenses, el pasado fin de semana en Manizales, se la haya eximido de la sospecha de contar con presencia guerrillera quizás porque quien la convocó fue el senador Robledo, al que el Gobierno le correspondía los buenos oficios de converso. Cuestión de esperar a ver si esa deferencia se mantiene cuando las gentes de esa región se manifiesten con toda, pues los problemas allí trascienden la esfera de los costos del grano, algo extinguido ya. La Zona Cafetera está sedienta y en la física almendra. Los gobiernos ni la miran.

La comarca ya dejó de ser esa Arcadia próspera de cuando el café se cotizaba duro en las grecas del mundo, y ahora hasta el tinto que se toman es traído de afuera. Me imagino entonces al senador Robledo pidiendo certificado de buena conducta a los vendedores de rifas, a los quebrados de las heliconias y a los administradores de museos de las despulpadoras y otras reliquias de cuando la plata valía, para que sus manifestantes no ofrezcan una “percepción” equívoca y desgualetada, similar a la que tanto a él como al Ejército les merece la Marcha Patriótica. Y en todo caso es una carencia de estilo eso de echarles agua sucia a Gloria Inés Ramírez, Jaime Caicedo y Carlos Lozano, dirigentes del PC, con quienes él mismo compartió hace poco el infortunio de ser empapelado como “miembro de las Farc”, señalamiento del que los cuatro terminaron absueltos.

Hay cosas que no se hacen, y listo. En cuanto a Clara López, la presidenta del Polo, después de 30 años de ser aliada, o como se decía antes, “compañera de viaje”, de los comunistas, cayó en cuenta de que lo mejor era retirarles la confianza. Se pregunta uno si la que pierde credibilidad pública no es ella, por su “percepción” tan tardía. Mucho más cuando los camaradas hace tiempos dejaron de serles necesarios a esa organización armada. Al detalle de la doctora Clara lo hizo más patético su coincidencia con el fallo del fiscal Eduardo Montealegre en el que declara inocente a Sigifredo López, el último acusado de farcpolítica hasta cuando al Polo le dio por volverse informante.

¿Qué irá entonces a hacer ese partido ahora? Marcada esa raya de castidad frente a la Marcha Patriótica, no tiene de otra que proceder igual con el movimiento indígena. ¿Y entonces qué le queda, fuera de las de Rudolf Hommes y Plinio Apuleyo, a las que se sumarán otras del club local de “las gentes de bien”? En esas circunstancias, hasta su papel en una solución negociada del conflicto, si acaso les interesara, le va a quedar grande. Adiós al Polo. Sale por chatarra.

 

 

 

La paz en el centro de la vida política.

El anuncio manifiesto en los medios y ratificado por el presidente del acuerdo suscrito en La Habana para dar inicio al dialogo del gobierno y las Farc es un paso trascendente en la búsqueda de la paz.

Se confirma el argumento, defendido por los partidarios de la paz, de que se han venido conjugando factores objetivos que hacen imperativa una salida política y no militar del conflicto. El ELN ha expresado también su decisión de participar en el proceso. Este hecho eminentemente positivo no puede ocultar que se trata solo de un primer paso. La profunda incidencia de la guerra interna, de sus enormes costos humanos, fiscales, económicos y ecológicos, del intervencionismo del Comando Sur en el escalamiento y degradación de la misma, hacen prever un pulso complejo y difícil, en el que solo la actuación del pueblo y su movilización unitaria y masiva podrán detener la mano del guerrerismo y de las fuerzas que conspiran contra la paz.

Las fuerzas democráticas tienen una oportunidad singular de contribuir al avance positivo del proceso que comienza. No basta que cesen los fuegos, se requieren cambios que contribuyan a revertir el deterioro de las condiciones de vida de millones de compatriotas, el derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria, al territorio, a la educación, la salud, el empleo, la vivienda. En las condiciones de hoy todos los derechos esenciales y la libertad política se encuentran cruzados por la guerra convertida en política de Estado.

Es preocupante que este proceso transcurra en medio de los enfrentamientos, los bombardeos aéreos, la militarización extrema del país y la pervivencia del paramilitarismo contrainsurgente. La tesis oficial de que `la paz es la victoria’ da a entender que el Estado propenderá por imponer una ventaja militar todo el tiempo que dure la negociación. Las garantías ciudadanas, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son requisitos insustituibles en el desenvolvimiento  de los diálogos.

La izquierda debe actuar con sentido activo y no ser simple espectadora en esta coyuntura. El clamor popular, las justas reclamaciones de las víctimas por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, las resistencias indígenas, campesinas, las luchas frente a los megaproyectos minero energéticos, las reclamaciones obreras por el derecho al salario justo, a la contratación colectiva y el derecho a la sindicalización exigen nuevos niveles de la lucha política y de la unidad de la izquierda.

El PCC hace un llamado a todos los sectores de la sociedad, en especial al movimiento popular, a apoyar la vía del diálogo, la intervención de las organizaciones del pueblo en las mesas de trabajo con la agenda social y persistir en la protesta social prevista para el mes de octubre frente al modelo económico, el derecho a la salud, a la educación superior pública gratuita y de calidad articulados orgánicamente a la lucha por la paz democrática. Un gran evento unitario por la paz podría devenir en un escenario de convergencias y dinámicas de un amplio movimiento nacional por la paz.

Comité Ejecutivo

Partido Comunista Colombiano