Por: Ramiro Varela M. – Representante de los propietarios gravados por Valorización
Hoy con dolor por Cali tenemos la obligación de presentar el balance final de las 21 Megaobras en razón a que la segunda fase no se pudo licitar porque se acabó la plata, es decir se dejan de contratar y de construir 9 megaobras, ninguna de las 21 se entrega totalmente, 4 a cargo de Vergel y Castellanos debe rescindirse el contrato y el recaudo tan solo llega al 35%. Todo un fracaso del alcalde Ospina y un abuso con los contribuyentes.
El gobierno de Jorge Iván no pudo con las megaobras algo fácil de ejecutar si hubiera existido planeación. Se le acabó el cuento a algunos medios de comunicación que durante 3 largos años defendieron lo indefendible a cambio de pauta, a algunos empresarios y gremios que a cambio de favores le quemaron incienso al alcalde, para someter a Cali en el mayor atraso de su historia, pues quien vuelve a creer después de cobrar y quedar la gran mayoría de las obras en el aire. Esta es una autocritica que todos debemos hacernos y lo peor es que seguramente no pasará nada a pesar del juego en el que se ha sometido la plata de los contribuyentes. Da tristeza decirlo pero por algo menor está el alcalde de Bogotá Samuel Moreno en la cárcel. Aquí lo alcahueteamos y lo tapamos todo.
Jorge Iván Ospina inició un nuevo proceso de contratación de 8 megaobras por $ 252 mil millones, por el sistema de valorización en la ciudad de Cali dentro del paquete de $ 889 mil millones. En los pliegos de la licitación de esta segunda fase el Alcalde se comprometió a cerrar la licitación una semana antes de que haya un nuevo Alcalde y a firmar el contrato 2 ò 3 días antes de dicha elección. Pero ganó la improvisación y al alcalde le tocó suspender el proceso licitatorio, el cronograma publicado en la prensa no se pudo cumplir y todo quedó a nivel de prepliegos. La administración Ospina se autoderrota al no poder licitar ni construir el plan de obras que le faltaba porque se acabó la plata, ante el bajísimo recaudo de contribución, la comunidad no tuvo como pagar y allí falló el principal estudio sobre la capacidad de pago de los Caleños, quedaron mal los estudios de la contribución de valorización al no poder cobrar un porcentaje importante de obras en razón a que equivocadamente distribuyeron valorización sobre las vías públicas y las zonas verdes.
Es por ello que desafortunadamente tenemos que decir que al Gobierno Municipal que de principio a fin le quedó grande las megaobras, no pudo con ellas , por la falta de Gerencia en el proyecto. No lo hubo aunque en la planeación de las obras se le pagó la multimillonaria cifra de más de $5,400 millones al estructurador G y G liderado por el Ing. Rodrigo Ceron, pero que hábilmente se marchó sin rendirle explicaciones a la ciudad.El alcalde tuvo 4 años para diseñar y ejecutar las 21 megaobras sin contratiempos y no solamente no entrega ni una completa, sino que deja 8 sin poder construir porque se acabó la plata, 4 que deberá liquidar unilateralmente el contrato al consorcio vías de Cali por incumplimiento y que no lo ha hecho por ayudarle al contratista Vergel y Castellanos, quien sus nexos con el grupo de los Nule le cerró las puertas de los bancos y allí está viviendo Cali un calvario con esas obras.
Son tan graves las falta cometidas por la Administración Municipal en todo el proceso de las 21 megaobras que mínimo debería dar para destitución del alcalde pero EN CALI NO EXISTE LA PROCURADURIA, NI LA CONTRALORIA MUNICIPAL NI LA PERSONERIA.
Que el Alcalde y la Secretaria de Infraestructura y Valorización no pudieron planificar, ni contratar acertadamente, ni construir en su gobierno 13 megaobras es decir que fracasó en el 62% de las obras, entre las 9 que quedaron sin contratar y 4 mal contratadas. El 43% de las megaobras quedaron sin plata y el 20% de ellas emproblemadas ante el total incumplimiento de los contratistas Vergel y Castellanos, Les parece poco?
El alcalde JORGE IVAN OSPINA ya se va y en su equipaje se lleva un 70% de imagen favorable , aunque le verdad no se lo merece por su orientación de hacer todo sin gente capaz y sin cumplir las normas. Allí están los resultados. Los 4 secretarios de Infraestructura y valorización del periodo del alcalde les quedó grande el cargo , son ellos
NESTOR MARTINEZ quien estuvo 5 meses como titular y el resto como subsecretario, hizo decretar las megaobras en el Concejo, inepto porque él sabía que no se cumplía el estatuto de valorización y apoyó al Alcalde en este gran fracaso.
MARCO ANIBAL ZAMBRANO que pudo corregir a tiempo todo en el año largo que estuvo como secretario, pero por inexperiencia y falta de formación al ser ingeniero mecánico, le quedo grande todo. Esta cuota de responsabilidad le cabe al ALCALDE OSPINA POR HABERLO NOMBRADO Y A ANGELINO GARZON POR HABERLO RECOMENDADO COMO SU CUOTA EN EL GABINETE. En la crisis de las megaobras hábilmente fue trasladado a la Secretaría de Vivienda.
JUAN DIEGO FLOREZ joven ingeniero inexperto, llegó por año y medio a recibir órdenes externas, a hacer mandados y dejó la Secretaría con más de 20 irregularidades sin resolver y sin un peso, pues contrató obras y gente y despilfarró en asesores, que no sirvieron para sacar el proyecto adelante.
HELMER FABIO GARCIA 3 años y medio como subsecretario validando como ingeniero lo invalidable y ahora le tocó en los últimos 6 meses ser el responsable del fracaso de la valorización de Cali.
También le fallaron a la ciudad, con 20 Concejales como responsables de este descalabro, se exceptúan WILSON ARIAS, FABIO RODRIGUEZ Y JHON JAIRO HOYOS quienes claramente fijaron su posición. Los Concejales candidatos a la Alcaldía RODRIGO GUERRERO por ser el único con experiencia en el tema de la valorización por ser ex- alcalde. MILTON CASTRILLON como ponente y líder en la aprobación de 3 los acuerdos, CLARA LUZ Y CLAVIJO por ser coparticipes de las irregularidades que inicialmente denunció el concejal NELSON GARCES VERNAZA y el resto entre los que están algunos candidatos a repetir curul: CLEMENTINA, PINILLA, CHICANGO, FERNANDO TAMAYO, ALBEIRO ECHEVERRY, MAURICIO DELGADO, NORALBA GARCIA, GASCA, JOSE URIEL ROJAS, ALVARO MONEDERO, JORGE ELIECER TAMAYO, FABIO ARROYAVE, JOSE LUIS PEREZ, JOSE FERNANDO GIL Y JULIE DEL PILAR REINA.
Han estado por debajo de sus funciones públicas y responsabilidad con Cali la Procuraduría a cargo de ALEJANDRO ORDOÑEZ y sus delegados MARIA EUGENIA CARREÑO y RAFAEL GUZMAN , la Contralora de Cali ALMA CARMENZA ERAZO, el Personero de Cali MANUEL TORRES , los jueces administrativos que no han sido diligentes y eficaces en las demandas de nulidad y acciones populares, los jueces Constitucionales entre ellos muchos penales y Civiles y el Consejo Superior de la Judicatura regional y nacional y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle, por conocerlo todo y no tomar decisiones a tiempo.
La licitación que no se hizo
La apertura de la presente Licitación no se hizo el día veintinueve (29) de Julio de 2011. A partir de esta fecha los Interesados podrían consultar y retirar los Pliegos de Condiciones, el Inicio plazo para presentar propuestas era el 29 de Agosto de 2011, el Cierre de la Licitación Pública y plazo límite para entrega de Propuestas era el 30 de Septiembre de 2011, la Audiencia Pública de Adjudicación era el 21 de Octubre de 2011 y la Suscripción de los Contratos de Concesión el 28 de Octubre de 2011. Todo esto se incumplió.
No nos queda sino que movilizar a los ciudadanos para que se expresen en contra de los candidatos a la alcaldía – concejales y en contra de los concejales – candidatos al concejo que votaron esta decretación ilegal de las 21 megaobras, para escoger un alcalde y concejales que no estén comprometidos, ante el mayor fracaso en la historia reciente de la ciudad..
ENTRETANTO: EL PENULTIMO FRACASO
Tampoco pudo licitar la Autopista Bicentenario por la ausencia de estudios y diseños, la falta del permiso para la concesión en la línea férrea de Mintransporte y la incógnita si la vía rápida con peaje es viable. Aquí finalmente se impuso la sensatez ante la clara posición de ACODAL, CAMACIL ,CCI ,CAMARA DE COMERCIO, etc.
El despilfarro fue muy grande superior a $10 mil millones en estudios contratados a dedo sin ninguna planificación , solo por imponer un negocio. Y además de los anteriores como los responsables de este descalabro, pues son los mismos de las megaobras, están FERNANDO GARCES LLOREDA como autor intelectual del negocio y MARINO LOPEZ como estructurador del proyecto.
Por: Armando Palau Aldana
Las columnas de opinión política del diario El País y de Radio Súper, así como el grueso de los candidatos a la Asamblea Departamental y al Concejo de Cali por el liberalismo, como también los Directorios Liberales del Valle del Cauca y de Cali, se preguntan por qué razón los concejales Clementina Vélez, Orlando Chicango y Carlos Pinilla, así como los Representantes a la Cámara Nancy Dennise Castillo y Roberto Ortiz, todas con credencial del Partido, no hacen parte de las labores proselitistas y de los equipos de campaña liberal a la Gobernación del Valle del Cauca y a la Alcaldía de Cali. Se especula en los medios de comunicación y en los mentideros políticos, que están comprometidos con campañas distintas como las de Useche o de Milton.
Todos están asombrados, de la deslealtad del Chanchero Ortiz para con Jorge Homero, quien fue su elector y quien le permitió llegar sin carrera política al Congreso de la República. Lomismo se preguntan de Nancy Dennise, quien todos afirman está de lleno en la campaña de su hijo a la Asamblea del Valle del Cauca por el partido de la U. Ni siquiera el Director Nacional de la Colectividad Roja, ha logrado enderezar a los concejales de Cali, para que sean fieles a la campaña de Sigifredo López hacia la alcaldía. Este contexto ocurre, en circunstancias de malestar, pueslos Directorios Departamental y Municipal, que se reunían todos los viernesconjuntamente, no volvieron a ser convocados.
Estamos hablando entonces del fenómeno político de la doble militancia, la cual retomó la última reforma política o Ley 1475 de 2011, que advierte que será sancionada conforme a lo dispuesto en los respectivos Estatutos, que en el caso del Partido Liberal establecen como deber el respaldo a los candidatos avalados, cuyo desconocimiento y violación se constituye como falta disciplinaria, la que se debe sancionar con la cancelación de la condición de miembro del Partido, y la consecuente pérdida de la investidura de miembro de la corporación pública a la que pertenece. Así las cosas, toda vez que el Consejo Nacional Electoral está facultado para disciplinar estas faltas, debe iniciarse el trámite respectivo de estas quejas que emergen de las bases liberales, para que el transfuguismo y la doble moral política sean erradicados del Partido.
Todos los liberales le exigimos por última vez, a la Concejal Clementina y a la Representante a la Cámara, convoquen con carácter de urgencia a reunión conjunta de los directorios, para que tengan el valor civil de dar la cara y asumir de frente el debate, al cual deben asistir los demás concejales caleños y el chancero Ortiz. Como decía el emperador Julio Cesar: La ingratitud es como perfumar un cadáver.
Por: Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Informe sobre revictimización a integrantes del Movice en el gobierno Santos Con Santos… ¿mejor que con Uribe? Se lanza alerta a nivel internacional: «el cambio de discurso pretende ocultar el exterminio»
Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, se ha hecho evidente un cambio en el discurso presidencial sobre el actuar de los defensores de derechos humanos y las víctimas, especialmente contrastadas con los sistemáticos señalamientos y estigmatizaciones que caracterizaron los anteriores gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Ante estas actitudes políticas, se podría esperar que la situación de agresiones contra víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos cesara, o al menos disminuyera. Contrariamente, varias fuentes han mostrado cómo esta situación se viene agravando durante el período presidencial de Juan Manuel Santos en comparación con el último periodo del Álvaro Uribe. Así lo evidenció el Programa Somos Defensores en su informe semestral, en el cual menciona que en lo corrido del primer semestre de 2011, han sido asesinados 29 defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, mientras que tres más han sido desaparecidos [1]. Esta situación de violencia contra las y los defensores ameritó un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2011, quien expresa su preocupación por las amenazas contra defensores de derechos humanos por parte de las “Águilas Negras” (paramilitarismo).
Con Santos se incrementa el genocidio contra el pueblo colombiano y se entrega el país a las multinacionales, desplazando comunidades mediante masacres
Es de precisar que ante esta instancia algunas de las organizaciones y personas cuentan con medidas cautelares como es el caso del MOVICE. Estos hostigamientos se continúan realizando a través de la estrategia paramilitar, lo cual revela su vigencia. Dichas estructuras paramilitares han logrado mantener su control territorial gracias a la connivencia de mandos militares y policiales, sectores políticos y empresariales del orden regional y nacional. Existe una Campaña de Exterminio contra el MOVICE Desde su nacimiento en junio de 2005 el MOVICE ha sido objeto de una fuerte campaña de estigmatización proveniente del mismo palacio presidencial, contando con la actuación de ministros, órganos de inteligencia y altos funcionarios del gobierno, quienes llegaron a catalogar a nuestro Movimiento como aliado del ‘terrorismo’ [2]. Este ambiente general de estigmatización y hostigamiento ha producido un alto proceso de revictimización contra las víctimas pertenecientes al MOVICE. Se sigue desarrollando una campaña sistemática de eliminación del Movimiento para acallar las voces y acciones de exigencia de los derechos a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Desde nuestro nacimiento, hemos podido recopilar la ocurrencia de 314 actos de revictimización contra los miembros de la organización hasta el 6 de agosto del 2011. De estas 314 agresiones, 85 ocurrieron durante el primer año del mandato del Presidente Santos: del 7 de agosto del 2010 al 6 de agosto del 2011. Es decir, durante un período de un poco más de seis años, el 27% de las agresiones registradas contra integrantes del MOVICE ocurrieron durante el último año. Lo anterior representa un aumento de 44% comparado con el último año de gobierno del ex Presidente Uribe, en el cual se registraron 59 casos. Dichas agresiones contra sus integrantes han ocurrido en 18 de los 20 departamentos del país donde el MOVICE tiene capítulos conformados. Una de nuestras mayores preocupaciones es el aumento de la impunidad en estos casos, porque las víctimas no cuentan con garantías para hacer la denuncia ante las autoridades, ocasionando el aumento del subregistro de violaciones de derechos humanos. En otros casos las víctimas superan el temor y denuncian, a pesar de la falta de garantías, pero los casos son archivados bajo el argumento de falta de pruebas. Nos matan por los mismos motivos: para callar nuestras voces.
Las estructuras paramilitares, militares y algunos sectores económicos y políticos ven en el MOVICE una amenaza que devela su participación en crímenes de lesa humanidad e impide que consoliden su control sobre tierras e instituciones públicas. Por lo tanto, recurren a las mismas prácticas represivas que se utilizaban durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez: amenazas de muerte, montajes judiciales, hostigamientos, señalamientos, desaparición forzada, y asesinatos. Ni garantías… ni voluntad política A raíz de este grave panorama, el 5 de noviembre de 2009, durante la Audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, se presentó la grave situación de amenazas, hostigamientos, y judicializaciones en contra de varios de las y los miembros del MOVICE. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez se comprometió a realizar una serie de reuniones de alto nivel en Bogotá en las que se discutirían los mecanismos para garantizar que la labor de las víctimas se diera en condiciones de seguridad y protección. Luego de exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno ante la CIDH, se logró la realización de una sola reunión de alto nivel que tuvo lugar el 1º de julio del 2010, en la que se hizo entrega de una lista de los 210 casos documentados por el MOVICE. En dicha reunión, la Viceministra del Interior se comprometió a “remitir directamente a la Fiscalía General de la Nación la documentación presentada”. Hasta ahora, El MOVICE no tiene conocimiento sobre las posibles gestiones adelantadas por parte de la Fiscalía sobre los mismos.
Hay que decir que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no sólo no ha adelantado los compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que además ha suspendido dicho diálogo con el MOVICE de manera unilateral, dando claros mensajes de falta de voluntad política para reanudar estas conversaciones oficiales. Desde la visión del MOVICE, las garantías exigidas al ejecutivo no se deben limitar a garantías materiales y de asignación de esquemas, pues sobretodo consideramos que lo más importante es que el Estado asuma medidas políticas. El Estado debe comprometerse especialmente con el desmonte real y efectivo del paramilitarismo y el juzgamiento de todos los sectores que participaron de sus delitos y fines, fuese en condición de promotores, instigadores, patrocinadores o beneficiarios. Debe además garantizar un ambiente político favorable de respeto de la labor de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales; profundizar las investigaciones por amenazas y ataques contra los miembros de nuestra organización; y tomarse medidas para castigar a los agentes estatales que participen de estas acciones. Casos emblemáticos: Aunque en términos generales se puede afirmar que la situación de las víctimas que pertenecemos al MOVICE es bastante grave en todo el país, consideramos pertinente resaltar algunas situaciones particularmente graves.
Capítulo Sucre: En el departamento de Sucre el paramilitarismo se incrustó de manera arraigada en la vida política, económica y social. Desde el 2006, 35 políticos (dos gobernadores, cuatro representantes a la cámara, tres senadores y siete diputados, entre otros) han sido investigados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por sus nexos con grupos paramilitares. Este fenómeno ha creado y mantenido un ambiente hostil y de desprotección para los miembros del MOVICE, quienes frente a la inexistencia de garantías efectivas, no tienen confianza alguna en las autoridades de la región, y siguen siendo objeto de un sinnúmero de amenazas y hostigamientos.
•Familia Verbel Rocha: Estos miembros del Capítulo Sucre del MOVICE sufrieron la pérdida de uno de sus hermanos, Eder Verbel Rocha, en un atentado el 23 de marzo del presente año. Esta familia se ha destacado por su liderazgo en la labor de denuncia contra el paramilitarismo en la región. Eder fue asesinado por dos hombres armados, quienes sin mediar palabras le dispararon a tres miembros de su familia. Orlando Verbel Rocha y un menor de edad lograron escapar del sitio. Por este hecho hay dos personas detenidas quienes presuntamente fueron los autores materiales, sin embargo no se tiene conocimiento de los autores intelectuales del mismo.
•La familia de Ingrid Vergara: Se evidencia un alto nivel de persecución contra la familia Torres Vergara, quienes ejercen un liderazgo fuerte en el Capítulo Sucre, de exigibilidad de los derechos de las víctimas y de restitución de tierras. Durante el primer año de gobierno de Santos sufrieron catorce (14) incidentes de seguridad, materializados en hostigamientos, seguimientos y amenazas de muerte contra su esposo, Franklin Torres y sus hijos. Actualmente Ingrid es la Secretaria Técnica de este capítulo. •Carmelo Agámez: Fue secretario técnico del Capítulo Sucre, hasta su injusta detención, el 13 de noviembre de 2008. El defensor de derechos humanos es investigado absurdamente por el delito de concierto para delinquir por pertenecer a grupos paramilitares, los mismos que ha denunciado vehementemente y que lo han declarado en varias ocasiones objetivo militar. El proceso judicial se caracteriza por sus graves irregularidades. En el mismo están investigados varios políticos de la región realmente comprometidos con el paramilitarismo. La inexplicable vinculación de Carmelo se enmarca en una estrategia de persecución contra las y los integrantes del MOVICE a nivel nacional, utilizando el aparato judicial para estos propósitos. Actualmente Carmelo continúa detenido a pesar de que su defensa ha evidenciado claramente las inconsistencias en el proceso.
Capítulo Valle: Este capítulo se ha mantenido activo a pesar del alto número de amenazas y hostigamientos en contra de sus integrantes y organizaciones pertenecientes al mismo. El Valle del Cauca ha sido una región golpeada por el paramilitarismo, que nuevamente comienza un proceso de control en la región, y por las acciones violatorias de los derechos humanos de la Brigada Tercera del Valle del Cauca. •Ejecuciones extrajudiciales: El 14 de enero de 2007, en el sitio la Reforma (zona rural de Cali), miembros de la Tercera Brigada del ejército asesinaron a tres hombres que eran reconocidos en la zona por ser contratistas de pintura, siendo engañados por un reclutador que se movía en este gremio, quien confesó dentro del proceso que el ejército le pagó la suma de dos millones de pesos para que entregara a estos hombres, para luego hacerlos pasar como miembros de grupos paramilitares. Se ha llevado un proceso largo y riguroso, y hasta la fecha el ejército no ha dado una explicación clara de los hechos. El fiscal que se encuentra en el caso considera que no hay garantías, incluso para él, para continuar en el proceso. La esposa de una de las víctimas, Jenny Torres, integrante del MOVICE, y su abogado han sido amenazados en repetidas ocasiones por su lucha por la verdad y la justicia en este caso.
•Caso en Buenaventura: Paramilitares del Bloque Calima que intentan mimetizarse en nuevos grupos paramilitares vienen desplegando toda una persecución contra mujeres y niñas del municipio de Buenaventura, donde se ha aumentado la tasa de feminicidios como un mecanismo de revictimización y represalia contra esta población, por tratarse de mujeres viudas que ahora son cabezas de familia y líderes de sus comunidades. Este es el caso de las mujeres de una vereda cerca de Buenaventura quienes hacen parte del MOVICE Capítulo Valle. Actualmente se encuentran acorraladas por los mismos paramilitares que nuevamente retoman sus comunidades para imponer el terror y generar desplazamiento en dichas zonas.
Comité Nacional de Impulso
•Intento de Asesinato Contra Ivan Cepeda Castro: El día miércoles 24 de agosto de 2011, se conoció un plan criminal para asesinar al Congresista Iván Cepeda Castro, según versión que dio a conocer un interno, por medio de una carta dirigida a Cepeda, donde denuncia que dos guardias de la penitenciaría, La Tramacúa de Valledupar, le habrían suministrado un puñal para que en el momento de la visita que realizó el 22 de mayo, a ésta cárcel, fuese apuñaleado. Al parecer existió un video que registró lo acontecido este día de una cámara ubicada en el pasillo del lugar, pero que fue borrado. El atentado se frustró al parecer porque el interno decidió no llevar a cabo el hecho, pero en cambio decidió denunciar.
•Amenazas de muerte: Los días 2 y 19 de junio del presente año, se dieron a conocer, mediante panfletos, amenazas contra varios integrantes de éste Comité, así como de otras organizaciones sociales. Estos panfletos estaban firmados por grupos paramilitares del Bloque Capital de las Águilas Negras y Los Rastrojos, donde dan un plazo de veinte días para abandonar la ciudad. Amenazas que se dan al parecer porque son organizaciones y personas que supuestamente “se oponen a las políticas de nuestro gobierno y que hacen lavado de cerebro a los desplazados haciéndose pasar por líderes defensores de derechos humanos”. Las víctimas de estas amenazas son Alfonso Castillo (de la ONG Andas), el congresista Iván Cepeda, Ruby Castaño (de Sintragrim) y Rigoberto Jiménez (de la Coordinación Nacional de Desplazados), quienes se destacan por su liderazgo y compromiso con el Movimiento. Llama la atención que durante el periodo de Juan Manuel Santos aún persista la acción de grupos paramilitares que plantean actuar en defensa de su gobierno; pese a que el gobierno se esfuerza en presentarlas como BACRIM, estos grupos dejan en evidencia que su actuación es plenamente paramilitar, que implementan los mismos métodos, atacan los mismos blancos, actúan por iguales motivaciones y gozan de la misma permisividad de las autoridades.
Consideraciones Finales
El presente informe llama la atención sobre incidentes de violaciones a los derechos humanos que se han venido presentando durante el primer periodo del Presidente Santos; observando una estrategia de exterminio que pretende un proceso de revictimización contra las víctimas de crímenes de Estado. Consideramos que no son suficientes las gestiones legislativas, pues es imprescindible que estas acciones estén de la mano con el reconocimiento de la existencia del paramilitarismo y de su connivencia con varios agentes del Estado, y en este sentido se trabaje en función del desmonte real y efectivo del mismo. En igual sentido se comience un proceso de depuración de la fuerza pública sobre agentes que tienen algún tipo de relación con este fenómeno paraestatal. En este contexto, se hace necesario que la política gubernamental de difusión y promoción de los derechos humanos y el respeto por el DIH al interior de las fuerzas armadas del Estado, pase de ser una mera formalidad a una real implementación. Instamos al Sistema de Naciones Unidas, al cuerpo diplomático, a la Unión Europea y demás organismos de la comunidad internacional a verificar este preocupante panorama de crisis humanitaria y de violaciones a los derechos humanos contra integrantes del Movimiento, e invitamos a ser garantes en el actualmente suspendido proceso de interlocución para lograr garantías reales y efectivas para el MOVICE.
[1] Informe presentado el 8 de agosto de 2011, denominado,” Mas allá de las Cifras”, del periodo de enero a junio de 2011, presentado por el Sistema de Información Sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia SIADDHH.
[2] En octubre de 2010 el MOVICE fue informado sobre la existencia de un periódico virtual “B1” que estaba colgado en la página web de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que es presidente el ex-asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el periódico aparecen varios testimonios y fotografías del montaje judicial que tiene su génesis en la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante el DAS y la RIME y en el que más de 20 organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones estudiantiles que hacen trabajo en Antioquia son señalados de pertenecer al PC3 (Partido Comunista Clandestino). En este proceso se ha demostrado que la prueba testimonial incriminatoria que se acreditó era falaz y estaba estructurada por los organismos de seguridad del Estado.
Las contradicciones de la encuesta de Caracol-Invamer Gallup en torno a la Alcaldía de Cali
La encuesta revelada por Caracol Televisión, Caracol Radio y El Espectador, realizada por la firma encuestadora Invamer Gallup entre 600 entrevistados antes del debate convocado entre los candidatos a la alcaldía de Cali María Isabel Urrutia, Milton Castrillón, Rodrigo Guerrero, Clara Luz Roldán y Sigifredo López en el Centro de Convenciones Valle del Pacifico, deja muchas dudas y serias contradicciones entre los resultados entregados a la opinión pública.
Milton Castrillón, Rodrigo Guerrero, Sigifredo López, María Isabel Urrutia y Clara Luz Roldán fueron los candidatos convocados al debate por Caracol Radio y Televisión y El Espectador, de acuerdo a los resultados de la encuesta de Invamer.
La encuesta sobre la imagen favorable de los candidatos entre los indagados es liderada ampliamente por la candidata del Polo Democrático con el 55%, frente al 37% de Sigifredo López, el 35% de Rodrigo Guerrero y el 24% de Milton Castrillón y Clara Luz Roldán, superando a los dos primeros con el 18% y el 20% respectivamente y a los siguientes con el 31% de ventaja. La misma encuesta de intención de voto registra un 23% a favor de Rodrigo Guerrero con una diferencia de 12 puntos porcentuales sobre María Isabel Urrutia que obtiene el 11%, Milton Castrillón el 10%, Sigifredo López el 9% y Clara Luz Roldán con el 8%.
Estos resultados contradicen la correlación que siempre existe en las mediciones, donde la imagen favorable de los candidatos siempre va relacionada con la intención de voto. En éste caso, no puede ser admisible que una candidata como María Isabel Urrutia que supera con un 20% su imagen favorable sobre Rodrigo Guerrero, luego aparezca un 12% por debajo del mismo candidato en la intención de voto. Ni siquiera el pequeño tamaño de la muestra, puede justificar que un candidato cualquiera remonte en 32 puntos su imagen de favorabilidad con respecto a la intención de voto.
Quedan entonces dos interrogantes frente al ejercicio de la firma encuestadora. 1. Fallarón los parametros establecidos para garantizar la efectividad de la encuesta?. ó 2. Simplemente se cumplió con las cuantificaciones y se trabajo no con la efectividad de la encuesta sino con la eficacia de la misma que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera?. Para nuestro caso, queda claro que el efecto que se desea o espera de quienes publicaron la encuesta, es posicionar un candidato que no tiene una imagen favorable y que en el mismo debate salió comprometido con decisiones que perjudicaron a la ciudad en su pasada administración.
Estamos dispuestos a que casi 20 años después, repitamos la misma historia con los mismos actores?.
Bochornosa provocación contra trabajadores en Diálogo Social
Como un falso positivo del DAS calificó el Senador Alexander López Maya la detención ilegal que hizo esa entidad al vocero de los corteros José Oney Valencia quien se encontraba en el Diálogo Social convocado por la Vicepresidencia de la República.
«La detención de José Oney Valencia por parte del DAS es ilegal, arbitraria, porque él no tiene ninguna orden de captura vigente, lo único que pretendían quienes están detrás de este falso positivo era sabotear la reunión que tenían 200 delegados de los trabajadores corteros con el Vicepresidente de la República”, manifestó el Segundo Vicepresidente del Senado, Alexander López Maya. Agregó “el Gobierno nacional tendrá que explicar por qué después de José Oney Valencia hace una declaración en la que denuncia el incumplimiento de los acuerdos hechos en el 2008 por los ingenios con los corteros, es detenido, sin existir en su contra una orden de captura vigente ni ninguna otra medida de tipo judicial; además deberán responder por qué había un policía vestido de civil grabando a los trabajadores, haciéndose pasar como cortero en pleno desarrollo del evento».
El Senador del POLO manifestó que denunciara ante la comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos la persecución y el constreñimiento que está ejerciendo el DAS sobre los corteros y específicamente sobre su vocero, en un momento crucial en que se define en el Congreso la suerte de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia como forma de intermediación laboral. “El DAS no respeto ni la figura de la Vicepresidencia de la República ni al Congreso, al estropear una reunión concertada entre el Dr. Angelino Garzón y la Vicepresidencia del Senado para analizar el proyecto de Ley 005 -2011 Senado, que acaba con las cooperativas de trabajo asociado.
Contrario a las versiones que circularon días antes los trabajadores cumplieron con la cita pactada con la Vicepresidencia de la República, lo que hubo aquí fue una emboscada contra los líderes corteros de caña y contra el proceso de diálogo y concertación propuesto por ellos” dijo el Segundo Vicepresidente del Senado. Sera el propio presidente quien tendrá que ofrecer las garantías para que se respete de la búsqueda de una salida concertada a un conflicto laboral que persiste en la industria azucarera, añadió Alexander López.
Tanto José Oney Valencia como otros 3 líderes corteros de caña y dos acompañantes Alberto Bejarano y Juan Pablo Ochoa enfrentarán el próximo 29 y 30 de septiembre en el Juzgado Tercero Penal Especializado de Buga, dos audiencias definitivas en el proceso de juicio público y oral que se sigue en su contra por los hechos de la huelga de corteros del año 2008.
Revista Mire...Lea 