Lo ilegal y lo inconveniente en la privatización de Ecopetrol

Por: Juan Pablo Fernández M.

El 25 de noviembre de 2010, Juan Manuel Santos anunció ante el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, la venta de otro 10 por ciento de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. El porcentaje se suma al 20 que autorizó la Ley 1156 de 2006, del cual ya se materializó el 10,1 por ciento. Como resultado del subsidio ofrecido a los concesionarios viales, los ministros de Hacienda y Minas radicaron en las postrimerías de las sesiones ordinarias del Congreso un proyecto de ley. Se aspiraba a un trámite relámpago, sin discusión y participación seria de todas las fuerzas políticas. Pero el 29 de diciembre, amparado en las potestades de la declaratoria del Estado de Excepción, el presidente y sus ministros firmaron el Decreto Ley 4820 de 2010, con lo que se le daba el pase a la oferta del 25 de noviembre. Se caía, entonces, el trámite iniciado ante el Congreso, pero, ¡oh sorpresa!, el lunes 31 de enero los doctores Echeverry y Rodado le piden al Senado y a la Cámara continuar la discusión de una ley que ellos mismo habían solicitado retirar días antes. ¿Qué se esconde detrás de este galimatías gubernamental?

Los Estados de Excepción como el decretado el 7 de diciembre de 2010, le permiten al presidente usurpar transitoriamente funciones propias del Congreso, poder que no es omnímodo. La Constitución y la ley imponen límites al ejercicio de esta facultad. El Artículo 215 de la Constitución señala que los decretos ley sancionados deben estar “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.” Luego las medidas deben tener el único propósito, como lo ha expuesto en repetidas ocasiones la Corte Constitucional, de “atender con la prontitud y eficiencia requeridas el imperativo urgente e ineludible…de ofrecer solución inmediata y real a la circunstancia específica objeto de alarma, por lo cual [el gobierno] apenas puede asumir facultades restringidas, circunscritas a ese definido y delimitado propósito, preservándose en lo demás el principio constitucional que confiere al Congreso la potestad de expedir las leyes” (Sentencia C-136 de 1999).

A la fecha no se ha vendido una sola de las acciones de las que habla el Decreto 4280. El ministro de Hacienda acepta que el 10 por ciento se colocará entre el 2011 y el 2014 (El Colombiano, ene.13.11). Y Bruce Mac Master, viceministro de Hacienda, explica que la privatización “no saldría en este trimestre” (Portafolio, ene.24.11). Además, por cuenta de la modificación de las leyes de presupuesto de 2010 y 2011, el gobierno dispuso 4,6 billones para apoyar la atención humanitaria, dineros que se suman a lo consignado y a lo ya gastado a través del Fondo de Calamidades. Vender el 10 por ciento de Ecopetrol no ostenta el carácter de urgente, lo que hace al Decreto 4820 inconstitucional, cosa que olfatea el gobierno y por eso solicito al Congreso continuar el trámite de la ley presentada en diciembre. ¡Que falta de seriedad!

Con la venta serían recaudados 16,5 billones de pesos para la construcción de infraestructura vial. A finales de 2009, Andrés Uriel Gallego, planteó vender el 15 por ciento de la compañía con el objetivo de subsidiar a los propietarios de las concesiones viales de la Transversal de las Américas, la Autopista al Llano y las Autopistas de la Montaña. Antanas Mockus y Sergio Fajardo explicaron que, además de estar de acuerdo con la privatización, lo adecuado era gastar esa plata en educación. Jorge Humberto Botero, ex ministro de Comercio de Uribe y actualmente vocero de los exportadores privados de café, señaló que lo “óptimo” era que Ecopetrol pasará en su totalidad a manos privadas y expresó sus dudas sobre la necesidad de los proyectos propuestos por el ministro de Transporte de entonces. En la discusión existen, entonces, dos aristas que suman a la ilegalidad del proceso efectuado hasta ahora: la conveniencia económica y política de privatizar otro 10 por ciento de Ecopetrol y el destino de los dineros a recolectar.

En otra oportunidad trataremos lo relacionado con el lugar a dónde irían a parar los recursos que se recolecten con la venta planteada por el gobierno. Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia, está integrada en la cadena del petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales de Latinoamérica. En Colombia genera más del 60 por ciento de la producción nacional y tiene negocios en Brasil, Perú y Estados Unidos. Es propietaria de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. Entre 2006 y 2009, sus ingresos pasaron de 18,3 a 27,6 billones de pesos. En 2008 ascendieron a 32,7 billones. Lapso en que también creció la producción petrolera nacional y la de Ecopetrol. En 2009 le giró al gobierno nacional, entre transferencias e impuestos, 18,7 billones de pesos y aporta cerca del 20 por ciento del impuesto al patrimonio. Es la gallina de los huevos de oro.

Pero los buenos resultados no provienen, en parte significativa, del desarrollo de una política petrolera acorde con el interés nacional o de la buena gestión en su administración, que desde su nacimiento, en 1951, se ha movido, salvo algunas excepciones, entre los intentos sucesivos por liquidarla, estrangularla o moverla inercialmente en favor de las trasnacionales y, recientemente, ponerla al servicio de los intereses de la especulación bursátil. Después de que en 1974 se implementara el contrato de asociación, que obligaba a las empresas extranjeras a asociarse con la estatal una vez gastaran por su cuenta y riesgo los costos exploratorios, y de que en los ochenta se diera la mayor actividad exploratoria, llegaron los “felices” noventa.

En 1994 se le quita la autonomía financiera; aunque se crea Ecogas esta no fue parte de Ecopetrol, quien cargaba con las deudas de la construcción de la red de gasoductos por parte de terceros, además la estatal perdió 600 mil millones de pesos en su venta; la decisión de desarrollar el plan maestro de la Refinería de Cartagena y el plan de modernización de la de Barrancabermeja tardó más de una década; fueron vendidos los Terpeles, sacando a la empresa del negocio de la distribución minorista de combustibles, que reporta ingresos por más de 3 mil millones de dólares anuales; los contratos de asociación Cravo Norte y Chuchupa, que le revertirían en su totalidad a principios de la presente década, fueron extendidos hasta el final de su vida económica, con pérdidas de miles de millones de dólares; se regresó, en contra de Ecopetrol, al colonialista contrato de concesión, que rememora las malhadadas concesiones Barco y de Mares y; se inicio su privatización, la cual Santos, hoy pretende continuar.

El proceso de marchitamiento, lo explica Margarita Mena de Quevedo, ex ministra de Minas y Energía, en su libro Jaque mate a Ecopetrol (3R Editores, 2006). Dice la ministra del gobierno Barco: “…en los primeros años de la década de los noventa…la toma de decisiones comienza a resquebrajar su estructura organizacional, estrechar su radio de acción, disminuir su actividad propia en exploración y producción de hidrocarburos, y, en general, a someterla a un proceso de marchitamiento y de ruptura de su aparente posición dominante en el transporte, refinación y distribución de combustibles, hasta la pérdida de la administración de los petróleos nacionales desde el primero de enero de 2004.”

En relación con el comportamiento reciente de sus ingresos, estos se explican fundamentalmente por el del precio internacional del petróleo y porque el gobierno, desde 1998, decidió paulatinamente atar el precio interno de los combustibles al del petróleo WTI (que se extrae en el Golfo de México) y no a la economía de Ecopetrol, que sumado a los altos impuestos, hacen que los colombianos paguen una de las gasolinas más caras del mundo. El shock petrolero de 2008, que llevó el precio del crudo a cerca de 150 dólares por barril, no fue producto de líos económicos o geopolíticos, como en 1971, 1979 y 1986, sino por la especulación, producto de convertir el oro negro en un commoditie.

El volumen de capital especulativo invertido en 2008 en los mercados internacionales de futuros, comparado con 2003, se multiplicó casi por 20, llegando a 260 mil millones de dólares y “cerca del 50% de este capital” se utilizó en los negocios de futuros de petróleo. Actualmente, según cifras de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), el “volumen total de los contratos de futuros de petróleo ha sobrepasado los 1,000 millones de barriles…El alto precio del petróleo impulsado por la excesiva especulación constituye una seria amenaza para la seguridad energética, el crecimiento económico y la estabilidad social del mundo.” (La cadena del petróleo 2009, UPME, pp. 31) Desde 2008, la Reserva Federal Norteamericana ha emitido más de dos billones de dólares, causa de las burbujas en distintas bolsas del mundo, de la revaluación de muchas monedas, entre ellas la colombiana, y del aumento del precio del petróleo, que crece no solo por la mayor demanda China y de otras potencias en ascenso.

La venta de acciones de Ecopetrol iniciada en 2007 se justificó en la necesidad de unos recursos que la empresa habría conseguido en otro lugar, sin que se diera paso a que la Nación saliera de parte de su participación accionaria. Fueron colocadas 4 mil millones de acciones a 1.400 pesos y se recaudaron 5,7 billones. A la fecha, a los dueños de las acciones, estas le han reportado una ganancia por valorización de 12 billones de pesos. Y la empresa les ha entregado por distribución de utilidades 1,8 billones de pesos. Las ganancias por valorización de las acciones son 6,7 veces las percibidas por la operación de la empresa. Es en la especulación bursátil donde se halla el real negocio de la privatización de Ecopetrol, ingresos en los que la nación no participa y que, por transferencia de utilidades, le significarán al gobierno, de llegar a privatizarse el 30 por ciento de la empresa, una pérdida de 43 billones de pesos en diez años. Para favorecer los intereses del capital financiero, se mata la gallina de los huevos de oro.

LÁSTIMA NO SER DE LOS ANDES.

Por: Don Palabras

A propósito de la desaparición de Sandra Viviana Cuéllar

Si Sandra Viviana Cuéllar, la Ambientalista, Ingeniera Ambiental y Trabajadora Cultural de Cali desaparecida hace una semana, fuese estudiante o egresada de la Universidad de los Andes, o mínimo del Rosario; pues otro gallo nos cantaría a nosotros sus amigos –aunque tal vez nosotros no fuéramos sus amigos- y su familia. Los carteles que hemos pegado y distribuido por la ciudad de Cali y alrededores no sería en fotocopias en negro, sino que serían litografías fullcolor; nuestra carpa no estaría ubicada en la carretera Cali Palmira, probablemente tendríamos un stand en el Dann Carlton o en el Hotel Intercontinental; nuestras reuniones no serían con líderes barriales y con amigos de grupos culturales y organizaciones sociales, sino que nos reuniríamos con el Ministro del Interior, el de Defensa, con el General Naranjo y hasta con la Fiscal Morales, claro está que contaríamos con la presencia de los dueños de los medios de información y no con los periodistas.

Si nuestra amiga Sandra Viviana Cuéllar fuese egresada o estudiante de los Andes, probablemente no haríamos marchas, sino caravanas tipo “vive Colombia”, nuestras redes de facebook, tweeter y demás serían mucho más efectivas, pero es que nos faltan Blackberrys. Pero lo que en realidad indigna es que como Sandra Viviana Cuéllar no es estudiante ni egresada de la de los Andes, su búsqueda por parte de las autoridades ¿competentes? no cuenta con el despliegue con el que si contaron Mateo y Margarita, a inicios de este año; no contamos con despliegue de tropa; ni con movilización efectiva de las fuerzas de aire, mar y tierra; ni acción policial destacada en la zona donde fue vista Sandra por última vez; los operativos de inteligencia y de investigación judicial son paquidérmicos; no hay recompensas ni volantes lanzados desde un helicóptero de la policía.

El caso de Sandra es una triste demostración de que en nuestro país existen ciudadanos de primera, segunda y hasta de quinta categoría; que aunque todos seamos contribuyentes y nos supongamos iguales ante la ley y la justicia, estas operarán a favor de unos y en detrimento de otros. Por fortuna Sandra no es egresada de los Andes, sino de la Universidad Nacional, es de una familia humilde y gracias a su trabajo y amor por la vida, la tierra y la cultura, cuenta con amigos como nosotros, que seguimos adelante con su búsqueda, que no cejamos esfuerzo en encontrarla y que seguimos invitando a todos y a todas a sumarnos a su búsqueda y a las actividades de solidaridad, sensibilización y denuncia frente al caso de nuestra amiga desaparecida.

LOS CAMIONEROS DERROTARON A SANTOS

Por: Libardo Gómez Sánchez / Diario del Huila

El país fue testigo en diferentes ciudades del paro obligado de los transportadores de carga, ante la decisión del gobierno de incumplir lo pactado hace casi tres años en materia de fletes.

Una vez el Ministerio de Transporte de Santos se percató de la firmeza de la protesta y se vio urgido a suspender el decreto que eliminaba las tablas de fletes, para dar por terminado la movilización de los camioneros, al minuto, en RCN, en un noticiero que dirige quien ejerciera el cargo de vicepresidente de farándula del gobierno de Uribe Vélez y quien fuera el garante de la complicidad del principal diario del país con ese gobierno, Francisco Santos, entrevistó al director de la SAC, Rafael Mejía, con quien se dedicaron a mascullar la rabia que les producía el éxito del legitimo reclamo de los transportadores y como es típico en los parásitos del aparato del estado o de los gremios, no tuvieron escrúpulo alguno en denostar cínicamente de los miles de pequeños propietarios de camiones y mulas, calificándolos de especuladores a la hora de cobrar el flete por la carga.

El oyente desprevenido y poco conocedor del tema, termina por parecerle que los transportadores son unos explotadores que exprimen a quienes ocupan sus servicios y puede incluso aceptar como necesarias la violencia de la policía contra ellos, así como el contenido de la política gubernamental que libera las tarifas a voluntad del generador de carga. Para validar su diatriba, acusan a los transportadores de cobrar las tarifas más altas del mundo, sin adelantar la más mínima reflexión sobre las condiciones en que se presta el servicio, es evidente su mala intención, al evitar informar al oyente sobre los costos de su actividad, que en ultimas son los que determinan las tarifas que deben cobrar para cubrirlos y dejar alguna utilidad, no mencionan por ejemplo, que el valor del ACPM en Colombia es un 25% más costoso que en México o un 17% más que el de Argentina y un 400% más que en la vecina Venezuela.

En materia de peajes, otro costo de la actividad, el panorama es similar, en Chile el paso por las autopistas que comunican el país, cobra peajes para vehículos de más de dos ejes en promedio de cuatro dólares, mientras en Argentina llega a los tres dólares, en Colombia el costo es de 8 a 9 dólares por taquilla, una diferencia abismal. Aquí no se incluyen los sobrecostos que implican las continuas demoras por vías obstruidas por derrumbes, pasos en mal estado que obligan a reducir la velocidad forzando tiempos más largos de viaje, represamiento de vehículos en pasos estrechos en los que de continuo se presenta accidentalidad, o el vandalismo de diferentes actores armados que cobran vacuna, cuando no destruyen los vehículos haciendo las tasas de pagos de seguros más costosas. Tampoco relacionamos los costos de los repuestos y mantenimiento que son bastante elevados.

La estigmatización de los sectores sociales, las organizaciones sindicales o las agrupaciones políticas que se atreven a esgrimir criterios diferentes a los del gobierno o incluso a reclamar sus derechos básicos, se tornó en una estrategia predilecta de quienes gobiernan al país, para descalificar a sus contradictores sin tener que dar explicaciones, ni argumentos y colocarlos en la picota pública; lamentablemente en ello han encontrado la cooperación de los principales medios de comunicación. En lugar de legislar para entregar el negocio a monopolios, el gobierno debería reducir los costos para los camioneros y desarrollar otros medios de carga, como el ferrocarril y habilitar el transporte fluvial, dándole al mercado interno la competitividad tan cacareada, pero que solo opera cuando de habilitar las importaciones se trata.

Urge la refundación de la Santiago

* El nuevo rector no debe ser una continuación del saliente ni un emisario del partido de la U, el PIN, el liberalismo o el conservatismo…

* La Universidad Santiago de Cali necesita reformar su paquidérmico Consejo Superior, órgano sumiso a los dictados de los poderes establecidos.

* Se requiere la convocatoria a elecciones con un reglamento que garantice pluralismo y que acabe con la feria de los millones en ellas.

* Ante la deslegitimación del Consejo Superior, resulta pertinente la realización de una gran asamblea de estudiantes, profesores y egresados que discuta el futuro de la universidad.

Por: Luis Alfonso Mena S. (*)

La crisis de la Universidad Santiago de Cali, USC, requiere decisiones de fondo, no maquillajes ni nuevas repartijas burocráticas y de poder, de esas que simulan cambios, pero que dejan todo igual. No es suficiente la renuncia del rector, Hebert Celín Navas, ocurrida el miércoles 23 de febrero como consecuencia de la protesta de estudiantes y docentes que señalan el fracaso de su gestión y reclaman claridad sobre las irregularidades denunciadas en la institución. Urge un juicio de responsabilidades sobre él y su equipo de dirección, así como también sobre el Consejo Superior, cuyos miembros, con muy pocas excepciones, han estado sumisos a sus dictámenes.

En la Santiago hay un statu quo, un establecimiento plagado de vicios, politiquería, clientelismo y desgreño que debe ser transformado con la participación de toda la comunidad universitaria. Quien ocupe ahora la Rectoría en propiedad no puede ser una cara nueva con vicios viejos. Ya se alzan aspiraciones desde los sectores politiqueros: el uribismo, el santismo, el partido de la U, el PIN, el conservatismo, el liberalismo… O desde continuadores de Celín Navas. Para ello se esgrimen sofismas y justificaciones de parte de los numerosos grupos en que está fracturada la vida universitaria. Cada feudo busca pactos o señala adversarios: impera la política pequeña de la oportunidad, no la política de la democracia plena.

Los clientelistas hacen cálculos a través de sus representantes, dentro y fuera de la Universidad. Las ansias de poder son evidentes. Pero la Santiago requiere de una rectoría con legitimidad a toda prueba. Docentes y empleados se debaten entre el temor, la inconformidad y la confusión. En las directivas, de las que hacen parte no pocos profesores, crece la pugna por el poder ante la renuncia del rector. Estudiantes y profesores han venido poniendo los dedos en las crecientes llagas de la institución, realizaron protestas desde el lunes 21 de febrero y generaron un hecho político de gran repercusión en la USC. Y a todas estas, el Consejo Superior aparece abyecto al statu quo, sin autonomía, a los pies del mando de turno.

Ejemplo claro y patético de ello fue la sesión del miércoles 26 de enero de 2011, cuando una aplastante mayoría de sus 121 miembros hizo oídos sordos a los justos reclamos de profesores hora/cátedra, a quienes un acuerdo les rebajó el sueldo en un 21,5%. El mencionado organismo se burló del reclamo de los profesores que exigían que el valor de la hora/cátedra retornara al que existía en 2010 ($39.247) y se derogara la decisión de rebajarlo a $30.800. La gran “solución” fue subirlo ¡en $700!

Elecciones transparentes

Hay que recordar las circunstancias que caracterizaron las elecciones de este y otros organismos de “cogobierno” el 9 de septiembre de 2009. Esos comicios ocurrieron en medio de un inconcebible despliegue de campañas costosas, en las que primaron el licor y la rumba (como lo evidencian las fotos anexas a este artículo, tomadas en la mañana del 10 de septiembre de 2009). Ese despliegue de gastos millonarios no compagina para nada con el ambiente de discreción y sobriedad que debe identificar unos comicios universitarios. Por ello, la convocatoria a elecciones anticipadas que se debe hacer para la reforma estatutaria que requiere la Santiago tendría que estar precedida de un reglamento de la campaña que establezca límites a los gastos y certifique al milímetro su transparencia.

Es una de las formas de garantizar, en alguna medida, que se produzca la elección de personas representativas, con liderazgo y propuestas, no de simples mandaderos de determinados intereses que asisten a las reuniones del Consejo a almorzar y a votar lo que les ordenan. La reducción del Consejo Superior, que hoy padece de una macrocefalia derivada de los cálculos politiqueros, no es suficiente. Se requiere el rescate del espíritu de los órganos de cogobierno: la crítica, el control y las decisiones democráticas al servicio de toda la comunidad universitaria y no de los grupos de poder, que los pervirtieron y convirtieron en centros de negocios. En las actuales circunstancias, ante la profunda deslegitimación del Consejo Superior, la Universidad necesita su refundación. La realización urgente de una gran asamblea triestamentaria de profesores, estudiantes y egresados que discuta a fondo el futuro de la institución sería el primero de muchos pasos en esa dirección.

Los diversos actores y sectores con asiento en la cotidianidad del alma máter tienen la palabra.

(*) Director de la revista virtual ¡Periodismo Libre! y del periódico universitario Paréntesis. Profesor de la Universidad Santiago de Cali.

Gráficas como éstas, captadas en el parqueadero principal de la Universidad Santiago de Cali en la mañana siguiente a las elecciones de los órganos de cogobierno realizadas el 9 de septiembre de 2009, son reflejo del manejo que se da a las campañas dentro de la institución. Un manejo no caracterizado propiamente por la sobriedad, como corresponde al ámbito académico, sino a imagen y semejanza de las jornadas políticas nacionales, realizadas a costos millonarios y en las que cunden el licor y la parranda. Estos comportamientos deben desaparecer del alma máter. (Fotos: Luis Alfonso Mena S.)

Colombia: bases militares y desacuerdos

Por: María Isabel García / Radio Nederland

El Gobierno de Estados Unidos habría suscrito más de cien contratos por un monto aproximado de 13 millones de dólares, para obras en bases militares colombianas. Así lo revela Jorge Robledo, senador del Polo Democrático Alternativo.
Algunas forman parte de las siete que en años pasados suscitaron un escándalo de proporciones regionales, por lo que en su momento se dijo que Colombia ‘prestaba el balcón para fisgonear al vecindario’.
La alerta la dio esta semana el senador Jorge Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), quien remitió un cuestionario al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, pidiendo explicaciones por los contratos sobre los que dijo obtuvo información en portales tales como usaspending.gov y ffata.org. Además, el legislador indagó por aspectos puntuales como número de personal militar estadounidense en el país; tiempos de permanencia, lugares donde han estado y brigadas a las que han estado adscritos y el tipo de funciones que desempeñan (inteligencia, entrenamiento, equipos, armamento), empresas a las que están adscritos asesores técnicos civiles, y los fondos de qué dispone el Gobierno colombiano para cumplir con los acuerdos militares binacionales.
Aún antes de obtener respuesta, Robledo declaró a Radio Nederland que “algo de lo que estoy seguro desde ya es que no hay ningún acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos que les permita hacer esas inversiones, porque legalmente no es posible”. A lo que agregó que “si esto es lo que parece ser”, se trata de violación de la soberanía y de hechos graves que, con certeza, despertarán reclamos aquí y allá.”

Antecedentes

En octubre del 2009, el Gobierno del entonces presidente, Álvaro Uribe, (2002/10) suscribió un acuerdo mediante el cual se permitía a tropas estadounidenses usar y controlar hasta siete bases militares colombianas, durante diez años prorrogables. Dicha autorización contemplaba permanencia de personal militar en el territorio, construcción, adecuación y control de las instalaciones militares y operaciones propiamente dichas, todo en el marco de la lucha global contra el narcotráfico y el terrorismo. La animosidad, tanto en Colombia como en el vecindario andino, afloró en julio cuando se rompió el hermetismo de las negociaciones.

Para agosto, el entonces comandante de la Fuerzas Militares colombianas, general Fredy Padilla, manifestó ante una Cumbre latinoamericana de generales, realizada en Cartagena, que “sólo terroristas y narcotraficantes deben temer” y precisó las bases previstas en el acuerdo: Malambo, Palanquero, Apiay, Cartagena, Málaga, Tolemaida y Larandia, en los cuatro puntos cardinales del territorio. “No son bases norteamericanas, son colombianas, pero les brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”, explicó. Para apaciguar los ánimos, Uribe emprendió una gira por los países de UNASUR, organización que convocó a una extraordinaria. Finalmente, en agosto del 2010, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que puntualizó que el acuerdo de las bases no era, como había dicho el Gobierno, la ampliación de uno anterior, sino que era un tratado en sí mismo y, como tal, debía ponerse a consideración del Congreso, lo que no ha ocurrido. Ahora Robledo afirma que ni ése ni otros tratado militares Washington-Bogotá, tienen asidero jurídico.

* Radio Nederland: ¿En qué sustenta su afirmación de que el Gobierno de Estados Unidos está invirtiendo en infraestructura en bases militares colombianas y cuál es el alcance de esa denuncia?

Jorge Robledo: En los registros del Gobierno de Estados Unidos. En la contratación que se puede ver en internet, que no es información secreta ni mucho menos, aparece que en las bases de Málaga, Larandia y Tolemaida están caminando inversiones de distinto tipo; son 126 contratos por entre 12 y 13 millones de dólares. Le he escrito al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para que me explique en qué se fundamenta legalmente este asunto, porque varios de esos contratos son posteriores al concepto de la Corte Constitucional con que se hundió el acuerdo de las bases de guerra de Estados Unidos, que tenían que ver con estas tres bases también. Estamos a la espera de la respuesta. Pero hay algo de lo que estoy seguro desde ya: no hay ningún acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos que les permita hacer esas inversiones, porque legalmente eso no es posible.

* Radio Nederland: Preliminarmente, desde el despacho del ministro se habla de que las inversiones estarían amparadas por los acuerdos del Plan Colombia.

Jorge Robledo: Sí, algo vi en la prensa. El ministro no me ha contestado todavía. Él dice que se fundamenta en el Acuerdo de las misiones militares de 1974 y en los anexos militares de un acuerdo viejo del Plan Colombia. Yo conozco la letra menuda de esos documentos que cita el ministro y estoy absolutamente seguro de que lo que están haciendo no se puede amparar en esos documentos que menciona el ministro. Esperemos a ver cuál va a ser la respuesta. Pero sé que tienen un problema: tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional analizaron el tema de las bases, y la Corte dice que no hay ningún acuerdo militar anterior entre Colombia y Estados Unidos que permita hacer ese tipo de cosas.

* Radio Nederland: ¿Cómo explica usted que a pesar de pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional, que estando en los inicios de un nuevo Gobierno se presente ese tipo de irregularidades? ¿Cuál es, entonces, la política del Gobierno de Colombia frente a los Estados Unidos?

Jorge Robledo: Lo primero es que, en esos temas, el gobierno de Juan Manuel Santos, de nuevo no tiene nada. Aunque hayan intentado borrarlo de la mente de los colombianos, Santos era el ministro de Defensa de Álvaro Uribe. Todo lo hicieron juntos. Hay un Wikileaks, en el que Santos y Uribe se ponen de acuerdo con el embajador norteamericano para que, en el acuerdo de las bases, no se hable de bases, y para no tramitarlo en el Congreso, o sea, para hacer un acto de ilegalidad. A mí realmente no me sorprende. Estoy por publicar un libro en el que explico en detalle cómo todas, absolutamente todas las relaciones militares entre Estados Unidos y Colombia están montadas sobre asuntos ilegales. Si no todo, casi todo, por lo menos, lo que esgrimieron como fundamentalmente en el acuerdo de las bases. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional sostienen que no se tramitaron correctamente porque eran tratados internacionales y se tramitaron como simples acuerdos entre los dos Gobiernos. Nada de eso se llevó para revisión de la Cámara baja y el Senado ni para la revisión de constitucionalidad. Antes de la Constitución de 1991, revisión de la Corte Suprema de Justicia, y después, revisión de la Corte Constitucional. O sea que todo esto se ha venido fundamentando en una especie de castillo de ilegalidades.

* Radio Nederland: Habida cuenta de que organismos regionales como UNASUR son cada vez más sensibles a este tipo de actuaciones entre Washington y las capitales latinoamericanas, ¿cuál es el futuro inmediato?

Jorge Robledo: No me sorprendería que haya fuertes reacciones. Ya vimos las que hubo en toda América, desde México hasta Tierra del Fuego, en contra de las siete bases en Colombia. Estos hechos, por supuesto, los perturbaran y más si se confirma, como podría terminarse confirmando, que parte del dinero que están invirtiendo tenía que ver con los acuerdos de las siete bases. Si eso es así, por supuesto que se agravaría el caso, porque entonces lo que está sucediendo es que se ocultan inversiones de las bases. Eso, por supuesto, es de gravedad. Ya es bien malo que legalmente se lesione la soberanía nacional y se permita a tropas gringas operar en Colombia. Pero, por supuesto, es más malo si eso lo están haciendo a escondidas, violando de manera abierta la legalidad nacional.

* Radio Nederland: ¿Qué alcance tiene la interpelación que usted le ha hecho al ministro de Defensa? y ¿operaría el Legislativo como veedor?

Jorge Robledo: De momento, el hecho incontrovertible es que hay 123 contratos y unas inversiones de cerca de 13 millones de dólares. Voy a esperar a ver qué me dice el ministro y, dependiendo de ello, no sería sorprendente que yo cite a un debate en el Senado de la República para tratar este tema, porque si eso es lo que parece ser, es decir, un acto de ilegalidad que viola la soberanía nacional, estamos hablando de hechos bien graves.

Piden cuentas

En el mismo sentido de la carta del legislador se han pronunciado miembros de la Coalición No Bases, organismo surgido del Foro Social Mundial de India (2004), que propende por “un gran acuerdo para que no haya tropas extranjeras en ningún país” y, por ende, por la abolición de unas mil bases estadounidenses en distintos países de todos los continentes. Por su parte, Alfredo Beltrán, ex magistrado de la Corte Constitucional, declaró al diario colombiano El Espectador que construcciones de Gobiernos extranjeros en bases militares nacionales son “una clara violación de la soberanía nacional”, y recordó que, en su momento, se pretendió justificar el acantonamiento de tropas estadounidenses bajo lo que llamó “acuerdo disfrazado”.

Clara López, presidenta del PDA, partido en el que milita Robledo, se sumó a los requerimientos y manifestó su esperanza de que el ministro no diga que las mencionadas inversiones estadounidenses son parte de la “ayuda” que Washington le da a Bogotá, ni salgan con “excusas cínicas” como las recientes, referentes a un escándalo por introducción de armamento de guerra estadounidense a la Argentina.

Ante la desaparición de la ambientalista Sandra Viviana Cuellar Ocampo

Urgente llamado de solidaridad a la comunidad vallecaucana por la lamentable desaparición en extrañas circunstancias de la reconocida ambientalista Sandra Viviana Cuellar Ocampo, marchemos este miércoles 23 de febrero.

El pasado día jueves 17 de febrero la ingeniera Sandra Viviana  Cuellar debía dirigirse a la ciudad de Palmira a cumplir compromisos laborales en la Universidad Nacional, el último lugar donde se le recuerda haberla visto por última vez fue en el barrio Belarcazar de Cali donde fueron hallados sus documentos de identidad y sector cercano a la residencia de sus padres.  Además sus teléfonos móviles fueron encontrados cerca al puente del comercio o terminalito, donde debería abordar el trasporte para desplazarse al municipio de Palmira.

El trabajo ambiental de Sandra Viviana es ampliamente reconocido en el departamento. Su incasable lucha por la defensa del medio ambiente y la naturaleza ha quedado plasmada en su participación activa en muchas propuesta entre las cuales se destacan el Referendo por el Agua, la protección de humedales y la recuperación del rio cauca.

Hacemos un llamado a la militancia del Polo Democrático Alternativo, a las organizaciones de defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales y populares, fuerzas vivas de la ciudad a extender esta denuncia y colectivizar esfuerzos para la búsqueda de Sandra Viviana.  Además de acompañar a su familia y amigos el próximo miércoles 23 de febrero en una movilización que partirá desde el puente del comercio (terminalito) en la ciudad de Cali a las 10 am.

Por la pronta aparición de Sandra Viviana Cuellar.

Equipo de Curul.

Wilson Arias Castillo        

Representante a la Cámara

Polo Democrático Alternativo