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Senador Castilla se solidariza con concejales que protestan contra megaminería

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El senador del Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla expresó su voz de solidaridad con cabildantes de los Concejos de Meta, Guaviare y otras regiones del país, quienes preparan una marcha hacia Bogotá con el propósito de manifestar su rechazo contra un decreto del gobierno nacional que les quita atribuciones a los municipios para decidir sobre la explotación minera en sus territorios.

En efecto, alrededor de 100 concejales y concejalas del Meta y Guaviare han manifestado su rechazo al Decreto 2691 de 2014, también conocido como el “decreto navideño” por cuanto fue expedido por el Ministerio de Minas el 23 de diciembre del año pasado. Para los cabildantes, el Decreto le quita atribuciones a los municipios para decidir sobre la minería en sus respectivas circunscripciones  territoriales.

El senador Castilla explicó que hay una opinión generalizada entre los concejales de esos departamentos respecto de que dicho decreto constituye una respuesta del gobierno de Santos ante la creciente movilización social en defensa del territorio frente a los impactos de la minería, y un intento de frenar las iniciativas de ciudadanía, alcaldes y cabildantes para impulsar consultas populares que pregunten a las comunidades si están o no de acuerdo con las actividades extractivistas en sus municipios.

Además hay un amplio inconformismo porque el citado decreto va en contravía de la sentencia C-123 de 2014 de la Corte Constitucional, en virtud de la cual se ordena que el nivel central y el nivel local establezcan mecanismos de acuerdo para proteger a los municipios y a las comunidades frente a distintos impactos de la minería. Por el contrario, el Decreto 2691 de 2014 crea un procedimiento que subordina a los municipios frente al Ministerio de Minas, el cual a su vez obtiene la facultad de dirigir todo el procedimiento de las solicitudes e incluso de aceptarlas o rechazarlas.

Los concejales anunciaron una movilización hacia Bogotá con el fin de rechazar el decreto y promover una demanda de nulidad. Esta marcha partirá de la ciudad de Villavicencio el día 21 de marzo y llegará a Bogotá el martes 24 donde los cabildantes se manifestarán contra esta disposición legal en el Consejo de Estado. Esta movilización estará acompañada por el senador Castilla, integrantes del Instituto Latinoamericano para un Derecho y una Sociedad Alternativos (ILSA) y por cerca de 600 ciudadanos que han manifestado su inconformismo con esta medida gubernamental.

Además, será apoyada por concejales de otras regiones del país, incluyendo cabildantes de Nariño, Cauca, Putumayo, Cundinamarca y los Santanderes, quienes también han manifestado reparos al decreto mencionado. Los demandantes pretenden reivindicar la defensa de la autonomía territorial y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre el nivel central y entes territoriales; la defensa de la democracia representativa y participativa, pues el decreto limita la acción de los concejos y, en consecuencia, de la ciudadanía, mientras sí contempla la participación de empresarios pero no de la gente que sufrirá los impactos de la minería en sus territorios.

Los concejales, el senador Castilla e ILSA  también plantean que el decreto en referencia viola el principio constitucional de buena fe, pues abiertamente va en contra de la sentencia C-123 de la Corte Constitucional. Por último, consideran que privilegia la industria minera sobre otros fines constitucionales imperiosos como la protección del ambiente, del agua y la producción de alimentos.

ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DENUNCIAN AL ICBF

Denunciamos públicamente a la Dirección Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por atentar contra los derechos de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia, ya que sus directrices y lineamientos técnicos pretenden el desmonte gradual de los programas sociales de Protección y Prevención, en sus diversas modalidades de atención.

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Los programas y servicios para la atención de niños, niñas, adolescentes y sus familias, tanto en Prevención como en Protección, han sido desarrollados por Organizaciones Sociales y No Gubernamentales de Base Comunitaria (Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones de Madres Comunitarias), que son de la comunidad y trabajan para la comunidad y por la comunidad. Sin embargo, los Lineamientos y directrices actuales, están impidiendo la continuidad de la   administración y servicio por parte de estas Organizaciones, que buscan garantizar el cumplimiento de los derechos de nuestra Infancia, Adolescencia y Familia, desde una acción mancomunada.

Desde hace un par de años se ha entregado programas a las Alcaldías, como el Programa de Alimentación Escolar – PAE y los Centros de Desarrollo Infantil – CDI.  Ahora, la actual administración, continuando con la misma línea, proyecta seguir entregando los Programas Sociales a las Gobernaciones, Alcaldías y ONG´S, estas últimas  pertenecientes a grandes Monopolios Empresariales y Comerciales del País; esto significa menos empoderamiento de las comunidades, menos posibilidades de que sean las comunidades mismas las que orienten y gestionen su desarrollo y mayor fortalecimiento y enriquecimiento de los monopolios a costa de las problemáticas comunitarias y sociales. Todo esto enmarcado dentro de una política de Centralización, que hace lentos todos los procesos tanto desde lo financiero como desde lo técnico. Estas decisiones van en contravía de lo establecido en la Ley 75 de 1.968 respecto a las obligaciones para las cuales fue creado el instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF.

 RECHAZAMOS:

1.  La entrega del Sistema Nacional de Bienestar Familiar al   Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, desconociendo y pisoteando los procesos adelantados por los Servidores Públicos con el ESTADO- SOCIEDAD – FAMILIA.

2.  El atropello a los Servidores Públicos con precarias condiciones laborales representadas en salarios bajos y desiguales, en la inmanejable sobrecarga laboral, en la escasez de condiciones dignas de trabajo, entre otros aspectos que generan afectaciones físicas, psicológicas y emocionales en sus empleados, afectando directamente la calidad del servicio y reflejando una clara contradicción entre la imagen institucional del ICBF en el país y la realidad laboral caótica y angustiante que viven sus empleados a su interior.

3.  La lamentable decisión de entregar el Programa de Alimentación al Escolar “PAE” a otros Entes del ESTADO con resultados nefastos, donde nuestros Niños, Niñas, Adolescentes de Colombia han sido los más afectados, porque no reciben oportunamente alimentos de calidad, rechazamos que se continúe con estas directrices en otros programas sociales de ICBF.

4.  La INEQUIDAD en las licitaciones o concursos públicos en los que los requisitos están hechos para que los cumplan los  grandes monopolios  y se descarten las Organizaciones Comunitarias,      dejando a un lado el Enfoque Territorial que se enarbola por el mismo ICBF, desconociendo la Experticia de las organizaciones locales en los territorios, territorios que plantean gran    Complejidad socio-económica y política.

5.  La centralización de los procesos, ya que desde Bogotá se ordena y programa para todo el país sin tener en cuenta las diferencias de toda clase entre las regiones y son muchas las demoras y las carencias. No se aplica el enfoque diferencial, territorial ni las políticas de descentralización y los principios de participación. 

6.  El Plan Nacional de Desarrollo, presentado al Congreso de la Republica porque es nefasto para el pueblo colombiano, específicamente el aumento de la edad de pensión de hombres y mujeres a 62 años de edad.

 EXIGIMOS:

  1. Que las modificaciones a los servicios sociales de protección, respondan a criterios técnicos que permitan ofrecer a los NNA y sus Flias lo que ellos realmente necesitan y no que obedezca a otro tipo de intereses, desconociendo sus realidades.
  1. El fortalecimiento de los procesos de Asistencia Técnica de Alta Calidad, definida como un espacio continuo de intercambio y construcción de conocimiento, liderada por personal idóneo que garantice el mejoramiento y la sostenibilidad de los programas y
    su impacto.  Adjudicar estos procesos a personas por contrato y sin la experticia necesaria, afecta muchas veces la continuidad y calidad de los procesos y genera vacíos en el servicio.
  1. Una política de talento humano, que permita que quienes ejerzan los cargos directivos y de asesoría sean personas que hayan hecho carrera en ICBF, que conozcan los procesos y sean sensibles a las necesidades de los usuarios y las comunidades.
  1. Al Congreso de la República, que realice el control social y político respectivo al ICBF, impulsando una verdadera transformación institucional con sus empleados y desde y con sus bases comunitarias, rechazando intereses políticos, económicos y ponderando los intereses de las Familias Colombianas y no permitan el desmonte gradual de Nuestra Institución.

Frenar bombardeos contra el ELN recomienda el 3er informe del Frente Amplio

Tres meses han transcurrido desde que las Farc declararon el cese al fuego unilateral e indefinido. Innumerables vidas se han salvado por la decisión de este grupo insurgente, a pesar del asedio del Gobierno Nacional que continúa los operativos militares que ponen en riesgo la continuidad de esta tregua unilateral y que ha provocado muertes innecesarias.

Tercer Informe Frente Amplio por la Paz Arauca

El Frente Amplio por la Paz, mes a mes, ha documentado el cumplimiento del cese al fuego de las Farc. Su tercer informe, “¿Mientras se fortalece la paz en La Habana, se declara la guerra a las comunidades en Colombia?”, fue presentado la semana pasada en el departamento de Arauca, donde nuevamente comprueba los beneficios que la tregua ha traído para las comunidades y la economía del país.

Sin embargo varios datos alarmantes contiene el informe, como el crecimiento del paramilitarismo en once departamentos: Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Cauca, Antioquia, Tolima y Meta. También se constata el incremento de las acciones de estos grupos en la capital del país, Bogotá.

Represión a la protesta social durante la tregua unilateral

Anota el mismo informe que a partir de junio de 2013 se incrementaron  los “asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización, señalamientos, judicializaciones y criminalizaciones, entre otros delitos graves que permiten dar cuenta de un patrón, en cabeza de la fuerza pública, quien desplegando de manera exacerbada sus métodos en contra de la sociedad civil, se encarga de reprimir la protesta social a través del tratamiento y el ataque de la sociedad civil como actor armado”.

El informe concluye haciendo varias recomendaciones al Gobierno entre las que se destacan frenar la impunidad que cobija al paramilitarismo en el país, poner fin a la violación de derechos humanos y la estigmatización contra los movimientos y organizaciones sociales por parte de la Fuerza Pública y el Estado, dar garantías a la protesta social como “derecho constitucional” que no debe ser criminalizada, y la necesidad de que el Gobierno pacte el cese al fuego bilateral.

Finalmente el Frente Amplio exhorta al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a formalizar la mesa de diálogo, recomendando además el cese de los bombardeos contra este grupo insurgente“dado que, como lo señaló el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU Todd Howland, las principales víctimas de dichas acciones bélicas son las niñas, niños, adolescentes, mujeres y campesinos”.

Así funcionaba la oficina del hacker Andrés Sepúlveda

Antonio Saavedra trabajó hombro a hombro con Andrés Sepúlveda. Durante meses pensó, escribió y trinó, desde más de 800 cuentas falsas en Twitter.

Hacker.

En diálogo con KienyKe.com confesó que la liberación de su exjefe lo puso nervioso; sin embargo, su recaptura, 24 horas después, lo tranquilizó, “me dejó un poco más tranquilo, cuando lo dejaron libre me preocupé por mi seguridad”, dice con una sonrisa que deja ver algo de temor.

El joven decidió contar por primera vez a un medio de comunicación el modus operandi de la oficina del hacker Sepúlveda, el lugar en el que, cuenta Saavedra, “se hizo guerra sucia, se consumió marihuana, cocaína y se tomaba del pelo con un par de muñecos inflables”, porque según dijo, “gran parte del tiempo se hablaba de sexo”. En su momento, la controversia entre las campañas surgió en torno a la legalidad del trabajo de Sepúlveda y su grupo de colaboradores.

Mientras desde la esquina del candidato presidente, Juan Manuel Santos, se acusaba a Zuluaga de haber contratado a un “hacker delincuente para estropear el proceso de paz y hacer una guerra sucia en su contra”, desde la del candidato uribista se decía que al momento de contratar a Sepúlveda “no habían manchas” sobre su trabajo. Sepúlveda es señalado de haber saboteado el proceso de paz. Saavedra dice que entre sus funciones estaba la de “atacar y desprestigiar” a los candidatos presidenciales que se disputaban con Zuluaga el cargo público más importante del país.

La labor para la que fue contratado Saavedra se convirtió entonces en la más tortuosa de su vida. “Entre menos pregunte mejor”, le advirtió a Saavedra Katerine Mateus, la mujer que en la oficina 211 de la calle 93b con 17, en el norte de Bogotá, centro de operaciones del hacker,“se convertía en la patrona en la ausencia Fernando”.

Según Saavedra, “Mateus era la mano derecha de Sepúlveda, si él no estaba ella era la jefe”. Lo que le dijo este joven a KienyKe.com coincide con lo que Rafael Revert, exjefe de seguridad informática de la oficina de Sepúlveda, narró a la Fiscalía. El español le dijo al ente acusador que “además de ser la amante de Sepúlveda, Mateus era la directora de la campaña de redes… la parte negra de Óscar Iván”. Revert fue quien grabó el video que publicó la revista Semana, en el que se ve a Zuluaga conversando con Sepúlveda sobre ataques en redes sociales a otras campañas.

¿Cómo empezó Saavedra el peor trabajo que ha tenido?

Tras varios meses desempleado, encontró una opción laboral que le llamó la atención. “Sepúlveda trajo a conocidos y amigos para trabajar a su lado, buscaban un community manager, hombre o mujer, con experiencia mínima de un año en social media, y en pocos días yo ya hacía parte de ese grupo de trabajo”.

En esa entrevista Katherine Mateus no dio pistas de lo que sería el trabajo. “Es para manejar las redes sociales de un candidato a la presidencia”, le dijo Mateus a Antonio. Lo extraño, “y me di cuenta cuando llegué a mi casa”, es que Rebeca, como se hace llamar en Twitter Katherine, le dijo que iba a trabajar para Uribe. “¿Para Uribe? Bueno, no importa, necesito trabajar”, pensó el joven. “El día que empecé a trabajar me dijeron que me iban a pagar quincenalmente $900 mil”. Mientras Revert sostiene que Sepúlveda era tacaño, Saavedra señaló que “Andrés pagaba a tiempo, además nos daba el almuerzo y el trasporte de regreso a casa”.

Cuando la cantidad de trabajo no lo permitía, por la correría del candidato o sus contricantes por alguna zona del país, pedían domicilio al restaurante El Frijol, a pocas cuadras de la oficina.

¿En qué consistía el trabajo?

El joven, feliz porque era un desempleado menos, lentamente perdió el entusiasmo. Con los días se dio cuenta de que su trabajo, aunque legal, no era del todo ético. La estrategia diseñada por Sepúlveda tenía dos frentes de trabajo: “la parte negra” y “la parte blanca”. En la primera, los community managers a cargo de más de 500 cuentas, “todas falsas”, según Saavedra, tenían la misión de “atacar, desprestigiar y ensuciar” a los contrincantes de Oscar Iván Zuluaga. “Pero al que más palo le dábamos era a Santos, aprovechábamos cualquier medio embarrada para caerle, por ejemplo la vez que se cayó de la bicicleta los diseñadores hicieron varios memes aprovechando el accidente”.

La parte blanca de la estrategia era para defender a Zuluaga y apoyar sus propuestas. “Desde más de 300 cuentas falsas hacíamos eco de las virtudes de nuestro candidato, las cuentas más activas en este sentido eran @comunidadOIZ@amigosOIZ@caravanaOIZ”. Aparte, dice Antonio, “teníamos una fan page que se llamada Amigos de Óscar Iván Zuluaga”. Allí se publicaba contenido que hacía referencia a las propuestas del candidato, contra el proceso de paz y citando a encuentros con jóvenes que votarían por el candidato del Centro Democrático.

¿Cuántas personas ponían en marcha la estrategia de Sepúlveda?

“Cinco mujeres y ocho hombres (incluyendo a Andrés Sepúlveda) poníamos en marcha la estrategia. El grupo de trabajo no sólo era conformado por community managers, también lo integraban el desarrollador web, un diseñador con copy y un encargado de la seguridad informática.” Todos ellos, según Saavedra, ganaban en promedio 900 mil pesos, a excepción de Mateus, que recibía tres millones de pesos por su labor.

¿Qué tenía más aceptación y repercusión en la estrategia?

El trabajo del diseñador era fundamental, él “creaba las piezas gráficas con las que se atacaba a los otros candidatos, el candidato que recibía mayor número de ataques era Juan Manuel Santos pero cuando Peñalosa empezó a subir en las encuestas, empezó a recibir muchos ataques”.

Ambiente de trabajo

Es difícil pensar que en este ambiente de trabajo había amabilidad, pero Saavedra asegura que “era muy cordial, con muchos chistes y todos nos la llevábamos bien”.  Sin embargo, asegura Saavedra, Andrés Sepúlveda y Katherine Mateus “siempre estaban muy acelerados porque estábamos a dos meses de elecciones, entonces los candidatos andaban por toda Colombia haciendo campaña, tenían que estar atentos para replicar cualquier error y lanzar el ataque”. Con algo de autocrítica, pero entre risas, Saavedra reconoce que casi siempre “el ambiente era machista. Al principio la única mujer era Katherine y hablábamos mucho de sexo. Después ya llegaron otras muchas y tocaba respetar”, comenta entre risas.

En la oficina había dos muñecos inflables. Uno se llamaba Fer Jenks y el otro Meloscu. El primero tenía el rostro de una mujer pegado a la cara. Los dos juguetes servían para hacer chistes y controlar el estrés que a veces se sentía en la oficina. Tanto Saavedra como Revert coinciden en este punto: Sepúlveda y sus primos, que eran parte del equipo, “eran aficionados a la cocaína”. “Sobre todo los lunes llegaban enguayabados, en las fiestas había de todo, incluso marihuana”, cuenta Saavedra.

En esas fiestas, según le contaban a Saavedra durante los almuerzos en El Frijol, “el trago abundaba, incluso hablaban de rematar la noche con prostitutas”. En este sentido, Ravert dijo: “El man este (Sepúlveda) se demoró en comprar unos equipos, porque siempre se gastaba más la plata en putas que en comprar equipos, la verdad. El man se gastó ese equipo, que vale $10 millones. En una semana se gastó $10 millones en putas, dos millones y pico por día (sic).”

Con tanto desorden, ¿cómo se organizaba el trabajo?

Para Sepúlveda, la tecnología fue la mejor aliada. “Teníamos un grupo en WhatsApp y otro en Skype por donde nos mandábamos piezas gráficas y orientaciones del contenido que tenían que tener los trinos de ataque y defensa.”

El día que del allanamiento del CTI

“Ese día no estábamos todos en la oficina, faltaban dos personas, una se había retirado y la otra persona estaba enferma. El diseñador, que era uno de los primos de Andrés Sepúlveda, estaba afuera con él y el mejor amigo de Andrés. El resto estábamos en nuestras labores normales. Llega el CTI de forma violenta, nos pide que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que pongamos las manos en alto y nos hacen esperar en una salita y se llevan los equipos, los discos duros y dos computadores Mac. A nosotros nos dejan ir porque en nuestros computadores no encontraron nada comprometedor. Las únicas personas que quedaron fueron Katherin y Andrés”.

¿Ahora qué?

Antonio Saavedra cuenta esta historia con tranquilidad. Se permite hacer chistes. Sabe que sus actuaciones lo dejan al margen del proceso judicial que sigue la Fiscalía. Cuando Sepúlveda quedó libre durante pocas horas, Saavedra sintió miedo. Teme alguna represalia futura por parte de quienes integraron el equipo de interceptación. Sobre política, tema de fondo de toda esta historia, Saavedra recuerda que el día de la entrevista con el grupo de Sepúlveda, no reveló su tendencia ideológica para lograr el puesto. En la primera vuelta de las presidenciales votó por Clara López. Ahora sólo tiene claro que no votará por Zuluaga.

Crimen sin castigo

Por Daniel Coronell / Semana

Crimen sin castigo.

González del Río ha sido protagonista de los falsos positivos y de numerosos casos de corrupción en el estamento militar. Su testimonio puede acabar con muchos años de impunidad. 

Un terremoto judicial estremecerá a Colombia en las próximas semanas. El coronel Róbinson González del Río inició un proceso de colaboración con la Justicia que afectará a antiguos miembros de la cúpula militar, a empresarios vinculados con acciones de grupos delincuenciales y al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hace apenas dos semanas, el coronel González del Río fue trasladado de la cárcel Picota al búnker de la Fiscalía. El movimiento se efectuó en minutos y sin aviso previo. La operación se hizo para preservar la vida de quien quizá sea el testigo determinante para reconstruir uno de los capítulos más sangrientos en la historia de Colombia.Lo que no se sabía es que González del Río ofreció confesar y colaborar con la Justicia para esclarecer más de 200 asesinatos cometidos bajo el nombre de ‘falsos positivos’. El coronel retirado afirma que él mismo participó en la ejecución de más de 150 homicidios de civiles presentados como guerrilleros y en la manipulación de los cuerpos y las escenas de los crímenes para disfrazar cadáveres y circunstancias. Según su testimonio, al menos seis prominentes generales –incluyendo dos de la primera línea de mando– conocían los numerosos crímenes que se ejecutaron en los años de la seguridad democrática para embellecer con bajas los resultados de esa exitosa política.

En otras palabras, el testimonio de González del Río es fundamental para probar que los llamados ‘falsos positivos’ no sucedieron como hechos aislados sino que fueron parte de una política de Estado.

González también reveló importantes conexiones de ganaderos, dirigentes gremiales y empresarios con los escuadrones de la muerte paramilitares. Uno de los señalados por el coronel es el hacendado Santiago Uribe Vélez, cuyo proceso por su presunta vinculación con el grupo criminal de Los doce apóstoles marcha en cámara lenta y al ritmo de las presiones públicas de su poderoso hermano. Cada avance en el caso ha antecedido trinos y demostraciones de fuerza para impedir, o al menos retrasar, la acción de la Justicia.

Las declaraciones del coronel González del Río no hacen alusión a esos hechos, suficientemente documentados en el proceso que gana polvo en la Fiscalía. Lo que dice el nuevo testigo es que mucho más recientemente –en el año 2008– hubo reuniones entre el caballista Santiago Uribe Vélez y presuntos miembros de grupos paramilitares.

Tengo en mi poder una nota firmada por el detenido coronel en la que afirma que el señor Santiago Uribe Vélez sostuvo reuniones en su finca con los presuntos paramilitares que operaban en la zona de Puerto Valdivia. El coronel González del Río me dijo que estuvo en el área prestando seguridad mientras se desarrollaban las reuniones y que ocurrieron cuando él se desempeñaba como comandante del grupo Gaula de Antioquia, adscrito a la Cuarta Brigada, del Ejército en Medellín.

En ese mismo periodo era comandante de la Cuarta Brigada el general Juan Pablo Rodríguez Barragán actual comandante general de las Fuerzas Militares. Vale decir el militar activo de mayor rango en Colombia. En su nota el coronel González del Río asegura que hay evidencias de las reuniones de Santiago Uribe que van más allá de su testimonio: “Tengo pruebas de ello y testigos que presentaré ante la Fiscalía”. De estos y otros temas –todos muy graves– habló el coronel Róbinson González del Río con el periodista Juan Carlos Giraldo del Canal RCN. La entrevista será publicada en los próximos días.

González del Río ha sido protagonista de los ‘falsos positivos’ y de numerosos actos de corrupción en el estamento militar, incluyendo sus espléndidas cárceles que son más bien centros de negocios y privilegios. Su testimonio puede acabar con muchos años de impunidad.

PS: Les recomiendo el excelente libro de investigación Los caballos de la cocaína de la periodista Martha Soto.

Algo más
: En las cuentas de la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga figuran tres pagos efectuados a Luis Carlos Sepúlveda que suman 249 millones de pesos. El señor Sepúlveda es el hermano del capturado hacker Andrés Sepúlveda.

Villa Campestre, una infamia contra 72 familias de Florida, Valle

La Unidad Investigativa del periódico El País de Cali, revela cómo se fraguó la construcción de una urbanización irregular en ese municipio y por qué los responsables aún no han sido castigados. Panorama, denuncia y soluciones.

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Villa Campestre es una ironía. Una burla ante la desgracia que padecen 400 personas desde finales de 2007. Es una calle larga donde se apiñan 72 casas que amenazan con venirse abajo. Pero este remedo de urbanización es también un humedal y una quebrada, aunque sus habitantes no reciban agua potable.

El drama que sufren los pobladores de Villa Campestre es un nefasto monumento a la desidia de las autoridades y a la corrupción administrativa. Y está muy cerca, a una hora de Cali, en Florida, Valle. Esta obra es el modelo de lo que no debería pasar con los subsidios estatales de vivienda y, especialmente, con las ilusiones y los ahorros de las familias pobres de la región.

Villa Campestre es una obra hecha en el lugar equivocado, una vergüenza de tal tamaño que hace tres años y medio el juez 13 Administrativo de Cali ordenó al municipio de Florida, en fallo de primera instancia, demoler las casas y reubicar a sus pobladores, así como recuperar ambientalmente el terreno, impedir su uso en nuevas construcciones, cuantificar los costos y recuperar de los dineros invertidos para evitar el detrimento patrimonial. También compulsó copias a la Contraloría y la Procuraduría, así como a la Fiscalía para que encuentren a los responsables de este atraco a las finanzas públicas y a la confianza de esas familias que hoy viven en peligro.

El golpe

Villa Campestre quiso ser un proyecto de vivienda de interés social que nació el 12 de diciembre de 2005, cuando el Concejo de Florida aprobó el Acuerdo 326 por medio del cual “se adiciona un área de expansión” al Plan de Ordenamiento Territorial, medida que se vendió como favorable pues solucionaba, en parte, la falta de espacio donde construir nuevas residencias que aun hoy afecta a ese Municipio. El proyecto, que fue liderado por el alcalde de la época, Hugo Venancio Córdoba, y su secretario de Planeación, Alexánder Pérez, obtuvo la aprobación del Concejo, tanto en la comisión de plan y tierras como en la plenaria.

Tal parece que a ninguno de los concejales del momento, ni al Alcalde y su Secretario de Planeación, les generó dudas que el propietario del lote seleccionado para la obra, el cual se benefició con el permiso otorgado por el Concejo, fuera el cabildante Luis Gonzaga Granada.

Tampoco llamó la atención de los funcionarios y concejales que dieron el visto bueno, que este no contara con permiso de la Corporación Autónoma del Valle, CVC. Algunos de los implicados aseguran que cuando estudiaron el proyecto si contaba con el permiso de la autoridad ambiental, incluso afirman que el documento fue aportado por el propio Gonzaga. Consultada la entidad sobre este incidente, un vocero autorizado confirmó que dicho papel era falso y que por tal razón el funcionario de la CVC, Manuel Fernández, formuló en su momento, denuncia penal por el presunto delito de falsedad en documento público.

Por estas razones y por haber violado el POT, la secretaría jurídica de la Gobernación del Valle mediante oficio fechado el 18 de enero de 2006, dirigido al alcalde de Florida, devolvió el Acuerdo del Concejo que daba vida al proyecto de vivienda porque, según el documento, “no se cumplieron los trámites de concertación y consulta ciudadana ordenados en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997”.

Pero era tanto el afán por levantar Villa Campestre que Pérez, el secretario de Planeación de Florida en esos años, sin tener en cuenta la objeción de la Gobernación, expidió la Resolución de Urbanismo y Construcción #15 con fecha del 17 de marzo de 2006, mediante la cual otorgó permiso de construcción a la firma Dimerco (ver recuadro), seleccionada por la Alcaldía para ejecutar la urbanización. Ni la Administración Municipal liderada por Córdoba, ni el Presidente del Concejo del momento, Miyer Huependo, actual diputado del Valle, acataron la objeción hecha por la Gobernación, pues siguieron adelante con las gestiones que permitieron la construcción irregular.

La demanda

Mientras el Alcalde de la época y su Secretario de Planeación firmaban los trámites que dieron vida a la urbanización campestre, 72 familias de corteros de caña juntaban ahorros y se hipotecaban con los bancos para completar su aporte, todo eso para convertirse en propietarios.

Sin embargo, las sospechas de que algo andaba mal comenzaron a mediados del 2007, cuando la constructora Dimerco y algunos políticos locales empezaron a entregar las viviendas sin mucho ruido, una por una, “como si les diera vergüenza”, recuerdan algunos vecinos de la zona. “Acá no hubo inauguración ni grandes fiestas, solo vimos al concejal Gonzaga y algunos de sus amigos, pero no volvieron porque la gente les reclamaba por lo mal hechas que quedaron las casas”, confirmó uno de los líderes de Villa Campestre. La dicha de ser propietarios les duro muy poco.

Corría el 2008, un año después de estrenar las casas, cuando los corteros de caña se quejaron con el senador del Polo Democrático, Alexánder López, por las pésimas condiciones en que vivían y los riesgos para la salud que los afectaban. “Por estas casas que están llenas de goteras y que amenazan con caernos encima, la constructora Dimerco nos cobró $18 millones, la mitad se pagó con el subsidio estatal y el saldo ($9.000.000) nos tocó reunirlo a cada familia”, le explicó uno de los voceros de la comunidad.

Fue entonces cuando el abogado Rubén Darío Sánchez, quien trabajaba en ese momento con el senador del Polo, instauró una acción popular contra el Municipio y el Concejo de Florida, la Secretaría de Planeación y Dimerco, con el fin de proteger los derechos colectivos de esa comunidad pues buena parte de las construcciones empezó a mostrar deterioro y los servicios públicos prometidos jamás llegaron, amén del daño ambiental.

La acción popular fue fallada a favor de los corteros de caña en primera instancia por el Juez 13 Administrativo de Cali en noviembre de 2010. Como los condenados apelaron la decisión, la magistrada Bertha Lucía González, del Tribunal Administrativo del Valle, luego de estudiar el caso, confirmó la condena y la amplio vinculando también a la constructora Dimerco como responsable, eso ocurrió en julio de 2011.

Ante la inconformidad de la constructora, su apoderado judicial solicitó al Consejo de Estado seleccionar para revisión la acción popular, sin embargo, en noviembre de 2011 esa alta corporación confirmó la totalidad del alcance de la sentencia de segunda instancia, lo que dejó sin más posibilidades de pataleo a las entidades condenadas.

No hay plata pa’ tanta gente

Superado el enredado jurídico, finalmente la Administración Municipal de Florida quedó obligada a reubicar las 72 familias, para lo cual los jueces le dieron dos años. Plazo que se cumplió hace un año y medio, en noviembre de 2012, ya que la sentencia quedó en firme tras el pronunciamiento del Consejo de Estado. El Municipio, además, debe realizar la recuperación ambiental de la zona, una vez saque a las familias del lugar y haga la demolición de las 72 viviendas. Para dicho trabajo tiene que seguir un plan de acción definido por la CVC y contaba con un plazo de tres años pero este se venció hace seis meses.

Los jueces también ordenan a la Alcaldía de Florida que cuantifique los costos que le signifique acatar dichas órdenes y que proceda a cobrarles a los exfuncionarios que hicieron posible este descalabro con el fin de evitar un detrimento patrimonial. Sin embargo, ni el concejal Gonzaga que vendió su lote para construir la urbanización, ni los concejales que aprobaron la obra, como Miyer Huependo actual diputado del Valle, ni el exalcalde Córdoba y el secretario de Planeación Pérez, que la propusieron y la adjudicaron, ni la constructora Dimerco que la ejecutó con graves defectos, ni uno solo de los implicados en este entuerto, ha pagado un solo peso por lo que hizo.

La razón, según el alcalde actual de Florida, Tulio González Forero, es que “solo puedo cobrarles cuando terminemos todas las obras y sepamos cuánto en realidad nos van a costar” y agrega “hemos calculado que la reubicación de las personas, la demolición y recuperación ambiental del sector nos pueden terminar costando un poco más de $4000 millones”. El mandatario aclara que para cumplir con el fallo “ya seleccionamos otro lote que si tiene los permisos y estamos en negociaciones con una constructora para que inicie las obras; estamos atrasados porque el municipio no contaba con esos recursos, recuerde que esta es una herencia que me dejaron los anteriores alcaldes.

Pese a ello, logré comprometer de las regalías $10 millones por cada familia y el Ministro de Vivienda nos prometió un aporte de $15 millones por cada casa, al final vamos a tener unas soluciones de vivienda de $25 millones cada una”. Pero la solución que plantea el Alcalde no es tan sencilla de poner en marcha, como explica Fredy Perea, actual secretario de Planeación, “la sentencia habla de 72 viviendas pero solo existen 30 viviendas con escritura, las demás tienen promesa de compraventa, otras solo tienen un recibo y algunos nada que demuestre que son propietarios, adicionalmente, existen ocho casas que aun aparecen a nombre de Dimerco” y concluye, “vamos a construir las 72 nuevas viviendas pero solo vamos a incluir en la reubicación a las familias que puedan demostrar que son propietarios”.

En el limbo seguirán las familias que no puedan demostrar que son propietarios, aunque la Alcaldía dijo a este medio que reconocerá una ayuda a quienes viven de arriendo en el lugar. Llama la atención que la Administración de Florida tampoco ha adelantando ninguna gestión u obra de mitigación en Villa Campestre, aunque el fallo incluye la orden para que tome todas las medidas necesarias con tal de evitar un drama mayor mientras la reubicación está lista.

Y eso que el alcalde González ya fue multado con diez salarios mínimos mensuales por el desacato a una tutela que lo obliga a cumplir la totalidad de la sentencia. “Me pueden meter preso por ese tema pero es que no me puedo volver plata. Para mediados del próximo año tenemos el asunto resuelto”, aseguró a reporteros de este diario.