Buenos días colegas, les comparto la siguiente reflexión:
Recuerdo una de tantas experiencias como cuando durante quince días me encargué de coordinar el PAE de la Institución Educativa en la que desempeñaba mi labor como funcionario público en pro de una de las tantas comunidades educativas de la ciudad de Cali.
En tal actividad recuerdo que ante los sobrantes de alimentos y productos autoricé que fuesen entregados a los estudiantes, incluso así lo venían haciendo pero un pequeño grupo de docentes y una coordinadora, generaron toda clase de suspicacias a tal punto que tenían un vigilante que atormentaba a los niños que todos los viernes salían con los sobrantes del PAE. Tal procedimiento autoricé que se continuara haciendo, incluyendo como siempre, a los estudiantes del PFC.
En una oportunidad le llevaba a una madre de familia unos sobrantes y el bolso se me cayó dejando ver su contenido, lo cual consideraron una coordinadora y varios docentes para la difamación y presentar un anónimo en mi contra en la Secretaría de Educación. Según ellos la norma requería que no se debía hacer, por tanto se debían podrir o botarlos a la basura, como lo hicieron algún tiempo después.
No denuncié dado que previamente los había denunciado en el Ministerio de Educación, la Procuraduría, la Personería y la Secretaría de Educación y todavía no han fallado al respecto. Incluso hace poco archivaron una denuncia mucho más desproporcionada, por los hechos del PAE. A los quince días renuncié, dado que la lógica en un país de necesidades como Colombia es delito.
Para colmo de lo anterior, durante cinco años un vigilante borrachín recriminaba a los estudiantes los que visiblemente salieran los viernes con los alimentos sobrantes, razón por la cual los apeñuscaban en sus maletines, la denuncia en mi contra no prosperó pero la humillación por conseguir un poco de alimentos fue una tortura para la razón porque efectivamente muchos alimentos fueron a parar a las basuras de la institución.
Gracias a esos pequeños grupos de poder que se crean con algunas ideas inquisidoras e inconstitucionales, propias de imaginarios perversos para atentar contra la salud mental de su entorno y así ungirse como señores y dueños de una VERDAD truculenta y engañosa, que les produce los resultados deseados, puesto que el sistema ha sido tan podrido que estas denuncias las consideran de poca monta.
Afortunadamente llegó el gobierno del cambio y los que han botado la comida del pueblo algún día rendirán cuentas en el infierno, tales creencias son un consuelo. Un lindo día y un esperanzador gobierno para todos. Las escenas de la SAE son especialmente para mi realmente conmovedoras, es de mucha felicidad vivir para apreciarlo y multiplicarlo por toda Colombia.
Es cierto: hasta mañana reabren SAO. La Dian sorprendió a Olímpica «con las manos en la masa» evadiendo la norma que obliga a los grandes contribuyentes expedir la factura electrónica.
La Dian sorprendió a Olímpica con las manos en la masa. ¡Evasión de impuestos! Fuad Char, el magnate de Olímpica; Luis Carlos Reyes, director de la DIAN y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero, el cierre por tres días del almacén Olímpica del Centro Comercial Portal 80 pone al descubierto un problema más grave para las finanzas públicas y que la prensa nacional no ve: La práctica de acciones violatorias del Estatuto Tributario que rayan en la evasión de impuestos.
Esta brutal práctica lleva a los almacenes de grandes superficie a no pagar centenares de miles millones de pesos al fisco nacional con lo cual se financian las grandes obras sociales. En efecto, por incumplimientos en el proceso de facturación, hasta diciembre de 2023, se sancionaron con cierre a 355 almacenes en el país. Solo en Bogotá, cerraron a 90 establecimientos comerciales, entre ellos, Éxito y otros almacenes de grandes superficies.
Ante esa situación, el 2 de enero de 2024, el presidente Gustavo Petro reprodujo la foto de cierre de SAO, y en X dijo:
«Por favor, paguen los impuestos».
¿Por qué es grave la irregularidad de Olímpica?
Según la DIAN, la factura es un documento que demuestra que adquiriste un determinado producto o servicio. En ella se discrimina los impuestos que tú paga al Estado, por ejemplo, el IVA. Si el comerciante no te entrega la factura, no lo declara y, por tanto, no se lo entrega al Estado. Es decir, que ese dinero que te descontaron por la compra o el pago del servicio, se apropian indebidamente. Hay comerciantes que le expiden un papel al cliente, pero (¡ojo!) no es la factura.
De manera que si no expiden la factura, esos grandes comerciantes se quedan con el impuesto. Así, defraudan no solo al Estado, sino a ti como contribuyente. Además, no dan garantía para reclamar si tienes inquietudes por la calidad del servicio o del producto. Es decir, le roban al Estado y a ti directamente. Y esa defraudación (corrupción) son billones de pesos que empobrece al país y a los más pobres. Con lo cual la nación se queda sin los recursos suficientes para la seguridad, educación y salud de los colombianos.
En Estados Unidos o España los Char podrían ir a juicio penal por defraudadores del fisco nacional. Recordemos lo que pasó con la evasión de pagos de impuestos por parte de Shakira en Barcelona, España. Para no ir a juicio, pagó
¿Olímpica «con las manos en la masa»?
La irregularidad recurrente es la no entrega de la factura electrónica en forma impresa. Esta fue la causa por la cual funcionarios de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN cerraron la sucursal de Olímpica, ya que no expedían la factura como lo señala la norma.
Según la DIAN, se selló el almacén, como resultado de varias visitas de los funcionarios de fiscalización. En una de esas inspecciones detectaron y dejaron en manifiesto irregularidades en el sistema de facturación electrónica que implicaba la no entrega de factura en todas las operaciones. Esos funcionarios pudieron comprobar que Olímpica solo entregaba la factura electrónica a los clientes previamente registrados.
Pero, los no registrados, salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales no contemplados por la Resolución 000042 de 2020. Esta norma estipula que la entrega de la factura debe hacerse mediante el medio que elija el consumidor. En caso de que no lo informe, debe expedirle la factura impresa. Pero. Olímpica llevaba al cliente para descargarlas desde su página web. Esto se concibe como un requisitos adicional que no está establecido para la expedición de factura electrónica.
No fue un cierre arbitrario
SAO de la cadena de almacenes de Olímpica permanece cerrada hasta el mañana 4 de enero de 2024 por evadir impuestos. /Cortesía.
La DIAN sorprendió a Olímpica «con las manos en la masa». En el procedimiento del cierre de Olímpica y de una sucursal de Éxito se cumplió el debido proceso. Esto significa que le dieron oportunidad a los propietarios o administradores de los establecimientos comerciales para que presentaran la defensa de ley. En comunicado oficial, la Dian dice:
«Es importante destacar que, durante las visitas realizadas en 2023 en todo el país, se constató que algunos establecimientos presentaron sistemáticamente irregularidades en el proceso de facturación, mientras que otros, obligados por ley, no emitían facturas electrónicas conforme a lo estipulado en los artículos 615, 616-1 y 617 del Estatuto Tributario (ET). Por otro lado, la DIAN destaca que, cada vez más, muchas empresas están cumpliendo con la expedición de la factura electrónica»
Sin embargo, es necesario aclarar que los funcionarios de la Dian cuando realizan la inspección no cierran el almacén de inmediato. Como la Gran Prensa lo quiere significar como si fuera una decisión proveniente del presidente Gustavo Petro, al mejor estilo de Chávez cuando ordenaba el cierre y toma de almacenes. La realidad es distinta. Son 5 etapas que puede concluir con la sanción, medida que se ejecuta cuando el almacén no paga a tiempo la multa. Es una medida extrema, pero necesaria, ya que la ley se había convertido en un rey de burlas, especialmente entre los almacenes de cadenas.
Cómo fue el cierre de Éxito y Olímpica
Como la misma DIAN lo indicó, los funcionarios fiscalizadores primero realizan una inspección. Esto le llaman visita de control. En esta primera etapa se verifica que el establecimiento esté expidiendo factura electrónica, cuando corresponda, y cumpliendo con todos los requisitos de ley. (Artículo 653 del Estatuto Tributario).
Luego realizan el paso dos, en caso de detectar posibles irregularidades o incumplimientos. En este sentido, la DIAN formula un pliego de cargos sobre los hallazgos. La entidad afectada tiene un plazo de 10 días hábiles para que responde y explique su conducta. El paso tres, sobreviene cuando la DIAN encuentra que no existe ninguna justificación para una actuación calificada como irregular y en contravía de la ley.
Si los cargos se confirman, viene el paso 4. La DIAN emite una resolución de cierre de tres días. En este punto, también se conceden otros 10 días hábiles para interponer un recurso de reposición. Si es confirmada la sanción en un lapso de 10 días, viene la etapa final, el cierre por tres días o el pago de la multa respectiva. Esto fue lo que se hizo con Olímpica, Éxito y 355 establecimientos comerciales que cometieron la misma irregularidad.
Rey de burlas
Los grandes comerciantes y almacenes de grandes superficies habían convertido la norma de Estatuto Tributario en un rey de burlas hasta cuando llegó la nueva administración haciendo efectivas las sanciones respectivas que datan desde (2020) durante el gobierno de Iván Duque.
Éxito, Olímpica o cualquier establecimiento categorizado como grandes contribuyentes deben expedir la factura electrónica una vez el cliente paga por los productos adquiridos. En esta factura se establece los impuestos que se le cobra al cliente y luego son liquidados por el almacén ante la DIAN.
Si los pobres del país pagan sus impuestos del IVA por comprar una bolsa de leche en Olímpica (5,5%) ¿por qué los grandes comerciantes no liquidan y pagan sus respectivos impuestos por la venta bruta de sus cadenas de almacenes?
La operación de encubrimiento que se viene desarrollando en la Fiscalía para proteger a los funcionarios de la entidad acusados de hacer parte de estructuras de narcotráfico, que además son cercanos y protegidos por la hoy vicefiscal Martha Janeth Mancera, incluye la muerte de uno de los funcionarios que investigó estos vínculos hace cuatro años.Me explico.
A mediados del año 2018 se inició una investigación que involucraba a tres narcotraficantes reconocidos en el Valle: Eduard Fernando Giraldo, alias Boliqueso; Carlos José Robayo, alias Guacamayo y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino. Para ese momento, la vicefiscal Martha Mancera ya había ascendido de la dirección de Fiscalías en el Valle y se había convertido en la directora nacional de la Unidad Especial de Investigación de la entidad.
Durante esa investigación, el fiscal 96 especializado en contra del crimen organizado en Cali, empezó a encontrar vínculos de agentes del CTI en Buenaventura y fiscales de la seccional de Cali, con esas estructuras de tráfico de estupefacientes, compraventa ilegal de armas y otras actividades criminales. Su nombre era Alcibíades Libreros Varela, conocido internamente por sus colegas como el “fiscal antimafia” por su implacable mano ante los narcos.
Mientras Libreros empezó a avanzar en la investigación que demostraba esas relaciones que no le convenían a miembros de la entidad en el Valle del Cauca, y menos a las estructuras de narcotráfico controladas por esas personas, fue víctima de un lamentable hurto que acabó con su vida.
A la 1:13 p.m. del 29 de diciembre de 2019, a plena luz del día, el fiscal especializado de crimen organizado recibió un disparo en la cabeza. El tiro fue justo en el momento en que se encontraba en su vehículo, esperando el cambio de un semáforo. Acababa de salir de una cafetería donde lo estaban vigilando.
Las imágenes provenientes de cámaras de seguridad muestran a un hombre que corre hacia la ventana del pasajero, le dispara al fiscal Libreros de 58 años, y huye de la escena en el asiento trasero de una motocicleta, en la calle 5 con carrera 66, en el barrio El Limonar, en el sur de Cali.
En la mañana siguiente, miembros de la Policía hallaron el arma con la que se habría cometido el homicidio y procedieron a realizar las pruebas de dactiloscopia necesarias para dar con el responsable del crimen. Todos estaban seguros de que el asesinato del fiscal antimafia estaba relacionado con el avance de las investigaciones que tenía a su cargo.
Incluso, la hermana del fiscal, Carmenza Libreros, denunció que a su hermano le habían quitado el esquema de protección hacía un año, a pesar de que ejercía una labor de alto riesgo. Según ella, Libreros estaba pidiendo desde hace varios meses que le volvieran a asignar un esquema de seguridad por causa de las investigaciones que estaba haciendo en Cali, Buenaventura y otras ciudades del Valle del Cauca.
Para la investigación del asesinato de Libreros fue encargado el fiscal 47 seccional en Cali, Jorge Iván Ríos García, quien estaba de descanso en Pereira, y según fuentes consultadas, fue visitado por Mancera para tener directrices del manejo del caso. Pues bien, en dos semanas, Ríos resolvió el misterio, demostrando que ese crimen tan elaborado, se trató de un simple hurto por una cadena de oro que tenía puesta el fiscal antimafia.
Por esa investigación tan rápida, el 18 de febrero de 2020, menos de mes y medio después del asesinato, se logró una sentencia donde fueron condenados Edison Fajardo Angulo, supuesto cabecilla de una banda de asaltantes de joyas; y Álvaro Preciado Quiñones, conductor de la motocicleta en la que se movilizó el sicario, recibiendo 27 años de cárcel cada uno.
Pero dos detalles llaman la atención. El primero es que, según su familia, el fiscal antimafia nunca tuvo un objeto de valor, como una cadena de oro. Lo que tenía puesto era un escapulario de acero. Y el segundo, es que la Procuraduría expresó fuertes dudas con respecto a la investigación y a la forma en la que se esclareció el asesinato del fiscal Libreros.
Vamos a eso. La procuradora judicial II, doctora Martha Inés Restrepo Saavedra, dejó claro en las audiencias dichas inconsistencias y su desacuerdo con que se determinara que el caso había sido resuelto, en tan corto tiempo, sin establecer realmente que los motivos para asesinar al fiscal Libreros fueran otros más oscuros.
El Ministerio Público realizó un análisis juicioso sobre los elementos presentados en ese caso y expresó inconsistencias de la investigación de la Fiscalía, que concluyó que se trataba de un hurto cometido por ladrones inexpertos. A la Procuraduría esto le parecía un asesinato realizado por sicarios muy versados.
Según esa entidad, para los que han trabajado en investigaciones de bandas criminales especializadas en el hurto de joyas y elementos de valor, es claro que los criminales poco se equivocan sobre quién lleva objetos costosos, como relojes originales o cadenas de oro, para ser hurtados. No era el caso del fiscal antimafia.
Como se observó en los videos que presentó la Fiscalía para las audiencias de capturas e imputaciones, los asesinos estaban haciendo un cuidadoso seguimiento a la víctima. Por eso se sentaron junto a él en la cafetería, para posteriormente asesinarlo en su vehículo. Es decir, tuvieron todo el tiempo y posibilidad de establecer si el fiscal Libreros llevaba consigo algún elemento de valor, como una cadena de oro, o un escapulario de acero, como asegura su familia.
Para algunos fiscales conocedores de esa investigación que hablaron off the record con esta columna, y que corroboraron lo establecido por la Procuraduría, la modalidad que usaron los ladrones no era una característica de atracadores, sino de sicarios.
En especial con los antecedentes del caso, pues el fiscal había solicitado protección, estaba investigando organizaciones criminales de alto valor y, lastimosamente, indicios de vínculos de servidores de la Fiscalía con esas estructuras de drogas.
Por eso volvamos a quien hizo la rápida y eficaz investigación. El señor Jorge Iván Ríos García es, nada más ni nada menos, que una de las personas que terminó acusada como un narco fiscal un año después. En marzo de 2021 fue sentenciado por recibir un soborno de 190 millones de pesos de un capo del Cartel del Norte del Valle. Cuando el Ríos suena, coimas lleva.
Así como se oye. El fiscal que realizó la investigación del asesinato del fiscal que estaba investigando los vínculos de la Fiscalía con los narcotraficantes, que concluyó rápidamente que fue un hurto y no un asesinato, fue posteriormente investigado y encontrado culpable de ser vínculo de la Fiscalía con los narcos. La ironía se evidencia sola.
Como lo publicó el periodista Daniel Coronell el 7 de febrero de 2021, el narco del Cartel del Norte del Valle, alias Mueble Fino, tenía en el bolsillo a tres fiscales de Cali, con el objetivo de proteger su operación y montar procesos falsos a otras personas. Los funcionarios acusados eran Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional en Cali. Todos amigos cercanos y excompañeros de Martha Mancera y, todos, terminaron presos, para después quedar en libertad. Vamos por partes como la vicefiscal protegiendo a sus amigotes con problemitas judiciales.
El 24 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia dejó en libertad por vencimiento de términos al fiscal Jorge Iván Ríos. ¿La razón? El Alto Tribunal duró más de160 días resolviendo un recurso de apelación con el que la defensa del procesado buscaba tumbar las pruebas en su contra. Para ese momento habían transcurrido 245 días desde que fue radicado el escrito de acusación y no había iniciado el juicio formal en contra del fiscal Ríos, por cuenta de los retrasos de la Corte Suprema de Justicia. Negligencia suprema.
Poco tiempo después, el 18 de abril de 2022, la jueza 20 de Conocimiento de Cali dejó en la libertad a los fiscales especializados Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, también acusados de ser parte de la red judicial al servicio de los narcos y las bandas criminales. La jueza, en la audiencia, afirmó que la Fiscalía no le envió la totalidad del expediente, pese a que estuvo durante diez meses en ese despacho judicial y en varias ocasiones se le hicieron requerimientos al ente acusador para que entregara los soportes y así poder hacer la respectiva revisión.
Qué coincidencia, la misma entidad manejada por la amigota de los imputados. A pesar de que sí existen las pruebas, porque se mostraron en la audiencia de imputación, la Fiscalía de manera inexplicable le envió a la jueza informes de policía judicial sin firmas ni huellas. También enviaron transcripciones de interrogatorios en formato Word sin rotulado de la Fiscalía y sin los respectivos videos o audios que deben acompañar esas versiones. Incluso, las declaraciones de los testigos principales de este caso las enviaron sin soporte.
Eso sin hablar de la docena de evidencias que se perdieron en el traslado del expediente de Cali a Bogotá. Como diciendo: señora jueza, es que el perro se comió mi expediente. Pero el pasado 3 de diciembre, la Revista Raya reveló varias de las pruebas que se le perdieron a la Fiscalía en ese proceso contra los llamados narco fiscales, que incluyen, incluso, comunicaciones con Mancera, llamadas interceptadas, testimonios y declaraciones juradas, develando un entramado de corrupción y crimen en el que los narcos quedaron libres y los fiscales llenos de dinero.
Por ejemplo, el propio narco fiscal Aguirre dejó por escrito que la decisión de poner en libertad a una persona capturada, con plena prueba, transportando insumos para la producción de cocaína, fue tomada en consenso con Mancera, en ese entonces fiscal coordinadora de la Unidad Especializada y hoy vicefiscal. Grave.
En especial porque la fiscal Ana Victoria Nieto sigue siendo fiscal en Cali y el señor Iván Aguirre disfruta de una sana jubilación. Pese a que ambos están siendo investigados por soborno en actuación penal, constreñimiento ilegal, cohecho y prevaricato por omisión.
Y así, de los mismos productores de cerrando rápidamente la investigación del crimen del fiscal antimafia Libreros, diciendo que fue un hurto y no un asesinato, viene, el pasado 5 de diciembre, el archivo a las malas de la denuncia en contra de la vicefiscal Mancera, acusada de haber beneficiado a los narcofiscales que eran señalados de tener nexos con las mafias del Norte del Valle.
La Fiscalía señaló que luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y recopilar testimonios, no encontró material de prueba o elementos serios, por lo que resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva por parte de la vicefiscal Martha Janeth Mancera. Imposible, como cuando la Fiscalía dijo que al fiscal Libreros lo mataron por robarle una cadena de oro, que nunca tuvo.
Así desde el más alto nivel es que se mueve la fiscalía en otrora años 80 escuchar la palabra fiscalía generaba pánico, miedo, terror… hoy genera es: horror, dolor e injusticia solo se salvan quienes son apadrinados por la cúpula de la fiscalía o sino terminan sacándolos de este paraíso terrenal viviente. Para que no «sapeen» a los demás.
En Cisjordania, el ejército israelí prohibió a los agricultores palestinos acceder a sus tierras y grupos de colonos están quemando sus cosechas. Jacobin habló con cultivadores de olivos sobre las medidas draconianas de Israel para destruir sus medios de subsistencia.
El 30 de octubre, el agricultor Omar Ghoneym condujo desde al-Jader hasta sus tierras en la zona sur de Belén. De camino, recibió una noticia insólita: la mayor parte de los árboles de su propiedad (principalmente olivos) habían sido arrancados y destruidos por los colonos israelíes. Lo que vio al llegar le destrozó. No sólo había perdido toda su cosecha, sino que incluso la centenaria dar (دار, casa rural tradicional), que solía dominar la colina, había sido destrozada piedra a piedra por las excavadoras israelíes.
Mahmoud Abdullah, otro agricultor, tiene hectáreas de vides justo al lado de los árboles de Omar. No se le había permitido recoger los frutos desde el 7 de octubre. Y en la mañana del 30 de octubre ya no quedaba nada que cosechar, porque sus vides habían sido aplastadas contra el suelo. Los colonos destrozaron todo en las colinas palestinas que rodean su colonia, Efrat.
Los agricultores palestinos conocen su tierra al milímetro cuadrado. Para ellos, no existen las «plantas silvestres»: cada brote de su tierra es una expresión de la vida palestina, como flora autóctona. Recogen las cosechas, cuidan sus árboles y pasean por sus viñas con el mismo amor y responsabilidad con que protegen a sus seres queridos. Sus familias cuidaron de estos árboles durante generaciones; los olivos alimentaron y protegieron a sus cuidadores durante el mismo tiempo.
Esta guerra no sólo tiene lugar en Gaza. Tras los ataques del 7 de octubre, Cisjordania vivió las semanas más mortíferas desde la Segunda Intifada. Hasta este martes, más de 140 palestinos murieron en Cisjordania, 2.040 personas fueron detenidas y pueblos y ciudades están sometidos a un bloqueo que impide a los residentes viajar fuera de sus ciudades.
Los agricultores palestinos lo pasaron especialmente mal, ya que la mayoría tiene tierras, cultivos y cosechas en la llamada Zona C. Ésta es la mayor de las tres zonas en las que se dividió Cisjordania desde los acuerdos de Oslo de la década de 1990, que estipulaban que la Autoridad Palestina debía administrar las zonas A y B, mientras que la zona C debía «devolverse progresivamente a los palestinos».
En realidad, la Zona C, que comprende casi el 70 por ciento del territorio de Cisjordania, permaneció bajo el control militar absoluto del ejército israelí (Fuerzas de Defensa de Israel, IDF) y los asentamientos israelíes no han dejado de expandirse allí en las últimas tres décadas.
A los agricultores no se les permitió llegar a estos territorios durante el último mes y las IDF les informaron que si intentan alcanzar sus olivares serán asesinados. Algunos agricultores compartieron fotos de los panfletos que los colonos dejaron en sus olivares, en los que se lee: «¡Habéis llegado a la frontera! La entrada está prohibida y es peligrosa, y cualquiera que se acerque verá árboles ardiendo».
Cuando se le pregunta qué estuvo haciendo, dada la prohibición de atender sus viñas, Mahmoud dice que pasó los días sólo viendo las noticias y rezando por la gente de Gaza. «A estas alturas, la cosecha ya se echó a perder. Lo único que podemos hacer es esperar que termine la guerra. ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestros propios problemas aquí mientras Gaza está ardiendo?».
Los ataques contra los agricultores alcanzaron su punto álgido el 28 de octubre, cuando un soldado israelí fuera de servicio disparó a Bilal Saleh, agricultor del sur de Nablús, delante de sus cuatro hijos, matándolo en el acto. El soldado fue detenido pero, como demuestran los antecedentes de ataques de colonos y/o soldados contra civiles palestinos, los autores israelíes suelen ser puestos prematuramente en libertad, protegidos por la impunidad.
Otros campesinos, como Na’em Abu Eram y su familia, del sur de Hebrón, fueron agredidos y gravemente heridos por palizas. Mientras el padre de Na’em, de setenta y dos años, pastoreaba sus ovejas, fue agredido por colonos, por lo que debió ser hospitalizado. Uno de los hermanos de Na’em estuvo grabando en video todos los ataques que vienen sufriendo durante los últimos quince años y comparte los vídeos con ONG de derechos humanos como B’Tselem. Hace dos semanas, un colono le confiscó el teléfono y le rompió los dedos al hacerlo.
Abdullah Salem Abu Aram tiene sesenta y dos años y, tras jubilarse como maestro de escuela, decidió dedicar toda su vida a cultivar sus tierras en la aldea de Qawawis, en las colinas de Hebrón Sur. Pertenecen a su familia desde 1958 y, en 1981, su padre plantó cientos de olivos en los casi treinta acres de tierra que poseen.
«La Ocupación nos impidió arar, podar y recoger nuestros frutos, expulsándonos de la tierra antes y después de la guerra. Los colonos siempre nos golpearon y amenazaron con matarnos. Llaman al ejército, que nos expulsa de nuestra tierra con falsos pretextos». Continúa: «Ahora no podemos volver a recoger la cosecha porque tememos por nuestras vidas y no sabemos qué hacer. La cosecha quedará destruida porque no podremos recogerla. Constituye el 80% de los ingresos de mi familia, pero ahora mismo ni siquiera pienso en esto, ya que lo que está ocurriendo en Gaza ocupa todos nuestros pensamientos».
La mayoría de los civiles palestinos —especialmente los agricultores— no posee armas. En cambio, los colonos —todos ellos con formación y equipamiento militar— recibieron recientemente miles de pistolas y fusiles distribuidos por el propio ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.
Escribimos a la unidad del portavoz de las IDF y le pedimos que comentara el reciente aumento de la violencia de colonos y soldados en Cisjordania, solicitando que tuvieran en cuenta específicamente el asesinato de Bilal Saleh y los ataques que afectan a los granjeros. En su respuesta, no mencionaron ninguno de los dos temas, pero subrayaron que su misión en el territorio de «Judea y Samaria» —nombre bíblico de Cisjordania— es garantizar la seguridad de sus residentes e impedir cualquier atentado terrorista.
Como parte de las operaciones antiterroristas, dicen que estuvieron llevando a cabo arrestos nocturnos para detener a sospechosos e instalando «puestos de control dinámicos» para garantizar la seguridad en todo el territorio. Ni que decir tiene que los residentes a los que hay que proteger son sólo israelíes, ya que todos los palestinos entran en la categoría de terroristas potenciales.
Pero ese comentario simplemente no refleja la realidad: los arrestos nocturnos se han saldado con la detención de miles de activistas por la paz o de palestinos de a pie que han sido acusados de colaboración con el terrorismo simplemente por darle un me gusta a publicaciones de Facebook. Por otra parte, los «puestos de control dinámicos» en cuestión son, de hecho, bloques de cemento bastante rígidos, puertas de hierro y montículos de tierra que restringen totalmente la circulación de los palestinos dentro y fuera de sus ciudades. Esto incrementa aún más el aislamiento de muchas comunidades que ya están desatendidas y carecen de acceso a instalaciones sanitarias o recursos hídricos debido a la ocupación.
Además, para poner en perspectiva la agenda «antiterrorista» de las IDF, debemos tener en cuenta que los datos anteriores al 7 de octubre muestran que los colonos de Cisjordania ya eran los residentes con mayor posesión de armas de todo Israel y Palestina, y que el uso de armas de fuego para perpetrar ataques contra palestinos creció exponencialmente en los últimos años.
Teniendo esto en cuenta, la alegación de la legítima defensa como justificación de la violencia desatada contra los palestinos es enormemente desproporcionada y no tiene sentido cuando las víctimas de esta violencia son agricultores desarmados.
Persiguen a funcionario por promover la paz de Colombia
Varias organizaciones sociales, populares y organismos de carácter privado y del sector público respaldan la gestión del Super Intendente de Subsidio Familia Luis Guillermo Pérez Casas, ante la suspensión provisional de tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación.
Para varias organizaciones esta medida al parecer se interpuso por que el funcionario del gobierno de Gustavo Petro ha demostrado durante su vida publica, un férreo compromiso por defender los derechos humanos, la paz y sobre todo la política del actual gobierno, basada en la necesidad de volver a Colombia en potencia mundial de la vida. Esto al parecer va en contravía de los intereses de la actual procuradora y ultima ficha del uribismo; con un cargo que como el del Fiscal General han utilizado para torpedear la paz. Son varias las voces que ven en esta decisión como excesiva e improcedente e incluso evidenciaría una persecución política amañada.
La Federación Nacional de Cajas de Compensación Familiar “FEDECAJAS”, una agremiación que agrupa a por lo menos 31 cajas de compensación por medio de un comunicado expreso su solidaridad con el Super Subsidio.
El Ministerio Público indicó como posible falta disciplinaria y formuló pliego de cargos contra del funcionario, según ellos; por realizar modificaciones a una lista de elegibles . Pero lo que no considera la Procuraduría es que a tan solo tres semanas de culminar su cargo el Superintendente del Subsidio Familiar, Julián Molina Gómez designado por el expresidente Iván Duque Márquez y con la Resolución 0498 del 05 de agosto de 2022 conformó lista cerrada de elegibles a Director Administrativo y Agente Especial de Intervención, sin que existiera mandato legal para poder hacerlo.
Desde varios sectores se escuchan las voces de respaldo a Pérez.
Incluso las organizaciones sociales han dado a conocer internacionalmente la situación que se presenta con el ente de control y como la Procuraduría estaría actuando como un actor político en favor de la corrupción. También hacen un llamado a más organizaciones para que se respete el Estado Social de Derecho y no se vulneren los derechos fundamentales de un funcionario que promueve la paz y las políticas publicas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Varios medios de comunicación han dado a conocer la denuncia pública que hace el funcionario, para que la Corte Suprema de Justicia investigue a Margarita Cabello en sus funciones como Procuradora.
Queridos amigos y amigas: La Amazonía no está muriendo. La están matando. Hace 6 mil años que mi pueblo venera esta selva, que es la mayor fuente de vida que tenemos en el planeta. Pero los gigantes petroleros no lo ven así y se dedican a llevar a cabo sus actividades extractivas precisamente en los puntos más rebosantes de vida, derramando su negro veneno, contaminando los ríos y avivando la fiebre climática.
Están matando la selva y la riqueza biológica que alberga.Ahora, estas mismas compañías se disponen a “engrasar” las negociaciones de la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebrará próximamente en Dubai. El encuentro estará presidido por un magnate del petróleo y ya hay cientos de grupos de presión de la industria frotándose las manos. No podemos permitir que hablen en nombre de la Amazonía.
Las negociaciones están a punto de empezar y tenemos la firme intención de que nadie pueda callar la voz que más importa: la nuestra. No solo habitamos la selva, sino que formamos parte de ella. Somos los suruí, los baniwa, los karipuna, los ashinka y muchos más, y no nos rendiremos hasta que se nos escuche a TODOS. Si recaudamos lo suficiente, podremos enviar una potente delegación de líderes y de coordinadores de campañas de Avaaz a la cumbre para hablar cara a cara con las autoridades y frente a las cámaras. Nos enfrentaremos a varias de las multinacionales más poderosas de la Tierra y no podemos hacerlo solos.
Ayúdanos a impulsar un levantamiento indígena para prohibir los combustibles fósiles en la Amazonía. Te prometo que nadie defenderá la selva como nuestros pueblos. Mi padre, el gran jefe Almir Suruí, me inculcó la importancia de escuchar a las estrellas, al viento, a los animales y a los árboles, que ahora se suman a nuestras súplicas. El planeta se está calentando. Los animales están desapareciendo y las plantas ya no florecen como antes. Hay más especies vegetales en la Amazonía que estrellas se ven en el firmamento, ¡y mira lo que les están haciendo!Avaaz ha sido una fiel aliada en nuestra batalla por defender la selva. Tu apoyo ha permitido que las comunidades indígenas se coordinen, planifiquen estrategias conjuntas y hablen con una sola voz. El siguiente paso es conseguir que nuestro discurso resuene en los salones del poder pero, para ello, te necesitamos. Con tu contribución, Avaaz podría:
Reunir a prominentes representantes indígenas de la Amazonía con las autoridades que asistirán a esta conferencia de la ONU tan crítica para nuestra selva. Atraer la atención de los medios organizando acciones en el exterior del recinto del encuentro para reclamar que las medidas de protección de la Amazonía entren en la agenda política.
Proporcionar a los líderes amazónicos el apoyo de los fantásticos equipos de prensa e incidencia política de Avaaz para que nos ayuden a conseguir medidas legales de protección para nuestros territorios.Facilitar que las comunidades indígenas acudan a todas las negociaciones clave del año que viene y así incrementar nuestras oportunidades de luchar para proteger la selva.
Financiar la labor de Avaaz en defensa de la Amazonía creando un centro neurálgico de coordinadores de campañas y expertos legales que se enfrenten a la industria minera, maderera y petrolera.La Amazonía es el ecosistema más complejo del planeta y mi pueblo forma parte de ese entramado. Si una amenaza letal se cierne sobre la selva, también supone un riesgo para nuestra supervivencia. El destino de la Amazonía pende de un hilo y nuestra voz debe ser escuchada.
La Amazonía no necesita héroes, sino voces sabias que resuenen con la profundidad de la selva y la claridad de las aguas que la sostienen. La urgencia nunca había sido tan grande y debemos seguir peleando incansablemente. La supervivencia de la Amazonía depende ahora de nuestra unidad, y tu apoyo podría ayudarnos a incitar un alzamiento histórico para salvarla.Por la vida silvestre,Txai Suruí, miembro de la comunidad indígena brasileña de los paiter suruí, y todo el equipo de Avaaz Txai Suruí es una activista de 26 años que lucha por la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. El territorio de su pueblo es uno de los más devastados por los efectos del cambio climático. Es la fundadora del Movimiento Juvenil Indígena de Rondonia, que reúne a la juventud de su Estado, y coordinadora de la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé, una organización comunitaria que lleva 30 años trabajando con los pueblos indígenas.
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