El 6 de marzo y las cuentas de las víctimas

Por: Wilson Arias / Representante a la Cámara

Invitado por el Proyecto Gramalote, el Colectivo Siervo sin Tierra, la Universidad del Meta y el Polo Democrático Alternativo, acudimos el 22 de febrero en Villavicencio al Foro “Política agraria, la otra cara de a altillanura”.

El encuentro con amigos y comunidades fue estimulante y conmovedor. Intercambiamos con periodistas, estudiantes de la MANE, luchadores históricos y jóvenes, muchos jóvenes interesados en nuestra denuncia contra la brasilera Mónica Semillas. Pensionados del SENA que, sumados a otras agremiaciones pensionales y estudiantes universitarios, nos ayudan a preparar la audiencia sobre la salud, los derechos y los ingresos de los pensionados en Colombia -los nietos y sus abuelos enfrentarán las “reformas” universitaria y pensional éste año-. Dirigentes sindicales que explicaron las tropelías contra los trabajadores de las grandes plantaciones y en el sector petrolero, mientras los empresarios de Pacific Rubiales juegan al golf con Dario Arismendi y Juan Manuel Santos. Ambientalistas como Jorge Nieves, alzando su voz pastosa y profunda para decir del impacto del convoy extractivista y de la gran plantación agroexportadora en los delicados ecosistemas de la altillanura, y para preguntarse por la muerte de siete toninas (delfines rosados) en los últimos meses.

Entre todos ellos, venía un grupo de habitantes del asentamiento La Victoria, en cuyo nombre habló el indígena Eduardo Macuna para pedir que no fueran desalojadas las 1.200 familias que resistían en un territorio de propiedad del Fondo de Ganaderos del Meta. Al escuchar las cifras del presupuesto en la altillanura, las cuentas no le cuadran a Macuna y no entendía cómo, a pesar de que la inversión general per cápita en todo el país asciende a 5 millones de pesos, en la zona la inversión per cápita sólo en infraestructura asciende a 25 millones, pero no alcanza para las modestas soluciones de vivienda o de servicios básicos. Le explicamos que “per cápita” no significaba redistribución: es la cifra que resulta de dividir el presupuesto para infraestructura de la zona entre el número de habitantes, pero que tales gruesas inversiones favorecerán principalmente a mineros y a los nuevos acaparadores de tierras, los “nuevos llaneros”: Sarmiento Angulo, Francisco Santos, familia Eder, grupo Santo Domingo, grupo Aliar, entre otros, y los extranjeros Mónica Semillas, Cargill, Efromovich, Poligrow, Grupo GPC (Chile y Colombia), a más de otros consorcios chinos, indios, estaduonidenses y argentinos que tramitan nuevas compras.

Asistieron también representantes de 336 familias poseedoras sin títulos de 9.000 hectáreas, cercanas a “La Fazenda” (Puerto Gaitán) colmada de gabelas mientras sus vecinos naufragan a esta hora en la intemperie. Vinieron de la comunidad indígena Sikuani del resguardo Awaliba y la parcialidad Campana (radicadas hace 70 años, también en Puerto Gaitán): en épocas de Uribe aparecieron personas con 6 títulos otorgados por el Incoder sobre sus predios, hace 6 años les quemaron sus casas y a la fecha sólo han logrado la revocatoria de tres de esos títulos. Llegaron de la comunidad campesina de la Vereda de Chaparrito (poseedores de más de 10 años, en Puerto Concordia): dicen que no tienen cómo pagar el abogado para atender las demandas civil en el Guaviare y penal en la Fiscalía novena Bogotá, que les interpuso un palmero con títulos en la mano ahora “formalizados”. Y representantes de los campesinos de La leonera (Puerto López), cuya legalización del predio entregado “en común e indiviso” desde el 2006 no avanza, pero sí aparece una segunda resolución del Incoder que desconoce a una parte de los primeros beneficiarios, agregando conflictividad a unos “propietarios” a quienes se impone un “comunitarismo” de papel.

En tales condiciones, las comunidades le encuentran razón al CONPES sobre víctimas. De las distintas estimaciones sobre el retorno, este documento ofrece el guarismo más pesimista: apenas el 10.4% de los desplazados está dispuesto a regresar. El resto será obligado a asociarse con quien compró al usurpador directo, ahora protegido por el “derecho de superficie”. O a arrendarle o venderle a “los nuevos llaneros” nacionales y extranjeros. Esto ocurriría según aquellos cálculos, ¡con cerca del 90% de los desplazados! Aun así, las cifras todavía no le cuadran, ni a Macuna en el Meta, ni a los desplazados del país: de los 891.789 hogares inscritos en el gubernamental registro de familias desplazadas, un 22% no solicitan atención del Estado y éste no las busca. De las 618.000 que sí reclaman, las normas excluyeron por distintas vías a la mayoría, de modo que el gobierno pudo prometer una meta de 160.000 restituciones en los cuatro primeros, de un horizonte de 10 años. Pero, como ha trascendido, ahora nos hablan de 11.000 bajo el cuatrienio.

Tal vez por esa razón, una “reparación” que en épocas de Uribe costaba 80 billones de pesos, el actual gobierno la proyecta en 17 billones (el CONPES habla de 24,6 pero de ellos 6,9 son realmente subsidios de vivienda), ahora diferidos a 10 años: 1.7 billones/año cuesta esta que han llamado “deuda histórica”. Por donde se miren, las cuentas no les salen a las víctimas. Ni a las de Villavicencio ni a las del resto del pais. Por eso marchan el próximo 6 de marzo. ¡Y es nuestro deber acompañarlos!

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