ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DENUNCIAN AL ICBF

Denunciamos públicamente a la Dirección Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por atentar contra los derechos de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia, ya que sus directrices y lineamientos técnicos pretenden el desmonte gradual de los programas sociales de Protección y Prevención, en sus diversas modalidades de atención.

madres comunitarias

Los programas y servicios para la atención de niños, niñas, adolescentes y sus familias, tanto en Prevención como en Protección, han sido desarrollados por Organizaciones Sociales y No Gubernamentales de Base Comunitaria (Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones de Madres Comunitarias), que son de la comunidad y trabajan para la comunidad y por la comunidad. Sin embargo, los Lineamientos y directrices actuales, están impidiendo la continuidad de la   administración y servicio por parte de estas Organizaciones, que buscan garantizar el cumplimiento de los derechos de nuestra Infancia, Adolescencia y Familia, desde una acción mancomunada.

Desde hace un par de años se ha entregado programas a las Alcaldías, como el Programa de Alimentación Escolar – PAE y los Centros de Desarrollo Infantil – CDI.  Ahora, la actual administración, continuando con la misma línea, proyecta seguir entregando los Programas Sociales a las Gobernaciones, Alcaldías y ONG´S, estas últimas  pertenecientes a grandes Monopolios Empresariales y Comerciales del País; esto significa menos empoderamiento de las comunidades, menos posibilidades de que sean las comunidades mismas las que orienten y gestionen su desarrollo y mayor fortalecimiento y enriquecimiento de los monopolios a costa de las problemáticas comunitarias y sociales. Todo esto enmarcado dentro de una política de Centralización, que hace lentos todos los procesos tanto desde lo financiero como desde lo técnico. Estas decisiones van en contravía de lo establecido en la Ley 75 de 1.968 respecto a las obligaciones para las cuales fue creado el instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF.

 RECHAZAMOS:

1.  La entrega del Sistema Nacional de Bienestar Familiar al   Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, desconociendo y pisoteando los procesos adelantados por los Servidores Públicos con el ESTADO- SOCIEDAD – FAMILIA.

2.  El atropello a los Servidores Públicos con precarias condiciones laborales representadas en salarios bajos y desiguales, en la inmanejable sobrecarga laboral, en la escasez de condiciones dignas de trabajo, entre otros aspectos que generan afectaciones físicas, psicológicas y emocionales en sus empleados, afectando directamente la calidad del servicio y reflejando una clara contradicción entre la imagen institucional del ICBF en el país y la realidad laboral caótica y angustiante que viven sus empleados a su interior.

3.  La lamentable decisión de entregar el Programa de Alimentación al Escolar “PAE” a otros Entes del ESTADO con resultados nefastos, donde nuestros Niños, Niñas, Adolescentes de Colombia han sido los más afectados, porque no reciben oportunamente alimentos de calidad, rechazamos que se continúe con estas directrices en otros programas sociales de ICBF.

4.  La INEQUIDAD en las licitaciones o concursos públicos en los que los requisitos están hechos para que los cumplan los  grandes monopolios  y se descarten las Organizaciones Comunitarias,      dejando a un lado el Enfoque Territorial que se enarbola por el mismo ICBF, desconociendo la Experticia de las organizaciones locales en los territorios, territorios que plantean gran    Complejidad socio-económica y política.

5.  La centralización de los procesos, ya que desde Bogotá se ordena y programa para todo el país sin tener en cuenta las diferencias de toda clase entre las regiones y son muchas las demoras y las carencias. No se aplica el enfoque diferencial, territorial ni las políticas de descentralización y los principios de participación. 

6.  El Plan Nacional de Desarrollo, presentado al Congreso de la Republica porque es nefasto para el pueblo colombiano, específicamente el aumento de la edad de pensión de hombres y mujeres a 62 años de edad.

 EXIGIMOS:

  1. Que las modificaciones a los servicios sociales de protección, respondan a criterios técnicos que permitan ofrecer a los NNA y sus Flias lo que ellos realmente necesitan y no que obedezca a otro tipo de intereses, desconociendo sus realidades.
  1. El fortalecimiento de los procesos de Asistencia Técnica de Alta Calidad, definida como un espacio continuo de intercambio y construcción de conocimiento, liderada por personal idóneo que garantice el mejoramiento y la sostenibilidad de los programas y
    su impacto.  Adjudicar estos procesos a personas por contrato y sin la experticia necesaria, afecta muchas veces la continuidad y calidad de los procesos y genera vacíos en el servicio.
  1. Una política de talento humano, que permita que quienes ejerzan los cargos directivos y de asesoría sean personas que hayan hecho carrera en ICBF, que conozcan los procesos y sean sensibles a las necesidades de los usuarios y las comunidades.
  1. Al Congreso de la República, que realice el control social y político respectivo al ICBF, impulsando una verdadera transformación institucional con sus empleados y desde y con sus bases comunitarias, rechazando intereses políticos, económicos y ponderando los intereses de las Familias Colombianas y no permitan el desmonte gradual de Nuestra Institución.
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Frenar bombardeos contra el ELN recomienda el 3er informe del Frente Amplio

Tres meses han transcurrido desde que las Farc declararon el cese al fuego unilateral e indefinido. Innumerables vidas se han salvado por la decisión de este grupo insurgente, a pesar del asedio del Gobierno Nacional que continúa los operativos militares que ponen en riesgo la continuidad de esta tregua unilateral y que ha provocado muertes innecesarias.

Tercer Informe Frente Amplio por la Paz Arauca

El Frente Amplio por la Paz, mes a mes, ha documentado el cumplimiento del cese al fuego de las Farc. Su tercer informe, “¿Mientras se fortalece la paz en La Habana, se declara la guerra a las comunidades en Colombia?”, fue presentado la semana pasada en el departamento de Arauca, donde nuevamente comprueba los beneficios que la tregua ha traído para las comunidades y la economía del país.

Sin embargo varios datos alarmantes contiene el informe, como el crecimiento del paramilitarismo en once departamentos: Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Cauca, Antioquia, Tolima y Meta. También se constata el incremento de las acciones de estos grupos en la capital del país, Bogotá.

Represión a la protesta social durante la tregua unilateral

Anota el mismo informe que a partir de junio de 2013 se incrementaron  los “asesinatos selectivos, amenazas individuales y colectivas, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas, torturas, estigmatización, señalamientos, judicializaciones y criminalizaciones, entre otros delitos graves que permiten dar cuenta de un patrón, en cabeza de la fuerza pública, quien desplegando de manera exacerbada sus métodos en contra de la sociedad civil, se encarga de reprimir la protesta social a través del tratamiento y el ataque de la sociedad civil como actor armado”.

El informe concluye haciendo varias recomendaciones al Gobierno entre las que se destacan frenar la impunidad que cobija al paramilitarismo en el país, poner fin a la violación de derechos humanos y la estigmatización contra los movimientos y organizaciones sociales por parte de la Fuerza Pública y el Estado, dar garantías a la protesta social como “derecho constitucional” que no debe ser criminalizada, y la necesidad de que el Gobierno pacte el cese al fuego bilateral.

Finalmente el Frente Amplio exhorta al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a formalizar la mesa de diálogo, recomendando además el cese de los bombardeos contra este grupo insurgente“dado que, como lo señaló el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU Todd Howland, las principales víctimas de dichas acciones bélicas son las niñas, niños, adolescentes, mujeres y campesinos”.

CLARA LÓPEZ: MI VOTO ES POR LA PAZ

He tomado la decisión en conciencia de votar y promover el voto por la posición que representa en materia de paz y de relaciones exteriores el Presidente Juan Manuel Santos e invito a quienes comparten mis razonamientos a acompañarme en esta determinación.

Los resultados de la primera vuelta presidencial reflejan a las claras que el proyecto político de cambio que presentamos a consideración del pueblo colombiano tiene una amplia audiencia que es menester consolidar y proyectar si queremos construir una sociedad más democrática, más libre e igualitaria y más conviviente. La elección presidencial en dos vueltas exige una doble decisión de los electores: en la primera, expresar sus aspiraciones; y en la segunda, decidir entre las opciones posibles. Al no acceder a la segunda vuelta, nuestras aspiraciones quedaron temporalmente aplazadas. Nuestra responsabilidad ante la coyuntura actual consiste en seguir trabajando para construir las nuevas mayorías que coloquen nuestro programa en el rumbo de lo posible. No hay otro camino por ahora, pero ello no nos exime de tomar las decisiones que nos corresponden como dirigentes responsables frente a la segunda vuelta presidencial.

He tomado la decisión en conciencia de votar y promover el voto por la posición que representa en materia de paz y de relaciones exteriores el Presidente Juan Manuel Santos e invito a quienes comparten mis razonamientos a acompañarme en esta determinación. En la deliberación pública de la pasada campaña defendimos un programa de gobierno distinto y alternativo al de los otros candidatos en contienda que contempla, entre tantas otras propuestas, un cambio de modelo económico para reemplazarlo por uno más justo y equitativo, la renegociación de los TLC para garantizar la reindustrialización del país, el rescate del agro, la protección del medio ambiente y la consecución del pleno empleo; la eliminación de las EPS y de la intermediación financiera para garantizar el derecho a la salud, la gratuidad en la educación desde los tres años de preescolar hasta e incluyendo el nivel superior para acercarnos a la igualdad de oportunidades fortaleciendo la educación pública y manteniendo la privada bajo esquemas sin ánimo de lucro; el mínimo vital gratuito de agua potable.

Con todo, en los debates coincidimos frente dos políticas de Estado, centrales para el futuro de Colombia: (i) la necesidad inaplazable de darle una solución política negociada al conflicto armado que ha sido bandera del Polo Democrático desde su fundación, lo que exige respetar los mecanismos y agenda acordados para realizar los diálogos de La Habana y (ii) el imperativo constitucional en nuestras relaciones exteriores de respetar los principios internacionales de buena vecindad y de promover la integración latinoamericana y del Caribe, lo que exige la no intervención en los asuntos internos de los demás países, la utilización de los canales diplomáticos para dirimir las diferencias que surjan y la cordialidad con los gobiernos y pueblos de nuestra América.

Estos dos temas están entrelazados porque tienen que ver con el derecho-deber a la paz que contempla nuestro ordenamiento constitucional y que sirve de sustento para el respeto de la vida y los demás derechos en una sociedad que tiene que aprender a solucionar sus diferencias por las vías del diálogo y de la amigable composición. Durante la campaña defendimos decididamente la continuación de las negociaciones de La Habana hasta su culminación para ponerle fin al conflicto e iniciar la construcción de paz y de reconciliación acompañadas de la necesaria profundización y ampliación de la democracia en lo político, lo económico y lo social.

En función de la paz interior pero también de la exterior mi voto es por Juan Manuel Santos en el entendido de que la paz no se agota con la firma de los acuerdos y que para construirla y sustentarla se hacen necesarias profundas reformas económicas, políticas y sociales. En razón de ello seguiremos trabajando de manera independiente y autónoma por la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y en paz.

Hago un llamado a quienes acompañaron en la primera vuelta el programa de cambio para enrumbar a Colombia por un Buen Caminopara que votemos por la paz este 15 de junio, sin cejar en nuestros esfuerzos por exigir los cambios que Colombia necesita. Por ello continuaremos acumulando fuerzas en respaldo de nuestro programa que contempla el fin del conflicto armado como requisito para avanzar en democracia hacia la conquista de los bienes superiores de la paz que requerimos para llegar a gobernar a Colombia con un programa de cambio.

Para ello continuaremos trabajando para conseguir el reconocimiento debido al ejercicio de la oposición civilista y alternativa así como la materialización progresiva de elementos de nuestro programa mientras logramos acceder al Gobierno para realizar el cambio de rumbo que Colombia requiere. Entre los temas de nuestra agenda se encuentran:

Paz y posconflicto. La necesidad de buscar un cese al fuego con las FARC unido a un acotamiento de tiempos para acelerar la culminación de las negociaciones y la firma de los acuerdos, abrir conversaciones formales con el ELN, así como la presencia de la mujer, de las víctimas y de las organizaciones sociales en la Comisión Negociadora del Gobierno para concretar en una más amplia participación la sociedad que debe sentirse representada en la política de paz que debe ser entendida como política de Estado y no coyuntural de Gobierno. De igual forma se requiere materializar una política de fronteras que garantice la presencia social, económica y política  efectiva del Estado en estas zonas en las que además se concentra el conflicto y serán fundamental su desarrollo para la etapa del postconflicto una vez se firme la paz. De manera prioritaria, adelantar un plan de emergencia humanitaria para los 200 municipios más victimizados del conflicto y reconocimiento de la categoría de “campesino” en la política oficial y el Censo Agropecuario para contar con la información necesaria para la confección de una política de desarrollo rural integral.

  1. Seguridad Ciudadana. Diferenciación en el tratamiento de la conflictividad social y la delincuencia bajo en entendido que la seguridad ciudadana tiene un doble enfoque liberador para ciudadano: libertad del miedo pero también de las carencias. Para ello, el plan nacional del Policía por cuadrantes debe coordinarse con la institucionalidad local para atender coordinadamente conflictos de violencia familiar, protección entornos escolares, promoción del desarme ciudadano, restricciones horarias para expendio de alcohol, entre otros. Reconocimiento de la Policía Nacional como un órgano civil armado que debe jugar un papel civilizador en el posconflicto. Acceso prioritario a la educación superior gratuita de los jóvenes que hayan prestado su servicio militar para que el posconflicto culminen sus carreras profesionales, técnicas y tecnológicas como aporte a la construcción de paz y reconciliación.
  2. Relaciones internacionales. Como política de Estado con pleno respeto por los principios internacionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, promoción de la integración latinoamericana y del caribe y respeto por los países y pueblos vecinos.
  3. Reforma de la Justicia. Participación de los sectores alternativos en la estructuración de una verdadera reforma a la justicia que garantice su despolitización y autonomía, los recursos necesarios para operar con efectividad y la garantía de que no se debilitará la acción de tutela.
  4. Reconocimiento institucional. La expedición del Estatuto de la Oposición contemplado en la Constitución de 1991, en el cual se reconozca a la izquierda democrática como actor dentro del Estado social de derecho con presencia en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la Junta Directiva del banco de la República, la autoridad de televisión, los órganos de control y la rama judicial; acceso permanente a los medios de comunicación del Estado y financiación suficiente para estructurar el “Gobierno en la Sombra” que permitirá un más eficaz control político y programático.
  5. Participación democrática para influir en los procesos de toma de decisiones en materia social y política. Concretar Instancias permanentes de interlocución y concertación social y política sobre las reformas fundamentales en materia de salud, educación, justicia, política minero ambiental, reforma pensional y laboral, servicios públicos, entre otros.
  6. Avances sociales. Garantizar el suministro de agua potable a la población y garantizar el mínimo vital de 6m3 a título de derecho a los sectores más vulnerables; diseño de una política minero ambiental que garantice la adecuada protección de nuestros recursos naturales y creación de una Superintendencia de control ambiental para vigilar y hacer exigible esa debida protección; gratuidad en la educación superior pública; mantener el principio sin ánimo de lucro en la educación superior privada; reforma de la salud que garantice el derecho sin la intermediación financiera de las EPS, las cuales deben ser eliminadas; expedición del Estatuto Único Docente y del Estatuto del Trabajo ordenado por la Constitución, con la participación democrática de los sectores representativos de los trabajadores en su diseño y discusión.
  7. Respeto por la movilización social y política pacífica como herramienta de democrática del pueblo en busca del cambio social.

CUMBRE REGIONAL POR LOS ACUERDOS DE PAZ

Mirelea 33 Edic Portada 6 y 7

La Alcaldía Municipal de Miranda, el Colectivo Social Unámonos y Revista Mire Lea convocan a la Cumbre Regional por los Acuerdos de Paz a realizarse en el municipio de Miranda, Cauca, este sábado 25 de octubre en la Casa de la Cultura a partir de las 8:00 a.m.

El evento contará con la presencia del señor Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, el Rector de la Universidad Libre Libardo Orejuela Díaz, la Ex candidata presidencial Clara López Obregón, el presidente de la Comisión de Paz del Senado Roy Barreras, quienes presidirán el evento.

Técnicos del Mundial devengan multimillonarios sueldos

Tomado de Pazifico Noticias

En un mundo en el que diariamente millones de personas soportan hambre, padecen enfermedades, viven hacinadas o trabajan de sol a sol para ganar sueldos miserables, llaman la atención los exorbitantes honorarios de los directores técnicos de los 32 equipos que han participado en el Campeonato Mundial de Fútbol.

Sumados, en un año devengan los pobrecitos US$65.627.000, esto es, la bobadita de $123.773 millones, al cambio de hoy, que es de $1.886 por dólar. Con esa plata, se podría financiar el funcionamiento en todo un año de una ciudad como Buga, habitada por 115.000 personas, y cuyo presupuesto para este año es de $116.000 millones.

El que más devenga es el técnico de Rusia, Fabio Capello, cuya selección pasó sin pena ni gloria por el Mundial y ya fue eliminada, con US$11.235.000 al año, es decir, 1.765 millones de pesos mensuales. Le siguen los entrenadores de otras selecciones de países poderosos también eliminadas ya, como el de Inglaterra, Roy Hodggson, que gana en pesos la bicoca de 923 millones mensuales; el de Italia, Cesare Prandelli, con 675 millones de pesos mensuales, y el de España, Vicente del Bosque, con el equivalente a 532 millones de pesos mensuales.
Pero los latinoamericanos no se quedan atrás, y de las federaciones de sus países salen pagos también multimillonarios Veamos: a José Pekerman, de Colombia, le pagan US$1.678.000 al año, es decir, 263 millones de pesos mensuales. Le siguen, entre otros, Alejandro Sabella, de Argentina, quien devenga en pesos colombianos 128 millones; Luis Fernando Suárez, de Honduras, quien tenía un contrato por 99 millones de pesos mensuales; Reinaldo Rueda, de Ecuador, que recibe al mes 89 millones de pesos, y el exitoso Jorge Luis Pinto, de Costa Rica, el que menos devenga de los colombianos, con 69 millones de pesos mensuales.
El de salario más bajo es el mexicano Miguel Herrera, quien clasificó con méritos a su selección para los octavos de final, con 33 millones de pesos mensuales, en todo caso diez millones de pesos más de lo que devenga, por ejemplo, el Presidente de la República de Colombia. Estos sueldos, inmersos en las estrambóticas lógicas del mercado especulativo del fútbol mercantilizado de hoy, harían llorar al barón Pierre de Coubertin, el creador del olimpismo mundial, para quien lo que primaba era la cultura física sana y desprovista de intereses monetarios. Pero la Fifa no es olimpismo, es espectáculo y comercio, responderán algunos…

Un regalo envenenado

Por: Laura Gil

Si usted piensa que el sistema de Naciones Unidas en el país constituye sinónimo de cooperación internacional, ¿lo seguiría creyendo si supiera que buena parte de su financiación está en manos de Colombia?

El Gobierno sigue convirtiendo a las agencias de la ONU en operadores de proyectos. Eso facilita la ejecución de recursos, lo que permite evadir demoradas licitaciones. Pero sale caro.

Algunas agencias y programas de la ONU no se alimentan de fondos multilaterales y donantes bilaterales, sino de nuestros impuestos. La relación financiera entre el sistema de la ONU y las autoridades nacionales sirve al uno para perpetuar su presencia y a las otras para evadir la normativa colombiana. El Gobierno sigue convirtiendo a las agencias de la ONU en operadores de proyectos. Eso facilita la ejecución de recursos, lo que permite evadir demoradas licitaciones. Pero sale caro.
Analice usted, por ejemplo, el caso de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga (UNODC). Supongamos, por ejemplo, que algún ministerio le entregara a UNODC una suma de 2.000 millones de pesos para un estudio. De manera automática, el 13 por ciento, o sea 260 millones, sería remitido a Viena, sede de UNODC, por cuenta de gastos administrativos. Al monto restante, 1.740 millones, se le aplicaría un descuento adicional por gastos administrativos de corte nacional, que puede alcanzar hasta el 20 por ciento. Con eso, nos despediríamos de unos 220 a 340 millones más.
Para cumplir con el objeto del contrato, UNDOC contrataría servicios externos de universidades, centros de investigación y empresas de asesoría, todos ellos con gastos administrativos similares. Así, quedaría para ejecutar alrededor del 50-60 por ciento del desembolso original. Piense ahora que UNODC, solo una de las 24 agencias en Colombia, llega a ejecutar decenas de millones de dólares del presupuesto nacional cada año. Uno de sus productos ejemplares, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), es financiado casi en su totalidad por Colombia.
Al leer la publicación, usted no lo supondría. Aun con el escudo de Colombia en la portada y un reconocimiento de provisión de fondos, los derechos reservados reposan de manera exclusiva en UNODC. ¿No resultaría más eficiente utilizar dineros estatales para fortalecer a las universidades, centros tecnológicos y otras entidades? UNODC no produce nada propio, sino actúa para tercerizar la producción de conocimiento nacional en detrimento de las entidades y los investigadores colombianos. El Gobierno exige una contraprestación de 50 por ciento en cada proyecto otorgado.
Pero las agencias de Naciones Unidas documentan su aporte en especie: bienes fungibles y no fungibles, servicios de personal permanente y, en ocasiones, hasta las mismas instalaciones que presta el gobierno colombiano. Algunos dirán que la intermediación de Naciones Unidas disminuye la corrupción. Pero a un agente colombiano se le puede, al menos, exigir transparencia. Cuando el dinero del Tesoro entra a arcas internacionales, queda excluido de las normas internas. Amparadas en la inmunidad diplomática, las agencias de Naciones Unidas no presentan informes de gastos con facturas y recibos.
Es verdad que no todos los componentes del sistema de Naciones Unidas en el terreno dependen del presupuesto nacional. Las presencias del Alto Comisionado de Derechos Humanos y del Alto Comisionado para los Refugiados y la Oficina de Coordinación Humanitaria han logrado escapar a la intermediación de servicios. Las contribuciones de Colombia a Naciones Unidas para su operación en el terreno no son más que un regalo envenenado: a Naciones Unidas la instrumentalizan sin convertirla en interlocutora política y a los colombianos la ejecución les cuesta caro.