CLARA LÓPEZ: MI VOTO ES POR LA PAZ

He tomado la decisión en conciencia de votar y promover el voto por la posición que representa en materia de paz y de relaciones exteriores el Presidente Juan Manuel Santos e invito a quienes comparten mis razonamientos a acompañarme en esta determinación.

Los resultados de la primera vuelta presidencial reflejan a las claras que el proyecto político de cambio que presentamos a consideración del pueblo colombiano tiene una amplia audiencia que es menester consolidar y proyectar si queremos construir una sociedad más democrática, más libre e igualitaria y más conviviente. La elección presidencial en dos vueltas exige una doble decisión de los electores: en la primera, expresar sus aspiraciones; y en la segunda, decidir entre las opciones posibles. Al no acceder a la segunda vuelta, nuestras aspiraciones quedaron temporalmente aplazadas. Nuestra responsabilidad ante la coyuntura actual consiste en seguir trabajando para construir las nuevas mayorías que coloquen nuestro programa en el rumbo de lo posible. No hay otro camino por ahora, pero ello no nos exime de tomar las decisiones que nos corresponden como dirigentes responsables frente a la segunda vuelta presidencial.

He tomado la decisión en conciencia de votar y promover el voto por la posición que representa en materia de paz y de relaciones exteriores el Presidente Juan Manuel Santos e invito a quienes comparten mis razonamientos a acompañarme en esta determinación. En la deliberación pública de la pasada campaña defendimos un programa de gobierno distinto y alternativo al de los otros candidatos en contienda que contempla, entre tantas otras propuestas, un cambio de modelo económico para reemplazarlo por uno más justo y equitativo, la renegociación de los TLC para garantizar la reindustrialización del país, el rescate del agro, la protección del medio ambiente y la consecución del pleno empleo; la eliminación de las EPS y de la intermediación financiera para garantizar el derecho a la salud, la gratuidad en la educación desde los tres años de preescolar hasta e incluyendo el nivel superior para acercarnos a la igualdad de oportunidades fortaleciendo la educación pública y manteniendo la privada bajo esquemas sin ánimo de lucro; el mínimo vital gratuito de agua potable.

Con todo, en los debates coincidimos frente dos políticas de Estado, centrales para el futuro de Colombia: (i) la necesidad inaplazable de darle una solución política negociada al conflicto armado que ha sido bandera del Polo Democrático desde su fundación, lo que exige respetar los mecanismos y agenda acordados para realizar los diálogos de La Habana y (ii) el imperativo constitucional en nuestras relaciones exteriores de respetar los principios internacionales de buena vecindad y de promover la integración latinoamericana y del Caribe, lo que exige la no intervención en los asuntos internos de los demás países, la utilización de los canales diplomáticos para dirimir las diferencias que surjan y la cordialidad con los gobiernos y pueblos de nuestra América.

Estos dos temas están entrelazados porque tienen que ver con el derecho-deber a la paz que contempla nuestro ordenamiento constitucional y que sirve de sustento para el respeto de la vida y los demás derechos en una sociedad que tiene que aprender a solucionar sus diferencias por las vías del diálogo y de la amigable composición. Durante la campaña defendimos decididamente la continuación de las negociaciones de La Habana hasta su culminación para ponerle fin al conflicto e iniciar la construcción de paz y de reconciliación acompañadas de la necesaria profundización y ampliación de la democracia en lo político, lo económico y lo social.

En función de la paz interior pero también de la exterior mi voto es por Juan Manuel Santos en el entendido de que la paz no se agota con la firma de los acuerdos y que para construirla y sustentarla se hacen necesarias profundas reformas económicas, políticas y sociales. En razón de ello seguiremos trabajando de manera independiente y autónoma por la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y en paz.

Hago un llamado a quienes acompañaron en la primera vuelta el programa de cambio para enrumbar a Colombia por un Buen Caminopara que votemos por la paz este 15 de junio, sin cejar en nuestros esfuerzos por exigir los cambios que Colombia necesita. Por ello continuaremos acumulando fuerzas en respaldo de nuestro programa que contempla el fin del conflicto armado como requisito para avanzar en democracia hacia la conquista de los bienes superiores de la paz que requerimos para llegar a gobernar a Colombia con un programa de cambio.

Para ello continuaremos trabajando para conseguir el reconocimiento debido al ejercicio de la oposición civilista y alternativa así como la materialización progresiva de elementos de nuestro programa mientras logramos acceder al Gobierno para realizar el cambio de rumbo que Colombia requiere. Entre los temas de nuestra agenda se encuentran:

Paz y posconflicto. La necesidad de buscar un cese al fuego con las FARC unido a un acotamiento de tiempos para acelerar la culminación de las negociaciones y la firma de los acuerdos, abrir conversaciones formales con el ELN, así como la presencia de la mujer, de las víctimas y de las organizaciones sociales en la Comisión Negociadora del Gobierno para concretar en una más amplia participación la sociedad que debe sentirse representada en la política de paz que debe ser entendida como política de Estado y no coyuntural de Gobierno. De igual forma se requiere materializar una política de fronteras que garantice la presencia social, económica y política  efectiva del Estado en estas zonas en las que además se concentra el conflicto y serán fundamental su desarrollo para la etapa del postconflicto una vez se firme la paz. De manera prioritaria, adelantar un plan de emergencia humanitaria para los 200 municipios más victimizados del conflicto y reconocimiento de la categoría de “campesino” en la política oficial y el Censo Agropecuario para contar con la información necesaria para la confección de una política de desarrollo rural integral.

  1. Seguridad Ciudadana. Diferenciación en el tratamiento de la conflictividad social y la delincuencia bajo en entendido que la seguridad ciudadana tiene un doble enfoque liberador para ciudadano: libertad del miedo pero también de las carencias. Para ello, el plan nacional del Policía por cuadrantes debe coordinarse con la institucionalidad local para atender coordinadamente conflictos de violencia familiar, protección entornos escolares, promoción del desarme ciudadano, restricciones horarias para expendio de alcohol, entre otros. Reconocimiento de la Policía Nacional como un órgano civil armado que debe jugar un papel civilizador en el posconflicto. Acceso prioritario a la educación superior gratuita de los jóvenes que hayan prestado su servicio militar para que el posconflicto culminen sus carreras profesionales, técnicas y tecnológicas como aporte a la construcción de paz y reconciliación.
  2. Relaciones internacionales. Como política de Estado con pleno respeto por los principios internacionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, promoción de la integración latinoamericana y del caribe y respeto por los países y pueblos vecinos.
  3. Reforma de la Justicia. Participación de los sectores alternativos en la estructuración de una verdadera reforma a la justicia que garantice su despolitización y autonomía, los recursos necesarios para operar con efectividad y la garantía de que no se debilitará la acción de tutela.
  4. Reconocimiento institucional. La expedición del Estatuto de la Oposición contemplado en la Constitución de 1991, en el cual se reconozca a la izquierda democrática como actor dentro del Estado social de derecho con presencia en el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la Junta Directiva del banco de la República, la autoridad de televisión, los órganos de control y la rama judicial; acceso permanente a los medios de comunicación del Estado y financiación suficiente para estructurar el “Gobierno en la Sombra” que permitirá un más eficaz control político y programático.
  5. Participación democrática para influir en los procesos de toma de decisiones en materia social y política. Concretar Instancias permanentes de interlocución y concertación social y política sobre las reformas fundamentales en materia de salud, educación, justicia, política minero ambiental, reforma pensional y laboral, servicios públicos, entre otros.
  6. Avances sociales. Garantizar el suministro de agua potable a la población y garantizar el mínimo vital de 6m3 a título de derecho a los sectores más vulnerables; diseño de una política minero ambiental que garantice la adecuada protección de nuestros recursos naturales y creación de una Superintendencia de control ambiental para vigilar y hacer exigible esa debida protección; gratuidad en la educación superior pública; mantener el principio sin ánimo de lucro en la educación superior privada; reforma de la salud que garantice el derecho sin la intermediación financiera de las EPS, las cuales deben ser eliminadas; expedición del Estatuto Único Docente y del Estatuto del Trabajo ordenado por la Constitución, con la participación democrática de los sectores representativos de los trabajadores en su diseño y discusión.
  7. Respeto por la movilización social y política pacífica como herramienta de democrática del pueblo en busca del cambio social.
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