Empresas transnacionales: impactos y resistencias

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En el último siglo y medio, mientras ha ido avanzando el capitalismo global y los Estados-nación han venido cediendo parte de su soberanía en cuanto a las decisiones socioeconómicas, las empresas transnacionales han logrado ir consolidando y ampliando su creciente dominio sobre la vida en el planeta. Especialmente, en las tres últimas décadas, ya que el avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a escala global, del que las grandes corporaciones han resultado ser las principales beneficiarias.
Las compañías multinacionales han pasado a controlar la mayoría de los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación [1]. Y la crisis capitalista que hoy vivimos no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras.
Las enormes ganancias acumuladas por las empresas transnacionales tienen su origen en los mecanismos de extracción y apropiación de la riqueza económica que están en la base del funcionamiento del capitalismo. La creciente explotación de trabajadores y trabajadoras y la constante devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno en busca de materias primas y recursos naturales, la especulación financiera tanto con el excedente obtenido como con todo aquello que pueda ser comprado y vendido, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas y la absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que permiten el sostenimiento de la vida han servido, efectivamente, para que los principales directivos y accionistas de las grandes corporaciones se conviertan en multimillonarios.
Pero, del mismo modo que Amancio Ortega es el tercer hombre más rico del mundo a la vez que Inditex produce sus prendas en fábricas textiles con pésimas condiciones laborales en Bangladesh y en talleres que utilizan trabajo esclavo en Brasil y Argentina, estos extraordinarios beneficios empresariales no serían posibles sin la generación de toda una serie de impactos socioambientales que afectan directamente a las poblaciones y los ecosistemas de todo el planeta.
Dice David Harvey que, en el nuevo imperialismo, “para mantener abiertas oportunidades rentables es tan importante el acceso a inputs más baratos como el acceso a nuevos mercados”. Por eso, en los últimos años, ante la caída de los niveles de consumo, el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles y la rebaja de las tasas de ganancia del capital transnacional en los países centrales, las grandes corporaciones han puesto en marcha una fuerte estrategia de reducción de costes y, a la vez, han intensificado su ofensiva para lograr el acceso a nuevos negocios y nichos de mercado. Es lo que el geógrafo británico ha denominado acumulación por desposesión: “Muchos recursos que antes eran de propiedad comunal, como el agua, están siendo privatizados y sometidos a la lógica de la acumulación capitalista; desaparecen formas de producción y consumo alternativas; se privatizan industrias nacionalizadas; las granjas familiares se ven desplazadas por las grandes empresas agrícolas; y la esclavitud no ha desaparecido” [2]. En este agresivo contexto, como no podía ser de otra manera, los conflictos socioecológicos y las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado por todo el globo, con el consiguiente crecimiento de las luchas sociales frente a todos estos impactos empresariales.
Caracterizando los impactos socioecológicos de las multinacionales
 
Las escuelas de negocios y los think tanks vinculados a las compañías multinacionales, por su parte, han elaborado estudios y análisis para vincular la presencia internacional de las empresas transnacionales con el logro de los objetivos de desarrollo y bienestar que se prometieron para justificar su llegada a los países periféricos. Ante el aumento de la pobreza y las desigualdades a nivel mundial y el creciente rechazo social que han ido generando, las grandes corporaciones pretenden construir un relato con el que no pueda cuestionarse su centralidad en la economía global: “Estoy convencido de que las empresas más que parte del problema son parte de la solución. En términos generales, las empresas, más que los gobiernos y la sociedad civil, están mejor preparadas para ser catalizadoras de innovación y transformación hacia un mundo sostenible”, afirma el presidente del BBVA [3].
Así, con objeto de aumentar su legitimación social y posicionarse como un actor imprescindible para “salir de la crisis”, presentan teorías revestidas de objetividad y neutralidad que pretenden demostrar los impactos positivos de sus actividades en aspectos como la transferencia de tecnología, la mejora de la provisión de bienes públicos y privados, el incremento del empleo, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y el fomento de la inversión como motor de desarrollo [4].
Frente a ello, diferentes centros de estudios, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales –así como ciertos sectores de la academia que aún se resisten a aceptar la lógica de laexcelencia y de la obligada transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa– han venido realizando un trabajo de documentación y sistematización sobre las consecuencias de la expansión global de las corporaciones transnacionales en el marco del actual modelo socioeconómico. En este sentido, las investigaciones realizadas por diversos observatorios, ONGD y redes de solidaridad han servido, sobre todo, para demostrar tres cuestiones centrales.
Primero, que las empresas transnacionales no han contribuido a una mejora de la cantidad y la calidad del empleo, ni tampoco de la prestación de los servicios que ofrecen, prácticamente no han realizado inversiones en mantenimiento, apenas han favorecido los procesos de transferencia tecnológica y, al fin y al cabo, no han traído de la mano el progreso y el bienestar para las poblaciones de la región, que era lo que se prometía con su llegada después de las privatizaciones y las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa.
Segundo, que junto con las consideraciones económicas hay toda una lista de graves efectos sociales, políticos, ambientales y culturales que van asociados a la internacionalización de los negocios de estas empresas.
Y, en tercer lugar, que quienes han salido ganando con ello no han sido precisamente las clases trabajadoras y las mayorías sociales, sino los dueños de esas compañías, los beneficiarios de las rentas del capital y los políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las puertas giratorias que conectan el sector público y el mundo empresarial.
Tribunal Permanente de los Pueblos
A la hora de avanzar tanto en la denuncia de los abusos cometidos por las empresas transnacionales como en los procesos de movilización y resistencias que permitan construir alternativas al dominio de las grandes corporaciones, una de las experiencias más interesantes es la que, en los últimos años, se ha venido articulando en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que las distintas sesiones de este tribunal de opinión que se han dedicado a juzgar los impactos de la presencia de las compañías multinacionales en América Latina han contribuido a fomentar la investigación y la sistematización de los efectos negativos producidos por estas empresas [5].
Los ejemplos van desde las consecuencias de la extracción a toda costa de los recursos naturales, puestas de manifiesto con los casos de la minera Goldcorp en Guatemala, la papelera Botnia en Uruguay o la petrolera Repsol en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador; hasta los efectos ambientales de la construcción de grandes infraestructuras, ilustrados con el caso de la empresa alemana Thyssen Krupp y su macro complejo industrial para la exportación de acero en Río de Janeiro; pasando por la financiación del Santander y BBVA a proyectos muy agresivos socioambientalmente en Brasil y Perú, junto a los efectos de la privatización de los servicios públicos, con Aguas de Barcelona en México, Proactiva-FCC en Colombia y Unión Fenosa en Colombia, Guatemala y Nicaragua. Y todos estos casos, según la sentencia final del TPP, “deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas” [6].
A través de las dinámicas de lucha y resistencia que se expresan en la realización de las citadas audiencias del TPP y las campañas de movilización que las han acompañado, otros centros de estudios, observatorios y organizaciones sociales han venido trabajando en esta misma línea y, de este modo, han desarrollado diversas herramientas para la caracterización de los conflictos socioecológicos generados por las multinacionales [7]. Así pues, existen diferentes propuestas para la sistematización de estos impactos que, no obstante, siguen enfoques complementarios: mientras unas ponen énfasis en los sectores de actividad de las transnacionales y efectúan una radiografía de las políticas, instrumentos y actores cómplices en la violación de los derechos humanos cometidos por las grandes corporaciones [8], otras se basan en realizar una descripción minuciosa de las dimensiones e indicadores de los efectos ocasionados por estas compañías [9] o analizan el marco jurídico y socioeconómico dentro del cual se insertan dichos impactos [10].
Por nuestra parte, como queda recogido en la tabla 1, consideramos que las consecuencias de las operaciones de las empresas transnacionales pueden sintetizarse en cinco dimensiones fundamentales (económica, política, social, ambiental y cultural), de las que a su vez se derivan otra serie de impactos (laborales, fiscales, de género, etc.).
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