La Alimentación, el alojamiento y el transporte para las mujeres, los hijos e hijas victimas de la violencia intrafamiliar

jaimePor Jaime Alberto Aragon Rivera

Las  normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, buscan evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar.

Cuando las mujeres se encuentren en situación especial de riesgo se puede tener en cuenta el  garantizar la habitación y alimentación de la víctima a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud y son las Empresas Promotoras de Salud,  quienes proveerán la prestación servicios de habitación y alimentación en las instituciones prestadoras de servicios de salud, o contratarán servicios de hotelería para tales fines, e igualmente, y para todos los casos se incluirá el servicio de transporte de las víctimas y de sus hijos e hijas al sitio donde serán alojadas, con esto se ratifica que el concepto de salud es amplio y comprende las consecuencias del maltrato a las mujeres, ya que por este maltrato se vieron afectadas la salud física, sicológica y siquiátrica de la víctima y consecuentemente su habitabilidad.

Estas acciones proteccionistas, en favor de la mujer violentada, la salvaguardan  hasta por seis meses y pueden prorrogarse hasta por seis meses más siempre y cuando la situación lo amerite, es entendible, que la ubicación de las víctimas será reservada para garantizar su amparo y seguridad y el de sus hijos e hijas. Es claro que en los  casos de violencia intrafamiliar, la mujer y los hijos tienen derecho a que el sistema de seguridad social en salud les preste la atención que corresponde si han sido afectados en su salud, pero también es claro, que tienen derecho a ser sustraídos del entorno nocivo en el que se ha generado la agresión, de hecho estas  medidas, son acordes con la protección a la vida, a la integridad física y a la recuperación en todos sus aspectos de la mujer agredida.

A algunas EPS no les parece razonable que les corresponda asumir estos servicios complementarios derivados de la violencia intrafamiliar, pero estos nacen como servicios complementarios a la atención médica y pueden compararse  como ocurre con un paciente hospitalizado, al cual el suministro de alojamiento y comida se le pagan a la IPS con recursos de la seguridad social, por lo anterior, la alimentación y el hospedaje al paciente hacen parte de un adecuado servicio de salud y el suministro de transporte se puede equiparar con el transporte en ambulancia con enfermera acompañante cuando el servicio lo requiere. Lo que si no tienen las EPS y las obliga la ley es, una sede especial (centros de acogida) para albergar las mujeres, hijos e hijas maltratados, o en su defecto, un contrato con particulares de hotelería para este tipo de situaciones.

Puede concluirse que la violencia contra las mujeres es un problema de salud, dado que el derecho a la salud comprende conceptos más amplios que el relacionado con la ausencia de enfermedad, pues de él hacen parte las prestaciones relacionadas con alimentación y habitación en determinados casos, ya que todo no puede estar relacionado con la integridad física de la persona afectada. Es bueno tener en cuenta que es a la víctima a quien se le debe preguntar si quiere permanecer en los servicios hoteleros ofrecidos por las EPS, de no quererlo se le asignará un subsidio monetario mensual para la habitación y alimentación de la víctima, sus hijos e hijas, siempre y cuando se verifique que el mismo será utilizado para sufragar estos gastos en un lugar diferente al que habite el agresor.

Así mismo este subsidio estará condicionado a la asistencia a citas médicas, sicológicas o siquiátricas que requiera la víctima. Como también en el régimen contributivo hay violencia contra la mujer, el subsidio será equivalente al monto de la cotización que haga la víctima al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y para el régimen subsidiado será equivalente a un salario mínimo mensual vigente. Lo triste de este panorama jurídico es que la mujer, los hijos e hijas de la población vinculada, o sea, la que no se encuentra afiliada al régimen contributivo y tampoco aparece en el régimen subsidiado, literalmente y frecuentemente maltratada no tiene amparo de las leyes colombianas.

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