Malos negocios públicos

Por Cesar Tulio Delgado Blandón

Los agentes del estado del orden legislativo y ejecutivo, mucho más por este último, han venido entregando entidades o negocios operacionales a particulares que garantizan un préstamo eficiente de los servicios públicos, pero que al final resultan más lucrativos para el privado y pésimo negocio para el Estado. Tal es el caso de la prestación del servicio de aseo y recolección de basuras en Bogotá operado por 4 Empresas que por las 176.000 toneladas mes genera un movimiento de 144.000 millones al año.

Recursos generados por la disposición final de las basuras, sin separar los residuos sólidos ordinarios, de los aprovechables acortando así la vida del relleno sanitario con impactos negativos sobre el medio ambiente. Hoy el Alcalde Petro debe cumplir las órdenes de la Corte Constitucional que a través de las sentencia T-724 de 2003  y autos de 2011, debe incluir a los recicladores en igualdad de condiciones frente  a los operadores del servicio de aseo, le cae al Alcalde,  la oportunidad de organizar una licitación con sentido Social y corregir la recuperación de recursos a favor del Distrito Capital.

Caso similar no por orden constitucional, sino por vencimiento de contrato tiene hoy el Gobernador del Valle que frente a una decisión de entregar de nuevo la captación de recursos de tránsito y transporte, ha decidido que lo retome el Departamento que en cálculos tímidos sería del orden de los 30.000 millones de pesos. Esperamos la sensatez de quienes se han beneficiado particularmente de ese negocio durante 10 años faciliten el proceso y no sean un obstáculo, por supuesto con razones jurídicas, que impidan recuperar las finanzas del Departamento.

El estado crítico en que se encuentran las finanzas del departamento, sumido en la ley 550 obliga al gobernador actuar con celeridad y a su vez a reclamar la solidaridad de todos los vallecaucanos. Aquí se requiere el sincero acompañamiento de otras instituciones en defensa  de intereses generales, en favor de la calidad de vida de coterráneos y no;  en los intereses de particulares que se  benefician de recursos públicos, en este caso de dineros captados a los ciudadanos a través del Centro de Diagnóstico Automotor

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