GOBIERNO Y CONGRESO APRUEBAN FUERO DE IMPUNIDAD PARA FUERZAS ARMADAS Y DE POLICÍA.

Por Círculo Nacional de Estudios José Antonio Galaán

Como si fuera poco la violación constante de los derechos humanos por los cuerpos armados del Estado, en muchas ocasiones en asocio con las bandas criminales del paramilitarismo para cometer masacres, “falsos positivos”, secuestros, desapariciones, asaltos, robos, como violación y asesinato de niños que constantemente los medios divulgan; ahora con nuevas normas jurídicas se les ampara por sus desafueros y de abuso de autoridad. Medida complementada a nivel individual y para todos en nuevos beneficios económicos y sociales por su labor, constituyéndola en la mejor paga para entre los distintos sectores productivos y de servicios en el país.

Con esto pretenden asegurar por parte del Gobierno la victoria en la guerra interna del conflicto armado a pesar de que se habla de ser parte del marco jurídico para realizar los diálogos en el exterior, confirmando de tal manera que el Gobierno y sus instituciones NO PUEDEN OFRECER LA SEGURIDAD INTERNA DE LA NACIÓN para que los colombianos de diferente ideología y política en su propio país conversen con cara al pueblo para llegar a la paz con justicia social. Sólo mediante soluciones económicas, sociales, políticas y de democracia soberana para el país con beneficio para toda la Nación, incluidos los actores insurgentes que deben ser tratados como parte del pueblo, se podrá lograr la reconciliación entre los colombianos y de una PAZ DURADERA.

No más demagogia sobre la solución al principal problema social colombiano como lo es la vivienda y en especial para los deudores hipotecarios de la llamada “vivienda de interés social” y “prioritaria” con el engaño de que declarando simplemente la “INSOLVENCIA DE PAGO” podrá solicitar a su acreedor la reliquidación y reestructuración de la deuda pero ajustada a un marco de plazo de 30 años, cuyas ganancias por intereses y “corrección monetaria” multiplicará los beneficios sólo para los pulpos financieros.

Una solución real transitoria debe partir de la suspensión de los procesos judiciales por el acreedor financiero con una reliquidación y reestructuración de la deuda eliminando la “corrección monetaria” con un acuerdo bilateral con el deudor cuya cuota corresponda a su verdadera capacidad de pago y no obligándolo a mentir como lo hizo para adquirir el crédito.

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