CONTINUAN AMENAZAS A FAMILIARES DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En el municipio de Palmira (Valle del Cauca) siendo las 7.40 a.m. del  10 de octubre, la señora ALFAMIR CASTILLO (madre de Darbey Mosquera Castillo, quien fuera ejecutado por tropas de la Octava Brigada), cuando se dirigía a la ciudad de Santiago de Cali, en la ruta de trasporte público, fue abordada por un hombre de piel trigueña que se acercó a ALFAMIR le puso un arma de fuego en el pecho y le manifestó “dígale al sapo del abogado que se va a morir y usted también”. El hombre de inmediato se tiro del bus y salió corriendo perdiéndose de la vista de ALFAMIR y de las personas que viajaban en el bus. Este individuo que profirió esta nueva amenaza en contra de la señora ALFAMIR CASTILLO y quienes representan las víctimas, los abogados GERMAN ROMERO SANCHEZ y JORGE ELIECER MOLANO RODRIGUEZ, es la misma persona que la siguió a ella, el 13 de enero de 2012, cuando salía de la Fiscalía General de la Nación Seccional Valle del Cauca, de denunciar las amenazas en su contra.

Previo a estas amenazas 7 integrantes del Batallón Martires de Puerres fueron condenados a la pena de 43 años de prisión por la Ejecución Extrajudicial de ALEX RAMIREZ y DARVEY MOSQUERA. Es preocupante que estas amenazas se hagan 48 horas antes de la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra del Mayor Josue Yobanni Linares y el Capitán Julio César Alvarez Pedreros, mandos de esta Unidad militar. Las víctimas y sus abogados han solicitado al Ministro de la Defensa retirar a los Coroneles  EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ y JORGE ENRIQUE NAVARRETE (fotos), quienes aparecen pagando informantes por la muerte de estos jóvenes y quienes actualmente adelantan curso de ascenso a Generales. El primero de ellos recientemente fue interrogado por la Fiscalía como indiciado en estos crímenes.

Inmediatamente ocurridos los crímenes y durante el transcurso de las audiencias de juicio los familiares de estos jóvenes, sus abogados, como los testigos de los hechos e incluso funcionarios judiciales han sido objeto de intimidaciones, amenazas y graves hostigamientos que han puesto en riesgo su vida e integridad personal. Instamos al Estado colombiano para que se ordenen las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida de ALFAMIR CASTILLO, los demás familiares de este caso, sus abogados y los funcionarios judiciales intervinientes. Asimismo, que dado el avance de las investigaciones en el proceso, se ordene las medidas pertinentes para apartar de sus cargos hasta que finalice el proceso penal a los Coroneles  EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ y JORGE ENRIQUE NAVARRETE.

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