¿Más monopolio en las comunicaciones?

Por Jorge Enrique Robledo

El gobierno está por tomar una decisión muy importante para el país, pues decidirá cómo serán las comunicaciones inalámbricas (celulares) con las nuevas tecnologías de cuarta generación (4G) para transmisión de voz y datos (internet) a altas velocidades, cambio que revolucionará el sector.

La decisión asumirá la forma de una subasta en la que se seleccionarán las empresas que tendrán nuevas porciones del espacio radioeléctrico que pertenece a la Nación y por el que viajan dichas comunicaciones. Además, y esto es lo fundamental, la subasta determinará si el gobierno promoverá la competencia o el monopolio en una actividad ya bastante monopolizada, con daños al bienestar de los colombianos. Resalta la importancia de este debate que los promovamos con el senador conservador Juan Mario Laserna y la audiencia pública convocada por el senador liberal Eugenio Prieto. Los asuntos de interés general pueden y deben unir a los colombianos.

Es casi imposible encontrar quien defienda el monopolio privado, y más en servicios públicos, pues el monopolista maltrata a la sociedad: “Hay una y solo una responsabilidad social de las empresas, cual es la de utilizar sus recursos para aumentar sus utilidades”, dice el Premio Nobel de Economía Milton Friedman. Es por ello que allí donde el monopolio se impone como una inevitabilidad natural –agua oelectricidad, por ejemplo– el Estado regula las prácticas y fija las tarifas. Que lo haga mal y el regulador termine controlado por el regulado simplemente confirma la gravedad del problema del monopolio. Además del maltrato a los usuarios –altas tarifas, fallas técnicas y argucias administrativas–, el monopolio tiende a contener el progreso técnico, la base de todo progreso, porque no le interesa invertir en nuevas tecnologías que le conviertan en obsoletos sus equipos y sus inversiones y le generen pérdidas.

En el siglo XIX, en Estados Unidos aparecieron las primeras leyes antimonopolio, que incluso disolvieron los del ferrocarril, el petróleo (Standard Oil Company) y a Bell Telephone. En Colombia, las normas prohíben que una empresa posea más del 25 por ciento de la generación eléctrica. Que la vida demuestre que pocas empresas en un sector pueden coludirse y actuar como un monopolio no le quita importancia a la promoción de la competencia. El negocio de la telefonía celular colombiana está fuertemente concentrado. Tres empresas facturan el 99 por ciento y una sola –Claro-Comcel– el 62 por ciento, a través de 30 millones teléfonos, el 61 por ciento del total. Su enorme poder también lo muestra que percibe el 80 por ciento de las utilidades del sector de las TIC y que su ebitda es de 50 por ciento, doblando a la segunda empresa. Es tanto su monopolio, que el Estado la declaró en posición dominante en 2009, calificativo que significa que tiene el indeseable poder de limitar la competencia.

Lo que pierde la sociedad por las rentas monopolísticas puede calcularse. La OECD demostró que en México el monopolio de las comunicaciones de Carlos Slim, también dueño de Claro-Comcel y la persona más rica del mundo, les costó a sus habitantes 129.200 millones de dólares, entre 2005 y 2009 (http://bit.ly/OFNbn9). El ministro de las TIC debe diseñar la subasta de 4G de forma que promueva el ingreso de nuevas empresas al sector y aumente la competencia. Y debe excluir a Claro-Comcel en razón de su posición dominante, porque si esta consigue más espectro y aumenta su poder, terminará por absorber a todas las demás y consolidará su monopolio. Pero esta idea razonable solo se hará realidad si la exigen los colombianos, porque todo dice que Santos es, en este y en todos los casos, furibundo partidario del monopolio.

Coletilla: el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, con el Presidente a su lado, anunció que el negocio con Cerromatoso (BHP Billiton) continuará según el contrato 051 de 1996, que dice que la empresa no revierte realmente a la Nación el próximo 30 de septiembre, sino que la trasnacional seguirá con ella hasta 2029. Y anunció que puede ser hasta 2049.  Afirmación gravísima. Porque el contrato de 1996 esde esos de vergüenza entre Colombia y el capital extranjero. Tan leonino que varios estudios contratados por Ingeominas lo descalifican (http://bit.ly/OySpVn) y que la Contralora Sandra Morelli advirtió que en Cerro Matoso “hay un juego jurídico que la Contraloría no va a permitir”.

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