La Corte le dictó medida de aseguramiento a la congresista implicada en lavado de activos.

  Dos semanas después de haber escuchado las explicaciones de la senadora Dilian Francisca Toro sobre el origen de tres bienes que adquirió por medio de una sociedad, en la que aparece con su esposo y uno de sus cuñados, la Corte Suprema decidió ordenar su captura por el delito de lavado de activos.

Acompañada de su  abogado defensor Iván Cancino, la senadora se mostró serena a la salida de la indagatoria

Según la Sala Penal la congresista no logró desvirtuar en su indagatoria las evidencias que figuran en el expediente sobre el supuesto origen ilícito de las propiedades cuestionadas: las haciendas La Carolina, Barcilar y San Miguel. Los investigadores, después de seguir una cadena de traspasos y ventas han encontrado presuntos nexos con el narcotráfico. “Con base en la prueba obrante en el proceso, que es de carácter documental, como escrituras, certificados de libertad e informes de la Dirección de Impuestos (Dian) se llegó a esta decisión que es preventiva”, dijo el presidente de la Sala Penal, el magistrado Leonidas Bustos, tras confirmar la orden de detención de la congresista. La orden de capturar a Toro se adoptó en una Sala Penal extraordinaria. La magistrada ponente del caso, María del Rosario González de Lemos, hizo una evaluación de las pruebas y de las explicaciones dadas por la senadora a cada una de las sindicaciones y pidió dictar medida de aseguramiento, la cual fue apoyada por sus colegas.

La medida, aclaró el magistrado Bustos, “es intramural, domiciliaria y sin beneficio de libertad provisional”. El CTI ubicó a la senadora en su apartamento en el sector de Los Rosales, en el norte de Bogotá. En la decisión, la Corte también envió copias a la Fiscalía para que se investigue al esposo de la senadora, el también excongresista Julio Cesar Caicedo, Fabio Cesar Giraldo Rincón, Martha Piedad Marulanda García, Hans Barney Salazar, José Fernando Martínez Henao y Serafín Bolaños Cantillo. El exsenador Caicedo, esposo de Dilian, figura como representante legal de la Sociedad Ceiba Verde Ltda. y es quien efectuó las transacciones comerciales para adquirir las propiedades. Según la Corte, obtenidas mediante “operaciones ilícitas, a sabiendas de que se trataban de predios asociados a organizaciones del narcotráfico”. La Carolina, dice el expediente, habría sido de propiedad de los capos del cartel de Cali Phanor Arizabaleta Arzayus, Víctor Patiño Fómeque y de su hermano Luis Alfonso.

Después habría pasado a manos de Iván Urdinola, Juan Carlos Ramírez Abadía ‘chupeta’ y Wilber Varela ‘Jabón’. San Miguel también habría estado en manos de Arizabaleta Arzayus. Hans Barney Salazar, uno de los nombres que aparecen en el envío de copias de la Corte a la Fiscalía, firgura en el expediente como propietario de la otra de las propiedades cuestionadas: la hacienda Barcilar. Este hombre, que fue condenado por lavado de activos es quien figura como propietario y quien vende el predio a la sociedad de la que hace parte la senadora Toro. Lo mismo que Martha Piedad Marulanda, quien es la que figuraba como dueña de La Milagrosa. La mujer, al parecer, estaría actuando como supuesta testaferra de narcos, considera la Corte. El abogado de la senadora, Iván Cancino reiteró la inocencia de su cliente y señaló que pedirá a la Corte que revise su decisión de dictar medida de aseguramiento.

Insistió en que los negocios que hicieron ella y su esposo están amparados por la presunción de la buena fe por lo que en este caso no están dados los presupuestos para la decisión de la Corte. Según Cancino, la congresista no interviene en las negociaciones, lo hace su esposo que actúa como representante legal de la sociedad y que lleva 32 años en el negocio de remate de bienes. “Dilian Francisca Toro no es un peligro para la sociedad, es una respetable médica y madre ejemplar que nunca ha intentado obstruir la investigación y siempre ha estado dispuesta a comparecer ante la justicia cada vez que ha sido requerida. Además, no se va a poner a esta hora de su vida a lavar bienes ilícitos.

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