El Plan Nacional de Consolidación Territorial

Por Rubén Darío Sánchez Alvis

La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial PNCRT del Gobierno Nacional, busca fortalecer la presencia del Estado en regiones afectadas históricamente por organizaciones armadas ilegales y los cultivos ilícitos; con el fin de establecer condiciones para la prosperidad y el efectivo ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales. Sus objetivos de reconstruir los territorios que han sido desbastados por décadas de violencia, pretenden consolidar los avances en materia de seguridad y contribuir a establecer las condiciones para la paz y la terminación del conflicto armado y los cultivos ilícitos.

En el Plan Nacional de Desarrollo, la Consolidación Territorial opera en siete núcleos de población del país, entre los cuales está la región sur oriente del Valle y norte del Cauca, con siete municipios previamente seleccionados: Florida, Pradera, Miranda, Corinto, Caloto, Toribio y Santander de Quilichao, cuyo direccionamiento estratégico será responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. En las zonas focalizadas, las entidades nacionales del nivel central,  en coordinación con las entidades territoriales, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, priorizarán esfuerzos y recursos destinados al logro de estos objetivos, teniendo en cuenta los indicadores más críticos en necesidades básicas insatisfechas.

Sin embargo, es otra la realidad con la que nos encontramos actualmente en municipios como Miranda, Corinto, Caloto y Toribio en el Cauca, donde la implementación de la Política Nacional de Consolidación se ha enfocado a fortalecer el aparato militar, incrementar las acciones de guerra y desplazar a la población indígena y campesina de sus territorios ancestrales, contrariando la premisa de que la seguridad territorial es la base de la consolidación y contribuyendo en cambio a acrecentar la perturbación de la tranquilidad ciudadana y provocado la valerosa respuesta de los pobladores de Toribio que exigen el retiro de los actores armados del conflicto o los de Calandaima y Monterredondo en Miranda que se resisten a la ocupación armada de sus territorios.

Los Resguardos Indígenas y las organizaciones campesinas de Florida permanecen alertas al desarrollo de los acontecimientos, pues ya sufren los impactos directos de la problemática regional que también se extiende al municipio de Pradera, donde en el pasado reciente, los procesos políticos y organizativos de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos han sido cercenados por los grupos al margen de la ley y en el que la población rural en general, es victima constante de los operativos militares desplegados en la zona por las fuerzas armadas legítimamente constituidas y la zona urbana padece del constante enfrentamiento entre bandas criminales emergentes.

También los sectores políticos alternativos, las organizaciones sociales, de derechos humanos, los gremios y los sindicatos debemos estar alertas frente a la implementación de una política de estado que lejos de obtener los objetivos propuestos, lo que viene logrando es el recrudecimiento de una violencia orientada a copar espacios estratégicos de la geografía nacional, ricos en recursos naturales no renovables, cuyo fin último, muy seguramente será la entrega de estos territorios a las multinacionales para su posterior explotación en detrimento de la soberanía nacional y en una clara afectación económica y medio ambiental.

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