LUCHA INTERNA DE PODERES

Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo A. Borrero V. / Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social

La actitud asumida por los partidos políticos santistas que conforman la unidad nacional dentro del poder del Estado y frente a lo acontecido con la malograda reforma judicial, no deja de tener un carácter revanchista, producto de la lucha interna de los poderes detrás de los cuales se ocultan los intereses de los beneficiarios de la reforma representados por congresistas, funcionarios del gobierno, magistrados de las altas cortes, parapolíticos, militares, banqueros, EPS, etc, los cuales fracasaron en su intento por lograr ponerla en funcionamiento gracias a la decidida y oportuna gestión realizada por centenares de ciudadanos, que apoyándose en las redes sociales y en los medios de comunicación consiguieron que el engendro de iniciativa gubernamental no naciera a la vida jurídica del país.

En este momento cunde el desprestigio de los autores y actores de la reforma sometidos al escarnio público por cuenta de la aprobación y hundimiento de ésta, elaborada con base en el ofrecimiento de toda clase de halagos, dádivas y prebendas muy al estilo de lo que sucede con la expedición de las leyes, el manejo electoral y la producción de autos y sentencias en interés de las clases dominantes.

De aquí en adelante es necesario que las fuerzas políticas y sociales de oposición al régimen conciten a los ciudadanos a expresarse, organizarse y movilizarse en pro de una verdadera reforma a la justicia de carácter democrático, accesible a los ciudadanos y sin que se convierta en una carga onerosa para los usuarios, en tanto que es menester impedir que avance el proceso de su privatización, eje central de la citada reforma de marras.

Además es indispensable recuperar la credibilidad en la justicia deteriorada por la congestión judicial y la tendencia de algunos operadores de la misma en dilatar indefinidamente los procesos judiciales abriendo un margen para que prospere la impunidad, la corrupción y la politiquería al interior de la rama judicial, amén de la obligación de cumplir y aplicar el principio de legalidad que constituye un elemento clave en el desarrollo de las funciones del Estado, la creación y realización del derecho, la democracia, la vigencia de los derechos, libertades y deberes del individuo.

Así mismo es conveniente recordar que los ciudadanos y sus organizaciones sociales tienen el derecho de participar en las discusiones de la nueva reforma judicial a fin de lograr en lo posible que en la misma se expresen por igual los intereses de todas las clases y grupos sociales en que está dividida la sociedad y no como hasta ahora que la justicia es utilizada para discriminar a un individuo del común de otro perteneciente a una clase privilegiada.

 

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