Derrotado en la O.I.T. el candidato del gobierno

Por: Gloria Inés Ramírez Ríos

El 30 de mayo del presente año, el Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo eligió al nuevo Director General, cargo para el que fue escogido el sindicalista inglés Guy Ryder.

Como es de conocimiento público, el gobierno colombiano había candidatizado al Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien adelantó durante varios meses, con el apoyo de los empresarios, una persistente campaña que, según diversos medios de comunicación, tuvo un costo calculado en 400 millones de pesos. La elección de Angelino Garzón habría sido un duro golpe para el movimiento sindical colombiano, que durante largos años ha sido víctima de toda clase de violaciones a la libertad sindical por parte de los gobiernos y los patronos, y habría significado un premio inconcebible para un gobierno que en vez de recibir reconocimientos debe responder ante la comunidad internacional por tener a nuestro país como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la actividad sindical.

En el año 2011 hubo 638 violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas, entre ellas, 29 asesinatos y 3 desapariciones forzadas, y en lo corrido del año 2012 se han presentado 102 violaciones, con 7 asesinatos y 1 desaparición, sin contar las amenazas, los atentados, los desplazamientos forzados, las detenciones arbitrarias, los hostigamientos, los secuestros y las torturas. Solo en lo corrido del actual gobierno, 60 sindicalistas han sido asesinados. La impunidad para los asesinatos es del 96% y para el resto de las violaciones asciende al 99.9%. La vigencia del derecho de asociación es tan precaria que apenas un 4% de los trabajadores están organizados en sindicatos, cuando a mediados de los años 70 esa cifra era del 14%. El derecho a la negociación y contratación colectiva, lo mismo que el de huelga, han sido reducidos a su mínima expresión.

Mientras tanto, en los escenarios internacionales el gobierno y los patronos hablan de supuestos “avances”, especialmente cuando se trata de buscar la aprobación de los tratados de libre comercio, que por su propia naturaleza son contrarios a los intereses de los trabajadores, porque implican recortar derechos y abaratar los costos laborales para que los empresarios puedan ser competitivos en los mercados internacionales. Un ejemplo de las falsedades gubernamentales es la expedición del Decreto No. 1092 del 24 de mayo de 2012, sobre la negociación colectiva para los empleados públicos.

Al respecto, es necesario tener en cuenta que el Convenio No. 151 de la OIT, ratificado por la Ley 411 de 1997, les otorga a todos servidores el derecho a la negociación colectiva para acordar  “las condiciones de empleo”, y que el Convenio 154 de 1981 establece que los fines de la negociación colectiva son: “a) Fijar las condiciones de trabajo y empleo, o b) Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c) Regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores o lograr todos estos fines a la vez”, en tanto que en el Artículo 7 estatuye que “Las medidas adoptadas por las entidades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las entidades públicas y las organizaciones de empleadores y trabajadores”.

No obstante, la claridad de estas disposiciones de la OIT, el numeral 7 del Artículo 3° del Decreto 1092 dice que “están excluidos de la negociación de las condiciones laborales los asuntos que excedan el campo laboral, tales como: la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administrativa y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos, la carrera administrativa y el régimen disciplinario”. “En materia salarial podrá haber concertación. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial se respetarán los límites que fije el Gobierno Nacional. En materia prestacional, las entidades no tienen facultad de concertación”.

Pues bien, lo que se hace en el Decreto 1092 es copiar casi textualmente las normas del Decreto 535 de 2009, dictado por el anterior gobierno, sustituyendo la palabra “concertación” por la palabra “negociación”, pero agregándole a los temas excluidos de la negociación el régimen disciplinario y extendiendo a todas las entidades la imposibilidad de negociar regímenes prestacionales. Como resultado, tenemos la curiosa situación de que el gobierno les reconoce a los empleados públicos el derecho a la negociación solamente de palabra, porque en los hechos no pueden negociar ninguno de los temas fundamentales de sus “condiciones laborales”. Todo esto no es más que una burla cínica y reprobable al derecho contemplado en los convenios de la OIT que el gobierno tiene la obligación de respetar.

Las únicas cosas nuevas en el Decreto 1092 son establecer la posibilidad de que en los casos en que no haya acuerdo las partes puedan escoger un mediador que propondrá fórmulas para tratar de avenir a las partes a un acuerdo, pero si no lo hay, tales fórmulas quedarán como simples recomendaciones, así como la firma, al final del proceso de negociación, de un acta de acuerdos y desacuerdos entre las partes. Al igual que en el Decreto 535, una vez culminada la parodia de negociación, la entidad respectiva “expedirá los actos administrativos a que haya lugar o dará respuesta motivada a su negativa a las peticiones”, con lo cual, tanto el papel del mediador como el valor de las actas no van más allá del de ser cosas completamente inútiles, sin ninguna fuerza vinculante como la que debe tener una negociación colectiva seria. En otras palabras, los empleados públicos siguen sin que el gobierno les reconozca en términos reales el derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales.

Esta no es más que la repetición de lo que se ha hecho con las cooperativas de trabajo asociado, que el gobierno dice que están prohibidas pero siguen actuando, o con la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de tierras, que no garantiza ni reparación ni restitución, o con otras normas legales que no conducen a la concreción de los fines que dicen buscar. Es el engaño convertido en política gubernamental.

Por todas estas razones y porque Angelino Garzón se ha dedicado desde la Vicepresidencia de la República a desarrollar una labor de cooptación de dirigentes sindicales y sociales que conspira contra la unidad e independencia del movimiento sindical, su elección como Director General de la O.I.T. habría sido una afrenta para los trabajadores colombianos y un reconocimiento a un gobierno que en vez de recibir premios debería ser llamado a responder por sus múltiples violaciones a la libertad sindical.

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Un pensamiento en “Derrotado en la O.I.T. el candidato del gobierno”

  1. El señor Angelino Garzòn,al igual que el señor Luìs Garzòn,podrian estar entre los personajes mas reaccionarios del pais,ya que mientras se han tildado de lìderes sindicales,en la pràctica han estado al lado de los dirigentes de ultraderecha ,especialmente en los ùltimos años.Colombia,y en general la clase trabajadora de los paìses del mundo,hubiesen estado pèsimamente representados por el señor Angelino Garzòn como director de la OIT.

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