COLOMBIA, UN PAÍS SIN JUSTICIA VERDADERA, SOLO APARENTE

Medios intentan sustituir a los despachos judiciales a partir de especulaciones 

Por César A. Luque F.

Aparente es aquello que parece, pero que verdaderamente no es, y eso es lo que es la justicia en Colombia, aparente, ya que verdaderamente no está el aparato de administrar justicia cumpliendo su deber, pero si está sirviendo para que la gran mayoría de los medios de comunicación se conviertan en escenarios de una seudojusticia, donde priman los intereses particulares de los intervinientes en cada caso, el amarillismo, la exageración, la especulación y el mal manejo de los temas por periodistas ignorantes del tema jurídico que influencian de manera equivocada a la ciudadanía, todo en un mar de injusticia, de impunidad, de uso de la justicia para favorecer intereses privados.

Si bien es cierto, el grueso de la población pone sus ojos en los procesos penales, por morbo, convirtiendo algunos casos en una especie de telenovelas, la justicia no funciona tampoco en los procesos civiles, donde la administración de justicia se ha convertido en un cobrador de los bancos, especialmente a partir de créditos para vivienda, cumpliendo la tarea de echar a la calle a familias que por las condiciones económicas no pudieron seguir pagando sus cuotas, teniendo que decidir entre comer o pagarlas, sin importar si las han pagado por años, dinero que pasa a engrosar las arcas del banco.

En el tema laboral no ocurre algo diferente, ya que dicho sistema está al servicio de los empleadores, donde se fallan procesos a su favor, sin importar que nuestro país es uno de los más violadores de los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, porque a las altas cortes (tribunales y Corte Suprema de Justicia en su sala laboral) llegan a integrarla son los abogados que han representado a los empleadores, por lo que cuando se convierten en magistrados muchos fallan a favor de quienes eran sus clientes, los que lo vuelven a ser una vez terminan su periodo, mientras muchos sindicatos, en lugar de impulsar su fortalecimiento, y la preparación de sus bases para la movilización, piensan de manera equivocada que las luchas se deben dar es en los juzgados. Que equivocados están.

En el plano administrativo, para las víctimas de atropellos de las diferentes instituciones del Estado es una justicia lenta, que llega cuando muchas veces ya ni viven los interesados, como ocurrió en el caso de quien fuera detenido acusado de ser uno de los autores del asesinato de Luis Carlos Galán, Alberto Jubiz Hasbun, acusado por los generales Norberto Peláez Carmona de la DIJIN y Miguel Masa Márquez del DAS, quien de manera injusta permaneció detenido cuatro años entre 1989 y 1993, muriendo cuando esperaba ser indemnizado por el Estado en 1998. Claro, los procesos que si funcionan son aquellos en donde las demandas las interponen grandes firmas constructoras o contratistas del Estado, que representados por abogados de cartel, obtienen fallos fabulosos, aplicando aquello de que como en Colombia el Estado no es de nadie, todos lo pueden robar. No se deben olvidar casos como los de Fernando Londoño, que habiendo adquirido de manera ilegal las acciones de Invercolsa, la justicia le ordenó devolverlas junto a miles de millones de pesos, y pasada una década, no ha devuelto nada, y nada pasa.

Pero la ineficiencia e ineficacia de la justicia no solamente se da en estas áreas sino en materias de familia, comercial, agraria, donde la administración de justicia es inoperante, eso sí, contando en todos los campos con funcionarios comprometidos, que hacen lo que pueden, sin contar con un aparato bien estructurado que respalde su esfuerzo, el que casi que se pierde en esa enmaraña jurídica que tiene el país, que en los últimos veinte años ha expedido más de 1.500 leyes, pensando que su sola promulgación soluciona los problemas, y se han adelantado 33 reformas a la Constitución Política, forma de manejo legislativo verdaderamente vergonzoso en el mundo. No por tener muchas leyes vivimos mejor, ya que el gran problema es que no se cumplen.

Ahora que se está tramitando una reforma constitucional que pretende reformar la justicia, uno pensaría que estos y otros problemas de la justicia deberían ser de los que ella se ocupe, pero no, los dos grandes intereses que allí se mueven para reformar 31 artículos de nuestra constitución es la ampliación del periodo de los magistrados de las altas cortes, de 8 a 12 años, así como la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años, privatizando la justicia, mientras las mayorías en el Congreso (Senado y Cámara de Representantes) miembros de la Unidad Nacional, partidos de la U, Liberal, Conservador, Cambio Radical, PIN y Verde cambian el juez que los juzgue, hoy Corte Suprema, creado una apéndice de la Corte, imposibilitan que se adelanten con éxito demandas de perdida de investidura, se blindan para no ser detenidos, como si ocurre a cualquiera otro, sino hasta cuando vaya en la recta final el proceso. Congresistas hoy detenidos por “parapolítica” saldrán libres, y otros investigados no serán detenidos nunca.

En resumen por medio de la mentada reforma a la justicia nada se hace para solucionarle los problemas al ciudadano de a pie, al de ruana, ya que fue confeccionada para satisfacer los apetitos de magistrados, congresistas y del ejecutivo, representado de manera patética por el ministro de justicia, Juan Carlos Esguerra. Hoy sigue vigente el cuento que muchos conocemos, que en una reunión de altos funcionarios de gobiernos de América, un ministro colombiano se burlaba y ponía en tela de juicio la existencia del Ministerio de Marina en Bolivia, por no tiene mar, a lo que el boliviano respondió, y como yo no digo nada de que en Colombia haya Ministerio de Justicia, sino hay justicia.

Mientras tanto la Fiscalía General de la Nación sigue atropellando ciudadanos, como al ex diputado Sigifredo López, al que mantiene preso sin pruebas sólidas, aumentando su dolor y el de su familia, aduciendo que tiene 20 días hábiles para definirle su situación jurídica, usando una norma que no está vigente (art. 13 transitorio del Procedimiento Penal), una vez lleguen pruebas del exterior, a las que pudo él acceder por ser una figura pública, pero que le está vedado a usted o a mí, donde con pruebas antitécnicas y con funcionarios ignorantes pueden ordenar nuestra detención, acusados de cualquier delito, por más absurdo que sea. A la par los medios ponen su atención en procesos como el que se adelanta por la muerte del joven Luis Colmenares, convertido por el fiscal y los abogados que representan a las partes, en una verdadera telenovela, con bruja incorporada como prueba, para saber que pasó.

Mientras tanto más de 2.700 asesinatos de sindicalistas desde 1986 están impunes. Solo el 5% han sido esclarecidos. ¿En qué país vivimos?, ¿qué justicia tenemos?, ¿qué tipo de ciudadanos somos, que no exigimos verdadera justicia?, ¿qué gobernantes elegimos?, ¿qué país dejaremos a nuestros niños?

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