¿Quién mató a Daniel Aguirre y por qué?

Por: Aldo Cívico

Colombia no puede eludir esta pregunta si quiere ser un país democrático, abierto y libre.  Será una democracia iliberal y violenta mientras haya impunidad y las vidas de líderes sindicales sean cegadas.

El homicidio el pasado 27 de abril en Florida, Valle , de Daniel Aguirre Piedrahíta fue un asesinato de alto perfil. Él fue uno de los principales voceros de los corteros de caña y el secretario general de una de las más importantes organizaciones sindicales, Sinalcorteros. De origen campesino y un antiguo trabajador de Incauca, desde 2004 participó en todas las negociaciones con los directivos de los ingenios. Fue uno de los líderes de las huelgas de 2005 y 2008. Su lucha fue a favor de la contratación directa, la estabilidad laboral, los servicios sociales, las inversiones para la comunidad y el derecho a la unión sindical, entre otros. Pero Daniel Aguirre lamentablemente no ha sido el único líder sindical asesinado recientemente. En lo que va de este año han sido eliminados cuatro líderes sindicales más. Centenares han recibido amenazas de muerte. Otros han tenido que abandonar sus ciudades.

¿Estamos en los albores de una nueva ola de violencia contra activistas sindicales en la región del río Cauca? Los asesinatos de activistas y dirigentes sindicales generan preguntas incómodas pero necesarias. ¿Los intereses de quién se ven afectados por el surgimiento del movimiento sindical de corteros de caña? ¿Cuáles poderes se sienten amenazados? En una zona fuertemente militarizada por las fuerzas armadas y por la seguridad privada de los ingenios, ¿cómo es posible que sicarios puedan ingresar a un barrio, matar a un dirigente sindical y salir tranquilamente? ¿Quién tiene el poder para garantizar la impunidad? ¿Quiénes son los intocables?

Estas preguntas no apuntan sólo a indagar por los autores intelectuales y materiales de la muerte de Daniel Aguirre. Invitan también a analizar la mucho más profunda violencia estructural (la realidad de desigualdad) que ha configurado la vida de una región cuya hegemonía ha pertenecido a una indiscutida casta y donde la violencia —desde la época de Julio Arboleda y sus esclavos, a los paramilitares de los bloques Calima y Pacífico, a las bacrim de hoy— ha sido un medio aceptado para ampliar y mantener esa hegemonía. Y otra pregunta es: ¿Por qué el presidente Santos y el ministro Pardo se han quedado mudos ante una muerte tan atroz?

El presidente ha sido bastante grandilocuente en amplificar las sospechas (no respaldadas por pruebas ciertas) de que la guerrilla estaba detrás de la Marcha Patriótica y de las manifestaciones del primero de mayo. Ha instado justamente por la libertad del periodista francés Roméo Langlois. ¿Por qué no es capaz de pronunciar ni siquiera una palabra sobre el asesinato de Daniel Aguirre? ¿Impotencia? ¿Vergüenza? ¿Denegación? ¿Pérdida de control? ¿Subordinación a los poderes regionales? Pero el silencio tiene terribles consecuencias cuando la impunidad es sistémica: la perpetúa, refuerza y hasta legitima. Si las reformas sociales invocadas por el presidente Santos no son mera retórica, es necesario que rompa el silencio y que declare el fin de la impunidad.

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