Obama a punto de dar el sello de aprobación presidencial para graves violaciones de los derechos laborales en Colombia

Por: Gimena Sanchez-Garzoli / Anthony Dest de WOLA y Dan Kovalik de USW

El 9 de noviembre de 2011, la familia de Juan Carlos Galvis—un prominente líder sindical de Sinaltrainal y amigo personal nuestro—fue objeto de un ataque violento en su casa por dos presuntos paramilitares.

Los agresores entraron a la casa, mientras que Juan Carlos Galvis y su hijo estaban ausentes, y asaltaron a su esposa, María, y sus dos hijas, Jackeline y Mayra. Agarraron a Mayra, una niña con Síndrome de Down, y la apuntaron con una pistola en la cabeza amenazando con matarla si María no les dijera la ubicación de Juan Carlos y su hijo. Luego, ataron y amordazaron a María y a Jackeline de nuevo preguntándoles donde estaban Juan Carlos y su hijo. Los asaltantes luego procedieron a pintar con spray la foto de boda de María y Juan que la familia había colocado en la pared. Antes de salir de la casa robaron dos computadoras portátiles, algunas unidades de memoria USB, y unos documentos, y destrozaron la casa. El ataque traumático dejó a Mayra en un estado de shock y sin poder hablar durante varios días. La familia se vio forzada a huir a otra ciudad donde permanecen escondidos. Sus temores tienen base fuerte. Dos de los colegas de Juan de Sinaltrainal, John Fredy Carmona Bermúdez y Luis Medardo Prens Vallejo, fueron asesinados en los últimos meses.

En total, 30 sindicalistas fueron asesinados en Colombia el año pasado. La Escuela Nacional Sindical (ENS) informa que cuatro ya han sido asesinados este año, y otros movimientos sindicales han reportado asesinatos adicionales (por ejemplo, Justice for Colombia ha reportado seis). Estos asesinatos han hecho que Colombia sea el país más peligroso del mundo para ser sindicalista, donde cerca de 3.000 sindicalistas han sido asesinados desde 1986, y si la tasa de asesinatos de este año continúa al mismo nivel, Colombia sin duda mantendrá esta distinción. Mientras tanto, el gobierno colombiano no ha hecho nada eficaz para enjuiciar a los responsables de la violencia antisindical. La ONU recientemente informó que la tasa de impunidad en Colombia para estos delitos se mantiene en 95%—lo que significa que sólo el 5% de los asesinatos de sindicalistas han sido procesados exitosamente.

Fueron estos dos factores—la tasa altísima de asesinatos de sindicalistas y el nivel de impunidad en estos asesinatos—que llevaron a Barack Obama a declarar en su tercer debate con John McCain en el 2008 que él se oponía al Tratado de Libre Comercio con Colombia (TLC). A pesar de que ser sindicalista en Colombia es peligroso, los que son sindicalistas son de los pocos trabajadores que se pueden organizar con mayor libertad. Bajo la administración de Álvaro Uribe Vélez, el modelo de las cooperativas de trabajo asociado (CTA) proliferó en Colombia. Este modelo antisindical, que se opone a los contratos directos entre trabajadores y empresas, gravemente debilita las condiciones de trabajo, los salarios y las protecciones de seguridad en el trabajo. Los trabajadores corren el riesgo de perder sus recursos precarios de sustento cuando hacen paros laborales para conseguir contratos directos que tienen más probabilidad de garantizar sus derechos laborales básicos.

En abril del 2011, los presidentes Obama y Santos presentaron un Plan de Acción Laboral (PAL) diseñado para enfrentar la violencia antisindical, perseguir los crímenes en contra de los sindicatos, acabar con la intermediación laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores en los sectores portuarios, de azúcar, de palma aceitera y otros sectores. Desde que se firmó el PAL, Colombia ha participado en el juego de aparentar que se cumple con el PAL mientras que al mismo        tiempo socava su propósito. Se ha cumplido con los requisitos  superficiales, como con la creación del Ministerio de Trabajo, la aprobación de leyes y la imposición de multas a las empresas abusivas. Mientras que el número de sindicalistas asesinados ha disminuido (y, por supuesto, como el Padre Javier Giraldo opinó hace algún tiempo, hay menos sindicalistas para matar), el clima de inseguridad y amenazas de muerte contra ellos no ha cambiado. Esto deja la posibilidad de que el número de asesinatos y atentados podría incrementar una vez que el TLC avance.

Los asesinatos de sindicalistas y activistas laborales a menudo se tergiversan para no relacionarlas con sus actividades de derechos laborales—robos, amantes celosos o vínculos con el narcotráfico son las razones utilizadas para encubrir los asesinatos. Por ejemplo, Hernán Darío Escobar, un abogado que representó al        sindicato del sector público más grande del Valle del Cauca (Sintraemcali) y a varios activistas laborales del sector de la caña de azúcar, fue asesinado. Su nombre fue estigmatizado después de su asesinato por acusaciones infundadas que lo vinculaban a traficantes de drogas. Esta táctica fue utilizada con el fin de crear un ambiente de confusión e impedir las acciones de la justicia en este caso. El año pasado, Colombia aprobó una ley que supuestamente prohibía a las CTA. Sin embargo, la realidad es que esto sólo los restringe por su nombre, y las CTA han sido sustituidas por otras formas de intermediación laboral, incluyendo las Sociedades por Acciones Simplificadas, las compañías fachadas y supuestos “contratos sindicales”.

En los sectores portuarios y de azúcar, los líderes de los paros y los afiliados a los sindicatos escasamente son contratados de nuevo a través de estos nuevos contratos directos. El Ministerio de Trabajo y los inspectores de trabajo designados por el PAL no están interviniendo eficazmente para remediar estas situaciones. Más de 70 portuarios afrocolombianos de Turbo que intentaron formar un sindicato en octubre de 2011 han sido despedidos. A estos trabajadores se les dio un ultimátum—firmar una carta indicando que no se afiliarían a un sindicato o disfrutar del desempleo. El Ministerio ni siquiera está interviniendo para implementar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) según lo dispuesto por el Plan de Acción Laboral. El caso de los 51 trabajadores despedidos de EMCALI es uno de muchos ejemplos. En lugar de implementar las recomendaciones de la OIT de marzo 2012 de reintegrar a los trabajadores, la semana pasada las autoridades  procedieron a desalojar a los trabajadores que mantenían una huelga de hambre en Cali.

A estas víctimas de prácticas laborales injustas en Colombia que se encuentran desempleados desde el año 2004, ya que fueron incluidos en listas negras por defender los derechos laborales, ni siquiera se les permite protestar. Algunos de los trabajadores que más se beneficiarían de la aplicación efectiva del Plan de Acción Laboral son los afrocolombianos. La mayoría de los trabajadores afrocolombianos (la población afrocolombiana es aproximadamente el 25% de la población de Colombia y ellos figuran como un número desproporcionado de los desplazados internos de más de 5,2 millones del país) trabajan en sectores donde los        derechos laborales son más débiles. Como tal, muchos de ellos no son capaces de ejercer libremente su derecho a sindicalizarse, y si tratan de hacerlo enfrentan a amenazas de muerte o el empobrecimiento. Muchos trabajadores afrocolombianos describen su situación como “la esclavitud moderna”.

Los portuarios afrocolombianos en Buenaventura, un puerto clave para el TLC, trabajan en uno de los ambientes más abusivos de Colombia. En este puerto, los afrocolombianos trabajan en condiciones peligrosas por 24 a 48 horas seguidas, muchas veces durmiendo encima de los contenedores. El entorno exigente los obliga a permanecer en el interior del complejo portuario durante una semana entera sin la posibilidad de volver a casa. Los servicios de salud a menudo se reservan para los individuos más privilegiados que trabajan en oficinas, y los trabajadores heridos o con discapacidad a menudo son despedidos. Los que tratan de organizarse se encuentran amenazados o se les niega el empleo. Solamente después de un paro laboral en enero de 2012, algunos de estos trabajadores recibieran  contratos directos. La mayoría de los trabajadores portuarios siguen trabajando a través de intermediarios, y aquellos con los contratos directos tienen bajos salarios y se les prohíbe sindicalizarse.

Sólo hoy, después de meses de presión, el Ministerio de Trabajo ha abierto una investigación sobre algunos de estos abusos. Sin embargo, a pesar de la continua violencia antisindical, la alta tasa de impunidad, los graves obstáculos a la sindicalización y las condiciones horribles que enfrentan los trabajadores, el presidente Obama se dispone a anunciar en la Cumbre de las Américas que Colombia ha cumplido con el Plan de Acción Laboral. Las condiciones de trabajo y        la protección de los sindicalistas en Colombia no se reflejan en la evaluación del gobierno de EE.UU. del PAL. Si Obama sigue adelante con sus planes en Cartagena de dar luz verde al TLC, los trabajadores estadounidenses y colombianos perderán su última gota de influencia para detener la ola de violencia antisindical y defender los derechos de las poblaciones más vulnerables de Colombia.

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