El ICBF pionero de la tercerización laboral en Colombia

Por: Rubén Darío Sánchez Alvis

En el mes de Abril se cumple un año del Plan de Acción sobre Derechos Humanos que Juan Manuel Santos se comprometió a cumplir con el gobierno de Barack Obama para proteger al sector laboral y sindical colombiano y así destrabar el TLC.

En uno de los compromisos, el Gobierno de Estados Unidos le pidió a Santos que expidiera un decreto regulando el artículo 63 de la Ley de Primer Empleo que establece que ninguna empresa pública o privada puede vincular a cooperativas para actividades misionales. El Gobierno expidió el decreto 2025 que regula el artículo 63 y que establece que serán penalizadas las instituciones o empresas que contraten procesos o actividades misionales permanentes con Cooperativas de Trabajo Asociado. Además, el servidor público que contrate con Cooperativas que hagan intermediación laboral de actividades misionales incurrirá en falta grave.

En su gira por EE.UU y Europa, el senador Alexander López denunció ante organismos internacionales laborales y de derechos humanos, que el plan acordado no se está cumpliendo, pues la mayoría de las CTAs siguen funcionando y en el sector privado se han venido entronizando otras denominaciones jurídicas, las Sociedades Anónimas Simplificadas y los Contratos Sindicales, como distintos patrones de intermediación laboral, lo cual motivó la intervención de WOLA, la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington que se trasladó a Colombia y se reunió con SINTRAEMCALI, los trabajadores portuarios, SINTRAMASIVO y las trabajadoras al cuidado de la infancia de los hogares de bienestar familiar del ICBF, entre otras organizaciones.

En esta última reunión, los Hogares Infantiles denunciaron ante los delegados de WOLA, Gimena Sánchez y Anthony Deft, que desde la creación del programa hace 40 años, el ICBF ha recurrido a otro modelo de tercerización: Las Juntas Administradoras de los Hogares Infantiles, conformadas por padres de familia y comunidad, con las cuales el Instituto firma Contratos de Aportes y se desprende no solo de sus obligaciones laborales, sino también de cualquier tipo de responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir con los niños y niñas beneficiarios del programa, modelo que también extendió a madres comunitarias y madres FAMI a través de las Asociaciones de Madres Comunitarias, que en éste caso, ni siquiera pueden garantizarle a sus asociadas el salario mínimo ni las prestaciones de ley.

Con estos modelos de contratación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se convierte en el pionero de la tercerización laboral en nuestro país y es sólo una muestra del incumplimiento del gobierno nacional al Acuerdo Obama-Santos, precisamente en cabeza del ente gubernamental encargado a nivel nacional del bienestar de las familias y la protección de la niñez, que como patrón laboral, por conducto del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF, establece los lineamientos, impone las directrices y fija los estándares de calidad que deben cumplir las Juntas Administradoras y las Asociaciones Comunitarias, pero les transfiere a ellas todas las obligaciones laborales y responsabilidades civiles y extra contractuales. Por aquí debería empezar la aplicabilidad del artículo 63 de la Ley de Primer Empleo y del Decreto 2025.

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