Mujeres líderes víctimas del conflicto armado y defensoras de derechos humanos continúan recibiendo amenazas.

Las organizaciones y redes nacionales de mujeres participantes en el proceso de formulación de la política pública nacional de equidad de género denuncian ante la opinión pública que son diferentes las comunicaciones amenazantes y los hechos de violencia contra algunas mujeres líderes de la población víctimas del conflicto armado, que se ha profundizado desde el 2008, por parte de las autollamadas Águilas Negras, conocidas como bandas criminales. Ellos van desde agresiones físicas, violencia sexual, seguimiento en sus recorridos, seguimiento en sus lugares de habitación, intimidación, muerte hasta los panfletos amenazantes.

El último de los panfletos llegó el 29 de febrero a la Casa de la Mujer justamente una de las organizaciones defensoras de derechos humanos que ha venido acompañando a las Mujeres Líderes de la Población Victima del Conflicto armado. A sus integrantes se les amenaza contra su vida, su integridad y su libertad y se les da un ultimátum para que abandonen la ciudad en el término de 30 días. La amenaza también va dirigida con nombre propio a varias mujeres líderes y a sus organizaciones: Claudia Mejía y la Corporación Sisma Mujer; Olga Amparo Sánchez y Osana Medina de la Casa De La Mujer y a algunas lideresas de las víctimas del conflicto armado, como María Eugenia Cruz.

Estas mujeres y sus organizaciones vienen participando y promoviendo el proceso de construcción de la Política Pública Nacional de Equidad para las Mujeres que será adoptada por el gobierno nacional. Con estas amenazas se busca intimidar a las organizaciones de mujeres y mixtas víctimas del conflicto armado y a las organizaciones de mujeres acompañantes y defensoras de derechos humanos que vienen desarrollando acciones de reclamación de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado, para hacer real el Estado social de derecho.

Nos preocupa que ante las constantes amenazas contra estas organizaciones y mujeres y el llamado que se ha hecho a las autoridades competentes, no se hayan obtenido respuestas concretas a estas situaciones. No hay evidencias del desmantelamiento de estas bandas que afectan e inestabilizan el accionar de las mujeres y el proceso de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, del cual ellas hacen parte.

Parte del esfuerzo que hemos adelantado ha tenido como prioridad el que se den respuestas contundentes a las diferentes formas de violencias contra las mujeres y la atención integral a las que son víctimas del desplazamiento; por ello hemos requerido para el avance en este proceso garantías para la participación, entre las cuales es clave la seguridad y protección para las mujeres líderes y sus organizaciones, requerimiento que se concretó en un acuerdo avalado por la Vice Presidencia de la República y la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.

POR LO ANTERIOR HACEMOS UN LLAMADO:

Al Estado Colombiano para que dé efectivas respuestas a las solicitudes para el desmonte de estos grupos y se investigue y judicialice a quienes los respaldan y financian su accionar.

Exigimos al Estado garantías de seguridad y protección para las Mujeres líderes de la Población víctima del conflicto armado y sus organizaciones al igual que las defensoras de derechos humanos, para que podamos continuar realizando nuestras labores de liderazgo y de acompañamiento a la población víctima del conflicto armado y para continuar desarrollando los procesos de participación e incidencia, como la formulación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género.

Exigimos al Estado Colombiano medidas para la reparación a las organizaciones de mujeres afectadas por el conflicto armado.

A todas las organizaciones sociales, gremios y empresarios, a la clase política, expresar repudio público a estas acciones y a dar manifestaciones de su solidaridad y protección a la vida a las mujeres líderes y las defensoras de derechos humanos.

A los medios de comunicación para que promuevan el rechazo de la sociedad a estas acciones violentas, enfatizando que significa una vulneración al derecho a la libertad y al derecho a la vida en especial a la de las lideresas y defensoras de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

A las Agencias de Cooperación y a la Comunidad Internacional para que visibilicen estas situaciones que atentan contra la integridad de las mujeres colombianas y a respaldar el quehacer de las mujeres líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos.

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