IMPUNIDAD CON FUERO MILITAR. QUE RICO !

Por: Reina Lucía Valencia / Fundación Nuevo Arco Iris  

Mientras algunos sectores del Congreso se niegan a sacar el fuero militar de la reforma a la justicia, y el gobierno anuncia un proyecto de ley para reformar a la justicia penal militar, los expertos en derechos humanos ven como paradójico que Juan Manuel Santos como presidente esté echando para atrás la limitación del fuero que el mismo promovió como ministro de Defensa.

Hay muchos intereses en juego, y poca transparencia en el debate. Por eso Arco Iris entrevistó al subdirector de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas, Federico Andreu, uno de los expertos más reconocidos en esta materia en el mundo entero y autor de múltiples libros sobre el tema.

¿Es admisible que los militares tengan fuero?

El fuero militar está regulado por el derecho internacional y este no es una cosa para extraterrestres como a veces piensa el gobierno, sino obligaciones que tiene que cumplir el Estado. El fuero solo es admisible porque implica una derogación del principio de la igualdad ante la ley y la justicia por razones objetivas y por eso conoce delitos estrictamente militares. En los tribunales militares se deben respetar las mismas reglas de todo tribunal de justicia: ser un independiente, imparcial y que los procesados como las víctimas tengan derecho al debido proceso.

¿Se necesita el fuero en Colombia?

No necesariamente. Es un gran mito que donde hay Ejército hay fuero militar. Muchos países tienen ejércitos que operan nacional e internacionalmente, y podrían estar involucrados en la comisión de crímenes de guerra, pero no tienen justicia penal militar como es el caso de Bélgica. Hay otros países donde mantienen el fuero para conflictos armados internacionales y no para los conflictos armados internos. Otros países han creado dentro de la jurisdicción ordinaria salas especializadas de lo penal militar. Hay muchos modelos. El problema es saber: ¿Se requiere o no la reforma al fuero penal militar? Yo no creo que se requiera.

¿No le tocaría nada a lo que tenemos hoy?

Lo que se necesita son instrumentos para que el último código de justicia penal militar, el del 2010, sea correctamente implementado. Se pueden revisar algunos aspectos que requieren reforma y que son menores y que no necesitan una reforma constitucional. Por ejemplo, un blindaje para que el comandante de las fuerzas militares no sea el juez de los delitos que han cometido sus subordinados, muchas veces en desarrollo de políticas que él mismo ha instruido. Popularmente podríamos utilizar el dicho: ¿Y qué más quiere el perro si no que lo amarren con longaniza?

¿Cómo debe ser la justicia penal militar?

Primero que todo se debe garantizar que el juez sea independiente e imparcial. No puede ser un funcionario del ejecutivo como sucede en Colombia. Aquí se trata de una dependencia del Ministerio de Defensa que provee los auditores de guerra, los fiscales y los jueces que pueden ser civiles o militares. Pero los jueces que se pronuncian son los comandantes militares. Quien preside la sala en pleno del Tribunal Superior Militar no es un juez, es el comandante general de las Fuerzas Militares.

¿Qué delitos debería conocer?

Sólo los delitos típicamente militares.

¿Cuáles son esos?

La deserción, la cobardía, el ataque superior, el ataque inferior, el delito centinela, entre otros. No son delitos militares el homicidio, las agresiones sexuales, el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas, las torturas, el peculado, el robo, etc. Son delitos que los puede cometer cualquier persona y son del orden común. Más aún, tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, que atentan contra el orden público internacional.

¿Cómo funciona hoy esa justicia?

Estamos en el proceso de implementación de un nuevo código. Éste excluye del ámbito de la competencia del fuero militar el genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra bajo el nombre de graves infracciones al DIH. Eso está bien, pero eso es justamente lo que pretenden reformar.

Pero la comisión asesora para este tema que nombro el gobierno parece que busca una reforma menos regresiva…

La sociedad civil no ha conocido un documento con propuestas. Lo que se ha conocido son anuncios del presidente de la Comisión Asesora y declaraciones que salen en la prensa. No hay una posición fijada y esto es un problema porque es un tema fundamental. Se plantean unos argumentos donde dicen que las graves violaciones al DIH son de competencia de la justicia militar porque ellos son los que tienen la pericia. Eso es una gran mentira porque una cosa es tener el conocimiento del DIH para saber cómo conducir operaciones militares, otra cosa es tener la pericia para juzgar estas infracciones.

Pero es claro que la justicia se queda corta para entender las complejidades de la guerra…

Eso es una falacia. Los fiscales que investigan y los jueces que fallan sobre delitos ambientales, económicos o del narcotráfico no son ni economistas ni expertos contables ni químicos. Los fiscales y jueces llaman a peritos para que den el punto de vista desde sus diferentes disciplinas y aporten los elementos necesarios para conocer de un caso.

¿Cómo hace un juez para determinar si una persona murió de causa natural o por envenenamiento?

El juez no es médico y para eso recurre a los peritos de medicina legal.

Si se aprueba la ampliación del fuero ¿Habrá mayor impunidad?

Sí. Lo que pasa es que la competencia para conocer los delitos es de la justicia ordinaria y si ésta encuentra que el delito debe estar en otra competencia, pues lo remite. Sin embargo muchas veces por falta de tener acceso a la región o por condescendencia, la Fiscalía se abstiene de abrir investigaciones. Y se logra traer los casos a la justicia ordinaria cuando los familiares de las víctimas o los defensores de derechos humanos insisten en los procesos. Esta reforma lo que quiere, en últimas, es validar legalmente esta situación de facto.

¿Podría citar un caso?

Tengo un caso de dos muchachos que se fueron para un pueblo a conseguir trabajo, el Ejército los mató y los presentó como muertos en combate. El caso pasó a la penal militar y confirmó que hubo combate, dijo que eran delincuentes y que los muchachos dispararon ráfagas y que el Ejército respondió. Este caso lo llevamos al Sistema Interamericano. Luego un oficial del Ejército revisó el caso y él mismo tuvo que reconocer, al dar traslado a la justicia ordinaria, que no había habido enfrentamiento: habían encontrado una pistola que no podía disparar ráfagas; uno de los muertos tenía tatuaje de pólvora, o sea que le dispararon a quema ropa, la escena del crimen fue totalmente alterada y que nunca había existido esa famosa orden de misión y que era un homicidio. Es un caso de falso positivo. ¿Cuántos casos de falsos positivos tenemos en el país? Muchísimos. La Fiscalía habla de más de mil.

¿Son hechos aislados?

Traigamos a cuenta una caricatura de Osuna de los setenta cuando se practicó la tortura en el Cantón Norte de Bogotá. El Procurador de la época, González Charry, quien lucía un corbatín igual al presidente Turbay Ayala, decía que eran casos aislados, ovejas negras. Osuna sacó una caricatura que decía: “forme fila el batallón de ovejas negras”. Esto supera el hecho aislado. Aquí estamos frente a algo mucho más grave que puede configurarse en crimen de lesa humanidad.

Entonces cuando el gobierno dice que se necesita seguridad jurídica para los militares ¿de qué está hablando?

Es una muy buena pregunta. Cada vez que órganos con poderes de control o jurisdiccional ha ejercido justicia y se han descubierto crímenes, inmediatamente el grito al cielo de las Fuerzas Militares. Hace muchos años, a principios de los noventa, cuando la Procuraduría empezó a destituir militares por desaparición forzada, los militares y el Ministro de Defensa dijeron que se les estaba minando la moral. Ahora tenemos más de 12 generales vinculados a procesos muy graves como Vacca Perilla, Salcedo Lora, Maza Márquez, Iván Ramírez Quintero, Arias Cabrales, Rito Alejo del Rio, entre otros. No estamos hablando de que el general le robó una gallina a una campesina. Estamos hablando de masacres, como La Rochela. Entonces la reacción es muy violenta y muy fuerte.

¿Tiene sentido la reforma a la justicia militar?

Si realmente el Estado colombiano quisiera hacer una reforma legítima y genuina al Fuero Militar y quisiera fortalecer la seguridad jurídica de los militares tendría que hincarle el diente a ese tema. Que sea un verdadero juez quien lo juzgue, sea militar o civil. Pero esta no es la propuesta de la reforma. Lo que anuncia la reforma es que va a blindar legalmente la práctica de impunidad que ha habido hasta ahora.

 

¿Por dónde debe ir entonces el debate de la seguridad jurídica?

Nosotros si pedimos seguridad jurídica para los militares porque el nivel de abuso que se comete contra la tropa por parte de los oficiales es impresionante. Cómo es posible que por un delito de abandono de puesto, que se le impute a un soldadito sea su comandante quien lo juzgue. Tiene que ser un juez militar independiente e imparcial que no dependa salarial, funcional, disciplinaria y jerárquicamente del mando militar.

Pero tampoco sabemos que tantas condenas se producen en la justicia militar…

Es que el Tribunal Superior Militar nunca le ha rendido cuentas a la sociedad colombiana sobre cuántas sentencias y por qué hechos ha fallado. Recuerdo que hace 20 años cuando yo iba al Ministerio a sacar copias de esos casos, parecía que se tratara de documentos de seguridad y reserva del Estado. Ese carácter de opacidad y de falta de transparencia subsiste. ¿Qué hace la justicia militar para ser transparente ante la sociedad? El Almirante Cely trato de ser transparente con el caso del subteniente Muñoz, el violador de Tame, Arauca, pero fíjese el espíritu de cuerpo que se movilizó. Acaso no llegaron unos abogados de la Defensoría Militar, en un helicóptero militar haciéndose pasar por la Defensoría del Pueblo. ¿Cree que eso fue la influencia de un tenientico para mover un helicóptero militar y llegar a cometer un delito de usurpación de autoridad? Aquí hay muchas más complicidades.

¿Y qué piensa de una justicia especializada para la Policía?

Todos los policías deberían estar sometidos a la justicia ordinaria como en todos los países democráticos del mundo y que aplican un verdadero estado de derecho. ¿Cómo la Policía es a estas alturas una dependencia del Ministerio de Defensa? La Policía no debería estar sometida a un fuero penal militar o policial aparte. No tiene sentido ni jurídica ni políticamente.

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