INDOLENCIA DE LAS EPS Y EL GOBIERNO NACIONAL

Por: Luz Betty Jiménez de Borrero y Pablo A. Borrero V. / Veeduría Ciudadana por la Democracia y La Convivencia Social

La falta de atención y la mala calidad en la prestación de los servicios de salud continúan siendo los motivos de protesta de los usuarios, a quienes las EPS y el gobierno nacional les prometen mejorar los servicios de salud, sin que hasta el momento se produzcan los cambios anunciados que requiere el sistema, cada vez más ineficiente y caótico en el cumplimiento de sus funciones.

Entre tanto el presidente Santos continúa produciendo decretos reglamentarios de la ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reformó el sistema general de la seguridad social en salud, que poco o nada ha servido para mejorar el modelo adoptado y administrado por el sector privado que en la práctica deniega el acceso al servicio de salud, sometiendo a los pacientes a largas esperas para ser atendidos por médicos especialistas, con el argumento de que no disponen de los profesionales suficientes para tal efecto, particularmente en las zonas rurales en donde ni siquiera existen médicos generales.

En este sentido la aplicación de la publicitada ley anti trámites con la cual se presumía que los ciudadanos y usuarios de la salud y otros servicios públicos, se librarían de la tramitología y el papeleo, hoy ven con estupor que todo ello no deja de ser más que una nueva traba burocrática que complica aún más la prestación de los servicios, a la cual el propio gobierno apela para pedir al igual que las EPS “un plazo de tres meses de espera para comenzar a hacer los estudios y determinar unos estándares”, según palabras del señor Jaime Arias presidente de ACEMI (gremio que agrupa las EPS).

La situación anterior ha suscitado innumerables reacciones de los ciudadanos y usuarios de la salud que denuncian graves anomalías en el funcionamiento del sistema que no dispone de los médicos  suficientes y en muchos casos sin mayor experiencia ni vocación de servicio, atendiendo a los pacientes en tiempo record de quince minutos y recetando medicamentos poco efectivos, en tanto se dilatan las citas con los especialistas y se niega la práctica de los exámenes especializados.

Para la Veeduría está claro que la solución a éste grave problema no se reduce simplemente al control que ejercen los organismos del Estado, Superintendencia, Defensoría del Pueblo,delegados de las secretarías de salud territoriales, etc, cuya función se limita a hacer recomendaciones o imponer multas, que en la mayoría de los casos no se hacen efectivas en medio de los trámites jurídicos y el tráfico de influencias que se ventila entre las entidades denunciadas y los funcionarios del Estado y viceversa.

Así mismo las denominadas sanciones morales que se estilan en otros países impuestas por los ciudadanos por el mal servicio prestado, no parecen ser lo suficientemente efectivas en nuestro caso para impedir los abusos ni cambiar el estado de cosas existente, mientras la salud continúe tratándose como un negocio muy rentable y su prestación siga en manos de los empresarios de la salud interesados en incrementar sus ganancias a costa de ofrecer una atención médica general y especializada, farmacéutica, hospitalaria, odontológica de muy mala calidad, ineficiente e inoportuna que coloca en riesgo la vida de los pacientes.

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