MITOS Y REALIDADES DE LA CONSTITUCION DE 1991

En tres entregas daremos a conocer el análisis de Pablo A. Borrero V. y Luz Betty Jiménez de Borrero de la Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social, sobre el futuro de la Constitución Nacional de 1991.

1.- REFORMISMO CONSTITUCIONAL.

La práctica inveterada del Constitucionalismo Colombiano de reformar el orden político y jurídico, no parece agotarse con la aprobación de la Constitución en 1991 modificada a su vez por un número de veces mayor a la de su vigencia institucional durante los últimos veinte años. Esta circunstancia está determinada por la necesidad de adecuar el régimen jurídico-estatal a las nuevas condiciones de existencia y desarrollo de la sociedad, en interés de la clase gobernante empeñada en afianzar su dominación al frente del poder del Estado.

Y de ahí que la iniciativa de la reforma estuviera a cargo del gobierno de la época aliado con algunos sectores sociales y políticos, representados estos últimos en el Congreso de la República, los cuales aprobaron la reforma en la Asamblea Nacional Constituyente, conservando obviamente las bases fundamentales del sistema con algunas modificaciones en su estructura económica-material, política-social y cultural-espiritual.

Dicha reforma transcurre en medio de la crisis social e institucional de la Nación mediatizada por el ascenso de la lucha social y política que hace que la clase gobernante se vea forzada a llegar a ciertos acuerdos con las fuerzas políticas, sociales y regionales que exigían un cambio social que a la postre se tradujo en una variada gama de reformas dirigidas esencialmente a modernizar el aparato estatal en el marco de las políticas neo-liberales, a re-estructurar el funcionamiento de las ramas del poder, de control y de fiscalización de los asuntos públicos y ampliar la participación política de los ciudadanos en la vida de la sociedad y garantizando el ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales fundamentales.

De esta manera se legitima y legaliza el nuevo orden social y estatal consagrado en la Constitución de 1991 mediante el cual se sustituyó el viejo y obsoleto Estado liberal de derecho por el actual Estado Social de Derecho o del bienestar general, creándose con ello la ilusión de que dicha forma de Estado expresaría por igual los intereses de todos los grupos y clases sociales, mientras que en los hechos daba un tratamiento diferenciado a los ciudadanos de las clases privilegiadas frente a aquellos provenientes de estratos medios y bajos de la sociedad. La inclusión en la Constitución de 1991 de un conjunto de normas en materia económica, política, social, administrativa, cultural, ambiental, no ha sido óbice para que la clase dirigente lograra por el camino del Reformismo Constitucional asegurar la continuidad del régimen y perpetuarse en el poder del Estado.

En las condiciones de la sociedad capitalista las reformas constituyen un medio para atenuar o amortiguar temporalmente las contradicciones sociales, en tanto persisten las causas y motivos que las generan, aplazando de esta manera su solución en la práctica social. Ahora bien, el hecho de que las reformas sean utilizadas por la clase gobernante para afianzar el régimen, no significa en modo alguno que estas deben ser desechadas sin entrar a considerar aquellos casos en que dicha clase se ve obligada a hacer concesiones en favor de los trabajadores y ciudadanos en general, facilitando con ello el avance de las fuerzas sociales y políticas en su lucha por la democracia, la paz y el bienestar social.

En este sentido el camino de las reformas constituye un subproducto de la lucha social y política que sirve para ampliar las conquistas económicas, políticas, sociales, etc. Sin embargo no debe pretenderse convertir las reformas en un fin en sí mismo, tratando de apartar a las fuerzas sociales del cumplimiento de sus tareas cardinales en su lucha por un cambio de la vida social.

2.- DERECHOS HUMANOS.

El tema de los derechos y libertades de los ciudadanos es quizás uno de los aspectos más sobresalientes y trascendentales de cuantos aparecen consagrados en la Constitución toda vez que el grado de libertad de las personas debe medirse en función de las posibilidades reales de poder valerse de los bienes sociales para satisfacer sus necesidades e intereses individuales y sociales. La inclusión de un verdadero catálogo de derechos constituyó un avance significativo en comparación con lo que antes existía en la Constitución de 1886, en la cual no se reconocían los derechos económicos, sociales y culturales como derechos Constitucionales y fundamentales y mucho menos se establecía en favor de los ciudadanos los mecanismos judiciales para defenderlos de eventuales amenazas o violación de los mismos.

Sin embargo dicho amparo judicial o acción de tutela no se extendió a los derechos económicos, sociales y culturales en virtud de que estos no fueron considerados por los constituyentes como derechos fundamentales además de que su promoción y garantía quedaron sujetos a las políticas de los gobernantes en materia de crecimiento y desarrollo de la economía, aplazándose en forma indeterminada e indefinida su cumplimiento, casi siempre mediatizado por los compromisos adquiridos cuanto no era que con sus políticas antipopulares terminaban acabando de un tajo con las conquistas y reivindicaciones políticas y sociales de los trabajadores y ciudadanos en general tal como viene sucediendo en la actualidad con la aprobación de un conjunto de reformas y contrarreformas que atentan contra el Estado Social de Derecho.

En estas condiciones la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales no deja de ser más que simples declaraciones formales contenidas en la Constitución, pactos y convencionales internacionales de derechos en lo que se denomina el bloque de constitucionalidad empleado como instrumento jurídico para efecto de su interpretación jurídico-política. Partiendo de la base de que los derechos humanos tienen carácter universal y que estas interrelacionados unos con otros no es posible aceptar la teoría de separar los derechos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos, ya que el ejercicio y la defensa de estos últimos resulta imposible de realizarlos sin el goce y satisfacción de los primeros.

De ahí la necesidad de introducir una modificación constitucional que permita unificar el ejercicio y la garantía de estos derechos como fundamentales. Por otra parte es menester exigir del Estado la creación de las condiciones económico-materiales, sociales, culturales y ambientales indispensables para la realización práctica de estos derechos considerados como básicos y esenciales para el desarrollo de la sociedad y de los ciudadanos.

3.- DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Uno de los ejes temáticos de la reforma constitucional lo constituye la denominada “democracia participativa” que en palabras de sus ideólogos y reformadores implica “una mayor transferencia del poder al ciudadano frente al Estado y a sus mandatarios”. Con esto se busca acercar al ciudadano al Estado erosionado por la pérdida de legitimidad y desconfianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Ahora se dice que el ciudadano no solo escogerá a sus gobernantes sino que participará en todas aquellas actividades de la propia administración pública, partidos políticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades y demás organizaciones sociales.

Sin embargo esta nueva forma de democracia no logra afianzarse en función de los intereses comunes de los ciudadanos que no pueden vencer las barreras impuestas por las leyes y reglamentos que hacen prácticamente imposible su ejercicio cuando se trata de utilizar los mecanismos de participación ciudadana como la revocatoria del mandato, iniciativa popular, etc. Por otra parte la denominada democracia participativa se ha traducido en una simple instancia de comunicación y socialización de las decisiones que toman los gobernantes, lo cual nada tiene que ver con la verdadera democracia participativa y decisoria derivada de la soberanía popular que le permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones.

Es de anotar que la nueva constitución al ampliar el espacio político-electoral facilitó el ejercicio de la libertad política autorizando la fundación y organización de nuevos partidos y movimientos políticos. Esta posibilidad condujo en la práctica a la creación de un sinnúmero de organizaciones políticas que se constituyeron como empresas electorales, sin ideología ni estrategias definidas y en general al servicio de las viejas estructuras políticas, interesadas en participar en la burocracia y en los contratos del Estado.

En la actualidad subsisten diez a doce partidos con asiento y representación en las instituciones del Estado cuyos miembros más connotados salen a ocupar posiciones directivas en las grandes corporaciones privadas y viceversa conformándose en la práctica una verdadera alianza de carácter personal entre el sector privado y el Estado. El derecho de todo ciudadano a participar en la escogencia de sus gobernantes y en el ejercicio y control de la actividad política ha sido sustituido por la lucha competitiva de las fuerzas políticas que caracterizan la democracia pluralista, en la cual se refleja en términos generales la lucha que se libra en el mercado capitalista.

A todo lo anterior se suman las restricciones de la libertad política a los ciudadanos en cuanto se oponen a la política del régimen o por el contrario el estímulo y las garantías para su ejercicio para quienes se dejan utilizar como masa electoral disponible.

Mañana: LA ESTRUCTURA DE PODER Y EL REGIMEN ECONOMICO

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